Con amenazas de despidos y salidas del país los empresarios han venido imponiendo salarios miserables y tarifas infladas en los autobuses, mientras que el gobierno de Solís se entrega completamente a sus chantajes.
En la legislativa, avanzan las negociaciones entre el PAC-FA y el PLN para aprobar recortes en las pensiones y salarios de los empleados públicos, así como impuestos al pueblo.
La respuesta de los dirigentes sindicales ha sido aprobar ‘’paros de labores’’ de un día que no se plantean luchar seriamente contra ninguno de estos ataques y seguir apoyando al gobierno en la Asamblea.
Desde el PT creemos que es necesario preparar una verdadera respuesta de la clase trabajadora a todos estos ataques y una agenda de lucha independiente para resolverlos problemas del país.
Tres perlas de entreguismo de Solís
¿De qué ataques estamos hablando? En primer lugar de los miserables aumentos salariales: de 0,01% sector público y de 0,5% al privado aprobados recientemente. Esta es una política sostenida desde hace tres semestres que hace que la plata no alcance para nada.
La UCCAEP (gremio de empresarios) llegó a la mesa de negociación a chantajear argumentando que un aumento real de los salarios subiría los costos de la producción y reduciría las ganancias “del país”.
Ante esta amenaza el gobierno termina inclinándose por mantener los salarios congelados y salir al paso argumentando que “hay que socarse la faja”.
Otro caso fue el nombramiento de Liza Castillo, agente directo de los grandes autobuseros, como viceministra de transportes. Con ella el gobierno busca aplacar a los grandes transportistas que se oponen a cualquier control mínimo sobre sus tarifas.
El gobierno y la ARESEP venían buscando implementar un nuevo mecanismo de cálculo aprobado en marzo de este año, que funcionaría con datos recogidos y fiscalizados por la ARESEP y evitaría manipulaciones de los empresarios a la hora de la fijación de tarifas.
Sin embargo ante la amenaza de los autobuseros de paralizar el transporte y despedir trabajadores, Solís se deshizo de su antiguo viceministro, Urbina, que impulsaba la aplicación del cobro electrónico, necesario para la nueva metodología. Y el nuevo regulador de la ARESEP, Roberto Jiménez, echó para atrás la aplicación de la metodología, permitiendo que los autobuseros sigan maquillando sus datos para que se les aumenten de más sus tarifas.
El último ejemplo de este total entreguismo del gobierno es el mantenimiento y la creación de nuevos subsidios a empresarios.
Recientemente se ubicó en los medios que el gobierno y RECOPE continuaban incrementando el precio del diésel y la gasolina con tal de abaratar el asfalto y el gas. Esto constituye un subsidio que se le cobra al pueblo con aumentos de tarifa en el transporte público y beneficia centralmente a gaseras, hoteleras y constructoras que desde 2009 se han ahorrado unos 33 mii millones. [1]
Estas nuevas medidas demuestran que quien manda en el país son las grandes empresas y que el gobierno de Luis Guillermo Solís, por gusto o a la fuerza, siempre termina cediendo a las demandas de estas.
Los diputados también se aplanchan
Los empresarios también mueven sus fichas en la legislativa con proyectos pensados para facilitar el saqueo de los recursos del país, tales como la educación dual o la misma ley de aguas. Para esto reciben apoyo de la bancada oficialista, de Liberación y hasta del mismísimo Frente Amplio.
En el tema fiscal, las diferencias entre el bloque del PAC-FA y el del PLN, PUSC, ML y cristianos se van acortando. Ambos impulsan recortes a presupuestos del estado y le dan vía rápida para recortar las pensiones. Mientras que en temas más delicados como el salario único negocian acercamientos.
Si bien cada bancada tiene sus matices, ninguna cuestiona el accionar entreguista del gobierno ni osa contradecir la palabra de los patronos en los temas centrales.
El tema del subsidio al gas y el asfalto mencionado antes nos permite ubicar un buen ejemplo.
Hace poco 40 legisladores de todas las fracciones presentaron un “salacuartazo” contra el subsidio argumentando que familias pobres y la clase media terminaban financiando el beneficio de unas pocas empresas. Hasta ahí daría la impresión de que los diputados estarían convergiendo en una medida popular.
Sin embargo el gesto no pasa de ser un mero aspaviento. El modelo de concesión de obra pública y privatización de los servicios que rige en el país y que conduce a que unas cuantas empresas gaseras y constructoras concentren el negocio, permitiría que estas aumenten el precio del gas para el pueblo y eleven los costos del Estado en materia de obra pública, para sortear una eventual desaparición del subsidio.
De esta forma la medida se queda en un pataleo inofensivo porque no combate la raíz del problema: el poder incuestionado de la empresa privada para definir la vida económica y política del país y el entreguismo de sus gobernantes.
Frente Amplio: apostar «por los empresarios honestos y responsables que son la mayoría»
Hace unos días y apropósito de este debate, el expresidente Oscar Arias salió alertando en la prensa sobre un supuesto ‘’sentimiento anti empresa privada’’ en el país.
Patricia Mora del Frente Amplio, le contestó:
‘’ sentimiento contra los empresarios pueden tener algunos locos que se quieran ir de jupa a un hueco, sin empresarios honestos, responsables socialmente y fiscalmente, como creo que son las mayoría, este país no crece y no se desarrolla”
En esta respuesta el Frente Amplio se sacude de su etiqueta de partido de izquierda y aclara que su propuesta para desarrollar el país es apostarle a empresarios honestos que respeten la legislación ambiental, los derechos laborales y paguen impuestos.
Nosotros creemos que esta concepción de que el problema del país son unos cuantos ‘’empresarios sinvergüenzas’’ es por lo menos miope frente a la realidad.
Los casos mencionados arriba ya mostraron como los grandes empresarios pueden hacer y deshacer las leyes y la política a su antojo y como todos, como gremio, se benefician de su dominio sobre el estado para lucrar.
Para nosotros no basta con aprobar leyes que controlen a los empresarios ‘’sinverguenzas’’, para terminar con la violación de los derechos laborales, la corrupción, la evasión de impuestos o la desigualdad. Para nosotros todo esto es producto lógico del sistema de producción capitalista.
Se necesita de una clase trabajadora organizada en sindicatos que cuestione el poder de los empresarios con propuestas propias, que además luche y que aspire a gobernar.
Urge organizar la lucha unitaria de toda la clase trabajadora
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que el verdadero cambio pasa por frenar la dictadura de los empresarios sobre el país.
Denunciamos el entreguismo del gobierno y el chantaje de las empresas. Sin la mano de obra, mal pagada y sin derechos laborales, no habría riqueza. Somos los trabajadores los que movemos la economía.
Nuestra propuesta es salir a luchar por un verdadero aumento salarial de por lo menos 10% para el sector privado y el sector público.
Eliminar el modelo de concesión pública y nacionalizar el transporte y la construcción para que estén controlados y al servicio del pueblo y no de unas cuantas empresas.
Para cumplir estas medidas defendemos la creación de sindicatos en el sector privado. En el caso de los trabajadores estatales, debe haber una organización desde las bases para salir a luchar contra todos los ataques que vienen desde el poder ejecutivo y legislativo.
La unidad de los gremios del sector público y privado, y la organización desde los barrios (como se dio en el Combo ICE) debe estar en función de preparar la huelga general indefinida.
Esta es la manera más efectiva para enfrentar los malos aumentos de los empresarios, los abusos de los autobuseros, la corrupción de las empresas constructoras y de frenar toda la ofensiva de los capitalistas lanzan actualmente contra los trabajadores.
[1] http://www.nacion.com/data/Diesel-gasolina-cuestan-subsidio-Aresep_0_1456054397.html