Este 9 de noviembre está programada en Limón una audiencia sobre el estudio de impacto ambiental que debe presentar la empresa APM-Terminals para el desarrollo de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Dicho proyecto tiene un costo superior a los 1.000 millones de dólares y con él la empresa se quedaría con el control exclusivo de la carga y descarga de contenedores en el Caribe costarricense por un período de 33 años.
Destruir nuestros recursos para entregar grandes negocios a las transnacionales
Este proyecto ocasionará un severo impacto sobre los recursos naturales de la provincia, por lo que la empresa intenta ocultar de cualquier forma los graves daños al ambiente. Dentro de las previsibles afectaciones del proyecto está el desprendimiento de gran cantidad de sedimentos por la construcción de una isla artificial de casi 80 hectáreas (similar a la Sabana) que se hará frente a la playa de Moín, un rompeolas de 2.2 km y otras obras. Esto implica que dichos sedimentos viajen hacia el Caribe sur, ocasionando una gran afectación de las costas, corales y biodiversidad marina, impactando en zonas de gran fragilidad como el Humedal nacional Cariari y áreas de arribo y desove de tortugas marinas.
Esto debería ser suficiente para denegar la viabilidad ambiental, pero en su lugar, se decidió continuar y tratar de legitimarlo mediante una supuesta consulta comunitaria, que la empresa concesionaria está tratando de manipular mediante una fuerte campaña propagandística.
Un nuevo monopolio privado a lo RTV, Autopistas del Sol o Alterra
El 13 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo, la presidencia ejecutiva de JAPDEVA y la empresa APM suscribieron el contrato de concesión de la nueva terminal de contenedores. La empresa APM en realidad es una subsidiaria de la transnacional Maersk Line, la cual ocupa la primera posición entre las empresas de carga en el mundo, empresa que sólo en 2012 transporto 35 millones de contenedores de gran tamaño con una flota superior a los 600 barcos de gran calado.
Esta concesión significa nuevamente el favorecimiento a una gran empresa transnacional que amasará fortunas como ya lo están haciendo otras grandes empresas como RTV (revisión vehicular), Alterra (Aeropuerto Juan Santa María), Autopistas del Sol (Ruta a caldera), por citar algunas.
Un negocio que solo favorece a las grandes transnacionales y empobrece a la provincia
Este perverso proyecto ofrece no más de 500 puestos de trabajo, sacrificando los miles de puestos de trabajo que ya ofrece JAPDEVA, más cientos de empleos en los predios de contenedores actualmente en operación.
Se pretende instaurar un monopolio en el manejo de contenedores, otorgando a esta empresa el control de más de 80% del comercio exterior de Costa Rica y un aumento de las tarifas cercano al 250%. Además, esta concesión terminará por arruinar a JAPDEVA, quien dejara de invertir los casi ₡5.000 millones de colones que se giran a obras en la Vertiente.
Este nuevo negocio se justifica argumentando la supuesta “eficiencia” del sector privado y una eventual mejora en la competitividad de los puertos, algo que no es más que palabrería barata del que se contradice con la realidad que se vive hoy día en servicios concesionados como los puertos de Caldera. El semanario económico El Financiero señala para el caso de Caldera que este es “un cuento de tiempos perdidos, con muchas cifras en rojo para el Gobierno, empresa concesionaria, empresarios y consumidores. (…) Liberman afirmó que es importante destacar que los retrasos en la construcción del muelle granelero han causado daños económicos irreparables, en su mayoría, trasladados a quienes consumen la producción final de las empresas.” (6/01/2013).
La concesión a APM es otro mal negocio que sólo le conviene a ciertos ricachones político-empresarios, que algo obtendrán por ser sus cómplices en este despojo, pero no significa ninguna ganancia para el país, menos para Limón y aún menos para sus trabajadores.
Debemos derogar la ley de concesiones y nacionalizar los puertos
La respuesta actual de todo el sector empresarial ante la escasa inversión en obras públicas es profundizar el modelo de concesión de obra pública y servicios estratégicos. Este mecanismo es un método para que sectores de la burguesía lucren con las obras y las instituciones del estado, a través de las compañías propias o de familiares o como socios minoritarios de alguna transnacional. En nuestro criterio las concesiones generan todo tipo de tráfico de influencias y hechos de corrupción, llevan a la apropiación privada de fondos y bienes públicos y terminan siendo grandes estafas que han servido solo para enriquecer a unos pocos mientras los servicios se encarecen y la calidad empeora.
Desde el Partido de los Trabajadores consideramos urgente acabar con este modelo de concesiones, derogando la Ley de Concesión de Obra Pública y recuperando el control estatal sobre bienes y servicios que ya han sido entregados a empresas privadas, de manera tal que las obras y servicios públicos sean 100% estatales.
Las obras públicas necesarias deben financiarse con impuestos a las grandes empresas mediante una reforma fiscal que les cobre más a las millonarias empresas que sacan el mayor provecho de nuestra infraestructura y que hoy no quieren pagar un cinco para el desarrollo nacional.
¡Exijamos la anulación inmediata de la concesión a APM-Terminals y de todas las concesiones sin ninguna indemnización para las empresas!
¡Por un plan de obras públicas financiado con impuestos a los empresarios y que genere empleo de calidad en todo el país!
¡Por la renacionalización de los puertos, aeropuertos, carreteras y demás bienes y servicios estratégicos como la banca!