“El artista, aunque no tenga necesidad de dar a su disidencia social una forma manifiesta, se ve amenazado con la privación del derecho de vivirla y continuar su obra, a causa del acceso imposible de esta a los medios de difusión”
Trotsky
El pasado 20 de octubre la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la reducción de ¢4.126 millones en el presupuesto del Ministerio de Cultura. Cientos de artistas, gestores culturales y trabajadores de las artes salieron en respuesta el pasado fin de semana a marchar contra los recortes presupuestarios que se negociaron en la Asamblea Legislativa.
Pero ¿es esto solo responsabilidad de los diputados que aprobaron esta moción indecente o es parte de una política sostenida contra la cultura en una sociedad que se sustenta por el lucro? Hay que recordar que el presupuesto presentado por el Gobierno ya incluía una reducción de un 6,4% (unos ¢14.799 millones) respecto al presupuesto otorgado el año anterior. Mientras que Ministerios como el de Planificación -donde se está concentrando la elaboración de los planes contra los derechos laborales-, tienen un incremento de un 15,6% en la propuesta del presupuesto.
Los recortes aprobados no son gastos superfluos, como lo han calificado algunos diputados, sino que tendrán un impacto terrible para el acceso al arte y la cultura de miles de personas que asisten cotidianamente a las bibliotecas, museos, festivales, ferias o que forman parte de los programas culturales que se tienen en las comunidades y que se encuentran ante un inminente cierre técnico, como es el caso del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), donde el recorte presupuestario impedirá los contratos de alquiler de sus sedes regionales, y por lo tanto el cierre de las oficinas en Frailes, Grecia, Pocosí, Puntarenas, Sede Central, Pavas, Alajuela, Acosta y Parque la Libertad.
Pero además se afectará toda la producción artística y a miles de trabajadores de la cultura, que ya desde antes de la pandemia enfrentaban una terrible situación, donde según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, un 12.3% de los trabajadores del arte vivía en estado de pobreza y pobreza extrema.
La lógica del capital contra el acceso al arte y la cultura
Esto se hace más preocupante en un contexto como en el que nos encontramos, afectado por la pandemia, donde tenemos una sociedad agotada, que se encontrará aún más desalentada sin el acceso al arte que le sirve como medio de liberación. El acceso a manifestaciones culturales se tornará menos accesible y menos democrático.
Los recortes que ahora se imponen se justifican bajo la lógica de la crisis fiscal, donde la prioridad del presupuesto está concentrada en el pago de la deuda pública, que abarca un 42,4% como se muestra en la propuesta inicial de presupuesto presentada por el Gobierno.
En ella se incluyen 4,8 billones de colones para el pago de la deuda pública (amortización e intereses). Esto significa que para este periodo la deuda le costará al país más de 13 mil millones por día.
De estos, tan solo el pago de los intereses de la deuda le costará al país más de 2 billones de colones. Es decir, el recorte que se hizo al sector cultura representa un 0,20% de lo que se paga en intereses, un porcentaje insignificante para quienes están detrás del negocio de la deuda y a quienes poco les interesa el futuro de la producción artística.
De tal forma que con lo que se paga en un año de intereses de la deuda se podrían garantizar:
2.475 Festivales Internacionales de las Artes.
105 veces la conservación que requiere el Teatro Nacional (y que fue rechazada el año anterior por los diputados.)
La construcción de 17.857 bibliotecas
En resumidas cuentas, podríamos tener teatros, bibliotecas, salas de conciertos, auditorios, casas de la cultura y cines para todos si la prioridad fuera garantizar las necesidades del pueblo trabajador y no del gran capital. Sin embargo, el dinero se va en pagar los intereses de una deuda cuyo origen no conocemos.
No debemos, no pagamos
Ante la situación fiscal a la que nos han sometido, no debe ser el pueblo, no deben ser los trabajadores de cultura y no deben ser las personas que asisten a los programas culturales quienes paguen la crisis.
Es por esto que planteamos que se desconozca aquella parte de la deuda que ha servido para el enriquecimiento de intereses privados y el sometimiento del pueblo trabajador. Cuando decimos que no hay que pagar la deuda, no nos referimos a que el Estado deje de pagar el dinero que le debe a instituciones como los bancos públicos, RECOPE o el ICE; cuando hablamos de no pagar la deuda nos referimos a que se deje de pagar la amplia mayoría de la deuda que ha sido impuesta para financiar negocios corruptos y someter al pueblo. Por esto es necesario que las organizaciones sindicales y populares realicen una auditoría de la deuda y definan cuales tramos son ilegales para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos. Solo de esta forma podrá reorientarse el dinero que hoy se “pierde” en el pago de la deuda en atender las necesidades del pueblo trabajador, como el acceso a la educación, la salud o el arte.
No habrá solución al déficit fiscal y a la crisis, si no se rompe con el sistema capitalista que nos somete. Para que haya la liberación que anhelamos, debe empezarse por romper estructuralmente con el sometimiento al capital financiero y la gran industria.
Puede leer más sobre la propuesta del Partido de los Trabajadores en el siguiente enlace: https://socialismohoy.com/bodega/2019/08/NO-AL-PAGO-DE-LA-DEUDA-Partido-de-los-Trabajadores-2019.pdf