El miércoles 5 de octubre, más de 200 familias de 5 asentamientos organizados en la Alianza Campesina del Norte se movilizaron frente a Casa Presidencial para levantar una serie de exigencias tendientes a que se garantice tierra para quien la trabaja.
Como parte del movimiento de presión, la dirigencia del grupo llevó un pliego petitorio para presentar al gobierno; al momento de entregarlo y plantear el ingreso de la delegación campesina, se pidió también el acompañamiento de dos asesores: Jouseth Chaves, militante del Partido de los Trabajadores y Luis Brenes, abogado del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica.
Dicha solicitud de ingreso fue rechazada pese a que las familias, de forma democrática, los escogieron para representarlos. Cuando la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén pidió explicaciones, lo único que dijeron, tanto el presidente ejecutivo del INDER como funcionarios del gobierno, fue que “ellos solo estaban cumpliendo órdenes superiores”. Es decir, quien negó la participación de ambos asesores fue el presidente de la república Rodrigo Chaves.
Las familias campesinas tomaron la decisión de mantener la protesta hasta que el gobierno los recibiera, por lo cual pasaron toda la noche en las afueras de Casa Presidencial. Ya el jueves 6 de octubre, la dirigencia de la Alianza y los miembros del gobierno iniciaron la reunión sin sus asesores presentes y como primer punto se pidieron explicaciones de por qué no los aceptaron.
De acuerdo con la Alianza Campesina, en el video que compartimos hoy lunes 10 de octubre, una funcionaria del ejecutivo manifestó que no aceptaron a los dos compañeros porque supuestamente su presencia en la reunión ponía en riesgo la seguridad de los miembros del gobierno. Incluso se hizo alusión a un acontecimiento que sucedió en otro país, en el cual, según ellos por permitir entrar a asesores, uno de ellos atentó contra la vida de un jerarca gubernamental.
Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos estas manifestaciones, en las cuales se da a entender que nuestro partido utiliza métodos terroristas. Esta es una acusación sin fundamento alguno y se utiliza para desprestigiarnos no solo ante la Alianza, sino también ante los movimientos sociales y populares que cada día luchan contra los ataques del gobierno.
Nosotros nos reivindicamos como un partido revolucionario porque defendemos la necesidad de luchar contra este sistema capitalista y mediante una revolución socialista construir una nueva sociedad en la cual gobierne la clase trabajadora. En ese marco, la construcción del partido revolucionario de masas es la tarea que está colocada para dar a la revolución una dirección correcta y evitar que la lucha contra la burguesía y el imperialismo se desvíe por el camino sin salida del terrorismo individual.
El gobierno de Rodrigo Chaves está en contra de que una organización como la nuestra acompañe las luchas porque nosotros defendemos la necesidad de que la clase trabajadora se organice, confíe en sus propias fuerzas y construya la unidad con los demás sectores explotados y oprimidos. Por eso consideramos que cualquier gobierno que esté al frente de un estado capitalista como el costarricense es enemigo de la clase trabajadora y llamamos a no confiar en él; a su vez, proponemos que sean la movilización y la independencia de clase como las principales herramientas de lucha para lograr las conquistas que necesitamos.
Nuestra organización con mucho orgullo ha acompañado y rodeado de solidaridad las luchas campesinas en la zona norte desde hace más de 12 años, como parte de un proceso de reorganización popular por tierra para quien la trabaja y contra los intereses de los grandes terratenientes y empresarios de la agroindustria. Ellos son los responsables de la pobreza y la miseria que genera que las familias tomen tierras ociosas para ponerlas a producir y garantizar su sustento.
Creemos que este trato por parte del gobierno alimenta el odio y la actitud represiva no solo contra el PT sino también contra las organizaciones sindicales, campesinas, populares y partidos políticos que se opongan a la agenda que defiende el gobierno, en favor del empresariado y los grandes terratenientes que se oponen a que las familias campesinas tengan tierra para trabajar y vivir.