El pasado 19 de abril el gobierno presentó el proyecto de “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”. Dicho proyecto fue anunciando como prioridad por la propia Presidenta de la República en cadena nacional luego del revés del plan fiscal y cuenta con un apoyo amplio entre los partidos de oposición, lo cual podría garantizar un trámite ágil en el parlamento.

Con este proyecto el gobierno pretende endurecer los ataques contra la planilla estatal y las finanzas públicas.

El salario del sector público en la mira

Como parte de las políticas del gobierno para enfrentar el déficit fisca siempre ha estado planteado el recorte de los gastos estatales, centralmente atacando la planilla, mediante congelamiento de plazas, aumentos salariales pírricos y ataque a todo tipo de pluses al salario base.

Dicho proyecto se plantea eliminar cualquier posibilidad de negociación salarial al establecer en su artículo once que “la creación de incentivos salariales será reserva de ley… toda ley que establezca un incentivo deberá indicar los nuevos ingresos que habrán de cubrirlos, entendiendo por estos una fuente nueva de recursos, cuya efectividad fiscal deberá ser establecida por la Contraloría General de la República”. Con esta disposición se anula cualquier posibilidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones salariales de la clase trabajadora en el sector público, en vista de que todo incentivo o ajuste de salarios estaría supeditado a la aprobación de un proyecto de ley que depende de la dinámica de la Asamblea Legislativa y no del poder de negociación de las organizaciones movilizadas.

Esta medida tiene un carácter estratégico en la actual coyuntura por cuanto los pluses o incentivos al salario base de los trabajadores públicos representan casi la mitad del salario total que recibe cada trabajador. De estos incentivos muy pocos están reconocidos mediante una ley o convención colectiva vigente, en su gran mayoría corresponden a Decretos Ejecutivos que de un plumazo pueden ser desaparecidos y sometidos a la camisa de fuerza del articulo once de la mencionada ley.

Fortalecer el papel de la Autoridad Presupuestaria

Este proyecto refuerza mediante ley las potestades de la Autoridad Presupuestaria como ente de fiscalización y control sobre todos los entes públicos, incluso aquellos que hasta hoy gozan de distintos grados de autonomía como las universidades públicas y la CCSS. Se constituye así por vía de Ley una Rectoría Política centralizada por el Poder Ejecutivo, encargada de materias como presupuestos, salarios y empleos de todas las entidades públicas sin excepción alguna.

Con este proyecto el gobierno pretende subsanar los errores cometidos con el Decreto N° 36857-MP-PLAN-H del 08 de diciembre del 2011, mediante el cual se creaba una Rectoría para todo el sector público. Ahora se amplía la capacidad de dirección del Poder Ejecutivo, incluyéndose bajo su tutela a entidades como las universidades estatales, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, los bancos comerciales y el Banco Central de Costa Rica.

Con el Decreto citado también se anulaban las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, establecidas en el Decreto N.° 35730-MTSS, las cuales pasarían a estar subordinadas a las directrices y políticas emanadas de la Autoridad Presupuestaria , fortalecida ahora por ley.

Cobro por servicios para financiar planillas

El proyecto se plantea el cobro por algunos de los servicios de entes públicos pero no se especifican cuales ni los criterios a consideran en los montos fijados. Los recursos generados de la venta de servicios se deben destinar al pago de los gastos de operación y de las planillas de esas instituciones. Esto sin duda alguna significará un nuevo gasto para las personas usuarias de los servicios y además la incorporación de medidas tendientes a la privatización, la tercerización y la precariedad laboral en varias entidades públicas.

Afectar más los maltrechos presupuestos públicos

El proyecto establece la obligación de varias empresas públicas (INS, CNP, Correos de Costa Rica S.A., ICE, INCOP, JPS, RACSA, SINART S.A.), de transferir al Gobierno Central un 25% de sus utilidades. Esto significa terminar de desfinanciar a muchas de ellas y dejarlas al con presupuestos maltrechos para enfrentar la competencia y el cumplimiento de sus obligaciones, así mismo se afecta la reinversión de entidades como ICE que a partir de las ganancias subsidia varios de sus servicios de bajo costo.

Igualmente se obliga a los entes públicos a entregar a las arcas del gobierno central sus superávit libres, con lo cual se afectan directamente los presupuestos de entidades públicas que gozan hoy de distintos grados de autonomía, dejándolas a todas bajo la autoridad del Gobierno Central.

Recuperar la movilización

Este proyecto reafirma que debemos recuperar el método de la movilización como el principal mecanismo de lucha contra el gobierno, preparando jornadas de movilización y asambleas de trabajadores para consolidar un plan escalonado de lucha que nos prepare para una huelga indefinida de todo el sector público. El pacto firmado con una parte del movimiento sindical ha demostrado su carácter inservible y desmovilizador, debemos superar la traición consumada con la firma del acuerdo y articular un gran plan de lucha que nos prepare para enfrentar la coyuntura de ataques que se agravará en los próximos meses.

Un paso importante en ese sentido es el encuentro convocado para el 5 de mayo. Este espacio debe fortalecer la Coordinadora Nacional de Lucha y llamar a unificar todas las luchas contra el gobierno, tomando como una de sus prioridades el combate decidido a este nuevo proyecto de Ley.

Desde el Partido de los Trabajadores consideramos que no es en la mesa de diálogo con el gobierno ni con la firma de acuerdos espurios como vamos a defender de forma efectiva los derechos que pretenden arrebatarnos. Nuestro único camino es la movilización y la lucha en las calles para enfrentar de forma unitaria la nueva situación de la lucha de clases que vive el país.