Declaración del Partido de la Clase Trabajadora
Los hechos
En los últimos meses ha existido una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial. El conflicto venía gestándose desde el gobierno de Rodrigo Chaves.
Durante la campaña electoral, Rodrigo Chaves señalaba que, después de liberar dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo), hacía falta liberar al Poder Judicial.
El conflicto escaló en varios momentos. Primero, con un fuerte recorte presupuestario del Gobierno al Poder Judicial; luego, durante la captura de “El Diablo”, surgió una polémica sobre la “valentía” y la “capacidad” del Poder Judicial.
El conflicto aumentó aún más cuando la Sala Constitucional resolvió una crisis que se venía arrastrando desde noviembre de 2025. ¿Cuál era esa crisis? La Asamblea Legislativa (dominada por el gobierno) se negó a nombrar magistrados y magistradas suplentes para la Sala Constitucional. El objetivo del Gobierno era impedir que la Sala pudiera funcionar con normalidad y, de ese modo, evitar que avanzaran las investigaciones pendientes contra miembros del Gobierno. Como consecuencia, quedaron paralizados 123 recursos pendientes. La Sala resolvió la situación prorrogando el nombramiento de los magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa nombre a los nuevos.
Este hecho desató la acusación gubernamental de un “golpe de Estado judicial” y, mediante un mitin en el que movilizó a su aparato político, acusó de prevaricato (dictar una resolución sabiendo que es ilegal) a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Como contraparte, un bloque de sindicatos, universidades y la oposición parlamentaria convocó para el jueves 6 de agosto una concentración en defensa del Poder Judicial y de la división de poderes, señalando además que existe el peligro de que se instaure una dictadura en el país.
Hasta aquí los hechos.
Cortina de humo. Lo realmente importante
La discusión entre ambos bandos ganó revuelo internacional y la prensa global reproduce tanto las acusaciones de “golpe de Estado” del Gobierno como las advertencias sobre un “peligro inminente de dictadura” formuladas por la oposición. Son palabras duras por parte de ambos bandos, pero mostraremos que no solo no corresponden con la realidad, sino que además buscan esconderla.
Aunque esta discusión es candente en los medios de comunicación, en las redes sociales, entre las capas medias y entre las personas empleadas públicas, en realidad no constituye la principal preocupación de la clase obrera.
Lo que sí se discute es el aumento espantoso de los ritmos de explotación, que está haciendo que las personas trabajadoras dejen la vida y la salud en las máquinas, los andamios y las plantaciones.
Y lo otro que se está discutiendo es la nueva oleada de despidos en las fábricas y los centros de trabajo.
Solo en estos meses nuestra organización ha apoyado la lucha de las personas trabajadoras de la empresa CONICO, a quienes despidieron sin pagarles las prestaciones y adeudándoles salarios. Lo mismo sucedió con la empresa Piñas Cultivadas y Ticofrut, en el norte del país.
Esta oleada de despidos no solo ocurre en la construcción y en las piñeras; también en las grandes empresas transnacionales se están anunciando despidos y reestructuraciones: Boston Scientific, Viant, Accenture, Amazon, Microsoft, Corbion e Intel.
Lo que el Gobierno está intentando ocultar al elevar el tono del enfrentamiento con el Poder Judicial son las nubes de tormenta que se ciernen sobre la economía costarricense. El chavismo se presentó como “lo absolutamente diferente” al PLN y al PAC, pero estamos a las puertas de ver las mismas recetas de siempre.
El chavismo “se salvó” porque la clase trabajadora la pasó fatal bajo el gobierno del PAC. Entonces, los primeros años dieron la sensación de “tranquilidad” y “prosperidad”, pero eso ya se acabó.
El crecimiento económico es débil; se anuncian despidos, recortes durísimos en educación, servicios de cuido, justicia, el INAMU y otras instituciones. Pero, sobre todo, se anuncia una nueva crisis fiscal que ya está aquí y que encarecerá aún más la vida de la clase trabajadora.
Por el momento, el Gobierno pretende luchar contra la deuda fiscal atacando a pequeños y medianos negocios, acusándolos de contrabando y evasión. Asimismo, alienta la xenofobia contra comerciantes de origen asiático. Sin embargo, el proyecto estrella del Gobierno es aumentar el IVA de la canasta básica del 1 % al 13 %, medida que afectará el consumo de toda la clase obrera.
La discusión sobre “golpes de Estado” y “dictaduras” esconde este debate central para la vida del pueblo trabajador.
La dictadura realmente existente: la dictadura contra la clase obrera en el sector privado
Que algo no se discuta entre la clase obrera no quiere decir que no sea importante. La pregunta es: ¿por qué a la clase obrera puede no parecerle importante este conflicto? La respuesta es que la clase obrera ya vive una dictadura en nuestro país. Si hay un lugar donde la división de poderes no existe y las tres instituciones funcionan al unísono como guardianas del capital, es precisamente cuando se producen conflictos y huelgas obreras.
Nuestro partido ha experimentado en carne propia, a lo largo de decenas de huelgas, cómo actúan conjuntamente la policía del Gobierno, los diputados del empresariado y los jueces y juezas de la patronal. La policía enviada por el Gobierno reprime; desde las diputaciones se utiliza la influencia política para proteger a las grandes empresas; los jueces y juezas fallan contra las personas huelguistas y violentan la libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva, forzando a trabajadoras y trabajadores a renunciar a derechos básicos de una ley que no es más que letra muerta.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Antihuelgas, pero la Sala Constitucional también ha emitido decenas de fallos contra las convenciones colectivas, ampliando la autoritaria pérdida de derechos económicos y políticos para la clase trabajadora tanto del sector privado como del sector público. Todo por iniciativa y con apoyo de los partidos que ahora se colocan como oposición “democrática”, hipócritamente porque no tuvieron reparos en eliminar derechos democráticos que incomodaban al gran capital.
Esta es la dictadura que realmente existe en el país desde hace tiempo: la dictadura del capital sobre la clase trabajadora.
Contra todas las formas de autoritarismo. Por la defensa de las libertades políticas
Para nosotros y nosotras la libertad política es un asunto de enorme importancia. Nuestro partido comprende perfectamente lo que implica una dictadura. Está en primera fila en la lucha contra las dictaduras de Ortega y Bukele en Centroamérica y apoya con todas sus fuerzas a las personas exiliadas políticas que viven en nuestro país. Defendemos plenas libertades de prensa y de expresión, de reunión, de organización política, de protesta social y hemos repudiado y denunciado —desde hace décadas— cualquier acto de represión por parte de los gobiernos de turno hacia el movimiento social y la clase obrera, y lo seguiremos haciendo.
Pero la libertad política no es un regalo del Poder Judicial. La libertad política se conquista, se amplía y se defiende; no se obtiene respaldando a la casta del Poder Judicial, que también forma parte de las limitaciones a la libertad política existentes en nuestro país.
El derecho no es una fuerza sagrada; no es más que la expresión de una determinada correlación de fuerzas entre las clases. Allí donde más se lucha, se conquista más poder y se obtiene mayor libertad.
Nuestro partido está por enfrentar la deriva autoritaria que vive el país, no desde que el chavismo ganó las elecciones, sino desde 2018, cuando el gobierno del PAC reprimió la huelga de las personas empleadas públicas y aprobó la Ley Antihuelgas.
La lucha contra el autoritarismo y por las libertades políticas incluye que se respete la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga; que las miles de personas migrantes que viven en el país tengan derecho a votar; y que las miles de mujeres del país tengan acceso al trabajo, a los servicios públicos y a una vida libre de violencia. Esa es la libertad que nos falta hoy, que queremos conquistar y por la que luchamos.
Para ello necesitamos transformar de raíz todas las instituciones del país, no simplemente cambiarles el color de verde a turquesa. Empezando por el propio Poder Judicial: creemos que no debe existir una casta judicial vitalicia; los jueces y las juezas deben ser electos por el pueblo, ser revocables y no ganar más que una persona trabajadora cualificada.
Dicho todo esto, nuestro partido no cree que haya un golpe de Estado en curso ni un peligro inmediato de dictadura. Lo que existe es un duro enfrentamiento entre dos sectores de la burguesía por controlar el Poder Judicial.
El Poder Judicial nunca ha sido un poder verdaderamente independiente. Su cúpula es elegida por la Asamblea Legislativa, por lo que las magistraturas han estado históricamente vinculadas a los principales partidos del régimen, especialmente al PLN y al PUSC. Esto ayuda a explicar por qué, con frecuencia, grandes empresarios y políticos acusados de corrupción terminan sin recibir condenas.
Por otra parte, el Poder Judicial ha servido para avalar algunos de los ataques más profundos contra los derechos laborales de la clase trabajadora. Ha eliminado convenciones colectivas, está la Ley de Empleo Público, ha respaldado retrocesos en materia de libertad sindical y derecho de huelga, ha permitido que miles de patronos permanezcan impunes ante violaciones de los derechos de las personas trabajadoras y perpetúa la impunidad que impera ante la violencia machista contra mujeres y menores. Mientras tanto, actúa con absoluta eficacia para garantizar el cobro de las deudas que bancos y grandes empresas reclaman a las familias trabajadoras, mientras persigue y encarcela a miles de jóvenes pobres absorbidos por el narconegocio. El Poder Judicial resulta un enemigo de la clase trabajadora, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Tradicionalmente, el Poder Judicial fue controlado por el bipartidismo (PLN-PUSC). Hoy el chavismo pretende hacer lo mismo, pero para ello no necesita instaurar una dictadura.
La retórica encendida busca que no discutamos lo fundamental para el pueblo trabajador: los despidos, el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
Llamamos al conjunto de la clase trabajadora a organizarse con independencia de clase y de los partidos tradicionales, que son parte de la podrida institucionalidad. No debemos depositar ninguna confianza en que de la defensa de estos partidos ni del Poder Judicial, tal como es, vendrán mayores libertades democráticas para la clase trabajadora, que ya es víctima de sus acciones en los centros de trabajo.
La ampliación de la democracia entendida como plenos derechos políticos, sociales, sindicales y laborales la tenemos que conquistar con lucha organizada como clase trabajadora, contra toda medida autoritaria y contra la dictadura patronal en la empresa privada.
¡Lucha coherente contra cualquier avance del autoritarismo!
¡Abajo la dictadura patronal en la empresa privada!
¡Luchemos por plenos derechos democráticos para la clase trabajadora!