Aborto impune: una deuda pendiente con las mujeres

Aborto impune: una deuda pendiente con las mujeres

El Código Penal establece desde hace casi 50 años el aborto impune, con la posibilidad de que una mujer pueda interrumpir el embarazo por cuestiones terapéuticas. Sin embargo, la inexistencia de protocolos médicos, la objeción de conciencia de profesionales en salud y el peso de los prejuicios han dificultado que las mujeres tengan acceso a la aplicación de este procedimiento médico que debería estar garantizado.

El gobierno se vio forzado a tomar medidas para la elaboración de la norma técnica luego de que Ana y Aurora demandaran al Estado costarricense ante la CIDH por no aplicar en sus casos el aborto terapéutico. Ambas mujeres fueron obligadas a parir a pesar de que desde las primeras semanas de embarazo se demostró la incompatibilidad de los fetos con la vida extrauterina, es decir, había malformaciones que hacían imposible que fueran a sobrevivir fuera de sus úteros. Ellas demostraron que su salud física y mental se estaba deteriorando conforme avanzaba el embarazo e iban dejando secuelas irreversibles.

El camino ha sido difícil, como mecanismo de mediación el gobierno propuso la elaboración de una norma técnica que luego pospuso durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, alegando que no era el momento político correcto. Más tarde Alvarado insistió con prepotencia en que la norma técnica saldría cuando él así lo decidiera, atrasando aún más el proceso de elaboración de los protocolos médicos.

Siendo candidato presidencial, Alvarado se presentó como un defensor de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, en oposición a su contrincante Fabricio Alvarado. Pero la demora que ha tomado la firma de la norma técnica, ha evidenciado el verdadero carácter de este gobierno, que ha usado los derechos de las mujeres como moneda de cambio y ha facilitado que los sectores conservadores sigan tomando fuerza, organizándose y difundiendo argumentos engañosos.

A pesar de la demostrada negligencia del gobierno en este tema, Patricia Mora del Frente Amplio sigue manteniéndose al frente del INAMU, sosteniendo su complicidad con un gobierno que no logra garantizar ni siquiera el acceso a derechos básicos.  No basta con objetar parte de la norma técnica o trasladar sus inquietudes al Ministerio de Salud como lo ha expresado ante la prensa, para ser consecuente con la defensa de los derechos de las mujeres tiene que empezar por renunciar al bando del opresor.

La norma técnica sigue exponiendo a las mujeres a la violencia obstétrica

La norma técnica que fue presentada a consulta de la CCSS, sigue sin clarificar si se tomará en cuenta el concepto integral de salud para la aplicación de la norma técnica. Cuando hablamos de que las mujeres requerimos el aborto impune porque se pone en riesgo nuestras vidas, no solo nos referimos a la salud física sino también a la salud mental. No queremos ser sometidas a procesos de tortura como los que lamentablemente tuvieron que vivir Ana o Aurora. El exponer a mujeres a llevar a término embarazos con fetos incompatibles con la vida es exponernos a situaciones traumáticas.

Pero además de esto, nos preocupa que la norma técnica permite que los médicos puedan seguir alegando objeción de conciencia, es decir que puedan oponerse por razones éticas o religiosas a ejecutar disposiciones oficiales, en este caso el valorar pacientes que enfrentan embarazos cuando su salud o su vida se encuentran en riesgo. De esta forma, se permite que profesionales en salud sigan operando en base a prejuicios, creencias y percepciones personales, manteniendo una cultura institucional violatoria de derechos en contravención con los requerimientos de salud.

Ante hechos como estos, en los que se siguen permitiendo prácticas que degradan e intimidan a las mujeres para la atención a su salud reproductiva, se expresa también la violencia obstétrica, donde las mujeres son víctimas de un sistema médico que sigue imponiendo trabas y de un personal que no reciba la formación pertinente para actuar a partir de los derechos de las mujeres.

Los ataques al sistema de salud afectan especialmente a las mujeres pobres

Por otra parte, la norma técnica deja en evidencia cómo las limitadas condiciones del sistema de salud afectan especialmente a las mujeres en las zonas más empobrecidas. La norma técnica establece que “la aplicación del procedimiento médico regulado en esta norma únicamente tendrá lugar en hospitales o clínicas que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos necesarios y acordes con los requerimientos establecidos en esta norma para su correcta aplicación.” No queda claro si los hospitales fuera de la GAM tendrán las condiciones para ello, por lo que se coloca a las mujeres de las zonas rurales y donde los servicios de salud son más deficientes en condiciones de aun mayor vulnerabilidad.

Cuando se recortan presupuestos o se impone la regla fiscal a instituciones como la CCSS, se afecta el derecho a la salud de toda la población pero especialmente de las mujeres. Este gobierno impone por un lado la aplicación de una regla fiscal que afectaría la cobertura en equipamiento y medicamentos, mientras que por el otro presenta una norma técnica que dice que el servicio está restringido a los hospitales y clínicas que cuenten con determinadas condiciones.

De esta forma no se garantiza la universalización del derecho. Las mujeres con mayor acceso a recursos económicos podrán recurrir al pago de especialistas privados para que realicen su valoración, mientras las mujeres pobres dependerán de los desfinanciados servicios de salud.   

La lucha no se acaba

Desde Lucha Mujer y el Partido de los Trabajadores hacemos un llamado a continuar la lucha que se ha venido dando por garantizar protocolos que garanticen el acceso universal al aborto impune, tomando en cuenta la salud de las mujeres de manera integral.

Para esto necesitamos seguir luchando por servicios de salud con condiciones de calidad para atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres. No más limitaciones a la inversión en salud, abajo la regla fiscal.

La aprobación de un protocolo que en realidad salve la vida de las mujeres y garantice su salud integral es necesario y urgente. Pero nuestra lucha, va más allá hasta conseguir el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus propios cuerpos.

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