En lo que va del año 2024, la violencia social ha alcanzado niveles absolutamente preocupantes, producto de la descomposición general del capitalismo, desde el Partido de la Clase Trabajadora declaramos que la violencia que se vive en los barrios populares y en el conjunto del país es responsabilidad directa del gobierno de Rodrigo Chaves y su política de recortes sociales, endeudamiento y su rampante actitud misógina. La violencia que se vive en la sociedad se vive con más intensidad entre las mujeres y particularmente entre las mujeres de la clase trabajadora.
En los últimos meses, la cantidad de femicidios que se han vivido en el país inaudita, estos además se han realizado con métodos brutales y deshumanizantes que conmueven y alarman semana tras semana.
Asimismo, se reciben miles de denuncias por agresiones domésticas al mes (de las que 95% son contra mujeres), con escalofriantes picos en fechas de eventos sociales importantes como partidos de fútbol o algo tan frecuente como días de pago.
A estos hechos se suma un clima de impunidad e indiferencia política por parte del gobierno y sus aliados, que más bien dedican sus fuerzas a atacar instituciones sociales necesarias para las mujeres y a los servicios de atención a la violencia machista. Son frecuentes en este gobierno declaraciones de absoluto desprecio por la vida de las mujeres como las que pronunció el presidente para referirse al asesinato de Kristtel Fernández y su hija en Limón. También tenemos el hecho que fueron las y los diputados del Partido Progreso Social Democrático las únicas personas con el cinismo suficiente para votar en contra de que se declare epidemia la situación de violencia contra las mujeres.
Las instituciones que han atendido la violencia machista como las Oficinas de la Mujer en las municipalidades o bien el INAMU, vienen denunciando recortes presupuestarios que les impiden operar, una política de “Puntos Violetas” privatizadora y cuestionable desde un punto de vista técnico, una regionalización mal ejecutada y la ausencia de trabajo coordinado con otras instancias como el Ministerio de Educación Pública. Denunciamos que esto implica concretamente que el bienestar e incluso la vida de muchas más mujeres corre peligro y esto es responsabilidad del gobierno.
Además, la mayoría de las mujeres de Costa Rica no tiene independencia económica, ya que aproximadamente 6 de cada 10 mujeres no tiene trabajo, según los datos de tasa de ocupación del INEC para el 2024. Lo cual vulnerabiliza a las mujeres ante la violencia, teniendo que tomar abominables decisiones entre sufrir hambre, atender las necesidades de sus hijos o hijas o golpizas y abusos e incluso poner en peligro sus vidas y de sus seres queridos. En una situación absolutamente ligada al sistema económico capitalista del individualismo de “sálvese quien pueda” ante el abandono estatal.
El Sistema de Justicia es cómplice y reproductor de la violencia, con juicios de larga duración, llenos de dolor para las personas sobrevivientes y de misoginia y desprecio por parte de las personas con poder de decisión. La policía, no sólo no cuenta con procedimientos apropiados para responder a las denuncias de violencia, sino que más bien perpetúan esta, agrediendo a las mujeres más empobrecidas desde la represión y la violencia, pero con guante de seda ante los crímenes económicos de la burguesía.
Consideramos que es necesario revertir la lógica de recortes y ataques a los servicios necesarios para resguardar la seguridad y la vida de las mujeres y las infancias. Es necesario cambiar la lógica de exonerar a los capitales de todo gasto y recortar en todos los servicios que el pueblo ocupa. Es necesario dejar de pagar la deuda interna y externa para usar esos recursos para luchar contra la violencia machista
Pero también es necesario cambiar un sistema económico que lucra con la esclavitud doméstica de las mujeres y el trabajo que se realiza en el hogar, así como con su sobreexplotación. Es necesaria una economía socialista, que parta de la premisa de que toda persona merece tener trabajo y los medios para su subsistencia y un Estado que le garantice acceso a la justicia, con la constante y directa fiscalización de la clase trabajadora. Para lograr esto, llamamos a toda la clase trabajadora, a la organización política para defender nuestras condiciones de vida e incluso la vida misma de las mujeres de la clase.
Hacemos un llamado directo a todo el movimiento social, sindical y de mujeres, a sumar fuerzas para la movilización y a la protesta social, por la exigencia de recursos para la atención de la situación de emergencia nacional por violencia, por la justicia pronta y cumplida, por la destitución de jueces y juezas que reproduzcan la misoginia y el desprecio de clase en sus juicios, por la organización comunitaria para la respuesta inmediata ante situaciones de violencia y por la exigencia de una atención a la oleada de violencia y femicidios como prioridad política inmediata del gobierno.
Nos sumamos a la convocatoria a la Marcha de este 13 de julio, a la 1pm en el Parque de la Merced. ¡El combate a la violencia machista es una lucha de toda la clase trabajadora! ¡Por la vida de las mujeres! ¡Ni una Menos!