- Desempleo, aumento en la represión y falta de inversión generan hacinamiento en cárceles que atenta contra los derechos humanos de privados de libertad y guardas de seguridad.
El pasado 9 de octubre 300 reos de la cárcel de Liberia protestaron por los pésimos servicios de salud y alimentación con una huelga de hambre. Allí la represión de la policía desencadeno un motín donde incendiaron colchones y quebraron objetos. La policía reprimió con gases a los privados de libertad dejando 2 heridos. Este no fue un caso aislado, días después se volvió a presentar un motín en el centro penal juvenil Zurquí, donde 11 reos se auto agredieron para poder salir del centro ya que no soportaban las condiciones de estrés provocadas por el encierro.
Estos motines responden a que existe una sobrepoblación de entre un 40% y 60% en todas las cárceles del país. Debido a este hacinamiento los encarcelados tienen que tolerar condiciones que atentan contra su salud y derechos humanos en los centros penitenciarios. Estas personas incluso están siendo recluidas por varias semanas en las cárceles del OIJ, que nunca han estado habilitadas para albergar personas por más de un día
El hacinamiento como fracaso de las “políticas de seguridad ciudadana” y de la crisis de obra pública
El rápido incremento de la población encarcelada en los últimos años y sus condiciones de hacinamiento son una muestra del fracaso de las “políticas de seguridad” que ha aplicado el gobierno. Estas políticas en los hechos, criminalizan la miseria: endureciendo las leyes, incrementando las condenas y agilizando el trámite para encarcelamientos masivos; sin atacar las causas reales de la violencia social.
En muchos sentidos, la sobrepoblación de las cárceles es una expresión más del desempleo y empobrecimiento generado por la crisis económica, el lógico deterioro social y familiar generado por esto. Y por otro lado, del brutal deterioro de la provisión de servicios estatales por el que pasa el país hoy.
Del año 2009 al presente la población penitenciaria dio un salto de los 8 mil a 14mil privados de libertad en tan solo 5 años. Este incremento responde a una política reciente de los gobiernos del PLN de abordar el incremento en la delincuencia común con encarcelamientos masivos, en particular encarcelamientos por prisión preventiva. La principal expresión de la misma ha sido la creación de los tribunales de flagrancia en el 2009. Este enfoque de “seguridad ciudadana” permite que las personas sean encarceladas 48 horas antes de ser siquiera presentadas ante un juez, y posteriormente reciben medidas de “prisión preventiva” mientras esperan se le inicie el proceso penal. Hoy, las cárceles del país están llenas de presos en “prisión preventiva”, que muchas veces resultan ser inocentes.
Es tan clara la política de criminalización pura y simple de los delitos generados por la pobreza, que la misma Ofelia Taitelbaun, defensora de los habitantes declaraba lo siguiente en Agosto pasado:
“Se deben utilizar políticas integrales públicas de prevención. No todo puede ser cárcel, debemos trabajar en los lugares marginales de donde salen la mayoría de los delincuentes, porque no tienen trabajo, están en hacinamiento o se meten en drogas”
Y con respecto a los resultados de esta política declaraba lo siguiente:
“Son depósitos de personas, se están volviendo escuelas del delito, que al no tener espacios, hace que estén metidos todos con todos. Tanto quien se roba un celular, que es un delito menor, con los que tienen 30 o 40 años que llevan reincidiendo. Los jóvenes terminan siendo tan terribles como los otros”
Estos problemas se multiplican debido a la falta de inversión en infraestructura por parte del gobierno. Actualmente la capacidad existente del sistema penitenciario nacional ronda los 9811 espacios y se calcula que la sobrepoblación rondara los 4600, lo que quiere decir que por cada 100 reos ubicados en algún pabellón, hay otros 47 demás en el mismo.
La crisis de inversión también afecta a los guardas de seguridad quienes son obligados a trabajar por bajísimos salarios en turnos de hasta 19 horas. Es un hecho que existe una crisis de conjunto en el sistema y cada día nos acercamos más a realidades como la de México y Honduras en donde mueren cientos de presos año a año a consecuencias de la sobrepoblación carcelaria y el trato inhumano de los gobiernos a este sector de la población.
Ante el hacinamiento en las cárceles: Exigimos inversión en infraestructura y reducir la delincuencia con oportunidades a la educación, empleo y recreación
Recientemente para resolver el problema de la sobrepoblación, el juez Murillo ordeno la salida de 370 reos de San Sebastián que estaban próximos a cumplir la condena. Ante esto la corte plena, el OIJ y el ministerio de justicia se han manifestado en contra del fallo pero sin proponer acciones para solucionar el problema de sobrepoblación carcelaria, más allá de reubicaciones.
Desde el Partido de los Trabajadores defendemos el derecho de los privados de libertad a organizarse y protestar por mejorar sus condiciones. Proponemos una mayor inversión en infraestructura de cárceles para eliminar la sobrepoblación de los centros, mejorar sus condiciones de habitación, así como también las condiciones laborales de los guardas.
Creemos que la crisis carcelaria actual del país, no es más que una muestra del fracaso del modelo de “endurecimiento de las leyes”. Planteamos que el problema de la delincuencia no se resuelve con aumentar el número de policías, ni con leyes más duras. Por el contrario, defendemos que para reducir la delincuencia es necesario un verdadero combate a la pobreza, generando empleos de calidad y aumentos en los salarios de los trabajadores que responda al aumento del costo de la vida.
Un verdadero plan para la reducción de la criminalidad sería invertir en la accesibilidad y calidad de la educación pública, garantizando el apoyo del estado a las familias de bajos recursos para que sus hijos puedan terminar el colegio. Y que el estado garantice que las comunidades se apropien de los espacios públicos, necesarios para la recreación y esparcimiento.
Defendemos medidas como el fallo del Juez Murillo, para garantizar el derecho humano a un espacio digno de los privados de libertad.
En defensa de los derechos humanos y de organización de los privados de libertad para lograr mejoras en sus condiciones de habitación
¡No más hacinamiento inhumano para los reos, por mayor inversión en infraestructura para cárceles!
¡Derogación de la reforma al código procesal penal que crea los tribunales y procedimientos de flagrancia!
No aceptamos que se criminalice de manera preventiva a personas por ser “sospechosas” de delitos generados por el desempleo y la pobreza
¡Por mayor inversión en educación, programas deportivos y culturales, y apoyo a las familias trabajadoras para que los jóvenes puedan completar la educación!
¡Por un plan de obras públicas estatal que solvente los problemas de infraestructura del país, y genere empleo de calidad !
¡Que este plan se financie a partir de la suspensión del pago de la deuda y el cobro de impuestos a las grandes empresas exoneradas!