¡Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes constructoras!

¡Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes constructoras!

La mañana de este lunes 14 de junio inició con un operativo policial que acaparó portadas en los principales medios de comunicación. En simultáneo se desarrollaron 57 allanamientos en las principales empresas constructoras del país, a funcionarios de gobierno, Casa Presidencial y más de 30 arrestos. Todo esto se dio como parte de las investigaciones iniciadas en 2019 contra las más grandes empresas constructoras del país, las cuáles, durante décadas, se han visto beneficiadas con contratos para desarrollar infraestructura estatal.

La construcción de obra pública en manos privadas es profundamente corrupta

Por años se han diseñado mecanismos legales que permiten  trasladar recursos públicos a empresas privadas que desarrollan trabajos caros y de mala calidad. Es así como se ha favorecido a grandes compañías privadas como H. Solís y Constructora Meco, las cuales mantienen contratos por 794 millones de dólares en los últimos dos años y han controlado el 90% de las licitaciones de conservación vial.

Desde el Partido de los Trabajadores hemos denunciado que la contratación privada para la construcción o administración de obras públicas es profundamente corrupta, que dichos mecanismos existen solo para favorecer a grandes intereses empresariales y que son una de las principales fuentes de saqueo de los recursos públicos. Las investigaciones recientes confirman esa realidad y fortalecen nuestro llamado a acabar con los mecanismos de concesión o contratación privada.

El problema no es de unos cuántos funcionarios  o empresarios deshonestos, como quieren hacer ver algunos políticos. Se trata de un modelo privatizador y corrupto, diseñado para que el único resultado posible sea el saqueo de las finanzas públicas y la acumulación de inmensas fortunas privadas a partir de las rentas del Estado.

Por eso es que planteamos que debe acabarse ese modelo entreguista que ha desmantelado instituciones como el MOPT para dar paso a oficinas como el CONAVI que solo sirven para trasladar dineros públicos a negocios privados.  Estos actos de corrupción demuestran una vez más la necesidad de devolver al control estatal las funciones de construir obra pública y de garantizar una fiscalización por parte de las organizaciones populares y las comunidades de toda la obra pública que se construya. De esta manera podríamos tener obra pública de mayor calidad, de menos costo, que genere más oportunidades de empleo y que acabe con el negocio que tienen montado unas cuantas grandes empresas.

Una historial de impunidad para los grandes ricos

Si bien nos alegra que estos hechos salgan a la opinión pública, no tenemos ninguna  confianza en que al final haya condenas contra los grandes capitalistas detrás de estos negocios. Hoy mismo se dio a conocer que Federico Campos, esposo de la Fiscal General Emilia Navas, es abogado defensor de empresas involucradas en este escándalo. Con tales vínculos los ricos y poderosos se aseguran un asiento en los principales poderes de la República y  el favor de las leyes y la justicia que solo se ensañan contra los pobres.

En el país se han destapado en el pasado grandes escándalos de corrupción que no terminan en nada y que forman parte de ese largo historial de impunidad. Podemos mencionar solo como ejemplos el caso Caja-Fischel o el crédito finlandés que termino sin condenas para los ex presidentes  Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, el cementazo en el cual no se  involucró a altos cargos de Casa Presidencial y por el cual nadie descuenta prisión a la fecha,  la doble contabilidad de Yamber para estafar a la banca nacional sin que ningún miembro de la familia Yankelewitz  haya descontado prisión; todos estos hechos tienen como elementos en común involucran a familias poderosas del país y  que han quedado con el favor del Poder Judicial.

Esta justicia es la de los ricos, en ella solamente van a descontar prisión los pobres que roban por hambre o trafican por necesidad, pero nunca la clase política ni los grandes empresarios. Para empezar a hablar de justicia tenemos que exigir prisión para los dueños de Meco, H.Solís y demás constructoras, la expropiación de todos los bienes de esas empresas y la nacionalización inmediata de toda la obra pública.

Un gobierno corrupto al servicio de los grandes empresarios

El gobierno de Carlos Alvarado ha sido duramente cuestionado por actos de corrupción y favorecimiento de importantes grupos empresariales, durante estos años ha reproducido los mismos métodos de partidos tradicionales como el PLN o el PUSC. Las denuncias más recientes involucran a su más cercano asesor y pieza clave de Casa Presidencial Camilo Saldarriaga.

Ya se han dado otras importantes denuncias contra figuras como la coordinadora de su equipo económico Edna Camacho por sus vínculos con las estafas de Aldesa a cargo de su esposo Javier Chaves o más recientemente el ministro del sector privado André Garnier por no pago de impuestos o favorecimiento de negocios de la Agencia Empresarial para el desarrollo.

Esos y muchos otros ejemplos reflejan para quien se gobierna en realidad. Junto con los dueños de las grandes empresas también debe pagar los altos cargos de gobierno y jerarcas de distintas dependencias públicas que son parte del entramado de corrupción.

El gobierno y la Asamblea no tienen autoridad moral para seguir atacando a los trabajadores

En el mismo momento en que se destapan estos escándalos está por aprobarse el proyecto de Ley de Empleo Público que  defiende el gobierno, la Asamblea y los grandes ricos que nos roban. Ese parlamento donde se pasean los narcos, donde se votan leyes para enriquecer a los grandes empresarios y donde se eligen magistrados para permitir la impunidad de los ricos  no tiene autoridad para votar recortes salariales o exigir sacrificios a los trabajadores estatales.

Las finanzas públicas no están en crisis porque se garanticen derechos justos a los empleados estatales, tampoco se arregla la crisis fiscal atacando su salario. Las causas de la crisis están en el robo de nuestros recursos y en una costosa deuda pública tan corrupta como las concesiones a empresas constructoras privadas.

Trabajadores públicos y privados debemos exigir que esta crisis la paguen los grandes ricos que nos han robado y la clase política que nos gobierna. Todos ellos deberían ir presos si queremos empezar a hablar de justicia y eficiencia.

¡Cárcel y expropiación de los bienes de las grandes empresas que nos han robado!

¡Derogación inmediata de  todos los mecanismos de concesión o contratación privada de obras públicas!

¡Nacionalización sin indemnización de todos los proyectos de obra  pública bajo fiscalización de las comunidades y organizaciones populares!

¡Rechacemos la ley de empleo público! ¡Que la crisis fiscal la paguen los ricos que nos han robado!

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