Por un plan de emergencia popular para salvar al país del FMI y la ruina

Por un plan de emergencia popular para salvar al país del FMI y la ruina

Al calor de las barricadas y los enfrentamientos entre antimotines y manifestantes, el fuerte descontento con el gobierno, y las mesas de diálogo se está definiendo el futuro del país y su crisis fiscal.

Por un lado, el gobierno de Alvarado busca imponer la negociación de un rescate con el FMI de 1750 millones de dólares que será destinado a hacerle frente a los pagos de la deuda a cambio de un fuerte aumento en impuestos a la clase trabajadora. Por otro, fuerzas populares de las regiones más empobrecidas del país se batieron contra la policía para evitar un acuerdo que sin duda acarreara mayores ataques a su nivel de vida.

En el medio de este enfrentamiento se discuten una serie de propuestas alternativas al combo del PAC para solucionar la cuestión fiscal. El Frente Amplio, sin romper con el PAC ante la represión y sin oponerse al acuerdo con el FMI, busca impulsar una negociación basada en proyectos de combate a la evasión fiscal y sin nuevos impuestos contra la clase trabajadora. El Movimiento Rescate Nacional, principal vocero organizado de las movilizaciones y liderado por Célimo Guido, le apuesta a una mesa de diálogo nacional sin un programa claro.

Desde el Partido de los Trabajadores creemos que es necesario discutir un programa de propuestas que salve al pueblo trabajador del desempleo, la miseria, la pandemia y de los ataques del gobierno.

El verdadero origen de la crisis

Sin embargo, para que dicho programa logre su cometido, debe partir de una apreciación certera sobre el porqué el país se encuentra quebrado y a las puertas de negociar un rescate con el FMI que lo sumiría aún más en la miseria.

La crisis fiscal se ha acelerado en el país hasta cerrar 2020 con una deuda de 70% del PIB (24 Billones) y una proyección de 80% de PIB (27 billones). Esto representa una duplicación del monto de deuda que había al inicio del primer gobierno PAC. La razón de este incremento se debe al efecto que ha tenido la situación económica mundial, seguido de los impactos del COVID19 y la gestión gubernamental en la injusta e insuficiente estructura de impuestos que sostiene el gasto público en nuestro país.

El 2020 ha sido un punto de quiebre. Mientras con una mano el gobierno les ha permitido a las grandes empresas disminuir sus aportes a la CCSS y atrasar el pago de impuesto sobre la renta y ventas escudándose en la pandemia, con la otra le ha propinado severos recortes al presupuesto de gastos sociales y ha aplicado la regla fiscal para eliminar los aumentos salariales y conquistas como las anualidades de los empleados públicos.

Esto generó un incremento muy rápido en el hueco fiscal y un faltante importante de presupuesto para garantizar subsidios como el bono PROTEGER o garantizar la atención de salud por parte de la CCSS.

Lejos de exigirle una mayor contribución a los grandes negocios para enfrentar la crisis del COVID19, Alvarado dispuso que las empresas siguieran disfrutando de grandes privilegios de exoneración fiscal como los de las zonas francas y de la posibilidad de seguir maquillando sus ganancias para defraudar al Estado y eludir su pago de Impuesto sobre la Renta.

Con tal de seguir garantizando que el país continúe siendo un paraíso fiscal para los grandes capitales en medio de la pandemia, el gobierno opto por endeudarse más. Sin embargo, su ya crítica situación y las pésimas calificaciones del país ante las agencias crediticias lo forzó a tocar las puertas del FMI y a comprometerse con imponer la lista de ataques brutales a la clase media y al pueblo trabajador que ha enardecido a buena parte del país.

Propuestas nefastas e insuficientes

Si bien el gobierno ha sido forzado a retirar su propuesta inicial, es necesario clarificar que ni este, ni las bancadas legislativas de oposición, tienen voluntad de ofrecer una propuesta fiscal distinta a la de los recortes, impuestos, privatizaciones y nuevos endeudamientos.

Mientras tanto el Frente Amplio busca vender la falsa idea de que es posible convencer al PAC y al FMI de negociar un préstamo basado en impuestos progresivos a las grandes empresas y el Movimiento Rescate Nacional, si bien mantiene la exigencia de rechazar todo acuerdo con el FMI, aun no plantea una salida a la cuestión fiscal que vaya más allá de reducir el costo de los alquileres del estado y combatir la evasión.

Un programa de la clase trabajadora para enfrentar la crisis

Desde el Partido de los Trabajadores creemos que la propuesta fiscal que el pueblo necesita debe partir de un rotundo rechazo a acordar un préstamo con el FMI. En primer lugar, porque dicho organismo es controlado por las principales potencias capitalistas mundiales y sus préstamos siempre irán orientados a obtener jugosos negocios para el gran capital imperialista e imponer cruentas condiciones a la clase trabajadora. En segundo porque es un préstamo ideado para pagar una deuda que crece abruptamente y no tiene fin pues se asume para financiar los grandes márgenes de ganancia de las empresas en el país.

Aunado a esto creemos que la propuesta debe basarse en una comprensión científica sobre la quiebra del país que logre diferenciar los intereses del pueblo trabajador de los de los grandes capitalistas en la discusión

Tenemos acuerdo en que es necesario recortar el salario de los diputados o pensiones de lujo, reducir el monto que se le paga a millonarios como la familia Desanti por alquileres. Sin embargo, es un hecho que dichos rubros no son el principal componente del hueco fiscal.

Rechazamos la visión impulsada por diversos partidos y figuras burguesas de oposición y por el mismo gobierno de que la causa de la crisis son los empleos y conquistas salariales de los trabajadores del sector público y el financiamiento de las universidades. Esta visión ha sido una herramienta esgrimida por los partidos y medios de comunicación capitalistas para dividir a la clase trabajadora y evitar que esta se unifique en lucha. La realidad es que la gran mayoría de trabajadores públicos es víctima de la inestabilidad laboral y recibe salarios apenas ligeramente más altos que los del sector público.

Es cierto que el Estado costarricense se encuentra camino a la quiebra, pero lo cierto es que las dificultades para financiar condiciones laborales dignas y educación superior de calidad no son la causa del problema sino parte de la consecuencia del gigantesco hueco fiscal generado por los privilegios de las grandes empresas y el altísimo costo del endeudamiento del país.

El Ministerio de Hacienda calcula que el privilegio de no pago de Impuesto sobre la Renta, uno de tantos del que disfrutan las empresas en Régimen de Zona Franca, le cuesta al país un 0,9% del PIB anual[1]. Es decir, unos 300 mil millones de colones anuales que se dejan de percibir en los ingresos estatales. Mientras que para 2015, el mismo FMI, calculaba que nuestro país perdía cerca de tres quintas partes de su potencial Impuesto sobre la Renta a Empresas equivalente a unos 729 mil millones de colones[2] debido a la gran facilidad con que las empresas eluden el pago del impuesto sobre la renta mediante diversos portillos legales.

Son estos cientos de miles de millones anuales que, en lugar de convertirse en presupuesto para salud, educación, vivienda y empleo, pasan a ser apropiados como ganancias por grandes empresas que no pagan impuestos. Para rematar, son cientos de miles de millones de hueco fiscal que son repuestos por bonos de deuda pública cuyo pago de intereses y amortizaciones ya consumen el 42% del presupuesto del estado, es decir unos 4 billones de colones al año.

Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos cualquier medida de crisis fiscal orientada a seguir pagando la gigantesca deuda pública que hoy subsidia las billonarias ganancias de las grandes empresas y bancos. Una salida popular a la crisis fiscal debe garantizar que las riquezas que se producen en el país se vean reflejadas en la creación de empleo, en la atención de las necesidades de los desempleados, de los enfermos de COVID19, de todos los trabajadores informales y pequeños productores arruinados, en la mejora de los servicios públicos y en la construcción de vivienda popular.

Para lograr esto hay que comprender que el problema del país es que su estado, gobierno y leyes están en función de garantizar el lucro de unas cuantas empresas imperialistas y nacionales y que dichas empresas hoy son capaces de explotar la riqueza natural y la fuerza laboral del país a cambio de miserables salarios y poco o nada de impuestos.

Sin cuestionar este esquema capitalista de nuestra economía y el rol que hoy cumplen nuestros gobiernos y leyes no hay medida que salve al país de la crisis económica y fiscal. Cualquier avance que hoy logremos en combatir la evasión de impuestos o en rechazar al FMI será respondido por nuevas medidas antipopulares de parte del Gobierno y de los partidos en la Asamblea.

Por eso como Partido proponemos una salida de clase trabajadora y socialista para hacerle frente a la actual situación. A continuación, presentamos nuestras propuestas:

  • Ningún Acuerdo con el FMI: Cualquier préstamo con el FMI conducirá a mayor endeudamiento y a alguna variante de ataque contra el pueblo basada en recortes presupuestarios, impuestos al pueblo o privatizaciones.
  • Cárcel e Incautación de bienes y cuentas de los grandes evasores fiscales:  Es necesario recuperar todo el ingreso perdido debido a la evasión de impuestos de los grandes empresarios. Proponemos impulsar reformas que refuercen la inspección de las grandes empresas y castiguen con cárcel e incautación de cuentas y bienes para reponer el ingreso fiscal perdido.
  • Fin del régimen de zonas francas y de los portillos legales que permiten a grandes empresas no pagar impuestos: Actualmente Costa Rica es un paraíso de explotación de grandes empresas nacionales y transnacionales. Para acabar con el saque del país y la crisis fiscal crónica es urgente que la producción y el comercio de las grandes empresas paguen Impuesto sobre la Renta. Debemos cobrarle impuestos a las empresas de zona franca y eliminar los portillos legales que le permiten a otras empresas reportar menos ganancias para pagar menos impuestos.
  • Exigir la apertura de los libros contables de las empresas todas sus subsidiarias para ser fiscalizados por las organizaciones populares y que estas determinen la verdadera Renta Neta sobre la cual las empresas deben pagar el impuesto.
  • Nacionalizar, y poner bajo control de sus trabajadores, a cualquier empresa que insista en defraudar al Estado con los impuestos, se declare en quiebra o busque fugarse del país para no pagar impuestos.
  • Suspensión inmediata de los pagos de la deuda y realización de una auditoría popular que investigue a los responsables del saqueo: Es necesario que las organizaciones sindicales y populares realicen una auditoría de la deuda y definan sus tramos ilegales para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos. Para esto proponemos la conformación de equipos de auditoría electos mediante asambleas populares de delegados. Esta auditoría tiene el objetivo central de señalar que tramos de la deuda interna y externa corresponden a préstamos contratados por el gobierno que han terminado en grandes negocios corruptos para que los responsables sean juzgados por ello.
  • No al pago de la deuda: Que se desconozca toda aquella parte de la deuda que ha servido para tapar el hueco fiscal generado por el enriquecimiento de las grandes empresas.
  • Uso del dinero de la suspensión del pago de la deuda para atender las necesidades del pueblo: el dinero que se recaude con estas medidas debe ser destinado a garantizar una verdadera cuarentena con salario completo y digno para todos los trabajadores y personas desempleadas y a suplir a la CCSS de todo el financiamiento necesario para enfrentar la pandemia. Aunado a esto es necesario financiar un verdadero plan de obras y servicios públicos enfocado en vivienda pública, guarderías, comedores populares, clínicas, albergues para mujeres en situación de violencia machista y para refugiados migrantes. Así mismo este presupuesto debe garantizar tierra para los campesinos sin tierra en el país y para impulsar una reformar agraria que le garantice al pueblo verdadera soberanía alimentaria.
  • Por asambleas del movimiento que voten un plan de lucha y de reivindicaciones para derrotar el acuerdo con el FMI: Creemos que debe ser el pueblo movilizado quien defina las medidas alternativas al acuerdo con el FMI. Es necesario que retomemos los bloqueos y manifestaciones a nivel nacional, con la participación de todo el pueblo, trabajadores del sector público y privado, campesinos, pequeños productores e impulsemos una discusión democrática, desde las bases de las organizaciones, sobre el plan que se requiere para salvar al pueblo de este acuerdo.

[1] https://www.hacienda.go.cr/docs/5b89acaed9a13_gt2017.pdf

[2] FMI. Informe FMI Costa Rica 2018. “PROGRAMA DE ANÁLISIS DE BRECHAS TRIBUTARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS: ANÁLISIS DE BRECHAS TRIBUTARIAS EN EL IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES”. 2018 (P. 41) Disponible en línea en: https://www.imf.org/es/Publications/CR/Issues/2018/05/29/Costa-Rica-Technical-Assistance-Report-Revenue-Administration-Gap-Analysis-Program-Tax-Gap-45891
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