Mano dura para el sector público. Tolerancia y flexibilidad para la UCCAEP.

Uno de los discursos frecuentes del ministro Salas y demás representantes del gobierno, es el encomio y el agradecimiento por la gran labor que han realizado los funcionarios del sector salud y otros que se encuentran en la primera línea para manejar la crisis provocada por el COVID-19. Sin embargo, estos funcionarios son del sector público, los cuales han sido el blanco de muchas críticas en las últimas semanas, orquestado principalmente por Álvaro Sáenz y su séquito de la UCCAEP, haciendo aseveraciones como: “Parte del sector público está en la casa sin hacer nada y ganando salario”. Cuando lo cierto es que los trabajadores estatales de los servicios no esenciales en su gran mayoría continúan asistiendo a sus centros de trabajo o se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo y en el caso del Magisterio se mantienen en contacto con sus estudiantes de forma virtual y atendiendo a las familias y entregando víveres a su población estudiantil correspondiente.

De ahí que se continúen desprendiendo planteamientos de ataques a los salarios y condiciones de vida, escuchadas, acogidas y avaladas por el gobierno.

La última propuesta pretende tocar recursos del salario escolar, aplicando un impuesto del 10, 15, 20 y 25% escalonado para todos aquellos montos superiores a los 840 mil colones en adelante. Bajo el pretexto que es necesario ser solidarios en estos tiempos ante la necesidad de canalizar estos ahorros para alimentar a miles de personas. Los diputados por otro lado realizaron la votación en segundo debate de una “interpretación auténtica” a un inciso de las exenciones especificadas por la Ley de Zonas Francas, que se refiere a un impuesto de Hacienda que ya no existe (“impuesto territorial”, creado en 1939) porque se derogó en 1995 con la modernización del impuesto sobre bienes inmuebles para que lo percibieran los gobiernos locales.

Ante esto, las empresas tienen la oportunidad de apelar los impuestos que han pagado hasta ahora y que, a costo de las municipalidades, se les devuelva el dinero. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Heredia, se estima la pérdida tributaria de ¢1.000 millones anuales; los cuales se solían invertir en obra y servicios públicos del cantón.

Llama la atención que tanto el gobierno como la UCCAEP hagan un llamado a la solidaridad, pero el sector empresarial siga siendo beneficiado y privilegiado con más exoneraciones de las que ya cuentan y desde que empezó la emergencia de la pandemia se han aprovechado para disminuir los derechos de los trabajadores y reducir el poco aporte tributario que hacen.

El mismo Sáenz asevera que todo esto está generando dos Costa Ricas, la de los empleados y los desempleados. Pero la culpa no es de los trabajadores del sector público, sino de los empresarios que sólo piensan en proteger sus grandes ganancias y un gobierno dispuesto a satisfacer dichos intereses mezquinos.

Por eso desde el Partido de los Trabajadores proponemos cuarentena para todos los servicios no esenciales, seamos del sector público o privado, con pago completo. Y todo esto financiado desde las ganancias de los grandes empresarios y el cese del pago de la deuda para que se invierta en atención de calidad e inmediata de la pandemia.

Para frenar todos estos ataques y desigualdad provocada por la UCCAEP y el gobierno, es sumamente necesario que nos organicemos para preparar la lucha, pero no divididos y sectorizados porque eso nos debilita, sino como uno solo, en primera instancia como trabajadores estatales en su conjunto y luego de la mano con los trabajadores del sector privado, porque la arremetida que estamos sufriendo no distingue para quién trabajamos.

Así como en otros partes del mundo, en nuestro mismo país, se ha demostrado que con las medidas sanitarias y de distanciamiento físico tomadas al pie de la letra, es posible retomar las calles para manifestar nuestro descontento y exigir el respeto y avance en nuestros derechos. Solo así lograremos detener la agenda de las grandes empresas que se ha venido imponiendo a pasos agigantados en estos últimos meses ante la aparente indefensión e imposibilidad de organizarnos.