El pasado 21 de enero la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, aprobó una moción para solicitar a Carlos Alvarado, que no firme la norma técnica para implementar el aborto terapéutico. En dicha plenaria el desconocimiento y conservadurismo prevalece. Algunos de los legisladores declararon que “hay que salvar las dos vidas”. Por esto es necesario explicar en qué consiste el aborto terapéutico, su regulación mediante la norma técnica y por qué urge su inmediata implementación.
El aborto terapéutico, como su nombre lo indica, se realiza por motivos terapéuticos, cuando se encuentra en peligro la salud o la vida de la mujer. Este procedimiento es permitido legalmente en el país desde el año 1970, y está contemplado en el Código Penal donde se establece que: “no es punible el aborto practicado por consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada (…) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Este derecho se ha postergado por casi 50 años por la falta de reglamentación de una norma técnica, es así que muchos médicos se niegan a implementarlo, aún cuando la ley da la potestad para hacerlo. Esto ha llevado a que ante la negativa de los médicos, varias mujeres hayan llevado su caso hasta instancias judiciales e internacionales, demandando al Estado costarricense por la falta de aplicación de esta norma como el caso de Aurora y Ana.
La aplicación de este procedimiento es de gran importancia para las mujeres que tienen embarazos con una malformación incompatible con la vida, es decir donde el feto presenta graves malformaciones, irreversibles, que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer. Esto porque el proceso de llevar 9 meses de embarazo, sabiendo que el feto es incompatible con la vida, es un proceso doloroso a nivel físico y emocional para cualquier mujer, donde además muchos de estos embarazos suelen estar relacionados con otras complicaciones médicas, lo que agrava su situación de salud integral.
Las mujeres pobres son las más perjudicadas, ya que no cuentan con las posibilidades económicas de recurrir a clínicas privadas, para que se lleve adelante el procedimiento cuando su salud o su vida se vea amenazada, como sí lo pueden hacer las mujeres con acceso a recursos económicos. Por eso, es que cuando Carlos Alvarado habla de que este no es un tema prioritario, está hablando de que la vida y la salud de las mujeres pobres no son prioritarias.
No es casualidad que la clase política empresarial, adopte una posición retrógrada en lo que concierne a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, cuando en plena campaña electoral del 2018, los partidos de los ricos PAC, PLN, PUSC, PRN, etc utilizaban como moneda de cambio el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo a cambio de caudal electoral. Esto se ejemplificó con las autoritarias declaraciones del entonces candidato a la presidencia Carlos Alvarado quien abiertamente dijo que el tema del aborto no es prioridad.
¡Norma técnica YA! ¡Luchemos por el aborto libre, seguro y gratuito!
Además de la firma de la norma técnica para aplicar el aborto terapéutico, es necesario avanzar hacia el aborto libre, seguro y gratuito. En un país donde en promedio se practican 27 000 abortos clandestinos al año y donde incluso la OMS ha dictaminado la clandestinidad como causal de muerte en miles de mujeres en todo el mundo.
Para las mujeres de la clase trabajadora, es difícil tener acceso a un aborto ilegal porque suelen implicar altos costos (sobornos, centros privados de salud, medicinas, métodos inseguros…). Son las mujeres de la clase obrera quienes corren mayor riesgo de enfermar o morir porque acuden a abortos en condiciones clandestinas o con inexpertos en el área de la salud, incluso ellas mismas, cuyas tasas de mortalidad son las más altas (1/2 queda con alguna lesión a su salud y 17% de muertes según la OMS).
Para que la mujer trabajadora pueda decidir sobre su capacidad reproductiva se necesita no sólo que el aborto sea legal (aspecto de igualdad formal) sino también que haya acceso real (igualdad económica y social) mediante servicios de salud pública. Para que este derecho democrático sea realidad, debemos seguir tomando las calles, con más fuerza como lo han hecho las compañeras argentinas y millones de mujeres al rededor del mundo.
Desde el Partido de los Trabajadores y Lucha Mujer tenemos claro que en esta lucha la institucionalidad burguesa es enemiga de la mujer trabajadora. En vísperas del 8M, jornada mundial de lucha por el día internacional de la mujer trabajadora, seguimos apelando a la fuerza de la movilización de la clase trabajadora en las calles, mujeres y hombres por un programa socialista donde el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos sea plenamente seguro y gratuito.