En el último período han habido algunos avances en relación con los derechos fundamentales de la población sexualmente diversa de nuestro país, esto debido a la presión que los sectores del activismo han realizado. Pero definitivamente aún hay mucho trabajo que hacer.
Por ejemplo, el pasado miércoles la Sala Constitucional finalmente notificó la sentencia completa sobre la legalización del Matrimonio Igualitario, más de 3 meses después que emitieran el fallo. Cuando la sentencia (de 287 páginas) sea publicada en el Boletín Judicial empezarán a contar los 18 meses que tiene la Asamblea Legislativa para modificar las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si en ese año y medio este ente no reforma el Código de Familia, el artículo que prohíbe el Matrimonio Igualitario perderá vigencia.
Este fallo de la Sala Cuarta es un balde de agua fría, dando clara evidencia que al gobierno no le importan realmente los derechos y las condiciones de vida de la población LGBTI. Si la Corte tiene el poder de derogar un artículo del Código de Familia dentro de 18 meses, bien pudo hacerlo de inmediato, pero sólo decidió no hacerlo para quedar bien con sectores conservadores.
Por su lado Alvarado y Piza han demostrado que los derechos humanos, sexuales y reproductivos no son prioridad. El gobierno de unidad nacional tiene como principal interés pasar el Combo Fiscal, y no está dispuesto a arriesgar su capital político al otorgar iguales derechos para todas las personas sin importar su sexualidad.
Mientras, el gobierno de Solís se lavó las manos de tener que hacer el trabajo complicado y le pasó la pelota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tampoco debemos tener ninguna confianza en la Asamblea Legislativa, que está llena de diputados que dijeron desde las elecciones que harían lo posible para impedir que dos mujeres o dos hombres se pudieran casar. Incluso el PAC, que se vendió como aliado de la población sexualmente diversa, tiene en su bancada a Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza, que se opone a este tipo de uniones. Sólo 9 congresistas se declaran a favor de las mismas, lo cual no es suficiente para pasar la nueva legislación.
¿Qué debemos hacer?
No podemos ver al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial como nuestros aliados porque ya han demostrado que no lo son. Es necesario la organización por parte de la población sexualmente diversa y exigir que se apruebe ya el Matrimonio Igualitario. Pero también continuar la pelea para garantizar la adopción por parte de parejas del mismo sexo; la aprobación de una Ley de Identidad de Género donde las personas trans puedan rectificar el sexo registral; que se pueda acceder a una atención de calidad y sin discriminación en los servicios médicos, psicológicos y sociales; que las autoridades hagan un censo para conocer las condiciones de vida y necesidades de las personas sexualmente diversas y que se reconozcan y tipifiquen los crímenes de odio contra dicha población.
No será el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa la que nos regale nuestros derechos por buena voluntad. No hay nada que celebrar, el Matrimonio Igualitario aún no está garantizado. Razón por la cual en los próximos meses tenemos que salir a las calles y luchar para que se acelere el proceso y que se aprueben los otros derechos que se están negando pero que no se contemplan en la resolución de la Corte IDH.
Es necesaria la alianza con otros sectores de la población para que se levanten en conjunto todas esas banderas y exigencias. Esa falsa división entre heterosexuales y todos los demás sólo sirve a los ricos y poderosos para mantenernos en las peores condiciones y debilitarnos cuando queremos defender nuestros derechos.
Ninguna confianza en el Gobierno, salgamos a las calles ¡por Matrimonio Igualitario YA!