Contrario a la idea que se intenta promover sobre el hecho de que el machismo va perdiendo espacio, los hechos demuestran que la violencia sigue en aumento y los ataques contra las mujeres vienen siendo cada vez más fuertes.
La ideología machista se mantiene y se fortalece. Es esa ideología la que naturaliza la violencia psicológica contra las mujeres mediante chistes y alusiones ofensivas, la que no reconoce las labores domésticas como un trabajo, la que reproduce estereotipos sobre nuestra sexualidad, la que justifica las brechas salariales entre hombres y mujeres. Esa ideología que promueve la opresión de las mujeres, es utilizada para justificar la sobreexplotación de la que somos víctimas.
Las políticas que hoy está promoviendo el gobierno de Laura Chinchilla son expresión clara de una ofensiva que se expresa no solo en ausencia de políticas públicas para tratar temas como la necesidad de centros de atención para mujeres agredidas, sino también en promoción de políticas que atentan directamente contra nuestros derechos más básicos. La desigualdad salarial, el casi nulo avance de la Red de Cuido, los crecientes recortes a los programas sociales, los ataques al sistema de salud, la persecución sindical, los ataques a los salarios en el sector público, en fin, el sistemático ataque a la clase trabajadora, son expresiones de violencia que utiliza el sistema capitalista y que dan paso a que sean las mujeres las más afectadas.
Violencia directa contra las mujeres que se organizan y luchan
La persecución y el ataque contra las mujeres que luchan no es un hecho nuevo ni aislado. Varias mujeres han sido perseguidas por causa de su participación en movilizaciones sociales. Tal fue el caso de Alicia Vargas, quien fue despedida siendo parte de la secretaría de la mujer del sindicato del INS, lanzando con ello el gobierno una medida ejemplarizante para alertar sobre la participación de las mujeres en los sindicatos. Igualmente la compañera Flor Artiaga se encuentra aún a la espera de un juicio por su participación en manifestaciones en el año 2010 en defensa de los muelles en Limón, alegándose su participación en la “obstrucción de la vía pública”.
Los últimos acontecimientos del país han sido reflejo claro del incremento de estas acciones violentas contra las mujeres que se organizan. El pasado 5 de noviembre, en uno de los desalojos realizados contra las familias campesinas de Medio Queso, una de las compañeras que se encontraba participando de esta lucha y en condición de embarazo, perdió sus dos bebés por causa de los gases lacrimógenos que le fueron lanzados. Tan solo tres días después nos consternamos de ver las imágenes de estudiantes, mujeres y adultas mayores que fueron brutalmente golpeadas por la policía, mientras participaban de una marcha en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Nuestra salud sexual y reproductiva en peligro
Con el desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, uno de los primeros servicios que han sido atacados son los de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Este año la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denunció que 53.800 mujeres al menos se encuentran haciendo fila en espera de una mamografía en los hospitales.
En el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, el primer servicio afectado fue el de la atención ginecológica y obstetricia. Con la eliminación de las guardias médicas que atendían las emergencias por las noches y pasando a la modalidad de disponibilidades, se han generado consecuencias nefastas para la población, ya que la llegada del especialista puede tardar hasta una hora, lo cual ha tenido consecuencias nefastas sobre la vida las pacientes. Tan solo el primer día de haberse aplicado esta modalidad, al no haber un anestesiólogo que atendiera el caso de una mujer con un embarazo de alto riesgo, el recién nacido quedó con riesgo de parálisis cerebral y convulsiones.
Por otro lado, en los últimos días han sido indignantes las noticias que se han divulgado sobre mujeres que están siendo forzadas a continuar con sus embarazos aun cuando estos ponen en riesgo su vida. Esta situación tampoco es nueva, es la realidad que vienen enfrentando miles de mujeres en nuestro país ante la negativa de las instituciones de poner en práctica lo que ya de por sí es permitido, que es el garantizar el aborto terapéutico para aquellos casos en los que represente un riesgo para la salud de la mujer.
Resulta preocupante ver como esta política va a ser reforzada ahora que el Ministerio de Salud ha firmado un convenio con el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza (Casa Alivio del Sufrimiento), que es propiedad de la Iglesia Católica, para “realizar diagnósticos y tratamientos en sus respectivas sedes a pacientes que presenten patologías particularmente complejas, según una evaluación preliminar conjunta.” (http://www.diarioextra.com/2012/noviembre/13/nacionales11.php) Si ya en los hospitales se niegan a dar información sobre derechos sexuales y reproductivos y se obliga a las mujeres a continuar con embarazos aun cuando el feto posea malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, ¿qué podemos esperar con esto?
Esa permanente negación de derechos, la tortura a la que se está sometiendo a las mujeres en los hospitales, la persecución política y la desigualdad salarial, son también formas de violencia que debemos denunciar.
Estas condiciones están enfrentando a las mujeres trabajadoras contra el sistema que las oprime. Marx decía que “los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.” Precisamente esta es la situación frente a la cual nos encontramos, no hay nada que perder más que liberarnos de nuestra condición de explotadas y oprimidas y esta tarea solo podrá ser realizada por el conjunto de la clase trabajadora. Este 25 de noviembre, nuestro llamado está dirigido a las mujeres y hombres de la clase obrera, a unirse como clase y sumarse a la lucha contra el machismo, contra la violencia, contra la explotación y la opresión.