25N: ¡Declaratoria de emergencia ante la pandemia de la violencia!

25N: ¡Declaratoria de emergencia ante la pandemia de la violencia!

Los datos de violencia contra las mujeres ya eran aterradores antes de la pandemia, pero el peligro ha aumentado aún más para todas aquellas mujeres que en este contexto han quedado silenciadas, confinadas y acompañadas de sus agresores.

Al 26 de octubre de este año, en Costa Rica han ocurrido 61 muertes violentas de mujeres. De ese total, 11 muertes fueron declaradas como femicidios; 9 fueron consideradas como homicidios y 41 están aún pendientes de ser clasificadas. 

El número de femicidios podría ser mucho mayor de lo que se tiene hasta ahora en los registros oficiales, ya que en el país la clasificación de una muerte violenta como femicidio puede tomar incluso más de un año. Es por ello que las organizaciones de mujeres llevan su propio registro, visibilizando los nombres de las mujeres que han sido asesinadas por femicidio o por muertes violentas a partir del reporte en los medios de comunicación.  

Pero el femicidio es la punta del iceberg de una violencia que se muestra de muchas maneras, y que en tiempos de pandemia ha colocado a las mujeres en una situación aun más terrible.

Aunque los datos ya indican un incremento en el número de llamadas pidiendo ayuda a la línea 9-1-1, hay un gran número de casos de violencia que no se reflejan en las estadísticas, ya que es difícil denunciar, especialmente cuando producto del confinamiento, convives aún más tiempo con el agresor.

El desempleo y la pobreza reforzaran la dependencia económica de las mujeres

En la violencia contra las mujeres es fundamental analizar el aspecto económico, porque la desigualdad, la dependencia económica y la falta de acceso a servicios de apoyo puede ser determinante para que las mujeres puedan seguir vivas.

Un informe especial de octubre de 2019, reveló que la mayoría de las víctimas de femicidio en Costa Rica eran mujeres jóvenes, en edad reproductiva, quienes vivían en unión de hecho y eran amas de casa. Este panorama implica una advertencia e indica que es urgente trabajar en medidas que aseguren el acceso de las mujeres a trabajo, educación, empleo y vivienda para facilitar su independencia económica.

Por eso es especialmente preocupante el impacto que el incremento de la pobreza y el desempleo -donde la tasa de desempleo femenina alcanzó el 29%- tendrán sobre las mujeres, ya que la dependencia económica es una de las razones por las que las mujeres se quedan en relaciones de violencia. Esto ocurre porque no solo está presente el temor y la dependencia psicológica sino por la necesidad de ingresos para mantenerse tanto ella como sus hijos e hijas.

La pandemia inclusive hizo retroceder el intento de muchas mujeres por separarse o terminar sus relaciones, ya que forzadas por la reducción de la jornada laboral, la suspensión del contrato o el despido, tuvieron que retomar la convivencia con sus parejas, ya que sus ingresos no eran suficientes ni tan siquiera para pagar el alquiler de un lugar para vivir.

Por esa razón, insistimos en que no será posible terminar de resolver el tema de la violencia sino se trabaja sobre las causas estructurales, como lo es la profunda desigualdad que produce el sistema capitalista.

Esto es lo que nos lleva a tener también irreconciliables diferencias con el Frente Amplio, que tiene la política de seguir siendo parte de este gobierno, que ha sido responsable de los altos niveles de desempleo especialmente entre las mujeres. De poco sirve el tener a Patricia Mora al frente del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) haciendo discursos contra la violencia, mientras es parte de un gobierno que nos condena a la pobreza y el sometimiento.   

Un entramado legal que refleja el odio contra las mujeres

Las instituciones y la legislación nacional, continúan reforzando la violencia mediante leyes y abordajes que no reconocen la situación de opresión en que nos encontramos las mujeres. Esto no es un hecho particular, es el reflejo de la sociedad capitalista que es machista y profundamente desigual, y que pone a su servicio a las instituciones del Estado para reforzar la opresión.

Basta ver las dos definiciones de femicidio que se manejan en el país, para revelar lo poco que importan las vidas de las mujeres para este sistema. El primer término de femicidio es el que está legalmente reconocido e incorporado en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, el cual sanciona las muertes de las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales. Y el segundo es el femicidio ampliado[1],  en el cual se incluyen las muertes violentas de mujeres por su condición de género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre. Como pueden ser las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego de haber terminado una unión de hecho y las que ocurren en el ámbito público ante un ataque sexual.

Sin embargo, en el país, el femicidio ampliado es solo un dato estadístico, pero no corresponde a un tipo penal, por lo que estos casos son juzgados como homicidios simples o calificados, los cuales tienen una pena menor que la estipulada para el femicidio. Esta forma de legislar, expresa la misoginia de un sistema al que le es rentable mantener a las mujeres sometidas.

Este machismo impregna todos los espacios, como lo son las instituciones que están a cargo de hacer las investigaciones de femicidios. Hace tan solo unos meses fuimos testigos de esto, cuando Walter Espinoza, Director del OIJ, compareció ante la Asamblea Legislativa, y no solo reveló que no existe un protocolo con perspectiva de género que permita la atención diferenciada ante las desapariciones de mujeres, sino que además hizo alusiones estigmatizantes sobre una de las víctimas de femicidio.

A estas formas de violencia que están ya instauradas, se le suma la iniciativa que se presenta a través del proyecto de Ley N°21.702 que está en trámite en la Asamblea Legislativa, y que pretende que las mujeres deban demostrar los gastos que realizan para sus hijas e hijos con los montos que reciben de la pensión alimentaria. Esta es una forma más de violencia, para seguir teniendo un control económico sobre las mujeres, a pesar de que es a nosotras a quienes se nos recarga todo el cuido y la educación de los hijos e hijas.

Cuando hablamos de que es urgente acabar con el capitalismo, es porque este sistema es terriblemente injusto, y se organiza de tal manera que le permite mantenernos en condiciones de sometimiento que atentan contra nuestras propias vidas.

Son muchas las razones que tenemos para retomar las calles

Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, es urgente retomar las calles y salir a manifestarnos para exigir:

  • ¡Declaratoria de emergencia nacional ante la pandemia de la violencia!
  • Auditoría y suspensión de los pagos de la deuda pública: para que el dinero que se destina al pago de deuda originada por negocios corruptos, se reoriente a atender las necesidades del pueblo y particularmente a garantizar educación, vivienda y servicios de atención para las mujeres víctimas de violencia.
  • Creación de empleo para las mujeres y centros de cuido para la niñez: que permitan que las mujeres puedan acceder a empleo y que el Estado garantice el cuido de la niñez que tradicionalmente ha sido recargado sobre las mujeres. 
  • Reconocimiento de la violencia por razones de género en la tipificación de los femicidios.

[1] Se toma como base la definición de violencia de género que hace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará
No Comments

Post A Comment