El Gobierno de la República anunció, en una información de La Nación, que congelaría 2400 plazas en 18 ministerios. La mayor parte de los cargos corresponde al Ministerio de Seguridad, seguido por el MOPT. El viceministro de Hacienda anunció que la medida se extenderá a todo el 2021 y solo se llenarán plazas ante situaciones “excepcionales”.
Sabemos que este gobierno del PAC, en conjunto con todos los partidos que hoy representan los diputados de la Asamblea Legislativa, vienen implementando e impulsando una serie de leyes que cargan sobre los trabajadores la actual crisis económica que se vió agravada por la pandemia del COVID. Se nos dice al pueblo trabajador que si no se toman este tipo de medidas, no habrá dinero para atender la emergencia de la pandemia, que especialmente sufren los trabajadores desempleados o que vieron suspendidos sus contratos o rebajaron sus jornadas. Lo que significaría no darle más recursos a la CCSS por el aumento de los casos y de más personas que requieren los servicios de salud para lograr sobrevivir a la pandemia.
Lo que no es cierto es que no haya dinero para ayudar a todos los trabajadores o para que se atiendan todas las necesidades de la CCSS y el Ministerio de Salud para atender la pandemia. Es una farsa, porque hoy a los grandes empresarios que siguen sin detener la producción, les siguen perdonando y dejando de cobrar impuestos, ellos continúan amasando fortunas a costillas de los trabajadores quienes deben continuar en sus puestos de trabajo sin importar la cantidad de contagios. También con una serie de ataques a los trabajadores públicos como este en esta noticia del congelamiento de plazas en sectores como la Dirección General de Policia de transito que hoy están en primera línea en atención de la pandemia dado que son quienes hacen cumplir la restricción.
“La segunda institución con mayor cantidad de plazas congeladas es el Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT), con un total de 487 y un promedio salarial de ¢375.000. La mayoría corresponde al área de infraestructura, con 264 puestos. Luego, se congelan 98 plazas en la administración superior, la mayoría oficiales de tránsito.”
Muchos pensarán que esa cantidad del plazas no significa mucho, pero para los trabajadores es un recargo de trabajo en sus funciones y atrasos en lo que deben realizar cada día, además son puestos de trabajo que podrían generar oportunidad a los miles de desempleados que hoy tiene el país. Pero para los grandes empresarios es mejor recortar las plazas a los trabajadores del Sector Público que dejar de pagar la Deuda Pública usurera que financia proyectos de concesión de obra pública.
Otros ejemplos son: el contrato que firmó el país con el BID, que establece multa por atrasos al usar los $450 millones, que están reservados por el banco desde 2015. El MOPT solo ha gastado 37% en esos cinco años, los atrasos en la ampliación de dos carreteras y la construcción de un rompeolas en puerto Caldera ha obligado a los costarricenses a pagar $10,5 millones al BID con tal de no perder el crédito por $450 millones.
Cada día, el monto aumenta porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como toda entidad financiera, cobra una comisión por mantener reservado el dinero que el Estado ejecuta a cuentagotas. Esta noticia indica que con este dinero se podría hacer lo siguiente ante la atención de la pandemia:
“Eso costó, en 2017, la ampliación del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. También, con ese dinero, la CCSS podría adquirir 300 respiradores artificiales para atender pacientes graves por el covid-19. También, ese dinero alcanzaría para dar 51.000 bonos Proteger a las personas que que perdieron empleos o vieron afectados sus ingresos por la pandemia.”
Por eso es que es que desde el Partido de los Trabajadores estamos en contra del modelo de Concesión de Obra Pública. Hoy los recursos van a parar a manos de los empresarios de las grandes empresas constructoras, sirviendo como un mecanismo más para enriquecer a unos cuantos capitalistas a costas de las necesidades y los impuestos que pagamos la clase trabajadora. El MOPT debe volver a ser quien, con esos recursos, se dedique a construir la infraestructura del país, generando empleos de calidad.