La deuda pública como mecanismo de control del FMI y del imperialismo

La deuda pública como mecanismo de control del FMI y del imperialismo

A propósito del plan del acuerdo con el FMI y los planes del gobierno de pasar un nuevo paquete de impuestos, hemos querido publicar nuevamente este material que forma parte de una elaboración realizada el año anterior por el PT sobre el tema de la deuda pública. Algunos datos han sido actualizados, pero hemos mantenido la elaboración original que mantiene su vigencia.

En este material explicamos brevemente el papel que ha tenido la deuda pública como mecanismo de control utilizado por los organismos financieros internacionales para determinar las políticas económicas de los países, y así garantizar los intereses de las grandes empresas transnacionales. Puede encontrar el material completo en el siguiente enlace: https://socialismohoy.com/bodega/2019/08/NO-AL-PAGO-DE-LA-DEUDA-Partido-de-los-Trabajadores-2019.pdf

La deuda pública en pocas palabras…

Cuando hablamos de deuda pública o deuda (para efectos de este material), nos referimos al conjunto de préstamos adquiridos por el Estado, tanto con deudores internos (deuda interna) como con prestamistas externos al país (deuda externa).

Este dinero que el Estado adquiere prestado, se utiliza para financiar el déficit, es decir, para pagar gastos que no puede resolver por el desfase financiero que tiene.

Para demostrar que tan seguro es un país como deudor, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional “recomiendan” medidas a los gobiernos para demostrar su confiabilidad. Estas medidas suelen incluir la privatización de instituciones públicas, el recorte al tamaño del Estado (despidos), creación de nuevos impuestos, ataques a los sistemas de pensiones, entre otros. Es decir, una receta para que el endeudamiento lo paguen los trabajadores mediante el ataque a las condiciones de vida.

Cuando los niveles de endeudamiento llegan a niveles tan altos que comprometen el funcionamiento de la economía de un país[1], esto se utiliza como argumento por los gobiernos para ejecutar recortes a los presupuestos nacionales, aumento de impuestos y ataques a los derechos de la población, como ocurrió con el Plan Fiscal. 

De acuerdo con datos del mismo Ministerio de Hacienda, la deuda pública le costará al país más de 13 mil millones de colones por día, y con lo que se pagará el próximo año en intereses de la deuda, se podrían financiar la construcción de 33 estadios como el Nacional o se podrían otorgar más de 2.853.000 bonos Proteger por un periodo de 6 meses.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, esta deuda crecerá y alcanzará al menos un 74,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 4 años. 

Una receta para la crisis

Durante sus dos periodos, el PAC ha navegado el tormentoso mar de la crisis fiscal y económica buscando salvar a los grandes ricos mientras hunde y sacrifica a la clase trabajadora, tratando de mantener a flote su gobierno con más y más endeudamiento. Para esto ha aplicado una receta que combina varios elementos:

  • Recorte presupuestario para pagar la deuda: El presupuesto aprobado para el 2019 representó un salto en los recortes de inversión pública para satisfacer los pagos de la deuda. Según el Ministerio de Hacienda, del aumento de 1.6 billones que se hizo al presupuesto 2019, 1.5 billones fueron destinados a cubrir el mayor endeudamiento del país. De 2018 a 2019 el servicio de deuda del país creció en un 52%, pasando de casi 3 billones a 4.66 billones de colones.

Si elimináramos el aumento para el pago de la deuda, el Presupuesto Nacional 2019 realmente decreció en un 0.8% con respecto al año 2018.  Los sectores más golpeados por este recorte fueron el MOPT con un recorte de 56 mil millones y el FEES con 10 mil millones.

La tendencia a recortar la inversión en obras públicas ha sido una constante de todos los gobiernos desde el arranque de la crisis. Según el Estado de la Nación, en 2011 la inversión en edificios y carreteras fue reducida en un 39%.  

  • Impuestos para el pobre y exoneraciones para los capitalistas: Como parte de su política, el gobierno de Alvarado también impuso el Plan Fiscal que reduce la canasta básica al sacar productos como el brócoli o el atún y cobrarles 13% de IVA, aumenta el precio de las medicinas al cobrarle 2% de IVA y de la misma canasta al gravarla con un 1% de impuesto.

Mientras tanto le concedieron toda clase de privilegios fiscales para beneficiar a las grandes empresas. Con la Reforma Fiscal aprobada le perdonaron 194 mil millones a un grupo de 25 empresas entre las que sobresalen la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Florida Bebidas entre otras.

La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reveló ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto en el 2018, que el Ministerio calculaba que la evasión y elusión rondaba el 4,6% del PIB[2].

Las listas publicadas por Hacienda de Grandes Contribuyentes Nacionales y de Grandes Empresas Territoriales que reportan 0 ganancias dejaron en claro cómo las grandes empresas defraudan al Estado para evadir el pago del Impuesto sobre la Renta. Según el FMI en 2015 el Estado Costarricense perdió cerca de un 60% de su potencial Impuesto de Renta debido a esto.

En el 2018, el país dejó de percibir lo equivalente al 5,3% del PIB por exoneraciones a las empresas. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo calificó en un informe de 2015 las exoneraciones del país como “muy generosas”, y citó un estudio que reveló que las empresas de Zonas Francas (las principales beneficiadas) se instalarían en el país aún sin las mismas.

Inclusive empresas que adeudan millones, siguen funcionando a pesar de abiertamente violar la ley. También existen métodos legales para no pagar impuestos. La lista de las 100 empresas que no reportan ganancias a Hacienda ilustra el caso perfectamente, otras se acogen a Régimen de Zona Franca u otras exenciones fiscales.

  • Recorte en personal y salarios de empleados públicos: Los gobiernos de Solís y Alvarado avanzaron como ningún otro en recortar los gastos en salarios del sector público.

Para 2017 aprobaron un aumento salarial de tan solo 1.01% mientras que para 2018 el aumento fue de tan solo 3.750 colones. Por otro lado recortaron el porcentaje de plazas vacantes a cubrir a un 25%, modificaron el carácter de la anualidad de modo que no genere un aumento en el salario base y las recortaron a 1.94% con el Plan Fiscal. También mantuvieron, en coalición con los demás Poderes de la República, una ofensiva contra los derechos establecidos en las Convenciones Colectivas.

Junto a esto, las empresas despiden cientos de trabajadores sin ninguna explicación, se intenta prohibir la huelga y la sindicalización, de forma tal que la clase trabajadora no pueda defenderse de los ataques. Todo esto para luego decir que la crisis es culpa de los trabajadores.

Una economía dependiente

La economía de Costa Rica es dependiente de las potencias imperialistas principalmente Estados Unidos. Esta relación económica se sostiene en un intercambio, donde se exportan pocos productos, como el café, el banano, la piña o la caña. A la vez que se importan muchos productos de consumo y tecnología. Esto quiere decir que el país tiene un mercado débil, dependiente de lo que se importa y el dinero de las exportaciones, depende de lo que nos compren en Europa y Estados Unidos. Esto nos hace muy vulnerables de las crisis en estos países.

Por eso las fluctuaciones en el mercado externo se ven afectadas por la dinámica internacional. Si se combina esto con la evasión de impuestos, los ingresos estatales se ven reducidos, mientras los egresos se mantienen iguales o decrecen; aumentando esa brecha fiscal. Es en casos como estos que aumenta la política de endeudamiento.

La economía del país nunca termina de recuperarse, porque cada vez está más endeudado. Esta deuda, a medida que pasan los años se incrementa gracias a los intereses. El gobierno pide préstamos para cancelar deudas a punto de vencer, aumentando la deuda, a largo plazo volviéndose eterna e impagable.

De esta forma los países imperialistas, que además son los que compran bonos de deuda o los que dirigen los bancos internacionales, terminan aumentando su control sobre el país y la región. Para poder pedir más préstamos, el país debe adecuarse a las condiciones que presentan los acreedores. Recortar a la educación y salud, promover privatizaciones, aumentar impuestos o amentar la edad de jubilación. Este programa termina siendo defendido por los empresarios del país, cuyos negocios son dependientes del imperialismo también.

Para determinar qué tan “seguro” es un país como deudor, existen agencias calificadoras que miden la capacidad de un gobierno para hacer frente a su deuda y por lo tanto, determinar el riesgo que le conllevaría a los acreedores invertir en ella. Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá.

Pero estos elementos de calificación no se toman de manera aislada, responden a intereses políticos impulsados por el imperialismo. De esta forma, para que un gobierno demuestre su capacidad de pago y su confiabilidad, debe haber aplicado también una serie de medidas que están ligadas a los requerimientos de los organismos financieros internacionales. Para ejemplificar esto podemos remitirnos a la aprobación del Plan Fiscal. El gobierno se propuso como meta la aprobación del plan durante el 2018 para demostrarle a las agencias calificadoras que iban por buen camino en el cumplimiento de medidas de recorte y de implementación de nuevos impuestos. De esta forma el gobierno esperaba obtener una buena calificación para seguirse endeudando. Por eso las políticas que implementa el gobierno, no se reducen a iniciativas propias, responden a directrices emanadas por organismos internacionales que elaboran políticas de sujeción para los países dependientes. Fue esto lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y es lo mismo que ha ocurrido con la aprobación del Plan Fiscal, el cual conforma un conjunto de políticas que atiende las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Este organismo ha considerado que inclusive los ataques aprobados en la Reforma Fiscal, son insuficientes para el país, y en una visita realizada en el 2019, recomendó seguir reforzando los ataques, aumentando aún más los impuestos y tomando medidas como:

  • Elevar la tasa del IVA del 13% a 15%.
  • Incrementar los impuestos sobre la propiedad.
  • Reducir el umbral de exoneración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
  • Incrementar los impuestos sobre bienes y servicios.
  • Gravar los excedentes de las cooperativas (FMI, 2019)

Pese a que el gobierno de Alvarado ha seguido las recomendaciones del FMI para gestionar la crisis presupuestaria del país y a que sigue impulsando nuevas medidas para mantener las ganancias de las empresas tales como la Educación Dual o la flexibilización del crédito de parte de la banca estatal, la crisis fiscal ha seguido agravándose.  

Actualmente la crisis económica amenaza con volver a poner al país en recesión y debido a esto, los últimos tres años han sido los de menor crecimiento en la recaudación de impuestos desde el 2010.

Esto indica que la “reducción del gasto”, pomada canaria del PAC y la burguesía está siendo insuficiente para frenar la crisis fiscal y que está sigue agravándose por la misma necesidad de recurrir a más deuda para pagar la abultada deuda del país.

Los verdaderos responsables de la crisis

Existen diferentes versiones de quién es el responsable. Por un lado, los sectores ricos del país, representados por los políticos y los medios de comunicación; dicen que es culpa de los trabajadores y el gasto público. Aseguran que son los salarios y pluses del sector estatal los que tienen quebrado al Estado. Por eso la solución que plantean es recortar el gasto público, congelar salarios, eliminar anualidades, convenciones colectivas y otras garantías laborales, así como recortar el presupuesto que se destina a educación, salud y otros programas sociales. 

Esta versión les ayuda a desviar la atención de los verdaderos culpables y dividir al país. Mientras culpan a los trabajadores del sector público y ponen a los del sector privado en su contra; ese mismo grupo de empresarios, políticos y medios de comunicación orquestan despidos masivos, evaden millones en impuestos y atacan al pueblo con políticas que aumentan el costo de la vida.

Son los sectores empresariales y los gobiernos que los han representado, quienes ocasionaron la crisis. Esta deuda, es adquirida para favorecer los intereses de los sectores empresariales, luego el gobierno coloca los bonos de deuda con esos mismos sectores y generan una presión para pagarla con los impuestos que nos imponen a todos los trabajadores. En setiembre del 2018, el diputado de la fracción del PUSC, Pedro Muñoz, afirmó abiertamente estar a favor de la reforma fiscal porque esta era una solicitud de los acreedores nacionales. “Son los acreedores de Costa Rica los que piden esta reforma y con eso el oxígeno financiero de Costa Rica se mantiene”, expresó el legislador. “Los acreedores de Costa Rica requieren de la reforma fiscal para poder financiar la deuda y que no haya ningún problema», afirmó en su momento el socialcristiano[3].

La evasión y elusión fiscal rondan el 4,6% del PIB mientras que las exoneraciones fiscales como los regímenes de zonas francas que se han generado producto de los TLC, equivalen al 5,3% del PIB. Estos datos, como indicamos anteriormente, sobrepasan el monto del déficit y se han consolidado como privilegios del sector empresarial bajo el falso argumento de la necesidad de estimular la producción. Por eso es claro que no son los trabajadores sino la burguesía la gran responsable de la crisis fiscal, al ser el sector exonerado y beneficiado con el gran negocio que se encubre detrás de la deuda. Esta deuda fue generada por los gobiernos que representan a los grandes empresarios, por eso decimos que son las clases poderosas las que adquieren esas deudas y los trabajadores quienes las pagamos a través de los impuestos, la precarización laboral y los recortes a los servicios públicos. Ante ese panorama, la exigencia es que la deuda la paguen los ricos, que son quienes generaron las deudas.


[1] En esta situación se encuentran actualmente todos los países centroamericanos.

[2] El dato se redujo respecto al 8,2% del PIB de evasión y elusión fiscal calculado en el 2013, no debido a una mejor recaudación fiscal como reconoció la misma Ministra, sino debido a un cambio en la metodología utilizada para el cálculo del PIB.

[3] Ruiz, M. (2018) Pedro Muñoz: son los acreedores de Costa Rica los que piden la reforma fiscal. Recuperado de: https://www.elmundo.cr/costa-rica/pedro-munoz-son-los-acreedores-de-costa-rica-los-que-piden-la-reforma-fiscal/

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