El pasado mes de diciembre se aprobó la reforma fiscal del gobierno Alvarado, con ella seremos los trabajadores los que paguemos más mientras se protege a los grandes ricos. Dijimos que el plan fiscal no iba a solucionar la crisis fiscal y ahora el gobierno reconoce deberá subir los impuestos de nuevo en 2020, mientras sigue recortando presupuesto público en áreas y continúa endeudando al país.
Amnistía para perdonar a los ricos cuando se deberían confiscar sus bienes
La reforma incluyó una amnistía tributaria (perdón de deudas por intereses a empresas deudoras). Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda se niega a revelar la identidad de las empresas beneficiadas, siendo estas grandes transnacionales como la Standard Fruit Company y seguramente otras de grandes sectores burgueses.
A los trabajadores no se nos perdonan nuestras “deudas”. Desde las compras de electrodomésticos a plazos, las tarjetas de crédito o los préstamos bancarios, tenemos que pagar uno a uno cada colón. Pero el Estado, fiel a su carácter de clase, perdona miles de millones de colones a empresas que a la fecha en su mayoría no sabemos quiénes son.
Desde el PT hemos levantado una política de clase opuesta a los intereses de los grandes capitalistas, que pasa por la confiscación inmediata de bienes de las empresas que le deben a Estado, la nacionalización de esas actividades lucrativas que no pagan sus impuestos, así como de los sectores claves para la economía.
Pese a la reforma fiscal siguen endeudando al país
Pese a la reforma fiscal, las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda es que la deuda del gobierno central en 2023 llegue a representar el 63,2% de la producción del país (PIB), manteniendo el alza registrada en los últimos años.
Esa deuda consume la mayor parte de nuestros recursos en el pago de costosos intereses y comisiones, lo que hace que año con año el país se endeude más para seguir pagando la misma deuda. Es un círculo vicioso capitalista que nos lleva a un callejón sin salida.
En el presupuesto de la República del 2019 los gastos de las instituciones solo crecieron un 1% con respecto al 2018, mientras el pago de la deuda sí aumenta un 17% en relación con el presupuesto de ese año. El dinero requerido para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana pasará en 2019 de casi ¢3 billones a ¢4,55 billones.
Para el I semestre de 2019, el gobierno pretende colocar bonos de deuda interna por 1,4 billones de colones y la aprobación de la Asamblea para colocar eurobonos (deuda externa) por $6.000 millones (1.500 millones por año en los próximos 6 años). Ese dinero se usaría para convertir deuda bonificada interna en externa y/o cancelar deuda externa, es decir pagar deuda con más deuda, cuyos intereses enriquecen a los prestamistas y pagaremos los trabajadores de nuestro bolsillo.
Por eso es que planteamos la necesidad de una salida socialista a la crisis fiscal, insistiendo en levantar la suspensión inmediata y la auditoría de la deuda para determinar el negocio corrupto y usurero detrás de ella. Insistimos desde la izquierda en la necesidad de decretar el no pago de la deuda externa y de todos los tramos de deuda interna en manos de acreedores privados que se enriquecen en el mercado financiero nacional con altos intereses. Por años los banqueros y empresarios nacionales se han enriquecido de manera artificial cobrando altísimos intereses al Estado, por lo tanto, todos los bienes y negocios adquiridos por los especuladores de la deuda también deben ser confiscados por el Estado como compensación por el robo que han realizado.
Con el IVA al 13% no les basta: vienen por más impuestos
El gobierno Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocen que la aprobación del plan fiscal con IVA del 13% es insuficiente. Tal cual lo dijimos: ellos vienen por más impuestos a la clase trabajadora. El FMI planteó elevar la tasa del IVA de 13 por ciento a 15 por ciento, y avanzar lo más cercano al promedio de la OECD de 19 por ciento; casi de inmediato el gobierno dijo que valoran para 2020 subir los impuestos.
Ese aumento está en la perspectiva de encarecer el consumo y hacer más difícil el acceso a bienes y servicios básicos para la población. Ya con la reforma aprobada una inmensa cantidad de productos básicos pasarán a pagar un 13% de impuestos, lo que establece la ley es que aquellos productos que hoy no pueden comprar las familias más pobres (dos deciles de menor ingreso) salen de la Canasta Básica a partir de julio del 2020.
Con estas medidas se encarece aún más la vida, haciendo más difícil garantizar condiciones básicas como una adecuada alimentación para todas las familias.
Mientras siga existiendo un régimen de privilegio para los ricos, cuyos grandes negocios como las zonas francas no pagan impuestos o simplemente evaden pagar por sus ganancias, seguiremos siendo los trabajadores los que soportemos sobre nuestras espaldas el peso de la crisis fiscal. De ahí la necesidad de gravar con impuestos a las zonas francas y subir lo que pagan los grandes negocios por las ganancias que reciben
Desde el PT sostenemos la necesidad de una política de control de precios y ajustes automáticos de salarios por encima del costo de vida, para que se garanticen salarios dignos para la clase trabajadora y el acceso a bienes y servicios que hoy son un privilegio de pocos.
Los tambores de guerra se silencian entre mesas de diálogo y promesas del gobierno
Los actuales ataques no son respondidos por las organizaciones sindicales que demostraron tener fuerza para hacerlo. La posibilidad de una nueva huelga contra la implementación de la reforma fiscal se ve remota en las prioridades de la dirigencia de los sindicatos.
Desde el 14 de enero el MIDEPLAN y el Ministerio de Trabajo lanzaron una convocatoria al “Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público”, que materializa la propuesta del gobierno de sacar de las calles a los sindicatos y buscar “soluciones en la mesa”. Las mesas de diálogo también se mantienen en cada institución, incluso en cada municipalidad, donde los trabajadores buscan las formas de entender la aplicación de la contrarreforma laboral y de intentar sufrir el menor daño posible.
El gobierno sabe que mientras tenga a las dirigencias sindicales ocupadas en las mesas de diálogo, pasan las semanas en las que los diputados podrían aprobar las leyes para limitar el derecho a huelga, por lo que cuando se rompan las mesas, o incluso vengan los nuevos ataques ya el derecho a huelga estaría cercenado y por ende la herramienta principal para enfrentar los ataques.
No hay otra salida más que la huelga general para enfrentar los ataques
Ante ese panorama, los trabajadores debemos sacar las principales enseñanzas de la huelga del año anterior, lecciones que tienen que ver con radicalizar los métodos de lucha para ejercer una verdadera presión a los empresarios y al gobierno, la necesidad de unificar no solo la lucha con todos los trabajadores públicos sino que también con los trabajadores de las empresas privadas, y sobre todo luchar por la democratización en la forma de tomar decisiones en medio de la lucha.
Amnistía: La empresa bananera Standard Fruit Company fue una de las beneficiadas por esta medida; a pesar de no cumplir con los requisitos por estar ya en cobro judicial, se benefició por ¢14 mil millones. Este monto es superior a los 10 mil millones, recortado a las universidades en el presupuesto 2019.
Deuda: la colación de $6.000 millones en eurobonos significa que pagaremos como mínimo $175.8 millones solo en comisiones y gastos, lo que equivale al costo estimado del nuevo hospital de Puntarenas.
Fuera de la Canasta Básica y pagarán 13%: atunes preparados (con vegetales, maíz u otras agregados), variedades de vegetales como la lechuga americana o la espinaca, panes empacados como el pan cuadro, lácteos como el yogurt, calzado escolar, frutas como la mora o la guayaba.