En la escuela y el colegio nos repiten hasta la saciedad que el Gobierno es el representante de la “mayoría” de la “soberanía popular” expresada en las urnas. Del Estado se nos dice que es la institución de instituciones que protege el “bien común”, todos los otros partidos de esta contienda hablan de un “Estado Social de Derecho” o un “Estado de Derecho”. Pero nuestro partido está en contra de esta mirada, nos parece falsa.
Nuestra participación electoral y nuestra lucha política más en general está basada en la convicción y la necesidad de explicarle a las grandes masas de trabajadores y empobrecidos, que el gobierno no es más que la junta directiva que administra los negocios del conjunto de la clase capitalista del país y que el Estado es un Estado capitalista, que sus leyes, sus jueces, su policía, su Asamblea Legislativa está en función de garantizar, proteger, promover, defender los intereses de los grandes grupos capitalistas nacionales y extranjeros.
El que sin duda es un elemento estratégico de nuestra lucha es la lucha por un nuevo Estado, un Estado que sea una democracia de los productores directos, un Estado donde sean las mayorías productivas de la sociedad las que gobiernen de manera directa a través de sus propias instituciones.
La pandemia ha demostrado que este Gobierno y sus instituciones se encuentran al servicio de los ricos y los grandes empresarios. Apenas la pandemia impactó en el país, lo primero que hicieron los diputados de todos los partidos fue aprobar la reducción de la jornada laboral y la suspensión de los contratos de trabajo.
A septiembre de 2021, luego de varias prórrogas del proyecto de ley que permite la reducción de jornadas, con un extraordinario cinismo, la misma Ministra de Trabajo Silvia Lara tuvo que aceptar “los abusos” de los empresarios. A esa fecha existían 9.030 trabajadores con salarios rebajados y 3.900 con contratos suspendidos, 13.000 trabajadores confirmados (no se sabe cuántos no confirmados) que se les impuso la reducción lisa y llana de sus ingresos. En los hechos, el Gobierno y los empresarios, con la excusa de la pandemia impusieron una rebaja promedio de 13,8% en el ingreso de los asalariados. según el INEC, para el 15 de octubre de 2020: “En el ámbito nacional el Ingreso promedio por salario disminuye, pasa de ₡ 650 004 en el 2019 a ₡ 560 143 en el 2020”.
Estas medidas llevaron al desempleo (434 000 personas, 18,1% para el II trimestre de 2021) y a la miseria a miles de trabajadores (1 529 255 personas pobres según el INEC, en octubre de 2020), mientras que arruinó a miles de pequeños empresarios (en octubre de 2020, la Cámara de Comercio calculaba 5.000 empresas cerradas total o parcialmente).
Al mismo tiempo se fueron liberando las medidas sanitarias supuestamente para proteger la economía sin ninguna consideración de la salud del pueblo y de la clase trabajadora, causando miles de muertes que pudieron ser evitadas (al escribir este programa han muerto más de 6500 personas por el Covid-19, 150% de los muertos durante la Guerra Civil de 1948).
Los escándalos de corrupción que gobierno tras gobierno van saliendo a la superficie, nos demuestran que las instituciones y quienes están en los puestos de mando se encargan de beneficiar y gobernar para los grandes empresarios, sin ningún interés en la clase trabajadora o el bien público.
Es por esto que los trabajadores necesitamos no solo gobernar, sino hacernos del poder político, esto significa construir las instituciones para gobernar en función de nuestros intereses, de los empobrecidos del campo y la ciudad, de los pequeños productores y empresarios, intereses que son completamente contrapuestos a los de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Todos los partidos nos hablan en las elecciones del “Bien Común” y prometen gobernar para todos, pero esto es imposible y por esto vemos cómo gobierno tras gobierno, elección tras elección, todas las Asambleas Legislativas y todos los gobiernos terminan gobernando para los mismos: unos cuántos súper ricos, un puñado de grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Existen solamente dos caminos: el camino de gobernar para los grandes empresarios qué significa mantener todo tal y como está con algunos pequeños cambios, es decir continuar en la ruina, el desempleo y el aumento de la desigualdad; ese es el camino del supuesto “bien común” que en realidad significa el bien de los grandes empresarios.
Por otro lado, está el camino de un cambio radical y revolucionario. Es el camino de la clase trabajadora, el camino de gobernar para los intereses de los trabajadores, el pueblo empobrecido y los pequeños productores en contra de los intereses de los grandes ricos de este país. Para hacer esto necesitamos hacer un cambio muy profundo, no basta con poner a trabajadores en los puestos de Gobierno necesitamos cambiar completamente todo el sistema del país, cambiar el Estado sus instituciones y la forma en que estas funcionan.
Las elecciones tal y como están planteadas en este país son una farsa, solo sirven para elegir a los representantes de los grandes empresarios y de sus partidos. Son los banqueros y las grandes empresas de comunicación quienes deciden todo lo fundamental.
No existe un verdadero debate de ideas. El pueblo solo puede conocer las propuestas de aquellos candidatos y partidos que tengan dinero para pagar pauta publicitaria en televisión o en radio, que dicho sea de paso utilizan el espectro radioeléctrico, un bien público. Esto termina convirtiendo el proceso electoral en un negocio que beneficia a las televisoras, a las empresas de radio, a los bancos que prestan el dinero y a las encuestadoras que terminan definiendo a quién se le va a prestar o no ese dinero.
Mientras tanto, miles de personas que trabajan en este país, que producen riqueza, no tienen derecho a elegir quiénes serán las personas que las gobernarán y que por tanto determinarán en gran medida sus condiciones de vida. Nos referimos a los cientos de miles de inmigrantes, principalmente nicaragüenses, que viven en el país, que han producido riqueza a veces por décadas en el país y no tienen ningún derecho político, también nos referimos a los más de 260 000 de jóvenes entre los 15 y 18 años que por no tener la mayoría de edad no tienen derecho a votar, aunque ya alcanzaron una edad en la que son conscientes de sus decisiones y que tienen la madurez para elegir quién nos van a gobernar. En 2013 existían casi 50.000 jóvenes trabajadores entre 15 y 18 años, con la pandemia miles de jóvenes tuvieron que trabajar para ayudar en sus hogares. ¿Si los jóvenes son suficientemente maduros para ser explotados por el patrón, porque no serían suficientemente maduros y maduras para poder elegir por quién votar?
Los partidos políticos y sus candidatos prometen cielo y tierra en las elecciones y luego terminan haciendo lo mismo, gobernando solo para los grandes ricos. Mientras tanto los trabajadores nos vemos obligados a soportar presidentes, ministros, diputados que gobiernan contra nosotros y tenemos que aguantarlos por cuatro años, mientras ellos siguen ganando jugosos salarios.
Cuando los trabajadores logramos organizarnos y vencer todas las trabas que pone el Tribunal Supremo de Elecciones contra los partidos que no tienen grandes ricos en sus filas, y logramos inscribir nuestros partidos, logramos elegir nuestras candidaturas, nos enfrentamos a un sistema electoral completamente desigual que beneficia solo a los grandes partidos de los ricos y que a los trabajadores no les garantizan ni siquiera la mínima posibilidad de participar en política, porque debemos seguir trabajando día a día mientras que los ricos pueden financiar a sus candidatos para que se dediquen a la campaña electoral. Pero aunque criticamos los límites del sistema electoral, nuestro partido busca aplicar las enseñanzas del marxismo revolucionario en el terreno electoral, convirtiendo nuestra participación en un punto de apoyo para la organización política de la clase trabajadora. Hemos usado cada campaña como una oportunidad para desnudar las grandes mentiras de los partidos burgueses y del capitalismo que circulan cada cuatro años y proponer soluciones socialistas a grandes problemas como la pobreza, el desempleo y la opresión contra las mujeres y los inmigrantes.
Por eso desde el Partido de los Trabajadores creemos que debemos luchar por los siguientes cambios para tener un sistema más democrático:
Nos dicen que votar cada cuatro años y poner una X en un papel para decidir quién va a dirigir el país es suficiente para los trabajadores, pero esto es mentira. Para poder acabar con el desempleo, la miseria, la corrupción, y garantizar que toda la riqueza que produce la clase trabajadora se ponga al servicio de las necesidades del conjunto del pueblo, es necesario que los trabajadores nos hagamos con el poder político.
Esto significa que el conjunto de la clase trabajadora debe tener y dirigir el poder cotidianamente, no delegarlo en unas cuantas personas que luego van a terminar gobernando para los mismos de siempre. Es por esto que los trabajadores necesitamos construir un Gobierno con nuestros propios organismos, con nuestras propias organizaciones, que nos permita una participación directa y cotidiana en toda la toma de decisiones.
Para hacer esto necesitamos construir un Gobierno de Consejos obreros y populares. Esto significa que los trabajadores mediante asambleas en las fábricas, en las plantaciones, en los centros de trabajo y en los barrios elijan delegados que integren Consejos Populares para cada una de las regiones, y estos consejos a su vez elijan delegados para un Consejo general para gobernar en todo el país.
Es necesario que el conjunto de la clase trabajadora esté constantemente involucrado en la toma de decisiones de cómo se gobierna el país y para esto los consejos populares son fundamentales. Los miembros de los consejos deben ser electos democráticamente entre los trabajadores y deben ser removidos cuando sea necesario, cuando las mismas asambleas que los eligieron consideren que es que es necesario cambiarlos.
La debilidad estructural, el saqueo y la miseria generalizada en Centroamérica proviene de su división, la región histórica centroamericana tiene 523 777 Km2 (un poco más grande que España) y 37.4 millones de habitantes (un poco menos poblada que Argentina), un PIB combinado de 279,2 mil millones de dólares (similar a la República Checa) y un PIB per cápita de 11.338 dólares (similar al de Ecuador).
Pero todos estos números son ficciones al estar Centroamérica dividida en pequeños países que acrecientan todas sus debilidades: la hiper especialización en unos pocos productos (equipo médico, bananos, café, etc.) produce una economía vulnerable y totalmente dependiente de las fluctuaciones de unos pocos productos en el mercado mundial, más aún esos productos son muchas veces materias primas en crudo (como los bananos, las piñas, etc.) que requieren poca tecnología, mucha explotación del trabajo, grandes extensiones de tierra y contaminación intensa de los suelos y los ríos.
Esta división histórica ha sido la base de la dominación y el saqueo de las grandes empresas imperialistas (la United Brands, Amazon, Wall Mart, etc.) y la base del poder despótico y autoritario de las micro oligarquías nacionales, pequeñas y avorazadas élites políticas, económicas y militares con un extraordinario desprecio por sus pueblos, por su bienestar y por los derechos democráticos y sociales más básicos, de allí su clara propensión a gobiernos y medidas autoritarias y dictatoriales de todo tipo.
La división de Centroamérica impide que se usen de manera centralizada, planificada y coherente los recursos del área para enfrentar la falta de empleo, de tierra, de vivienda, de salud y de infraestructura.
Históricamente las tendencias políticas en Centroamérica han sido una sola, cuando los vientos de libertad e independencia corrieron a inicios del siglo XIX fue un sólo proceso político, la guerra contra los filibusteros también lo fue, así como los procesos revolucionarios de los años treinta, cuarentas y ochentas.
De la misma forma, las tendencias reaccionarias y autoritarias se refuerzan mutuamente como los procesos de instauración de dictaduras militares en los años treintas y sesentas.
Pese a la ideología excepcionalista de Costa Rica, la verdad es que no estamos exentos de los procesos regionales. Hoy Centroamérica se encuentra en uno de sus momentos más oscuros, producto de las políticas neoliberales y proempresariales de saqueo y explotación que llevan décadas siendo impulsadas en nuestros países por los gobiernos de turno. En Centroamérica se ha instaurado un sistema de dictaduras y gobiernos autoritarios que amenazan las libertades democráticas de todos los pueblos del área. Las dictaduras de Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y los gobiernos autoritarios, apenas de fachada democráticos, de Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Carlos Alvarado han recortado los derechos de participación política, de expresión, de organización sindical y derecho a huelga.
El autoritarismo recorre Centroamérica, desde las cárceles repletas de opositores en Nicaragua, los sistemas electorales a la medida de las dictaduras, la concentración de poder en el ejecutivo como el que logró Bukele, destituyendo a la Corte Suprema de Justicia y el recorte a la libertades que intenta Carlos Alvarado aprobando la ley de empleo público y la ley antihuelgas, vemos de conjunto un creciente ataque a los derechos democráticos de organización y participación política de los pueblos, mientras los gobiernos siguen llenándose la boca de “democracia y DDHH”.
Para lograr un Centroamérica democráticamente planificada por y para el pueblo trabajador es necesaria:
Pese a su cara de “renovación democrática” el gobierno de Biden está reforzando la principal política del imperialismo para el área que consiste en usar los Estados centroamericanos para que sean guardafronteras del imperialismo. Los recursos que invierte el imperialismo en el área se concentran en fortalecer las corruptas policías locales, tanto las militares como las migratorias para detener las mareas migratorias centroamericanas, suramericanas y africanas que pasan por el istmo hacia los Estados Unidos.
Los migrantes de los países semicoloniales son quienes más han sufrido los avatares de la pandemia, del cambio climático, de las guerras y el saqueo neoliberal, el camino de paso hacia Estados Unidos y su promesa de “sueño americano” pasa por Centroamérica.
La visita de Kamela Harris a Guatemala ha dejado claro que el imperialismo estadounidense tiene como aliado regional estratégico al gobierno de Alejandro Giamattei, Harris ha dicho clarísimo: “no vengan aquí”. El imperialismo estadounidense se ha comprometido en entregar los sobrantes de vacunas, así como dinero en capacitación y desarrollo. Estas políticas “comprensivas” para evitar las caravanas de migrantes están destinadas al fracaso, porque no pueden solucionar las causas principales de la migración desesperada: la violencia social, la crisis ecológica y el saqueo, a lo sumo contribuirán a la corrupción local y policial y gestos “humanitarios” a favor de los migrantes.
Para enfrentar esta política, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:
Decimos que Centroamérica es una semicolonia del imperialismo, porque la dominación es sobre todo económica, más que militar, aunque también tiene una dimensión en ese sentido.
La dominación del imperialismo estadounidense se ha producido a través de la deuda externa, los tratados de libre comercio y los acuerdos con los organismos financieros multilaterales como el FMI y Banco Mundial.
Lejos de la ideología de estos organismos que sostienen que los préstamos que otorgan son puramente “técnicos” o para corregir “distorsiones” del mercado, esto han sido las principales formas en que los países centroamericanos han entregado sus bienes y recursos, privatizados sus empresas, deteriorado sus servicios públicos, aumentado sus impuestos directos.
Centroamérica, vive un ciclo sin fin de crisis, acuerdos con el FMI, ajustes violentísimos y nuevas crisis. Los préstamos del FMI a finales de los ochentas, terminaron con las privatizaciones en masa de los noventas y luego de las movilizaciones de inicio del siglo XXI continuaron nuevos préstamos después de la crisis de 2008 y nuevas privatizaciones de empresas estatales y saqueo de recursos.
La crisis social y política que desató la pandemia nos tiene de nuevo en la misma situación, los débiles servicios públicos, ampliamente privatizados y desfinanciados fueron desbordados por la crisis sanitaria, la crisis social potenció la crisis sanitaria y viceversa, ahora Centroamérica se prepara para un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI, para agosto de 2020 los países centroamericanos habían firmado nuevos préstamos por $8.940 millones, todos condicionados con nuevas reformas fiscales y presupuestarias anti populares.
Pero este modelo viene desde años atrás, con la aprobación en octubre de 2007 del CAFTA-DR (el acuerdo de libre comercio entre USA-Centroamérica y República Dominicana) se inició un proceso de anexión y colonización de las economías del istmo, lejos de tener nada que ver con el “libre comercio” estos acuerdos son marcos jurídicos y políticos hechos para beneficiar a los grandes conglomerados estadounidenses y transnacionales que han colonizado los principales negocios del área, el caso tal vez más representativo de esta colonización es la súper expansión de Wall Mart, el negocio de la familia Walton, que pasaron de no existir en 2004 a controlar 813 tiendas y tener 38.000 trabajadores en toda el área.
El Tratado de Libre Comercio está pensado a la medida de grandes grupos como Wall Mart, América Móvil y Pricesmart y presiona por la destrucción o venta de las grandes empresas estatales que aún quedan, así como las empresas medianas y pequeñas. También impide las mejoras laborales de los trabajadores y las garantías ambientales de las comunidades. Es también la razón última de los continuados paquetes de impuestos y aumentos del IVA.
Por eso, desde el Partido de los Trabajadores:
Los gobiernos centroamericanos empezando por el costarricense y panameño, pero siguiendo con todos los otros, corren para aprobar distintas leyes de Zonas Francas, verdaderos enclaves hechos para entregarle todos los beneficios posibles a las grandes empresas transnacionales, beneficios que van desde no pagar impuestos, hasta facilidades en la localización y exportación, en el caso de la dictadura hondureña les está prometiendo su propia legislación, es decir, ser un pequeño Estado-Zona Franca.
Estas empresas en Zonas Francas son las grandes beneficiarias del modelo y viven en un régimen de extraterritorialidad en los hechos. La crisis social y sanitaria ha hecho que los gobiernos radicalicen sus privilegios mientras los países se hundían y los gobiernos se cansaban de repetir que no iban a cobrarles ni un solo impuesto más. En Costa Rica mientras la economía popular se hundía las empresas en régimen de zona franca crecían hasta un 16%.
Ante este panorama proponemos:
El capitalismo se presenta como un sistema “racional” y “eficiente”, donde el “mercado” se regula según las decisiones y opciones de los consumidores.
Pero eso solo es la superficie, la verdad es que el capitalismo es un sistema destructivo, anárquico que vive de crisis en crisis y que desperdician enormes cantidades de trabajo, de potencialidad humana e inteligencia.
El sistema capitalista llega al absurdo de tener millones de personas con hambre y sobrecapacidad de producción alimentaria, tanto como para especular con los precios de las cosechas.
Hay millones de personas sin casa y miles de casas sin personas. Es una de las contradicciones que el capitalismo no puede resolver: la potencia productiva de la producción social y coordinada, pero la miseria de la apropiación privada de la riqueza, que sabotea la potencia del trabajo humano colectivo.
Las ideas neoliberales en contra de la planificación central de la economía, y su llamado a que todo lo decida “el mercado”, esconden el hecho que en realidad el mercado es un mercado de monopolios, donde una o dos empresas controlan ramas enteras de la producción y boicotean permanentemente las innovaciones y mejoras que no les produzcan beneficios.
Tenemos aquí otra contradicción que el sistema capitalista no puede resolver, el capitalismo está dentro de la fábrica, la disciplina total, la planificación de cada detalle, cada movimiento, pero en el conjunto de la sociedad es la anarquía, la ineficiencia, la destrucción ecológica y el despilfarro.
Nosotros defendemos otro tipo de economía, una que no esté centrada en el beneficio y el lucro de las grandes empresas capitalistas sino en las necesidades materiales y espirituales de las grandes mayorías.
La economía es en realidad economía-política es decir ha sido siempre el Estado el gran promotor de las modificaciones económicas.
Aunque nosotros, queremos una sociedad sin clases sociales y por lo tanto sin Estado, una sociedad libre de productores libres, necesariamente hay un momento donde la palanca del Estado y la centralización estatal jugará un papel central en el desarrollo económico y social.
Después de romper las ataduras con los acuerdos y deudas chantajistas con el imperialismo, el país tendrá acceso al conjunto de las riquezas que produce sin el expolio de la deuda.
Esta riqueza ha de ser concentrada en instituciones centrales, lejos de tener un grupo de bancos privados que compiten cada uno por su propio beneficio. Un solo banco central nacionalizado, permitiría concentrar y utilizar el crédito nacional como una poderosa palanca de desarrollo social y nacional.
Nuestra posición es defender una economía nacionalizada, central y democráticamente planificada por los trabajadores, los campesinos y el pueblo empobrecido. Donde las grandes instituciones como el WallMart media vez nacionalizada, sea controlada directamente por consejos representativos de sus propios trabajadores y los consumidores del país.
Las empresas que ya sean parcialmente nacionales como el ICE, serán liberadas de todas las rémoras privatizadoras que se le han impuesto y será también liberada de su gerencia procapitalista y privilegiada para que sean los mismos trabajadores y las comunidades organizadas quienes discutan y definan cómo deben ser los planes de producción y generación de energía.
Esta forma de organización de la economía permitirá por primera vez ponerles freno a las fuerzas ciegas del capital y el beneficio automático en introducir la racionalidad y la planificación en el ciclo económico.
Este creciente control de los productores directos sobre las fuerzas ciegas del “mercado” no es y no puede ser un proceso solo nacional, el triunfo de los socialistas en un país no es más que un momento una palanca para el desarrollo de la revolución social en otros países y de nuevos gobiernos de los trabajadores que permitan la planificación de porciones cada vez más grandes de la economía mundial, hasta finalmente avanzar hacia una humanidad liberada de las irracionalidades del capitalismo.
A continuación, presentamos una serie de medidas económicas necesarias y urgentes para lograr la transformación social y revolucionaria que proponemos.
La Ley de Concesión de Obra Pública y la política estatal de entregar a capitales privados grandes porciones de la inversión y provisión de servicios estatales fue la respuesta que los políticos y empresarios dieron al desfinanciamiento del presupuesto estatal para construir y mantener la obra pública, producido por su propia agenda neoliberal. Esta misma ley y modelo ha sido desde sus inicios un portillo permanente de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento de los políticos a costa de los impuestos que pagamos todos los trabajadores.
Por eso planteamos:
El capitalismo costarricense se ha construido dando múltiples beneficios a las grandes empresas imperialistas, sobre todo incentivos fiscales a través de la Ley de Zonas Francas. La riqueza producida en el país sale con rumbo hacia los bancos extranjeros y no a manos de quienes lo produjeron: los propios trabajadores.
Con la apuesta comercial por los Tratados de Libre Comercio, y principalmente con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, el país eliminó los aranceles de las importaciones, con lo cual las finanzas del Estado se vieron afectadas.
La política de los Organismos Financieros Internacionales, ha sido sustituir este hueco que dejaron los aranceles, con más impuestos indirectos, como es el caso del IVA, que es un impuesto que recae sobre el consumo. De esta forma, se traspasa un pago que hacían los grandes empresarios importadores, hacia toda la población, con un impacto mayor en quienes tienen ingresos mas reducidos, es decir la clase trabajadora.
La Ley Fiscal aprobada en contra del pueblo en el 2018, se inscribe en esta política fiscal mundial, que a la vez que deja de cobrarle a los ricos, garantiza el funcionamiento de los restos del Estado endeudándose con el capital financiero internacional, emitiendo bonos de deuda externa e interna que luego son comprados por otros empresarios y ricos. Estos bonos son pagados con jugosos intereses por el Estado. El mayor porcentaje del Presupuesto del Estado cada año se destina al pago de la deuda, sin que el pueblo conozca a quienes, cuanta plata y por cuánto tiempo se les está pagando ese dinero que todos pagamos.
Además de esto, con la Ley Fiscal, también se aprobó una Regla que obliga al Estado a hacer determinados recortes en salarios y servicios básicos, cuando la deuda es superior al 60%. Esto se hace con el fin de garantizar el pago a los deudores, a la vez que se deterioran las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector público y las condiciones de vida de todo el pueblo que deja de recibir servicios básicos de calidad.
Ante la crisis de las finanzas públicas nuestra propuesta es:
Ante la evasión fiscal, que significa un 4,6% del PIB (para el año 2016, según el mismo ministerio de Hacienda), planteamos castigar con cárcel y expropiación a los evasores, así como eliminar todos los portillos legales que permiten la elusión.
Todas las personas tenemos derecho a una vida digna, sin embargo, en el país hay un 26,2% de hogares en situación de pobreza, es decir, son más de una por cada 4 familias cuyos ingresos no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
Para eliminar la pobreza, que aumentó en 5 puntos porcentuales durante la pandemia, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:
Esta renta se complementará con otras medidas explicadas en otros apartados de este programa como son: la actualización permanente del salario mínimo y las pensiones según la canasta básica ampliada, un subsidio por desempleo, que incluya también a los desalentados, un pago por el trabajo de cuido cuando lo realizan directamente las personas cuidadoras y un salario social que incluye servicios públicos universales, gratuitos y de calidad en educación, salud, cuidados.
En los últimos años, los gobiernos de la burguesía, empresarios y medios de comunicación nos han vendido la idea de que los derechos laborales son privilegios y que, si queremos enfrentar el desempleo, es necesario reducir o eliminar derechos. Es decir, las políticas de generación de empleo se han sustentado en la idea de la incompatibilidad de los empleos y los derechos. Esto es así porque las empresas quieren mantener intactas o aumentar el margen de sus ganancias, por eso, aunque requieren personas trabajadoras para producir riqueza, quieren cada vez pagar menos por el trabajo y así quedarse cada vez con más ganancias.
Los gobiernos capitalistas que representan a las grandes empresas, definen políticas laborales serviles a sus intereses. Reducen la política de empleos a una agenda de competitividad que le concede todas las condiciones a las empresas para que estas tengan el menor costo posible y el mayor margen de ganancias. Entre los costos de los que se exime a las empresas, se encuentran los derechos laborales, los cuales han sido eliminados o reducidos por ley o son vulnerados sistemáticamente con la complicidad permisiva de las autoridades estatales.
Durante la pandemia, el gobierno actual se ha aprovechado para darle más impulso a todas las políticas regresivas en materia laboral, protegiendo las ganancias de las empresas, traspasando todo el costo de la crisis a la clase trabajadora que ha perdido empleos, salarios y derechos.
Desde el Partido de los Trabajadores, proponemos revertir todas las políticas que atentan contra los derechos laborales que se han aprobado con el pretexto de la pandemia e impulsaremos una política laboral, donde las personas trabajadoras, sus derechos laborales y condiciones de trabajo que le permitan gozar de una vida digna sea el objetivo principal.
Para lograr este objetivo, es necesario impulsar y fortalecer la organización de las y los trabajadores en sindicatos, que puedan enfrentar la dictadura patronal que impera en el sector privado, defender los derechos existentes en el sector público y participar directamente en la definición de las políticas laborales y económicas.
Plan general de obras públicas para generar empleos:
Políticas específicas para generar empleo en sectores con mayores tasas de desempleo
Eliminar la precarización del trabajo impulsado por plataformas tecnológicas
Prohibición de libres despidos
Los patronos despiden y contratan trabajadores a su antojo, todo basado en su deseo de maximizar sus ganancias. Cuando un patrono dice que va a despedir porque la producción ha bajado, nadie revisa los números de la empresa, nadie sabe cuánto están ganando realmente. Es por esto que:
Por la reducción de la jornada laboral sin rebajo de salarios
Las nuevas modalidades de jornada laboral, llamadas de “flexibilidad laboral”, impulsadas por las cámaras empresariales no son más que la autorización de jornadas de 10 o 12 horas, con el objetivo de aumentar las ganancias de las empresas al bajarle los costos de producción, por el ahorro en el pago de horas extras y de nuevas contrataciones. Para hacer frente a estas medidas:
Por un aumento de emergencia del 13,8% Proponemos luchar por un aumento salarial de emergencia de 13,8% para todas las personas trabajadoras, que permita solventar caída del ingreso por salario que se tuvo durante el 2020[1]. Eso permitiría que el valor adquisitivo de nuestro salario recupere algo del terreno que ha perdido en el último año.
Nuevo salario mínimo vital para trabajadores y pensionados
El actual salario mínimo se basa en una canasta básica que no tiene nada que ver con lo que realmente gastamos las familias trabajadoras. No hay forma de llegar a fin de mes con un salario basado en la actual canasta, a la que además le han ido quitando cada vez más productos. Por eso proponemos:
Defenderemos y fortaleceremos el derecho a la libertad sindical
Defendemos la libertad sindical en su más amplia definición que incluye tres derechos: el derecho a afiliarse a una organización sindical sin sufrir discriminación laboral, el derecho a negociar colectivamente las condiciones de trabajo y el derecho a realizar huelgas para defender los derechos, sin represión ni criminalización.
Frente a la dictadura patronal que existe en el sector privado y que imposibilita la libre organización de las y los trabajadores, nos comprometemos a:
Restaurar la auténtica representación de los trabajadores: los Sindicatos
El solidarismo ha jugado un papel importante en la cultura y la política antisindical del país. Una organización con representación patronal, basada en la idea de conciliación de clases, se ha ido robando los espacios de representación de las y los trabajadores, restándole poder de incidencia a los sindicatos en las decisiones políticas. Ante eso planteamos:
Defendemos los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector público
Valoramos y defendemos el aporte esencial que hacen las personas que trabajan en el sector público. Quienes laboran en instituciones como la CCSS, el MEP, el AyA, las Municipalidades, el ICE, el INS, las Universidades, el IAFA, entre otras han estado en la primera línea de atención de la pandemia haciendo un esfuerzo extraordinario, a pesar incluso de malas políticas, de recortes en los presupuestos y de falta de insumos y condiciones para desarrollar el trabajo. El gobierno, lejos de reconocer este trabajo, ha continuado una campaña que viene desde hace varios años de desprestigio y deslegitimación del empleo público, en vez de reconocimiento económico han recibido congelamiento de sus salarios, y se impulsa un proyecto de ley de Empleo Público que terminaría de darle el último golpe a los únicos empleos con derechos y salarios dignos que existen en el país.
Durante la pandemia ha sido más visible la necesidad de tener servicios públicos universales, gratuitos y de calidad y por eso:
Fortalecimiento de la Inspección del Trabajo
Para velar y hacer cumplir los derechos laborales de todas las personas trabajadoras es necesario el fortalecimiento de la Inspección del Trabajo, y esto pasa por:
Toda persona trabajadora merece una pensión que le permita vivir con dignidad al final de su vida laboral.
En la misma medida que el capitalismo intensifica la explotación laboral aumentando así sus ganancias a través del trabajo y generando más acumulación, a las personas trabajadoras se les hace más difícil obtener una pensión, y si logran alcanzarla, es cada vez a edades más avanzadas y con un monto cada vez más reducido. Así, las familias capitalistas, empresarias, al final de sus vidas tienen acumuladas grandes riquezas que disfrutan y heredan a sus descendientes, mientras que las y los trabajadores, tienen que seguir trabajando o vivir con miserables pensiones que no les alcanzan ni para pagar las deudas que termina heredando a sus hijas e hijos.
Es por eso que desde el Partido de Los Trabajadores lucharemos por garantizar en primer lugar, el derecho a la pensión de toda persona trabajadora, y en segundo lugar que estas pensiones les permitan vivir una vejez digna, y para ello proponemos:
Para lograr estas medidas se requiere fortaleza financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ha sido desfinanciado por la evasión y la morosidad de los empresarios y las figuras legales que disfrazan relaciones laborales como comerciales o civiles para no pagar el seguro social. Por eso, proponemos tomar las siguientes medidas para fortalecer el IVM:
[1] INEC. Encuesta Nacional de Hogares 2020.
La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de priorizar en un sistema de salud público, único, universal y que garantice la atención incluso a aquellas personas que no pueden pagar un seguro, ya sea porque su situación migratoria, por estar en desempleo o en condiciones de trabajo precario o informal.
También se puso en evidencia la seria necesidad de mayores recursos para invertir en infraestructura, equipo y contratación de personal de salud para atender no sólo las demandas surgidas en el contexto de la pandemia si no todas las problemáticas que se arrastraba de antes como las listas de espera o las nuevas que surgen por la desatención para priorizar en las necesidades de la pandemia.
La política de las autoridades de la CCSS, el gobierno y los diputados sigue siendo la de hipotecar el futuro de las finanzas destinadas a salud con una deuda pública cada vez más creciente y que no alcanza para cubrir todas las necesidades del sistema. Además, mientras lanzan saludos o reconocimientos formales al personal de salud lo someten a políticas de precarización laboral como la tercerización de servicios, la sobre carga laboral, la reducción de derechos o la inestabilidad laboral.
En el contexto de la pandemia la CCSS ha contratado a miles de funcionarios en distintas áreas y perfiles, ninguno de ellos tiene asegurada su continuidad en el sistema de salud público pese a la necesidad de seguir contando con ese personal para atender las inmensas necesidades que ya se arrastraba de antes y que se agravan en este contexto. Han recurrido a la figura del “gemeleo” de plazas para no crear códigos nuevos y no garantizar continuidad laboral una vez se declare el fin de la emergencia nacional.
La otra cara de la atención en salud han sido los hospitales privados, cuyo afán es el lucro y no la protección de la vida de las personas. Cuando han “ofrecido” sus camas o infraestructura es mediante la venta de servicios a la CCSS o la Comisión de Emergencias. Nosotros somos contrarios a esta lógica de lucro con los servicios esenciales y somos contrarios a estos grandes negocios hospitalarios en manos de poderosos grupos económicos nacionales e internacionales.
Mientras las necesidades crecen se mantiene una gran morosidad patronal. La CCSS ha aplicado medidas como las rebajas temporales en contribuciones patronales sin distingo del tamaño de las empresas, poniendo en un mismo saco al pequeño negocio que hace grandes esfuerzos para pagar puntualmente sus contribuciones y a los grandes empresarios que tienen ganancias exorbitantes, pero se niegan a contribuir al sistema de salud con un sinnúmero de artimañas.
Frente a las necesidades del sistema de salud, planteamos:
Nuestro sistema educativo atraviesa una profunda crisis producto de décadas enteras de recortes y políticas neoliberales de precarización de las condiciones de estudio y trabajo.
La actual pandemia sólo confirmó esos problemas y sacó a flote con mayor fuerza las grandes contradicciones que se vienen acumulando por años. La alta exclusión del sistema educativo, la severa crisis de infraestructura o las grandes barreas tecnológicas para el acceso al conocimiento, se pusieron aún más de manifiesto.
Las condiciones que ya eran de por sí precarias se empeoraron en un contexto de niveles históricos de pobreza y desempleo. Esto llevó a que en 2020 el porcentaje de personas entre los 5 a 18 años que asistían a la educación formal y se encontraba en condición de pobreza se situará en un 42%. (Estado de la Educación, 2020). Nuevamente son los sectores más empobrecidos los que llevan la peor parte de la crisis educativa que ha llevado a que en 2020 menos del 60% de las personas con edades entre los 18 y 22 años hubiese finalizado la secundaria. (Estado Educación, 2020).
La pandemia evidenció, las carencias más básicas en centros educativos como la falta de disponibilidad de agua potable, carencias en servicios e infraestructura física y deficiencias importantes en materia de conectividad. Un sistema educativo colapsado que muestra cifras de rezago alarmantes como la falta de bibliotecas en los centros educativos de primaria y secundaria, en este primer caso de un total de 3723 de centros educativos públicos en primaria, 593 (16%) cuentan con servicio de biblioteca y se concentran en la Gran Área Metropolitana. (Estado de la Educación, 2020).
El desarrollo de lecciones remotas a partir de la suspensión de clases presenciales o de la implementación de la educación combinada (presencial – a distancia) trajo consigo una fuerte recarga laboral para el personal de los centros y una demanda de tiempo muy grande para las familias cuyo peso mayoritario recayó sobre las mujeres; en una encuesta, “el 90% de las familias consultadas indicaron que las madres fueron el principal apoyo para los estudiantes, para lo cual tuvieron que desplazar labores domésticas y laborales para priorizar el proceso de aprendizaje de sus hijos(as). Cabe destacar que cerca del 41% reportó tener baja escolaridad (primaria completa o incompleta), este aspecto dificulta el apoyo educativo que pueden brindar” (Estado Educación, 2020. P. 99)
Un gran número de estudiantes no pudo mantenerse estudiado a distancia por falta de equipo y conectividad, se estima que al menos un 20% de la población de la educación formal no contaba con una computadora para sus clases, en algunos de los casos donde se contaba con una o con otro dispositivo como celular se presentó lo que el Estado de la Educación (2020) llamó un “hacinamiento tecnológico” ya que dos o más estudiantes dependían del mismo equipo. Esa falta de conectividad afecta a los hogares más pobres ya que, según datos de ese mismo informe, un 40% de las viviendas en el país no tiene acceso a internet ni por cable coaxial, fibra óptica, o teléfono fijo.
Durante todos estos meses el gobierno y la Asamblea Legislativa fueron incapaces de dar una solución al menos temporal a la falta de equipo y conectividad. No se obligó siquiera a las empresas de telecomunicaciones a brindar conexión ante la situación de urgencia y calamidad que atravesamos, demostrando que el discurso a favor de la educación no son más que palabras vacías en boca de los partidos burgueses y de los grandes empresarios.
Con la aprobación de la reforma fiscal hemos estado viendo ya los primeros nefastos efectos de la contención del gasto en educación en todos los niveles. La llamada regla fiscal se convierte en una guillotina para educación, que solo para el 2021, se estima que representa un recorte de casi 300 mil millones. Los mismos diputados y gobierno que atacaron al magisterio en la huelga del 2018 con argumentos falaces, son los que hoy demuestran su verdadera esencia enemiga de la educación pública y no les tiembla la mano para votar medidas contra la educación.
Hoy la educación pública en todos los niveles está severamente debilitada y desfinanciada, siendo las instituciones públicas las que garantizan el acceso a educación de los sectores con menos recursos. Solo en el caso de la educación superior, “en el primer quintil de ingresos, un 72% de jóvenes que asistía a la educación superior en 2020, lo hacía en universidades públicas, frente a un 28% en universidades privadas. Por el contrario, la distribución por universidades entre jóvenes de hogares del quintil de mayores ingresos, era 46% en públicas y 54% en privadas. En 2020, sólo el 17% de todos los jóvenes del quintil 1 había accedido a la educación superior en comparación con un 72% en el quintil 5. (Enaho, 2020) (Estado Educación 2020, p. 254).
Además del carácter cada vez más elitista y excluyente de la educación superior, las pocas opciones educativas se siguen concentrando en la la Región Central del país sigue concentrando el 70,4% de los estudiantes (Estado de la Educación, 2020 p.254)
Desde el Partido de los Trabajadores también vemos con mucha preocupación los lentos avances en diversos campos como la educación sexual o la lucha contra todas las formas de discriminación por orientación sexual en el sistema educativo producto de la presión que ejercen las diversas denominaciones religiosas y en especial la iglesia católica por el carácter confesional del Estado costarricense. También creemos que hay una gran deuda con la construcción de un sistema verdaderamente multiétnico y pluricultural, en el cual se garantice una plena inclusión de la población migrante, de las lenguas y tradiciones de nuestros pueblos originarios o del legado de nuestra cultura afrocaribeña.
Como respuesta a todos estos problemas planteamos:
El acceso a vivienda digna es un derecho que hoy no se garantiza para miles de familias trabajadoras, ya sea porque no cuentan con una vivienda propia o porque las que habitan no tienen condiciones adecuadas.
Para el 2014 un estudio del BID estimaba que al menos “el 42% de los hogares en Costa Rica necesitan reparaciones, ampliaciones u otro tipo de mejoras y que casi la cuarta parte de esas viviendas en estado deficiente están tan deterioradas que suponen un peligro inminente para sus habitantes”. De acuerdo con datos del Estado de la Nación (2020) “De los poco más de 1.600.000 hogares de Costa Rica, un 9% reside en viviendas en mal estado y un 2% posee hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio). Los espacios reducidos también dificultan la situación. Aproximadamente un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados (m2), en contraste, un 27% supera los 100 m2 (INEC, 2019). Además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos.”
Los datos oficiales del censo 2011 indican que alrededor de un 10% de la población del país presenta algún tipo de discapacidad, circunstancia que tiende a incrementarse en los grupos de mayor edad, lo que obliga a reflexionar y a tomar medidas que permitan adecuar las soluciones de vivienda a las características de la población, más aún en un contexto donde las soluciones de vivienda se perfilan en zonas alejadas de los centros de la ciudad y en otros casos en soluciones verticales.
La construcción en general además se realiza sin condiciones de planificación, ocupando zonas vulnerables, protegidas o sin acceso adecuado a servicios básicos. Datos del Estado de la Nación señalan que uno de cada cuatro metros se hace en lugares sin condiciones adecuadas (Estado de la Nación, 2020). Esto se agrava en una tendencia creciente de las áreas construidas que “cada año se inclina al alza, con algunos períodos de excepción. En esa década, el país construyó en promedio cerca de 8,9 millones de metros cuadrados por año, con una tasa de crecimiento anual de un 5,8%” (Estado Nación, 2020).
La pandemia puso en evidencia estas grandes carencias y la necesidad de garantizar un techo digno para todas las personas. Mientras se repetía el discurso de “quedarse en casa”, para miles trabajadores sus hogares no eran lugares seguros para evitar el contagio o recuperarse en caso de tener el virus. En este contexto se evidenciaron una vez más las lamentables condiciones sanitarias y de seguridad en las que miles de personas se ven forzadas a vivir.
Una de las manifestaciones de las condiciones de miseria a las que nos empuja el sistema capitalista son las llamadas cuarterías. La Encuesta Nacional de Hogares ubicó en el 2019 a 15.910 personas viviendo en tugurios y cuarterías, pero se estima que son más (Semanario Universidad, 2020).
La pandemia refleja lo vulnerable de estos sectores, frente a ellos se levantó una política de estigma y criminalización, teniendo como política para contener el contagio la construcción de vallas para aislar las zonas que registraban casos construyendo verdaderos muros para hacer de estos lugares guetos donde la gente era abandonada a su suerte. Por otro lado miles de habitaciones de hotel desocupadas por la paralización del turismo o cientos de grandes obras desocupadas, mientras el gobierno se declaró incapaz de dar una condición de vivienda para al menos pasar los aislamientos obligatorios en condiciones dignas.
Si ya desde antes era difícil pagar un alquiler o un crédito bancario, la pandemia lo complicó todo. Un desempleo y condiciones de pobreza que llegaron a niveles históricos, sumado a la criminal medida de suspensión de contratos o rebaja de jornadas, dejaron a las familias trabajadoras en condiciones precarias en materia de vivienda y gastos en sus hogares. La Asamblea Legislativa y el gobierno fueron incapaces de aprobar medidas como la moratoria de crédito para vivienda familiar o del pago de alquileres.
La crisis ha llevado también a cientos de personas a ocupar tierras ociosas o proyectos de vivienda abandonados. La respuesta represiva del gobierno no se hizo esperar, impulsando decenas de desalojos en plena pandemia.
Esa misma Asamblea y el gobierno de Alvarado, lejos de aprobar más recursos para vivienda, impulsan medidas de austeridad y recortes en inversión social destinada a vivienda.
Frente a esta dramática situación planteamos:
Miles de trabajadores se mueven de un lugar a otro día a día, teniendo que soportar un servicio de transporte público muy caro y de mala calidad.
El sistema de prestación privada del servicio de transporte público en autobuses hoy en su mayoría está concentrado en grandes consorcios empresariales que se reparten gigantescas ganancias sin mayores controles o exigencias. Un estudio del Semanario Universidad reveló que “10 grupos empresariales acaparan la mitad de los ingresos del sector”, de estos “hay cinco grupos que concentran un tercio de los ingresos del transporte público” (Universidad, 2019). Estos grandes oligopolios del transporte cuentan con la complicidad del Consejo de Transporte Público y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que les facilitan aumentos de tarifas automáticas y se niegan a realizar mejoras de modernización tan básicas como el cobro electrónico de pasajes. Mientras imponen un régimen de súper explotación laboral que aumenta sus márgenes de ganancias a costillas del sacrificio de miles de choferes en todo el país.
El transporte de autobús, del cual depende la mayoría de la población, se vuelve un negocio de pocos, mientras los pequeños y medianos transportistas de autobús, junto con algunas de sus figuras asociativas como las cooperativas son una especie en extinción.
Otras modalidades de transporte como la de taxis, también enfrentan una gran cantidad de problemáticas como la competencia desigual con las plataformas de transporte, donde sus choferes operan a destajo sin ninguna garantía laboral y concentrando grandes ganancias en las corporaciones multinacionales que controlan esos negocios. Se genera una falsa discusión entre taxistas vrs choferes de plataforma (Uber, Didi, etc.), cuando las razones de los problemas que enfrentan se encuentran en los problemas más generales de precarización laboral que atraviesan unos y otros para producir altísimas ganancias para unos pocos grandes empresarios.
El gobierno habla de modernizar el transporte poniendo como punta de lanza el tren eléctrico, del cual ha hecho su caballo de batalla. Dicha propuesta no hace más que reproducir el modelo de gestión privada que nos ha llevado a los serios problemas de transporte público que tenemos y se financia sobre la base de seguir hipotecando el futuro con empréstitos extranjeros y concesiones privadas que sangran las finanzas públicas.
Otros servicios estratégicos asociados al transporte como los aeropuertos internacionales, las carreteras concesionadas o los puertos están entregados a intereses privados. El fracaso de este modelo es más que evidente, retrasando las mejoras necesarias en esas obras, trasladando gigantescas ganancias a esos grupos privados mediante tarifas muy altas y recibiendo a cambio servicios de mala calidad.
Para revolucionar el transporte necesitamos construir propuestas que rompan con el modelo de prestación privada y de ganancias exorbitantes para grandes grupos empresariales.
Por eso proponemos:
Desde el Partido de los Trabajadores, creemos firmemente que la cultura debe estar al servicio de la clase trabajadora, no solo como consumidores, sino también como creadores, de tal manera que el Estado debe garantizar los espacios para las manifestaciones artísticas de todo tipo, desde el teatro, danza, música y poesía más clásica hasta las emergentes versiones urbanas, las artes plásticas, circenses, así como la sensibilización y rescate de elementos culturales tangibles e intangibles, el rescate del patrimonio arqueológico y natural al servicio de toda la población y no de unos pocos.
Se debe garantizar el acceso a las manifestaciones artísticas y culturas como un derecho humano fundamental. Junto con ello dotar a los trabajadores del arte y la cultura de condiciones dignas de trabajo y existencia, que hoy no son garantizadas dentro del sistema capitalista.
El actual contexto de pandemia puso en evidencia las condiciones de trabajo precarias que tienen una mayoría de artistas en el país, quienes ya de antes tenían que enfrentar problemas como dificultades para acceder al seguro social, fondos cada vez más insuficientes, mecanismos burocráticos que limitan el pleno de desarrollo de sus actividades y en general un total abandono por parte de entidades públicas como el Ministerio de Cultura.
La pandemia agravó los problemas de un sector trascendental como lo es el cultural. Actividades paralizadas por completo o con aforos reducidos que no permiten que se puedan retomar espectáculos rentables para ellos, lo cual a su vez ha llevado a que pasen meses sin recibir un solo ingreso y con ello no poder hacer frente a aspectos tan básicos como el pago de sus seguros voluntarios o alquileres de locales donde desarrollan sus actividades.
Frente a esta situación de emergencia la única salida que da el gobierno es renombrar a los mismos fondos insuficientes que ya habían antes de la pandemia y priorizar los grandes negocios de empresarios privados con un plan reactivación centrado en las grandes productoras de conciertos o en grandes negocios como el Parque Viva.
A todos esos problemas habría que sumar la política de recortes y el desfinanciamiento de la cultura, la cual bajo las lógicas de rentabilidad capitalistas y en el marco de las políticas neoliberales paso a un plano de total desprecio y de una absoluta falta de priorización.
La realidad es que este sector atraviesa por una severa crisis, por una situación de emergencia que debe atenderse con medidas de urgencia. Por eso creemos que es importante desarrollar una serie de luchas orientadas a:
El país mantiene una política de seguridad que criminaliza la pobreza y mantiene en la impunidad a las grandes mafias organizadas. Se invierte cada vez más en represión policial y se recortan presupuestos en educación, cultura, prevención del consumo o recreación en general; contradiciendo una vez más el falso ideal civilista y pacífico que quieren vendernos.
Con la excusa de la guerra contra las drogas se han militarizado los barrios más pobres, se han llenado las cárceles de gente joven y de bajos recursos que representan el eslabón más débil de la gran cadena del narcotráfico y se han impulsado grupos parapoliciales como la división LINCE o la UIP.
Bajo esa misma política se ha entregado la soberanía nacional y se han abierto las fronteras de par en par a las fuerzas militares estadounidenses mediante los llamados acuerdos de patrullaje conjunto.
El saldo es un rotundo fracaso de esa política criminal. Los datos de trasiego de drogas y de consumo en general se disparan año con año, la situación de pobreza y desempleo agravada con la pandemia empujan a miles de personas especialmente jóvenes a ser carne de cañón de negocios ligados al narcotráfico o a otros delitos como el robo.
La otra cara de la moneda es una población privada de libertad que no para de crecer en número y donde se acumulan problemas como el hacinamiento que violan derechos humanos básicos. Los rostros más evidentes de esas personas son los de la gente pobre, en su mayoría menores de 35 años y quienes están presos por delitos menores como el narcomenudeo.
En relación a la política estatal de trato de los estupefacientes y de algunas drogas en particular como los derivados del cannabis o el uso industrial del cáñamo están revestidos de una gran hipocresía: se proponen legalizar su uso medicinal e industrial en manos de grandes empresas, pero seguir criminalizando el auto cultivo y autoconsumo.
En una misma semana se dio a conocer la aprobación en comisión de un proyecto para el uso industrial-medicinal del cannabis y la ratificación de la condena de 8 años de cárcel contra el abogado Mario Cerdas por auto cultivar y extraer derivados de la marihuana. En esta lógica solo se vale como negocio en manos privadas, pero no como una actividad individual y personal con fines medicinales o recreativos.
Frente a esta problemática planteamos:
No podemos hablar de tener paz mientras miles de personas viven en la pobreza, el desempleo y los niveles de desigualdad aumentan. La pandemia ha venido a empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y con esto el Gobierno ha profundizado su autoritarismo y su política de persecución y represión contra quienes lo enfrentan. Cuando los trabajadores y el pueblo nos organizamos para luchar contra la pobreza, el desempleo, la desigualdad, y las políticas del gobierno que nos tienen así, lo que recibimos es persecución y represión.
Cientos de luchadores se encuentran enfrentando procesos judiciales producto de la persecución a la protesta social y no son pocos los casos de luchadores sociales que han sido golpeados violentamente o incluso asesinados como es el caso de Jerhy Rivera y Sergio Rojas.
En Costa Rica realmente no existe paz, lo que existe es estabilidad que es garantizada mediante la persecución y la represión del pueblo, que solo sirve para mantener los grandes negocios de los ricos.
Los gobiernos se han encargado de limitar cada vez más el derecho a la protesta y perseguir a quienes luchan en contra de los intereses de los grandes ricos y los grandes empresarios. Por ejemplo, después de la lucha del combo del ICE, la Asamblea Legislativa convirtió los bloqueos en un delito porque estos demostraron ser un mecanismo efectivo de lucha del pueblo. Otro ejemplo más reciente lo vimos después de la huelga del 2018 del sector público, donde después de una jornada larga que casi derrota a los intereses de los grandes empresarios de descargar la crisis sobre el pueblo mediante el IVA y la reforma fiscal, los diputados hicieron una reforma al Código de Trabajo para impedir y limitar el derecho a huelga de los trabajadores del sector público.
Desde el Partido de los Trabajadores lucharemos en todos los espacios por lo siguiente:
La pandemia del COVID-19 ha profundizado las brechas de género, de desigualdad económica y social. Las conquistas alcanzadas por las mujeres, producto de siglos de luchas, retrocedieron de manera abrumadora en tan solo unos meses como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos. La pandemia trajo consigo el regreso de las mujeres al hogar, pero no producto de las medidas de confinamiento, sino fundamentalmente por la cantidad masiva de despidos. La tasa de ocupación femenina llegó a alcanzar, en el 2020, cifras similares a las que teníamos en las décadas de los noventa, con un 31% de ocupación, representando un retroceso de 30 años.
Aunque desde antes el acceso al mercado laboral ya era un desafío especialmente para las mujeres, esta situación se profundizó, y aun con la leve recuperación de puestos de empleo en el país, las mujeres aun no logran reincorporarse al mercado laboral. De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, entre mayo y junio de 2021, las mujeres siguen siendo las más afectadas por la desocupación, donde la tasa de desempleo alcanzó un 23,9%, en comparación con el 13,2% registrado en el caso de los hombres. De las 423.000 personas desempleadas en el país, un 54,8 % son mujeres.
Esta falta de acceso a empleo remunerado, tiene además afectaciones a largo plazo para las mujeres, ya que pierden también la posibilidad de acceso a una pensión, quedando en una condición mucho más vulnerable.
Pero además la pandemia dejó en evidencia la terrible crisis de los cuidados que hay en la sociedad, al tener que hacer frente a una emergencia sanitaria que requería del cuido de niños, niñas y personas enfermas, así como la permanente higienización de los hogares y objetos cotidianos. Los propios hogares se convirtieron en espacios de trabajo Las labores domésticas, el acompañamiento escolar ante los cierres de centros educativos y las labores de cuidados, recayeron especialmente sobre las mujeres, volviéndose una tarea agotadora y esclavizante, para la cual, el Estado no tuvo ninguna respuesta.
Por eso no solo es necesario garantizar condiciones de empleo dignas sino también combatir las causas que afectan la participación de las mujeres en el mercado laboral, socializando las labores domésticas y de cuido, para que estas no se sigan recargando sobre los hombros de las mujeres y no sean un impedimento para el acceso a un empleo remunerado.
Desde el Partido de los Trabajadores proponemos:
Los datos de violencia contra las mujeres eran aterradores antes de la pandemia, pero el peligro ha aumentado aún más para todas aquellas mujeres que quedaron confinadas y acompañadas de sus agresores.
Las directrices que se impusieron para limitar la movilidad de las personas como medida de respuesta a la pandemia, se convirtieron en un panorama ideal para los agresores, que encontraron la excusa perfecta para imponer el aislamiento. Mientras para unos el confinamiento significaba una medida de protección, para las víctimas de violencia significó una verdadera pesadilla, pues volvieron a estar encerradas en el sitio más peligroso: su propio hogar. Y en tiempos de crisis, el riesgo para las mujeres pobres aumentó aún más, ya que, ante la falta de ingresos económicos propios, las mujeres se ven atadas a sus parejas para garantizar las necesidades más básicas como el pago de una vivienda o la compra de alimentos.
Mientras la violencia y el peligro aumenta, se mantiene un fuerte cuestionamiento al abordaje que se da ante la desaparición y muerte de mujeres, no solo por el terrible desenlace de femicidios donde han sido las propias familias la que encuentran los restos, sino también ante el abordaje y manejo de instituciones, que reproducen argumentos estigmatizantes sobre las víctimas de femicidio o por condenas que no reflejan la gravedad de los hechos.
Ante este panorama proponemos:
El incremento en la pobreza y el desempleo trajo también consigo el incremento en las barreras para el acceso a los métodos anticonceptivos de las mujeres. Para el año 2020, tan solo por la disminución en las ventas de anticonceptivos en farmacias, se calcula que unas 18.222 mujeres discontinuaron su uso y se dio una disminución de 15% en la adquisición de anticonceptivos, debido a que muchas mujeres dejaron de contar con ingresos para acceder a métodos de anticoncepción de manera privada.
Los datos globales prevén que, a nivel mundial, más de 47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, lo que puede provocar 7 millones de embarazos no planeados.
En medio de una crisis sanitaria como la que seguimos enfrentando, el reorientar prioridades en el sistema de salud, puede generar graves consecuencias para el acceso a los servicios de atención para las mujeres en la distribución de métodos anticonceptivos, el tratamiento hormonal para las personas trans o el acceso al aborto.
Esto se vuelve especialmente preocupante en un contexto como el de la pandemia, donde ha aumentado la violencia sexual contra niñas y mujeres, y donde se ha venido postergando la discusión del acceso al aborto legal en el país.
Frente a las agendas de sectores que se consideran progresistas mientras siguen postergando los derechos de las mujeres y los sectores conservadores que quieren imponer su agenda y el control sobre los cuerpos de las mujeres, mediante la creación de leyes cada vez más restrictivas, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:
La población LGBTI se enfrenta en la mayoría de los países no solo al estigma social, sino a la poca o nula protección de parte de los Estados, que los excluye de los ya limitados programas de asistencia.
Con las medidas de confinamiento, pero también con el incremento del desempleo y la pobreza, las condiciones de vida han empeorado y muchas personas LGBTI han sido obligadas a regresar a los hogares con sus familias, viéndose obligados a realizar cuarentenas en ambientes hostiles. Y especialmente la grave situación de exclusión social, laboral, política y económica de la población trans, no es una novedad de la pandemia.
Si bien la crisis sanitaria la ha agravado, el verdadero origen es una discriminación estructural causada por el sistema capitalista en el que vivimos.
En medio de esto es fundamental la consolidación de protección e igualdad de derechos para las personas LGBTI, contra el avance de sectores conservadores que se oponen a reconocer derechos y que intentan entorpecer los cambios en la educación y la cultura. Por eso mantenemos la lucha para que la diversidad y la no discriminación por razones de orientación sexual e identidad y expresión de género sean pilares de lucha contra el avance del conservadurismo.
Ante esto proponemos:
La situación de la juventud en el país es caótica. Costa Rica tiene una tasa de desempleo juvenil del 40% y es el país latinoamericano con mayor desempleo entre jóvenes[1]. Los medios de comunicación les llaman “ninis”, haciendo referencia a que ni estudian ni trabajan, cuando lo cierto es que se le ha negado ese derecho a una generación que ya de por sí tendrá menos garantías laborales, más inestabilidad económica, y pocas oportunidades de acceso a la cultura y el deporte.
Pero además la pandemia trajo consigo muchos más inconvenientes para la juventud. La suspensión de las clases presenciales puso en evidencia la gran brecha existente en el acceso a internet y equipo tecnológico; la política Estatal fue formulada a partir de una visión adultocéntrica, sin pensar en alternativas para la población joven; se cerraron las pocas ofertas culturales y deportivas que había y adolescentes y jóvenes quedaron encerrados, aislados y sin acompañamiento emocional en un periodo de gran incertidumbre.
Pero además de este panorama desolador que se les ha heredado, se les criminaliza y juzga responsabilizándoles además del poco involucramiento político, cuando en realidad se les han cerrado las puertas para participar y traer consigo la innovación y el dinamismo que el Estado que queremos construir requiere.
Frente a esto, creemos que es necesario abrirle la puerta a la juventud y por eso proponemos:
El principal tema pendiente con la población indígena es la deuda histórica que hay por el respeto a sus derechos sobre el territorio. En el intento realizado por el gobierno actual para delimitar lo territorios, se han construido a partir de la visión blanca, negando los derechos ancestrales y otorgando seguridad jurídica a los dueños de los terrenos colindantes, al redefinir los límites en beneficio de los blancos, de tal forma que de manera constante se siguen violentando los derechos de los pueblos originarios otorgándoles derechos de posesión a personas que están usurpando los territorios, obviando la condición especial que tienen estos territorios. La única salida a estos conflictos, es que se garanticen íntegramente las tierras en manos de los indígenas.
Las personas recuperadoras han impulsado importantes luchas para garantizar la integridad del territorio indígena, sin embargo, los cuerpos policiales, usurpadores y sus peones, ejercen amedrentamiento, presión o violencia contra las recuperadoras de territorios.
Las agresiones se han elevado contra luchadores y los asesinatos de líderes indígenas y otros intentos de homicidio siguen en la impunidad, permitiendo más amenazas de muerte hacia otros líderes, mientras se permite que se organizasen grandes grupos de terratenientes, en algunos casos, apoyados por sectores empresariales que difaman a los indígenas que están en las recuperaciones territoriales.
Acompañado de esto, se mantiene un problema sobre la gobernanza del territorio, ya que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), es la que detenta la administración de los territorios, sin embargo, no termina de abarcar a los distintos sectores, generando conflictos internos que solo pueden ser resueltos por una forma de organización propia de cada territorio y avanzar hacia un gobierno local territorial que sea verdadero representante.
Ante esto proponemos:
La población inmigrante representa el 9% de la población total de este país, conformando un 11,37% de la población trabajadora asegurada.
La población trabajadora migrante de origen nicaragüense es el corazón de la fuerza de trabajo en sectores como construcción, turismo, agricultura, manufactura, comercio, servicios domésticos y demás. A pesar de las labores fundamentales que realizan, esta población trabajadora se encuentra en condiciones de total desprotección frente a las violaciones a sus condiciones laborales: sus salarios muchas veces se ubican por debajo de los mínimos establecidos por ley (que ya de por sí, son insuficientes), no cuentan con ningún tipo de garantía laboral. Muchas veces los grandes empresarios haciendo uso de estereotipos y argumentos xenofóbicos justifican su sobreexplotación, rebajan sus salarios y exigen agotadoras jornadas laborales. La población trabajadora nicaragüense es explotada entre los explotados.
De esta población una mayoría son mujeres, quienes se desempeñan en los trabajos más precarizados; un 39,4% de las mujeres de la fuerza laboral se ocupan como trabajadoras domésticas, siendo este el oficio que tiene la más baja remuneración salarial.
La derrota de la rebelión de mayo de 2018 y la pandemia han radicalizado aún más los sufrimientos de esta población que quedó atrapada entre el negacionismo irresponsable de la dictadura de Daniel Ortega y la xenofobia del gobierno costarricense. Desde 2018 ha existido una fuerte ola de refugiados políticos que huyen de la dictadura de Ortega, ha estos sufrimientos se ha sumado que fueron los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses quienes más vivieron las arbitrariedades patronales durante la pandemia: reducción de jornadas, despidos, reducción de salarios, aumentos de las cargas, obligación de elegir entre los hijos y el trabajo (que fue el caso de centenares de trabajadoras domésticas).
Los últimos dos años desde las movilizaciones xenofóbicas en La Merced (apoyadas por políticos como Sergio Mena y el PNG) hasta la militarización de la frontera por manos de Epsy Campbell y Maicol Soto, hemos visto cómo se normalizan los insultos xenófobos y los discursos de odio sobre una supuesta invasión de Nicaragua.
Estas actitudes y políticas han generado que muchos trabajadores costarricenses, confundidos y angustiados por el deterioro del empleo, de los servicios de salud y de su empobrecimiento fueran confundidos por los discursos xenófobos que “le echan la culpa de todo a los nicaragüenses”. Lo cierto es que estos son argumentos que ocultan la identidad de los verdaderos responsables del deterioro de la vida del pueblo trabajador: los empresarios y sus políticos. La política y las actitudes xenófobas crean falsos conflictos entre los trabajadores para mantenernos divididos y facilitar la continuidad de los abusos del patrón.
La fuerte indefensión de los trabajadores nicaragüenses, se ve radicalizada por la inexistente organización sindical en el sector privado (donde se concentra la mayoría de esta población trabajadora). Adicional a esto, aun cuando se les exige cumplir con todas las obligaciones como ciudadanos costarricenses (independientemente de su situación migratoria), y forman parte fundamental de la economía de este país, no se les permite ningún tipo de participación política ni acceso a aspectos básicos como el derecho al voto hasta no haberse naturalizado, por lo que no tenemos manera de influenciar en un cambio que nos beneficie como población discriminada.
A esto hay que sumarle las dificultades del excesivo trámite migratorio, en los que se requiere una validación constante de la documentación en Nicaragua que implican costos de traslado y viáticos. Se calcula que los trámites para obtener la residencia permanente ronda entre los $700 a los $10002, siendo estos costos claramente confiscatorios en relación con sus salarios y ni qué decir de las contradicciones que presenta la misma ley, donde se requiere permiso de trabajo para empezar a laborar, pero este no es otorgado hasta tanto no se tenga un trabajo garantizado.
Por eso proponemos:
[1] En enero del 2021 la Organización Mundial de Trabajo (OIT) arrojó algunos indicadores alarmantes, siendo Costa Rica el país latinoamericano con mayor índice de desocupación joven y según datos de julio, Costa Rica duplica la tasa de desempleo del promedio de la OCDE.
El desequilibrio ambiental del planeta, como consecuencia de la explotación capitalista desenfrenada e irresponsable, se ha profundizado en los últimos años. Las alertas que venían señalando varios estudios científicos sobre las consecuencias, no han quedado solo en la teoría. Las sequías, las inundaciones, los huracanes, los incendios forestales, las olas de calor, entre otros, están afectando países y poblaciones y se han intensificado cada vez más.
La interferencia inconsecuente en el medio ambiente, venía causando el surgimiento de varias enfermedades, pero el Covid-19 fue el que se globalizó en corto período transformándose en una tragedia sanitaria, económica y social para los más pobres. La crisis socio-ambiental se intensifica en magnitud y frecuencia y nos deja un mensaje: si no derrotamos el capitalismo es posible que la naturaleza lo haga, pero, junto con eso, también nos derrotará.
Los gobiernos de turno siguen promoviendo una imagen de Costa Rica como un país verde, en busca de una compensación económica por la mercantilización de los servicios ambientales. Bajo esta opción verde y “sostenible”, se plantean falsas soluciones al cambio climático y se establecen compromisos con agendas globales montadas para los ricos, pero por el otro lado el Estado mantienen una agenda que genera graves impactos socio-ambientales de la mano de los sectores empresariales.
Detrás de las alternativas de desarrollo limpio y mitigación al impacto del cambio climático, hay un fuerte sector empresarial que exige cada vez más prebendas y la desregulación de los controles ambientales, actuando en muy diversos terrenos para acaparar el acceso al agua, a la agricultura y la energía.
De esta forma las cámaras agroindustriales intentan flexibilizar el otorgamiento de permisos fitosanitarios a nuevos plaguicidas con muy bajos estándares de calidad, que exponen a trabajadores agrícolas y comunidades aledañas a plaguicidas peligrosos. Y mantienen también una pugna por reabrir proyectos que se habían declarados cerrados como la minería a cielo abierto o la pesca de arrastre.
Frente a la reacción de los activistas y las comunidades en lucha, la burguesía se ha unificado para oponerse a proyectos como el Acuerdo de Escazú, que busca brindar la protección a quienes luchan por el derecho a la tierra y la conservación del ambiente, en una zona como Latinoamérica que es la región más peligrosa para las defensoras del medio ambiente.
Esta lógica está basada en la búsqueda incesante por el lucro y por eso no es capaz de autorregularse para revertir la catástrofe ambiental que ha generado. En medio de la crisis sanitaria del Covid19 y las declaratorias de emergencia generadas a nivel nacional, la situación se ha agravado aún más, ya que los empresarios se han aprovechado de las declaratorias de emergencia en los distintos territorios, para evadir las regulaciones mínimas y la solicitud de permisos para la creación de nuevos proyectos.
A nivel mundial, aunque más del 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, controla menos de un cuarto de la tierra agrícola.[1] Esta misma dinámica de tierra en pocas manos la vemos en nuestro país, donde 44.500 hectáreas netas de nuestro suelo están dedicadas al cultivo de piña. Solo en la Zona Norte hay 24.653 hectáreas, lo equivalente al 56% del área cultivada. Para 2019, en Costa Rica había 43 mil hectáreas cultivadas de banano, principalmente en la provincia de Limón.
Esto ocurre porque la propiedad de la tierra está al servicio de la industria agroalimentaria que acaparan los países imperialistas, principalmente Estados Unidos. Cada vez más se producen los alimentos de consumo básico, (granos como el maíz, trigo, frijoles, etc.) en estas naciones con enormes beneficios por parte de los gobiernos, los cuales se exportan a bajísimos costos a los países pobres, arruinando a los campesinos y esa es la razón por la que más de la mitad de los granos básicos que se consume en el país es importado.
Esta enorme concentración de la tierra para actividades agrícolas a gran escala solo beneficia a unos pocos, mientras profundiza la miseria y el hambre. En el mundo capitalista hay suficiente terreno para acabar con estos males, pero alrededor de 820 millones de personas en el mundo se encuentran subalimentadas, y contradictoriamente el 80% de las personas con hambre a nivel mundial se concentra en áreas rurales, siendo muchos de ellos agricultores o trabajadores agrícolas sin tierra[2].
La desigualdad en el acceso a la tierra es uno de los problemas más señalados en cuanto a las inequidades, y también en este campo son las mujeres quienes más lo sufren, porque se reconozca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica las mujeres rurales cada vez tienen menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jurídica. Y al no contar con tierra, están excluidas de la posibilidad de acceder a préstamos y asistencia técnica para producir sus tierras. Al no contar con bienes propios su posición es más débil, lo que la hace más vulnerable a la violencia machista. Esta situación afecta su autonomía económica.
De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2014, el porcentaje de mujeres que poseen tierras en el país es de 15,6 %, en especial las fincas con menor extensión, y, al igual que en el resto de Centroamérica, en los territorios se refleja un proceso de concentración de tierra creciente en manos de empresas o sociedades de derecho.
El cambio drástico e inmediato para transformar nuestro sistema alimentario para detener la deforestación y brindar tierra a quien la trabaja, solo puede ocurrir si hubiera una planificación de la producción realizada por la mayoría de la sociedad y un cambio en el modo de vida, lo que es incompatible con la dinámica consumista y acaparadora del capitalismo.
Desde el Partido de los Trabajadores proponemos:
[1] Tomado de: https://grain.org/es/article/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial [2] Ibid