Queremos agradecer a las personas que ayudaron

con la elaboración de este programa;

simpatizantes, amigas y amigos del partido,

quienes no solo se tomaron el tiempo para compartirnos

sus opiniones y puntos de vista, sino que también nos

acompañan en cada lucha.

1. POR UN GOBIERNO Y UN ESTADO DE LA CLASE TRABAJADORA

En la escuela y el colegio nos repiten hasta la saciedad que el Gobierno es el representante de la “mayoría” de la “soberanía popular” expresada en las urnas. Del Estado se nos dice que es la institución de instituciones que protege el “bien común”, todos los otros partidos de esta contienda hablan de un “Estado Social de Derecho” o un “Estado de Derecho”. Pero nuestro partido está en contra de esta mirada, nos parece falsa.

Nuestra participación electoral y nuestra lucha política más en general está basada en la convicción y la necesidad de explicarle a las grandes masas de trabajadores y empobrecidos, que el gobierno no es más que la junta directiva que administra los negocios del conjunto de la clase capitalista del país y que el Estado es un Estado capitalista, que sus leyes, sus jueces, su policía, su Asamblea Legislativa está en función de garantizar, proteger, promover, defender los intereses de los grandes grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

El que sin duda es un elemento estratégico de nuestra lucha es la lucha por un nuevo Estado, un Estado que sea una democracia de los productores directos, un Estado donde sean las mayorías productivas de la sociedad las que gobiernen de manera directa a través de sus propias instituciones.

 

El gobierno y el Estado actual sólo sirve a los ricos y grandes empresarios extranjeros y nacionales

La pandemia ha demostrado que este Gobierno y sus instituciones se encuentran al servicio de los ricos y los grandes empresarios. Apenas la pandemia impactó en el país, lo primero que hicieron los diputados de todos los partidos fue aprobar la reducción de la jornada laboral y la suspensión de los contratos de trabajo.

A septiembre de 2021, luego de varias prórrogas del proyecto de ley que permite la reducción de jornadas, con un extraordinario cinismo, la misma Ministra de Trabajo Silvia Lara tuvo que aceptar “los abusos” de los empresarios. A esa fecha existían 9.030 trabajadores con salarios rebajados y 3.900 con contratos suspendidos, 13.000 trabajadores confirmados (no se sabe cuántos no confirmados) que se les impuso la reducción lisa y llana de sus ingresos.  En los hechos, el Gobierno y los empresarios, con la excusa de la pandemia impusieron una rebaja promedio de 13,8% en el ingreso de los asalariados. según el INEC, para el 15 de octubre de 2020: “En el ámbito nacional el Ingreso promedio por salario disminuye, pasa de ₡ 650 004 en el 2019 a ₡ 560 143 en el 2020”.

Estas medidas llevaron al desempleo (434 000 personas, 18,1% para el II trimestre de 2021) y a la miseria a miles de trabajadores (1 529 255 personas pobres según el INEC, en octubre de 2020), mientras que arruinó a miles de pequeños empresarios (en octubre de 2020, la Cámara de Comercio calculaba 5.000 empresas cerradas total o parcialmente).

Al mismo tiempo se fueron liberando las medidas sanitarias supuestamente para proteger la economía sin ninguna consideración de la salud del pueblo y de la clase trabajadora, causando miles de muertes que pudieron ser evitadas (al escribir este programa han muerto más de 6500 personas por el Covid-19, 150% de los muertos durante la Guerra Civil de 1948).

Los escándalos de corrupción que gobierno tras gobierno van saliendo a la superficie, nos demuestran que las instituciones y quienes están en los puestos de mando se encargan de beneficiar y gobernar para los grandes empresarios, sin ningún interés en la clase trabajadora o el bien público.

Es por esto que los trabajadores necesitamos no solo gobernar, sino hacernos del poder político, esto significa construir las instituciones para gobernar en función de nuestros intereses, de los empobrecidos del campo y la ciudad, de los pequeños productores y empresarios, intereses que son completamente contrapuestos a los de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Todos los partidos nos hablan en las elecciones del “Bien Común” y prometen gobernar para todos, pero esto es imposible y por esto vemos cómo gobierno tras gobierno, elección tras elección, todas las Asambleas Legislativas y todos los gobiernos terminan gobernando para los mismos: unos cuántos súper ricos, un puñado de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Existen solamente dos caminos: el camino de gobernar para los grandes empresarios qué significa mantener todo tal y como está con algunos pequeños cambios, es decir continuar en la ruina, el desempleo y el aumento de la desigualdad; ese es el camino del supuesto “bien común” que en realidad significa el bien de los grandes empresarios.

Por otro lado, está el camino de un cambio radical y revolucionario. Es el camino de la clase trabajadora, el camino de gobernar para los intereses de los trabajadores, el pueblo empobrecido y los pequeños productores en contra de los intereses de los grandes ricos de este país. Para hacer esto necesitamos hacer un cambio muy profundo, no basta con poner a trabajadores en los puestos de Gobierno necesitamos cambiar completamente todo el sistema del país, cambiar el Estado sus instituciones y la forma en que estas funcionan.

 

¡Las elecciones son una farsa! Necesitamos un proceso verdaderamente democrático

Las elecciones tal y como están planteadas en este país son una farsa, solo sirven para elegir a los representantes de los grandes empresarios y de sus partidos. Son los banqueros y las grandes empresas de comunicación quienes deciden todo lo fundamental.

No existe un verdadero debate de ideas. El pueblo solo puede conocer las propuestas de aquellos candidatos y partidos que tengan dinero para pagar pauta publicitaria en televisión o en radio, que dicho sea de paso utilizan el espectro radioeléctrico, un bien público. Esto termina convirtiendo el proceso electoral en un negocio que beneficia a las televisoras, a las empresas de radio, a los bancos que prestan el dinero y a las encuestadoras que terminan definiendo a quién se le va a prestar o no ese dinero.

Mientras tanto, miles de personas que trabajan en este país, que producen riqueza, no tienen derecho a elegir quiénes serán las personas que las gobernarán y que por tanto determinarán en gran medida sus condiciones de vida. Nos referimos a los cientos de miles de inmigrantes, principalmente nicaragüenses, que viven en el país, que han producido riqueza a veces por décadas en el país y no tienen ningún derecho político, también nos referimos a los más de 260 000 de jóvenes entre los 15 y 18 años que por no tener la mayoría de edad no tienen derecho a votar, aunque ya alcanzaron una edad en la que son conscientes de sus decisiones y que tienen la madurez para elegir quién nos van a gobernar. En 2013 existían casi 50.000 jóvenes trabajadores entre 15 y 18 años, con la pandemia miles de jóvenes tuvieron que trabajar para ayudar en sus hogares. ¿Si los jóvenes son suficientemente maduros para ser explotados por el patrón, porque no serían suficientemente maduros y maduras para poder elegir por quién votar?

Los partidos políticos y sus candidatos prometen cielo y tierra en las elecciones y luego terminan haciendo lo mismo, gobernando solo para los grandes ricos. Mientras tanto los trabajadores nos vemos obligados a soportar presidentes, ministros, diputados que gobiernan contra nosotros y tenemos que aguantarlos por cuatro años, mientras ellos siguen ganando jugosos salarios.

Cuando los trabajadores logramos organizarnos y vencer todas las trabas que pone el Tribunal Supremo de Elecciones contra los partidos que no tienen grandes ricos en sus filas, y logramos inscribir nuestros partidos, logramos elegir nuestras candidaturas, nos enfrentamos a un sistema electoral completamente desigual que beneficia solo a los grandes partidos de los ricos y que a los trabajadores no les garantizan ni siquiera la mínima posibilidad de participar en política, porque debemos seguir trabajando día a día mientras que los ricos pueden financiar a sus candidatos para que se dediquen a la campaña electoral. Pero aunque criticamos los límites del sistema electoral, nuestro partido busca aplicar las enseñanzas del marxismo revolucionario en el terreno electoral, convirtiendo nuestra participación en un punto de apoyo para la organización política de la clase trabajadora. Hemos usado cada campaña como una oportunidad para desnudar las grandes mentiras de los partidos burgueses y del capitalismo que circulan cada cuatro años y proponer soluciones socialistas a grandes problemas como la pobreza, el desempleo y la opresión contra las mujeres y los inmigrantes.

Por eso desde el Partido de los Trabajadores creemos que debemos luchar por los siguientes cambios para tener un sistema más democrático:

  • Tiempo igual y gratuito para todos los partidos en la televisión y en la radio.
  • Permisos y autorizaciones pagadas para que los empleados puedan participar en las actividades electorales.
  • Prohibición de financiamiento privado de las campañas electorales.
  • Contra el sistema de deuda política, que solo beneficia a los bancos privados y las empresas encuestadoras. Porque el TSE garantice espacios y publicidad igualitaria a todos los partidos para que sea una verdadera lucha de ideas.
  • Fin del sistema de cociente, subcociente y residuo mayor, que penaliza a los partidos con menos votos y tiende a concentrar el poder. Frente a esto proponemos la elección directa de puestos.
  • Derecho a voto de nicaragüenses y extranjeros con más de 2 años de trabajar en el país.
  • Derecho al voto a todas las personas mayores de 15 años.
  • El salario de todos los puestos de elección popular no podrá ser mayor que el de un obrero calificado.
  • Todos los puestos de elección popular podrán ser revocados en cualquier momento por las mismas personas que los eligieron.
  • En un Estado y un gobierno de los trabajadores los jueces, magistrados y cargos de mando de la fuerza pública y todas las policías deberán ser sujetos a elección popular.
  • Todos los candidatos que trabajen tanto en el sector público como privado tendrán derecho a permiso con goce de salario para las actividades electorales.

 

Por un gobierno de la clase trabajadora basado en Consejos Populares

Nos dicen que votar cada cuatro años y poner una X en un papel para decidir quién va a dirigir el país es suficiente para los trabajadores, pero esto es mentira. Para poder acabar con el desempleo, la miseria, la corrupción, y garantizar que toda la riqueza que produce la clase trabajadora se ponga al servicio de las necesidades del conjunto del pueblo, es necesario que los trabajadores nos hagamos con el poder político.

Esto significa que el conjunto de la clase trabajadora debe tener y dirigir el poder cotidianamente, no delegarlo en unas cuantas personas que luego van a terminar gobernando para los mismos de siempre. Es por esto que los trabajadores necesitamos construir un Gobierno con nuestros propios organismos, con nuestras propias organizaciones, que nos permita una participación directa y cotidiana en toda la toma de decisiones.

Para hacer esto necesitamos construir un Gobierno de Consejos obreros y populares. Esto significa que los trabajadores mediante asambleas en las fábricas, en las plantaciones, en los centros de trabajo y en los barrios elijan delegados que integren Consejos Populares para cada una de las regiones, y estos consejos a su vez elijan delegados para un Consejo general para gobernar en todo el país.

Es necesario que el conjunto de la clase trabajadora esté constantemente involucrado en la toma de decisiones de cómo se gobierna el país y para esto los consejos populares son fundamentales. Los miembros de los consejos deben ser electos democráticamente entre los trabajadores y deben ser removidos cuando sea necesario, cuando las mismas asambleas que los eligieron consideren que es que es necesario cambiarlos.

2. RUPTURA CON EL IMPERIALISMO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA

Por la reunificación socialista de Centroamérica

La debilidad estructural, el saqueo y la miseria generalizada en Centroamérica proviene de su división, la región histórica centroamericana tiene 523 777 Km2 (un poco más grande que España) y 37.4 millones de habitantes (un poco menos poblada que Argentina), un PIB combinado de 279,2 mil millones de dólares (similar a la República Checa) y un PIB per cápita de 11.338 dólares (similar al de Ecuador).

Pero todos estos números son ficciones al estar Centroamérica dividida en pequeños países que acrecientan todas sus debilidades: la hiper especialización en unos pocos productos (equipo médico, bananos, café, etc.) produce una economía vulnerable y totalmente dependiente de las fluctuaciones de unos pocos productos en el mercado mundial, más aún esos productos son muchas veces materias primas en crudo (como los bananos, las piñas, etc.) que requieren poca tecnología, mucha explotación del trabajo, grandes extensiones de tierra y contaminación intensa de los suelos y los ríos.

Esta división histórica ha sido la base de la dominación y el saqueo de las grandes empresas imperialistas (la United Brands, Amazon, Wall Mart, etc.) y la base del poder despótico y autoritario de las micro oligarquías nacionales, pequeñas y avorazadas élites políticas, económicas y militares con un extraordinario desprecio por sus pueblos, por su bienestar y por los derechos democráticos y sociales más básicos, de allí su clara propensión a gobiernos y medidas autoritarias y dictatoriales de todo tipo.

La división de Centroamérica impide que se usen de manera centralizada, planificada y coherente los recursos del área para enfrentar la falta de empleo, de tierra, de vivienda, de salud y de infraestructura.

Históricamente las tendencias políticas en Centroamérica han sido una sola, cuando los vientos de libertad e independencia corrieron a inicios del siglo XIX fue un sólo proceso político, la guerra contra los filibusteros también lo fue, así como los procesos revolucionarios de los años treinta, cuarentas y ochentas.

De la misma forma, las tendencias reaccionarias y autoritarias se refuerzan mutuamente como los procesos de instauración de dictaduras militares en los años treintas y sesentas.

Pese a la ideología excepcionalista de Costa Rica, la verdad es que no estamos exentos de los procesos regionales. Hoy Centroamérica se encuentra en uno de sus momentos más oscuros, producto de las políticas neoliberales y proempresariales de saqueo y explotación que llevan décadas siendo impulsadas en nuestros países por los gobiernos de turno. En Centroamérica se ha instaurado un sistema de dictaduras y gobiernos autoritarios que amenazan las libertades democráticas de todos los pueblos del área. Las dictaduras de Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y los gobiernos autoritarios, apenas de fachada democráticos, de Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Carlos Alvarado han recortado los derechos de participación política, de expresión, de organización sindical y derecho a huelga.

El autoritarismo recorre Centroamérica, desde las cárceles repletas de opositores en Nicaragua, los sistemas electorales a la medida de las dictaduras, la concentración de poder en el ejecutivo como el que logró Bukele, destituyendo a la Corte Suprema de Justicia y el recorte a la libertades que intenta Carlos Alvarado aprobando la ley de empleo público y la ley antihuelgas, vemos de conjunto un creciente ataque a los derechos democráticos de organización y participación política de los pueblos, mientras los gobiernos siguen llenándose la boca de “democracia y DDHH”.

Para lograr un Centroamérica democráticamente planificada por y para el pueblo trabajador es necesaria:

  • Una revolución social que reunifique el área y su economía e instaure una nueva federación centroamericana ahora de gobiernos de trabajadores, campesinos y el pueblo empobrecido.
  • La ruptura de las relaciones diplomáticas con las dictaduras de Ortega, Juan Orlando Hernández y Bukele, por la defensa de los derechos democráticos en toda la región, para tener una Centroamérica libre de tiranías neoliberales.
  • La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y las expropiaciones de los bienes asociados a las dictaduras centroamericanas, así como un apoyo activo a las luchas por las libertades democráticas y la justicia social y ambiental en el área.

 

No seremos más guardafronteras del imperialismo

Pese a su cara de “renovación democrática” el gobierno de Biden está reforzando la principal política del imperialismo para el área que consiste en usar los Estados centroamericanos para que sean guardafronteras del imperialismo. Los recursos que invierte el imperialismo en el área se concentran en fortalecer las corruptas policías locales, tanto las militares como las migratorias para detener las mareas migratorias centroamericanas, suramericanas y africanas que pasan por el istmo hacia los Estados Unidos.

Los migrantes de los países semicoloniales son quienes más han sufrido los avatares de la pandemia, del cambio climático, de las guerras y el saqueo neoliberal, el camino de paso hacia Estados Unidos y su promesa de “sueño americano” pasa por Centroamérica.

La visita de Kamela Harris a Guatemala ha dejado claro que el imperialismo estadounidense tiene como aliado regional estratégico al gobierno de Alejandro Giamattei, Harris ha dicho clarísimo: “no vengan aquí”. El imperialismo estadounidense se ha comprometido en entregar los sobrantes de vacunas, así como dinero en capacitación y desarrollo. Estas políticas “comprensivas” para evitar las caravanas de migrantes están destinadas al fracaso, porque no pueden solucionar las causas principales de la migración desesperada: la violencia social, la crisis ecológica y el saqueo, a lo sumo contribuirán a la corrupción local y policial y gestos “humanitarios” a favor de los migrantes.

Para enfrentar esta política, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:

  • Ruptura de todos los pactos de cooperación militar y migratoria con el imperialismo que colocan a nuestros países como guardafronteras de los Estados Unidos
  • Por el fin del patrullaje conjunto, el entrenamiento militar de la policía y la presencia estadounidense en Palmerola, rechazamos las políticas de “tercer país seguro”
  • Respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y su libre circulación.

 

Abajo los acuerdos con los organismos internacionales

Decimos que Centroamérica es una semicolonia del imperialismo, porque la dominación es sobre todo económica, más que militar, aunque también tiene una dimensión en ese sentido.

La dominación del imperialismo estadounidense se ha producido a través de la deuda externa, los tratados de libre comercio y los acuerdos con los organismos financieros multilaterales como el FMI y Banco Mundial.

Lejos de la ideología de estos organismos que sostienen que los préstamos que otorgan son puramente “técnicos” o para corregir “distorsiones” del mercado, esto han sido las principales formas en que los países centroamericanos han entregado sus bienes y recursos, privatizados sus empresas, deteriorado sus servicios públicos, aumentado sus impuestos directos.

Centroamérica, vive un ciclo sin fin de crisis, acuerdos con el FMI, ajustes violentísimos y nuevas crisis. Los préstamos del FMI a finales de los ochentas, terminaron con las privatizaciones en masa de los noventas y luego de las movilizaciones de inicio del siglo XXI continuaron nuevos préstamos después de la crisis de 2008 y nuevas privatizaciones de empresas estatales y saqueo de recursos.

La crisis social y política que desató la pandemia nos tiene de nuevo en la misma situación, los débiles servicios públicos, ampliamente privatizados y desfinanciados fueron desbordados por la crisis sanitaria, la crisis social potenció la crisis sanitaria y viceversa, ahora Centroamérica se prepara para un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI, para agosto de 2020 los países centroamericanos habían firmado nuevos préstamos por $8.940 millones, todos condicionados con nuevas reformas fiscales y presupuestarias anti populares.

Pero este modelo viene desde años atrás, con la aprobación en octubre de 2007 del CAFTA-DR (el acuerdo de libre comercio entre USA-Centroamérica y República  Dominicana) se inició un proceso de anexión y colonización de las economías del istmo, lejos de tener nada que ver con el “libre comercio” estos acuerdos son marcos jurídicos y políticos hechos para beneficiar a los grandes conglomerados estadounidenses y transnacionales que han colonizado los principales negocios del área, el caso tal vez más representativo de esta colonización es la súper expansión de Wall Mart, el negocio de la familia Walton, que pasaron de no existir en 2004 a controlar 813 tiendas y tener 38.000 trabajadores en toda el área.

El Tratado de Libre Comercio está pensado a la medida de grandes grupos como Wall Mart, América Móvil y Pricesmart y presiona por la destrucción o venta de las grandes empresas estatales que aún quedan, así como las empresas medianas y pequeñas. También impide las mejoras laborales de los trabajadores y las garantías ambientales de las comunidades. Es también la razón última de los continuados paquetes de impuestos y aumentos del IVA.

Por eso, desde el Partido de los Trabajadores:

  • Demandamos repetir la experiencia que ya en 1919-1920 adelantó Costa Rica y que en 1985 demandaban los pueblos latinoamericanos: la declaratoria de la deuda externa como deuda odiosa, la auditoría ciudadana de la deuda y la suspensión de los intereses y pagos para detener el drenado infinito de nuestros recursos.
  • Estamos por la derogatoria de los tratados de libre comercio y el desmonte de todas las leyes comerciales y legales que le dan estatus de colonia a nuestros países.

 

Por una reforma fiscal progresiva

Los gobiernos centroamericanos empezando por el costarricense y panameño, pero siguiendo con todos los otros, corren para aprobar distintas leyes de Zonas Francas, verdaderos enclaves hechos para entregarle todos los beneficios posibles a las grandes empresas transnacionales, beneficios que van desde no pagar impuestos, hasta facilidades en la localización y exportación, en el caso de la dictadura hondureña les está prometiendo su propia legislación, es decir, ser un pequeño Estado-Zona Franca.

Estas empresas en Zonas Francas son las grandes beneficiarias del modelo y viven en un régimen de extraterritorialidad en los hechos. La crisis social y sanitaria ha hecho que los gobiernos radicalicen sus privilegios mientras los países se hundían y los gobiernos se cansaban de repetir que no iban a cobrarles ni un solo impuesto más. En Costa Rica mientras la economía popular se hundía las empresas en régimen de zona franca crecían hasta un 16%.

Ante este panorama proponemos:

  • Eliminación del régimen de zona franca para impulsar una reforma fiscal progresiva que cobre impuestos a las grandes empresas ubicadas bajo este modelo y los latifundios agrocapitalistas.

3. POLÍTICA FISCAL Y ECONÓMICA

El capitalismo se presenta como un sistema “racional” y “eficiente”, donde el “mercado” se regula según las decisiones y opciones de los consumidores.

Pero eso solo es la superficie, la verdad es que el capitalismo es un sistema destructivo, anárquico que vive de crisis en crisis y que desperdician enormes cantidades de trabajo, de potencialidad humana e inteligencia.

El sistema capitalista llega al absurdo de tener millones de personas con hambre y sobrecapacidad de producción alimentaria, tanto como para especular con los precios de las cosechas.

Hay millones de personas sin casa y miles de casas sin personas. Es una de las contradicciones que el capitalismo no puede resolver: la potencia productiva de la producción social y coordinada, pero la miseria de la apropiación privada de la riqueza, que sabotea la potencia del trabajo humano colectivo.

Las ideas neoliberales en contra de la planificación central de la economía, y su llamado a que todo lo decida “el mercado”, esconden el hecho que en realidad el mercado es un mercado de monopolios, donde una o dos empresas controlan ramas enteras de la producción y boicotean permanentemente las innovaciones y mejoras que no les produzcan beneficios.

Tenemos aquí otra contradicción que el sistema capitalista no puede resolver, el capitalismo está dentro de la fábrica, la disciplina total, la planificación de cada detalle, cada movimiento, pero en el conjunto de la sociedad es la anarquía, la ineficiencia, la destrucción ecológica y el despilfarro.

 

Una economía socialista

Nosotros defendemos otro tipo de economía, una que no esté centrada en el beneficio y el lucro de las grandes empresas capitalistas sino en las necesidades materiales y espirituales de las grandes mayorías.

La economía es en realidad economía-política es decir ha sido siempre el Estado el gran promotor de las modificaciones económicas.

Aunque nosotros, queremos una sociedad sin clases sociales y por lo tanto sin Estado, una sociedad libre de productores libres, necesariamente hay un momento donde la palanca del Estado y la centralización estatal jugará un papel central en el desarrollo económico y social.

Después de romper las ataduras con los acuerdos y deudas chantajistas con el imperialismo, el país tendrá acceso al conjunto de las riquezas que produce sin el expolio de la deuda.

 

Economía nacionalizada, central y democráticamente planificada por las personas trabajadoras

Esta riqueza ha de ser concentrada en instituciones centrales, lejos de tener un grupo de bancos privados que compiten cada uno por su propio beneficio. Un solo banco central nacionalizado, permitiría concentrar y utilizar el crédito nacional como una poderosa palanca de desarrollo social y nacional.

Nuestra posición es defender una economía nacionalizada, central y democráticamente planificada por los trabajadores, los campesinos y el pueblo empobrecido. Donde las grandes instituciones como el WallMart media vez nacionalizada, sea controlada directamente por consejos representativos de sus propios trabajadores y los consumidores del país.

Las empresas que ya sean parcialmente nacionales como el ICE, serán liberadas de todas las rémoras privatizadoras que se le han impuesto y será también liberada de su gerencia procapitalista y privilegiada para que sean los mismos trabajadores y las comunidades organizadas quienes discutan y definan cómo deben ser los planes de producción y generación de energía.

Esta forma de organización de la economía permitirá por primera vez ponerles freno a las fuerzas ciegas del capital y el beneficio automático en introducir la racionalidad y la planificación en el ciclo económico.

Este creciente control de los productores directos sobre las fuerzas ciegas del “mercado” no es y no puede ser un proceso solo nacional, el triunfo de los socialistas en un país no es más que un momento una palanca para el desarrollo de la revolución social en otros países y de nuevos gobiernos de los trabajadores que permitan la planificación de porciones cada vez más grandes de la economía mundial, hasta finalmente avanzar hacia una humanidad liberada de las irracionalidades del capitalismo.

A continuación, presentamos una serie de medidas económicas necesarias y urgentes para lograr la transformación social y revolucionaria que proponemos.

 

Fin de la concesión de obra pública

La Ley de Concesión de Obra Pública y la política estatal de entregar a capitales privados grandes porciones de la inversión y provisión de servicios estatales fue la respuesta que los políticos y empresarios dieron al desfinanciamiento del presupuesto estatal para construir y mantener la obra pública, producido por su propia agenda neoliberal.  Esta misma ley y modelo ha sido desde sus inicios un portillo permanente de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento de los políticos a costa de los impuestos que pagamos todos los trabajadores.

Por eso planteamos:

  • Derogatoria de la Ley de Concesión de Obra Pública: Que el Estado sea el que construya la infraestructura necesaria y garantice todos los servicios públicos de calidad, sin concesiones ni endeudamientos, y bajo la fiscalización de los trabajadores para que no exista corrupción ni clientelismo. Que estas obras se financien mediante el cobro de impuestos a los empresarios y la suspensión del pago de la deuda que el país ha contraído para sostener sus exoneraciones fiscales durante tantos años.
  • Planteamos además como medida urgentísima la inmediata expropiación de todos los bienes de H. Solís y Meco, grandes beneficiarios del esquema corrupto de concesión de obra pública.
  • Nacionalización de las obras que ya fueron concesionadas: Anulación inmediata de todas las concesiones efectivas y en curso que privatizan los servicios y la obra pública (seguridad, servicios de salud, carreteras, aeropuertos, puertos, transporte público, etc.), sin ninguna indemnización para las empresas. Que el Estado asuma toda la obra y servicios públicos que han sido concesionados, y que los trabajadores fiscalicemos que no haya corrupción ni ineficiencia en las mismas.
  • Frenar y revertir la privatización de las telecomunicaciones y la energía para que estos recursos sean 100% nacionales.
  • Renacionalizar los seguros, es decir expropiar las 12 empresas privadas de seguros que compiten con el INS.
  • Expropiación de las principales empresas. La única forma de garantizar que la riqueza que se produce en el país se invierta en las necesidades del pueblo, es que las principales empresas sean expropiadas y dirigidas por los propios trabajadores.
  • Expropiación de todos los tajos, minas y explotaciones.

 

Política fiscal

El capitalismo costarricense se ha construido dando múltiples beneficios a las grandes empresas imperialistas, sobre todo incentivos fiscales a través de la Ley de Zonas Francas. La riqueza producida en el país sale con rumbo hacia los bancos extranjeros y no a manos de quienes lo produjeron: los propios trabajadores.

Con la apuesta comercial por los Tratados de Libre Comercio, y principalmente con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, el país eliminó los aranceles de las importaciones, con lo cual las finanzas del Estado se vieron afectadas.

La política de los Organismos Financieros Internacionales, ha sido sustituir este hueco que dejaron los aranceles, con más impuestos indirectos, como es el caso del IVA, que es un impuesto que recae sobre el consumo. De esta forma, se traspasa un pago que hacían los grandes empresarios importadores, hacia toda la población, con un impacto mayor en quienes tienen ingresos mas reducidos, es decir la clase trabajadora.

La Ley Fiscal aprobada en contra del pueblo en el 2018, se inscribe en esta política fiscal mundial, que a la vez que deja de cobrarle a los ricos, garantiza el funcionamiento de los restos del Estado endeudándose con el capital financiero internacional, emitiendo bonos de deuda externa e interna que luego son comprados por otros empresarios y ricos. Estos bonos son pagados con jugosos intereses por el Estado. El mayor porcentaje del Presupuesto del Estado cada año se destina al pago de la deuda, sin que el pueblo conozca a quienes, cuanta plata y por cuánto tiempo se les está pagando ese dinero que todos pagamos.

Además de esto, con la Ley Fiscal, también se aprobó una Regla que obliga al Estado a hacer determinados recortes en salarios y servicios básicos, cuando la deuda es superior al 60%. Esto se hace con el fin de garantizar el pago a los deudores, a la vez que se deterioran las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector público y las condiciones de vida de todo el pueblo que deja de recibir servicios básicos de calidad.

Ante la crisis de las finanzas públicas nuestra propuesta es:

  • Reforma Fiscal Progresiva que grave a los ricos: Planteamos la derogatoria de la Ley 9635 (Plan Fiscal del 2018) y en su lugar impulsar una Ley Fiscal Progresiva que grave las grandes riquezas, que la principal recaudación se concentre en el impuesto de renta, que ponga fin al régimen de zona franca y de las exoneraciones que permiten a grandes empresas no pagar impuestos.

Ante la evasión fiscal, que significa un 4,6% del PIB (para el año 2016, según el mismo ministerio de Hacienda), planteamos castigar con cárcel y expropiación a los evasores, así como eliminar todos los portillos legales que permiten la elusión.

  • Suspensión inmediata del pago y auditoría popular de la Deuda Pública: Es necesario que las organizaciones sindicales y populares realicen una auditoría de la deuda y definan sus tramos ilegales para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos. Para esto proponemos la conformación de equipos de auditoría electos mediante asambleas populares de delegados.
  • Una auditoría de la deuda para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos.
  • Expropiación y nacionalización bajo control de los trabajadores de las empresas vinculadas al negocio de la deuda interna y externa.

 

Renta básica

Todas las personas tenemos derecho a una vida digna, sin embargo, en el país hay un 26,2% de hogares en situación de pobreza, es decir, son más de una por cada 4 familias cuyos ingresos no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

Para eliminar la pobreza, que aumentó en 5 puntos porcentuales durante la pandemia, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:

  • Que toda persona tenga una renta básica que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Para eso proponemos una renta básica focalizada a las personas que no tienen ningún ingreso.

Esta renta se complementará con otras medidas explicadas en otros apartados de este programa como son: la actualización permanente del salario mínimo y las pensiones según la canasta básica ampliada, un subsidio por desempleo, que incluya también a los desalentados, un pago por el trabajo de cuido cuando lo realizan directamente las personas cuidadoras y un salario social que incluye servicios públicos universales, gratuitos y de calidad en educación, salud, cuidados.

4. EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES DIGNAS

En los últimos años, los gobiernos de la burguesía, empresarios y medios de comunicación nos han vendido la idea de que los derechos laborales son privilegios y que, si queremos enfrentar el desempleo, es necesario reducir o eliminar derechos. Es decir, las políticas de generación de empleo se han sustentado en la idea de la incompatibilidad de los empleos y los derechos. Esto es así porque las empresas quieren mantener intactas o aumentar el margen de sus ganancias, por eso, aunque requieren personas trabajadoras para producir riqueza, quieren cada vez pagar menos por el trabajo y así quedarse cada vez con más ganancias.

Los gobiernos capitalistas que representan a las grandes empresas, definen políticas laborales serviles a sus intereses. Reducen la política de empleos a una agenda de competitividad que le concede todas las condiciones a las empresas para que estas tengan el menor costo posible y el mayor margen de ganancias. Entre los costos de los que se exime a las empresas, se encuentran los derechos laborales, los cuales han sido eliminados o reducidos por ley o son vulnerados sistemáticamente con la complicidad permisiva de las autoridades estatales.

Durante la pandemia, el gobierno actual se ha aprovechado para darle más impulso a todas las políticas regresivas en materia laboral, protegiendo las ganancias de las empresas, traspasando todo el costo de la crisis a la clase trabajadora que ha perdido empleos, salarios y derechos.

Desde el Partido de los Trabajadores, proponemos revertir todas las políticas que atentan contra los derechos laborales que se han aprobado con el pretexto de la pandemia e impulsaremos una política laboral, donde las personas trabajadoras, sus derechos laborales y condiciones de trabajo que le permitan gozar de una vida digna sea el objetivo principal.

Para lograr este objetivo, es necesario impulsar y fortalecer la organización de las y los trabajadores en sindicatos, que puedan enfrentar la dictadura patronal que impera en el sector privado, defender los derechos existentes en el sector público y participar directamente en la definición de las políticas laborales y económicas.

 

Empleo y salario

Plan general de obras públicas para generar empleos:

  • Proponemos una política de generación de empleo basada en la construcción de obras públicas y el fortalecimiento de los servicios públicos. Más construcción de hospitales, viviendas, escuelas, comedores, centros de cuido para primera infancia y personas adultas mayores, lavanderías, parques; generarían empleos no solo en la etapa de construcción, sino también en la oferta de estos servicios, los cuales serían de carácter público.
  • Fortalecimiento de estos servicios públicos que socializan el trabajo de cuido, para que más mujeres puedan tener un empleo remunerado, ya que la realización de estas actividades en sus casas de manera no paga, es uno de los obstáculos principales para salir a trabajar.

Políticas específicas para generar empleo en sectores con mayores tasas de desempleo

  • Impulsaremos políticas afirmativas para garantizar la incorporación de mujeres y jóvenes al empleo remunerado, como son programas específicos de formación en el INA para mujeres y jóvenes, así como cuotas de contratación de mujeres y jóvenes en las empresas e instituciones sin rebajo de los derechos laborales.
  • Garantizar a través de cláusulas en las Convenciones Colectivas un porcentaje de contratación de mujeres y jóvenes y atención a las necesidades específicas de estos grupos, para eliminar los obstáculos que impiden su incorporación al trabajo.

Eliminar la precarización del trabajo impulsado por plataformas tecnológicas

  • Impulsaremos el reconocimiento de las relaciones laborales de todos los trabajos realizados por plataformas digitales. Ninguna persona trabajadora debe recibir menos del salario mínimo, ni estar excluida de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos.
  • Apoyaremos la organización sindical de las y los trabajadores de plataformas y la negociación de convenciones colectivas, en articulación con organizaciones sindicales de las y los trabajadores de las mismas plataformas en otros países.

Prohibición de libres despidos

Los patronos despiden y contratan trabajadores a su antojo, todo basado en su deseo de maximizar sus ganancias. Cuando un patrono dice que va a despedir porque la producción ha bajado, nadie revisa los números de la empresa, nadie sabe cuánto están ganando realmente. Es por esto que:

  • Como primera medida del gobierno, haremos un decreto de emergencia de prohibición de despidos sin justa causa, para garantizar que ningún patrono mande a las familias trabajadoras a la miseria por el mero deseo de mantener sus jugosas ganancias.
  • Para proteger a las micro empresas, exigimos la apertura de libros contables de todas las empresas y levantamiento del secreto bancario para determinar las ganancias que poseen y la forma en que deben ser distribuidas para preservar el empleo.
  • Planteamos la derogatoria del Decreto que autoriza a los patrones, en época de crisis a suspender temporalmente los contratos de trabajo, sin pagar ninguna indemnización por el daño causado.

Por la reducción de la jornada laboral sin rebajo de salarios

Las nuevas modalidades de jornada laboral, llamadas de “flexibilidad laboral”, impulsadas por las cámaras empresariales no son más que la autorización de jornadas de 10 o 12 horas, con el objetivo de aumentar las ganancias de las empresas al bajarle los costos de producción, por el ahorro en el pago de horas extras y de nuevas contrataciones. Para hacer frente a estas medidas:

  • Nos oponemos a todo intento de aumento de la jornada laboral. Defendemos el límite diario máximo de 8 horas diarias, conquista histórica de la clase trabajadora.
  • Lucharemos por una nueva jornada laboral de 40 horas semanales sin reducción de salario que permita que las horas de trabajo que el patrón le impone a sus empleados sin pago alguno, se transformen en nuevos empleos. Para las labores insalubres proponemos que dicha jornada se reduzca a un máximo de 36 horas semanales. Con esta medida se crearía 1 nuevo empleo por cada 5 trabajadores actuales, es decir un aumento del 20% de los trabajadores actuales.
  • Por la derogatoria de la Ley 9832 que autoriza a las empresas la reducción de las jornadas laborales y por consiguiente de los salarios, en situaciones de emergencia nacional.

Por un aumento de emergencia del 13,8% Proponemos luchar por un aumento salarial de emergencia de 13,8% para todas las personas trabajadoras, que permita solventar caída del ingreso por salario que se tuvo durante el 2020[1]. Eso permitiría que el valor adquisitivo de nuestro salario recupere algo del terreno que ha perdido en el último año.

Nuevo salario mínimo vital para trabajadores y pensionados

El actual salario mínimo se basa en una canasta básica que no tiene nada que ver con lo que realmente gastamos las familias trabajadoras. No hay forma de llegar a fin de mes con un salario basado en la actual canasta, a la que además le han ido quitando cada vez más productos. Por eso proponemos:

  • Redefinición del salario mínimo, basado en una canasta básica discutida por las personas trabajadoras y comunidades, que parta de las verdaderas condiciones que enfrentamos.

 

Derechos laborales y organización sindical

Defenderemos y fortaleceremos el derecho a la libertad sindical

Defendemos la libertad sindical en su más amplia definición que incluye tres derechos: el derecho a afiliarse a una organización sindical sin sufrir discriminación laboral, el derecho a negociar colectivamente las condiciones de trabajo y el derecho a realizar huelgas para defender los derechos, sin represión ni criminalización.

Frente a la dictadura patronal que existe en el sector privado y que imposibilita la libre organización de las y los trabajadores, nos comprometemos a:

  • Apoyar y fortalecer todo intento de organización sindical independiente de las personas trabajadoras de la empresa privada.
  • Denunciamos el discurso que deslegitima, estigmatiza y criminaliza a los sindicatos del sector público y sus representantes. Exigimos respeto y especial protección para los líderes y lideresas de las organizaciones sindicales.
  • Cárcel para los patronos que promueven las listas antisindicales y para quienes persigan a los trabajadores por organizarse para luchar.
  • Derogatoria de la Ley Antihuelgas del 2020 y de las limitaciones al derecho a huelga en la Reforma Procesal Laboral.
  • Luchar por Convenciones Colectivas, impulsadas por los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora.

Restaurar la auténtica representación de los trabajadores: los Sindicatos

El solidarismo ha jugado un papel importante en la cultura y la política antisindical del país.  Una organización con representación patronal, basada en la idea de conciliación de clases, se ha ido robando los espacios de representación de las y los trabajadores, restándole poder de incidencia a los sindicatos en las decisiones políticas. Ante eso planteamos:

  • Eliminación de las cuotas de participación de las Asociaciones solidaristas como representantes de las y los trabajadores, en todas las Instituciones tripartitas, y devolución de estos espacios a las auténticas organizaciones de la clase trabajadora: los sindicatos.
  • Reforma al Código de Trabajo para eliminar los Acuerdos Directos y Comités Permanentes, que han sido la herramienta utilizada por el solidarismo para suplantar la negociación colectiva en las empresas privadas.

Defendemos los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector público

Valoramos y defendemos el aporte esencial que hacen las personas que trabajan en el sector público. Quienes laboran en instituciones como la CCSS, el MEP, el AyA, las Municipalidades, el ICE, el INS, las Universidades, el IAFA, entre otras han estado en la primera línea de atención de la pandemia haciendo un esfuerzo extraordinario, a pesar incluso de malas políticas, de recortes en los presupuestos y de falta de insumos y condiciones para desarrollar el trabajo. El gobierno, lejos de reconocer este trabajo, ha continuado una campaña que viene desde hace varios años de desprestigio y deslegitimación del empleo público, en vez de reconocimiento económico han recibido congelamiento de sus salarios, y se impulsa un proyecto de ley de Empleo Público que terminaría de darle el último golpe a los únicos empleos con derechos y salarios dignos que existen en el país.

Durante la pandemia ha sido más visible la necesidad de tener servicios públicos universales, gratuitos y de calidad y por eso:

  • Defendemos todos los derechos que tienen las y los empleados públicos. En vez de eliminarlos, planteamos universalizarlos a toda la clase trabajadora. Estabilidad laboral, salarios crecientes, pluses que reconocen esfuerzos adicionales o condiciones especiales de trabajo, anualidades que reconocen la experiencia laboral y todos los derechos que han conquistado los sindicatos del sector público, deberían ser derechos también para quienes trabajan en el sector privado.
  • Eliminaremos toda la tercerización del empleo en las instituciones del sector público, que no es más que la privatización de los recursos del Estado, ya que se traspasa a empresas privadas el dinero que antes se pagaba en salarios y derechos de las de las personas trabajadoras. Planteamos la necesidad de cerrar todos los contratos con las empresas privadas y contratar directamente como personas empleadas públicas con todos los derechos a todas las personas que están en este momento en contratos tercerizados.

Fortalecimiento de la Inspección del Trabajo

Para velar y hacer cumplir los derechos laborales de todas las personas trabajadoras es necesario el fortalecimiento de la Inspección del Trabajo, y esto pasa por:

  • Aumentar la cantidad de personas trabajadoras de la inspección, para aumentar así la cobertura nacional y la atención pronta de las denuncias presentadas.
  • Reformar el perfil y la capacidad de la Inspección del Trabajo, otorgándole poder sancionatorio in situ, cuando se dan violaciones a la ley.
  • Otorgar potestades a la Inspección del trabajo para entrar a examinar cualquier lugar donde haya un contrato de trabajo, independientemente de que el lugar sea público o privado, o incluso si es una casa de domicilio.

 

Pensiones

Toda persona trabajadora merece una pensión que le permita vivir con dignidad al final de su vida laboral.

En la misma medida que el capitalismo intensifica la explotación laboral aumentando así sus ganancias a través del trabajo y generando más acumulación, a las personas trabajadoras se les hace más difícil obtener una pensión, y si logran alcanzarla, es cada vez a edades más avanzadas y con un monto cada vez más reducido. Así, las familias capitalistas, empresarias, al final de sus vidas tienen acumuladas grandes riquezas que disfrutan y heredan a sus descendientes, mientras que las y los trabajadores, tienen que seguir trabajando o vivir con miserables pensiones que no les alcanzan ni para pagar las deudas que termina heredando a sus hijas e hijos.

Es por eso que desde el Partido de Los Trabajadores lucharemos por garantizar en primer lugar, el derecho a la pensión de toda persona trabajadora, y en segundo lugar que estas pensiones les permitan vivir una vejez digna, y para ello proponemos:

  • Bajar la edad de pensionarse de los hombres a los 60 años y las mujeres a los 55.
  • Establecer el número mínimo de cuotas en 300 (25 años), sin posibilidad de aumentarlas.
  • Establecer una pensión a los 60 años para toda persona que no tenga las cuotas completadas, en proporción a los años y los montos cotizados.
  • Que el cálculo de la pensión se realice con el promedio de los últimos 10 años trabajados.
  • Que toda persona reciba al pensionarse el ROP íntegro en un solo pago.
  • Actualizar la pensión mínima para equipararse al salario mínimo actualizado al costo de la canasta básica real.

Para lograr estas medidas se requiere fortaleza financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ha sido desfinanciado por la evasión y la morosidad de los empresarios y las figuras legales que disfrazan relaciones laborales como comerciales o civiles para no pagar el seguro social. Por eso, proponemos tomar las siguientes medidas para fortalecer el IVM:

  • Obligación de las empresas y el gobierno a pagar toda su deuda con la CCSS, sin moratoria ni perdón de deudas.
  • Cárcel y confiscación de bienes para los grandes evasores de la CCSS.
  • Obligatoriedad a los patronos a asegurar a todos sus empleados bajo pena de cierre de establecimientos.
  • Inspección e ilegalización de todos los mecanismos creados por las empresas para disfrazar las relaciones laborales y evadir el pago del seguro social, con sanción para los empresarios reales y obligación de pago de cuotas que les deben a las personas trabajadoras.
  • Prohibir la exoneración de pago o reducción del monto de las cuotas del seguro social en períodos de crisis.
[1] INEC. Encuesta Nacional de Hogares 2020.

5. SERVICIOS

Salud

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de priorizar en un sistema de salud público, único, universal y que garantice la atención incluso a aquellas personas que no pueden pagar un seguro, ya sea porque su situación migratoria, por estar en desempleo o en condiciones de trabajo precario o informal.

También se puso en evidencia la seria necesidad de mayores recursos para invertir en infraestructura, equipo y contratación de personal de salud para atender no sólo las demandas surgidas en el contexto de la pandemia si no todas las problemáticas que se arrastraba de antes como las listas de espera o las nuevas que surgen por la desatención para priorizar en las necesidades de la pandemia.

La política de las autoridades de la CCSS, el gobierno y los diputados sigue siendo la de hipotecar el futuro de las finanzas destinadas a salud con una deuda pública cada vez más creciente y que no alcanza para cubrir todas las necesidades del sistema. Además, mientras lanzan saludos o reconocimientos formales al personal de salud lo someten a políticas de precarización laboral como la tercerización de servicios, la sobre carga laboral, la reducción de derechos o la inestabilidad laboral.

En el contexto de la pandemia la CCSS ha contratado a miles de funcionarios en distintas áreas y perfiles, ninguno de ellos tiene asegurada su continuidad en el sistema de salud público pese a la necesidad de seguir contando con ese personal para atender las inmensas necesidades que ya se arrastraba de antes y que se agravan en este contexto. Han recurrido a la figura del “gemeleo” de plazas para no crear códigos nuevos y no garantizar continuidad laboral una vez se declare el fin de la emergencia nacional.

La otra cara de la atención en salud han sido los hospitales privados, cuyo afán es el lucro y no la protección de la vida de las personas. Cuando han “ofrecido” sus camas o infraestructura es mediante la venta de servicios a la CCSS o la Comisión de Emergencias. Nosotros somos contrarios a esta lógica de lucro con los servicios esenciales y somos contrarios a estos grandes negocios hospitalarios en manos de poderosos grupos económicos nacionales e internacionales.

Mientras las necesidades crecen se mantiene una gran morosidad patronal. La CCSS ha aplicado medidas como las rebajas temporales en contribuciones patronales sin distingo del tamaño de las empresas, poniendo en un mismo saco al pequeño negocio que hace grandes esfuerzos para pagar puntualmente sus contribuciones y a los grandes empresarios que tienen ganancias exorbitantes, pero se niegan a contribuir al sistema de salud con un sinnúmero de artimañas.

Frente a las necesidades del sistema de salud, planteamos:

  • Presupuesto que garantice todas las necesidades del sistema de salud público sin mayor endeudamiento.
  • Nacionalización sin indemnización de los grandes negocios de la salud privada, para contar un sistema de salud único y centralizado que ponga toda la infraestructura y el personal al servicio de la protección de la vida en la atención de la emergencia, así como para atender todo el rezago en materia de prevención y atención en salud que se viene postergando en medio de la pandemia.
  • Acceso universal al sistema de salud público incluso para todas aquellas personas que hoy no pueden pagar un seguro.
  • Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes empresas que se mantienen morosas con la CCSS o que aplican medidas para evadir la seguridad social como la subcontratación o la tercerización.
  • Mantenimiento e incorporación en la planilla permanente de la CCSS de todas las plazas generadas en el contexto de la pandemia. Reorientar a todo ese personal a atender las necesidades previas a la emergencia y a la atención de todos los servicios en salud que vienen siendo postergados por motivos de la emergencia.
  • Condiciones dignas para todo el personal de salud que ha estado en la primera línea de la atención a la pandemia, derogando todas aquellas leyes que han precarizado sus condiciones de trabajo, reduciendo la sobrecarga laboral que arrastran y respetando sus derechos laborales más básicos como jornadas de trabajo, descanso o vacaciones.
  • Reconocer el derecho de huelga del sector salud con un plan mínimo de servicio, de forma tal que puedan luchar por mejores condiciones laborales y por la defensa del sistema de salud públicos.
  • Denunciar la política sanitaria del gobierno y los grandes empresarios, que han priorizado las ganancias de unos pocos sin importarles la presión sobre el sistema de salud público y especialmente sobre los trabajadores de primera línea en la atención de la emergencia.
  • Incremento de los recursos destinados a los servicios de atención psicológica y psiquiátrica, que permitan atender las afectaciones a la salud mental especialmente en el marco de la pandemia.
  • Por un plan de emergencia para atender necesidades en materia de derechos sexuales y reproductivos, las cuales se han visto desatendidas provocando un severo impacto especialmente sobre las mujeres.
  • Por la defensa de la vacunación como medida de atención de la pandemia, promoviendo la obligatoriedad de la inoculación e impulsando campañas de concientización sobre su necesidad. Denunciar las barreras que hoy impiden un avance de la vacunación como la concentración de vacunas en los países imperialistas, la falta de permisos para que todos los trabajadores se vacunen en su horario laboral y cuenten con todas las condiciones necesarias para esto en sus centros de trabajo.

 

Educación

Nuestro sistema educativo atraviesa una profunda crisis producto de décadas enteras de recortes y políticas neoliberales de precarización de las condiciones de estudio y trabajo.

La actual pandemia sólo confirmó esos problemas y sacó a flote con mayor fuerza las grandes contradicciones que se vienen acumulando por años. La alta exclusión del sistema educativo, la severa crisis de infraestructura o las grandes barreas tecnológicas para el acceso al conocimiento, se pusieron aún más de manifiesto.

Las condiciones que ya eran de por sí precarias se empeoraron en un contexto de niveles históricos de pobreza y desempleo. Esto llevó a que en 2020 el porcentaje de personas entre los 5 a 18 años que asistían a la educación formal y se encontraba en condición de pobreza se situará en un 42%. (Estado de la Educación, 2020). Nuevamente son los sectores más empobrecidos los que llevan la peor parte de la crisis educativa que ha llevado a que en 2020 menos del 60% de las personas con edades entre los 18 y 22 años hubiese finalizado la secundaria. (Estado Educación, 2020).

La pandemia evidenció, las carencias más básicas en centros educativos como la falta de disponibilidad de agua potable, carencias en servicios e infraestructura física y deficiencias importantes en materia de conectividad. Un sistema educativo colapsado que muestra cifras de rezago alarmantes como la falta de bibliotecas en los centros educativos de primaria y secundaria, en este primer caso de un total de 3723 de centros educativos públicos en primaria, 593 (16%) cuentan con servicio de biblioteca y se concentran en la Gran Área Metropolitana. (Estado de la Educación, 2020).

El desarrollo de lecciones remotas a partir de la suspensión de clases presenciales o de la implementación de la educación combinada (presencial – a distancia) trajo consigo una fuerte recarga laboral para el personal de los centros y una demanda de tiempo muy grande para las familias cuyo peso mayoritario recayó sobre las mujeres; en una encuesta, “el 90% de las familias consultadas indicaron que las madres fueron el principal apoyo para los estudiantes, para lo cual tuvieron que desplazar labores domésticas y laborales para priorizar el proceso de aprendizaje de sus hijos(as). Cabe destacar que cerca del 41% reportó tener baja escolaridad (primaria completa o incompleta), este aspecto dificulta el apoyo educativo que pueden brindar” (Estado Educación, 2020. P. 99)

Un gran número de estudiantes no pudo mantenerse estudiado a distancia por falta de equipo y conectividad, se estima que al menos un 20% de la población de la educación formal no contaba con una computadora para sus clases, en algunos de los casos donde se contaba con una o con otro dispositivo como celular se presentó lo que el Estado de la Educación (2020) llamó un “hacinamiento tecnológico” ya que dos o más estudiantes dependían del mismo equipo. Esa falta de conectividad afecta a los hogares más pobres ya que, según datos de ese mismo informe, un 40% de las viviendas en el país no tiene acceso a internet ni por cable coaxial, fibra óptica, o teléfono fijo.

Durante todos estos meses el gobierno y la Asamblea Legislativa fueron incapaces de dar una solución al menos temporal a la falta de equipo y conectividad. No se obligó siquiera a las empresas de telecomunicaciones a brindar conexión ante la situación de urgencia y calamidad que atravesamos, demostrando que el discurso a favor de la educación no son más que palabras vacías en boca de los partidos burgueses y de los grandes empresarios.

Con la aprobación de la reforma fiscal hemos estado viendo ya los primeros nefastos efectos de la contención del gasto en educación en todos los niveles. La llamada regla fiscal se convierte en una guillotina para educación, que solo para el 2021, se estima que representa un recorte de casi 300 mil millones. Los mismos diputados y gobierno que atacaron al magisterio en la huelga del 2018 con argumentos falaces, son los que hoy demuestran su verdadera esencia enemiga de la educación pública y no les tiembla la mano para votar medidas contra la educación.

Hoy la educación pública en todos los niveles está severamente debilitada y desfinanciada, siendo las instituciones públicas las que garantizan el acceso a educación de los sectores con menos recursos. Solo en el caso de la educación superior, “en el primer quintil de ingresos, un 72% de jóvenes que asistía a la educación superior en 2020, lo hacía en universidades públicas, frente a un 28% en universidades privadas. Por el contrario, la distribución por universidades entre jóvenes de hogares del quintil de mayores ingresos, era 46% en públicas y 54% en privadas. En 2020, sólo el 17% de todos los jóvenes del quintil 1 había accedido a la educación superior en comparación con un 72% en el quintil 5. (Enaho, 2020) (Estado Educación 2020, p. 254).

Además del carácter cada vez más elitista y excluyente de la educación superior, las pocas opciones educativas se siguen concentrando en la la Región Central del país sigue concentrando el 70,4% de los estudiantes (Estado de la Educación, 2020 p.254)

Desde el Partido de los Trabajadores también vemos con mucha preocupación los lentos avances en diversos campos como la educación sexual o la lucha contra todas las formas de discriminación por orientación sexual en el sistema educativo producto de la presión que ejercen las diversas denominaciones religiosas y en especial la iglesia católica por el carácter confesional del Estado costarricense. También creemos que hay una gran deuda con la construcción de un sistema verdaderamente multiétnico y pluricultural, en el cual se garantice una plena inclusión de la población migrante, de las lenguas y tradiciones de nuestros pueblos originarios o del legado de nuestra cultura afrocaribeña.

Como respuesta a todos estos problemas planteamos:

  • Defender un sistema educativo público, democrático, laico, científico, inclusivo, gratuito y de calidad en todos los niveles desde la primera infancia hasta la educación superior.
  • Oposición total a todas las medidas de recortes al presupuesto para educación y contra las leyes que atan la inversión en educación como la reforma fiscal del 2018 y su nefasta regla fiscal.
  • Aumento del presupuesto para la educación al 10% del PIB, destinando al menos un 2% del PIB a la educación superior. Las necesidades y prioridades de inversión de estos presupuestos deben ser definidas mediante consejos populares en cada una de las comunidades donde se encuentran las distintas instituciones.
  • Colocar los cupos de enseñanza técnica y universitaria en función de las necesidades sociales y no del mercado.
  • Definición de un plan de obras públicas para dotar a todo el sistema educativo de la infraestructura y equipamiento necesario como aulas, laboratorios, bibliotecas, laboratorios, centros de investigación, etc.
  • Eliminación de los mecanismos de evaluación estandarizados que responden a lógicas mercantiles y excluyentes como las pruebas Faro, PISA y otras que impulsan los grandes organismos internacionales enemigos de la educación pública. Avanzando hacia un sistema de evaluación democrático y contextualizado, que surja de las experiencias y necesidades concretas de los trabajadores de la educación, la población estudiantil y sus comunidades.
  • Mejora de las condiciones de trabajo para el personal docente: grupos de máximo 15 estudiantes, tiempos laborales de investigación y planeamiento, licencias remuneradas para mejoramiento profesional, eliminación de los 200 días de clases para volver a un calendario de máximo 175 días de marzo a noviembre.
  • Impulsar la eliminación de las pruebas de admisión a las universidades públicas, garantizando un acceso democrático y representativo de los sectores históricamente más excluidos por su condición económica y/o étnica.
  • Regionalización de la educación superior pública y diversificación de las ofertas educativas del Ministerio de Educación Pública en áreas técnicas, artísticas y científicas sin mecanismos de admisión excluyentes como los que hoy se aplican en muchos de estos colegios.
  • Definición de una propuesta curricular que no responda a las lógicas mercantilistas y de rentabilidad capitalistas, sino a las necesidades e intereses sociales en los diversos campos de la ciencia, el arte y la cultura.
  • Eliminación de los mecanismos de privatización solapada como el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), al cual desde 2002, se le otorgó la potestad de evaluar y acreditar carreras con fines mercantiles.
  • Garantizar sistemas de cuido en todas las regiones y modalidades que permitan a las mujeres madres incorporarse y mantenerse en el sistema educativo.
  • Frenar y revertir la privatización de las telecomunicaciones para garantizar una conectividad universal y gratuita a todos los estudiantes del sistema educativo público.
  • Una nueva ley de radio y televisión que contemple la creación de más canales educativos y culturales, que cuenten con el presupuesto necesario para la generación y divulgación de contenidos de alto valor científico, artístico y cultural.
  • Un sistema educativo que garantice el pleno acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual y brinde las condiciones necesarias para erradicar todo tipo de discriminación.
  • Eliminación de todas las barreras administrativas que impiden el acceso a la educación pública de la población migrante y de los pueblos originarios, garantizando las condiciones necesarias para que puedan mantenerse y concluir la educación en todos los niveles.

 

Vivienda

El acceso a vivienda digna es un derecho que hoy no se garantiza para miles de familias trabajadoras, ya sea porque no cuentan con una vivienda propia o porque las que habitan no tienen condiciones adecuadas.

Para el 2014 un estudio del BID estimaba que al menos “el 42% de los hogares en Costa Rica necesitan reparaciones, ampliaciones u otro tipo de mejoras y que casi la cuarta parte de esas viviendas en estado deficiente están tan deterioradas que suponen un peligro inminente para sus habitantes”. De acuerdo con datos del Estado de la Nación (2020) “De los poco más de 1.600.000 hogares de Costa Rica, un 9% reside en viviendas en mal estado y un 2% posee hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio). Los espacios reducidos también dificultan la situación. Aproximadamente un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados (m2), en contraste, un 27% supera los 100 m2 (INEC, 2019). Además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos.”

Los datos oficiales del censo 2011 indican que alrededor de un 10% de la población del país presenta algún tipo de discapacidad, circunstancia que tiende a incrementarse en los grupos de mayor edad, lo que obliga a reflexionar y a tomar medidas que permitan adecuar las soluciones de vivienda a las características de la población, más aún en un contexto donde las soluciones de vivienda se perfilan en zonas alejadas de los centros de la ciudad y en otros casos en soluciones verticales.

La construcción en general además se realiza sin condiciones de planificación, ocupando zonas vulnerables, protegidas o sin acceso adecuado a servicios básicos. Datos del Estado de la Nación señalan que uno de cada cuatro metros se hace en lugares sin condiciones adecuadas (Estado de la Nación, 2020). Esto se agrava en una tendencia creciente de las áreas construidas que “cada año se inclina al alza, con algunos períodos de excepción. En esa década, el país construyó en promedio cerca de 8,9 millones de metros cuadrados por año, con una tasa de crecimiento anual de un 5,8%” (Estado Nación, 2020).

La pandemia puso en evidencia estas grandes carencias y la necesidad de garantizar un techo digno para todas las personas. Mientras se repetía el discurso de “quedarse en casa”, para miles trabajadores sus hogares no eran lugares seguros para evitar el contagio o recuperarse en caso de tener el virus. En este contexto se evidenciaron una vez más las lamentables condiciones sanitarias y de seguridad en las que miles de personas se ven forzadas a vivir.

Una de las manifestaciones de las condiciones de miseria a las que nos empuja el sistema capitalista son las llamadas cuarterías. La Encuesta Nacional de Hogares ubicó en el 2019 a 15.910 personas viviendo en tugurios y cuarterías, pero se estima que son más (Semanario Universidad, 2020).

La pandemia refleja lo vulnerable de estos sectores, frente a ellos se levantó una política de estigma y criminalización, teniendo como política para contener el contagio la construcción de vallas para aislar las zonas que registraban casos construyendo verdaderos muros para hacer de estos lugares guetos donde la gente era abandonada a su suerte. Por otro lado miles de habitaciones de hotel desocupadas por la paralización del turismo o cientos de grandes obras desocupadas, mientras el gobierno se declaró incapaz de dar una condición de vivienda para al menos pasar los aislamientos obligatorios en condiciones dignas.

Si ya desde antes era difícil pagar un alquiler o un crédito bancario, la pandemia lo complicó todo. Un desempleo y condiciones de pobreza que llegaron a niveles históricos, sumado a la criminal medida de suspensión de contratos o rebaja de jornadas, dejaron a las familias trabajadoras en condiciones precarias en materia de vivienda y gastos en sus hogares. La Asamblea Legislativa y el gobierno fueron incapaces de aprobar medidas como la moratoria de crédito para vivienda familiar o del pago de alquileres.

La crisis ha llevado también a cientos de personas a ocupar tierras ociosas o proyectos de vivienda abandonados. La respuesta represiva del gobierno no se hizo esperar, impulsando decenas de desalojos en plena pandemia.

Esa misma Asamblea y el gobierno de Alvarado, lejos de aprobar más recursos para vivienda, impulsan medidas de austeridad y recortes en inversión social destinada a vivienda.

Frente a esta dramática situación planteamos:

  • No más edificios sin gente, no más gente sin casa. Expropiación de los grandes negocios inmobiliarios y propiedades de lujo para dotar de inmediato de vivienda digna a las familias trabajadoras.
  • Suspensión inmediata de los desahucios en viviendas, proyectos ocupados por familias o en tierras ociosas recuperadas por personas que no poseen tierra ni vivienda.
  • Plan de obras públicas orientado a dotar de vivienda popular a todas las familias trabajadoras.
  • Renacionalización de la banca, para reorientar parte de las ganancias del sector bancario a la mejora y construcción de vivienda para la clase trabajadora.
  • Por un plan estatal centralizado de vivienda, que garantice las adecuadas condiciones de planificación, calidad y priorización de opciones habitacionales para la clase trabajadora.
  • Congelamiento de precios en los alquileres, moratoria de pagos de alquiler para vivienda y en los créditos de vivienda única que poseen las familias.
  • Plan de subsidios para las familias trabajadoras y sectores medios que sostienen sus ingresos mediante la renta de opciones de vivienda como principal fuente de ingresos.

 

Transporte

Miles de trabajadores se mueven de un lugar a otro día a día, teniendo que soportar un servicio de transporte público muy caro y de mala calidad.

El sistema de prestación privada del servicio de transporte público en autobuses hoy en su mayoría está concentrado en grandes consorcios empresariales que se reparten gigantescas ganancias sin mayores controles o exigencias. Un estudio del Semanario Universidad reveló que 10 grupos empresariales acaparan la mitad de los ingresos del sector”, de estoshay cinco grupos que concentran un tercio de los ingresos del transporte público” (Universidad, 2019). Estos grandes oligopolios del transporte cuentan con la complicidad del Consejo de Transporte Público y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que les facilitan aumentos de tarifas automáticas y se niegan a realizar mejoras de modernización tan básicas como el cobro electrónico de pasajes. Mientras imponen un régimen de súper explotación laboral que aumenta sus márgenes de ganancias a costillas del sacrificio de miles de choferes en todo el país.

El transporte de autobús, del cual depende la mayoría de la población, se vuelve un negocio de pocos, mientras los pequeños y medianos transportistas de autobús, junto con algunas de sus figuras asociativas como las cooperativas son una especie en extinción.

Otras modalidades de transporte como la de taxis, también enfrentan una gran cantidad de problemáticas como la competencia desigual con las plataformas de transporte, donde sus choferes operan a destajo sin ninguna garantía laboral y concentrando grandes ganancias en las corporaciones multinacionales que controlan esos negocios. Se genera una falsa discusión entre taxistas vrs choferes de plataforma (Uber, Didi, etc.), cuando las razones de los problemas que enfrentan se encuentran en los problemas más generales de precarización laboral que atraviesan unos y otros para producir altísimas ganancias para unos pocos grandes empresarios.

El gobierno habla de modernizar el transporte poniendo como punta de lanza el tren eléctrico, del cual ha hecho su caballo de batalla. Dicha propuesta no hace más que reproducir el modelo de gestión privada que nos ha llevado a los serios problemas de transporte público que tenemos y se financia sobre la base de seguir hipotecando el futuro con empréstitos extranjeros y concesiones privadas que sangran las finanzas públicas.

Otros servicios estratégicos asociados al transporte como los aeropuertos internacionales, las carreteras concesionadas o los puertos están entregados a intereses privados. El fracaso de este modelo es más que evidente, retrasando las mejoras necesarias en esas obras, trasladando gigantescas ganancias a esos grupos privados mediante tarifas muy altas y recibiendo a cambio servicios de mala calidad.

Para revolucionar el transporte necesitamos construir propuestas que rompan con el modelo de prestación privada y de ganancias exorbitantes para grandes grupos empresariales.

Por eso proponemos:

  • Fin del modelo de prestación privada de servicios de transporte público en las principales rutas del país, mediante la creación de un sistema centralizado de prestación estatal del servicio de transporte, fiscalizado por los trabajadores del transporte y los usuarios mediante asambleas populares, incluyendo la modalidad de taxis.
  • Incorporar al sistema estatal único de transporte público a todos los choferes de plataformas que así lo deseen, garantizando el fin de la precariedad laboral a la que están sometidos. Prohibición de dichas plataformas y de todos los negocios que construyeron a su alrededor, congelamiento de sus cuentas en el país y confiscación de sus bienes para cancelar la deuda que tienen con cada uno de sus trabajadores precarios.
  • Nacionalización inmediata sin indemnización de toda la infraestructura de transporte –puertos, aeropuertos, carreteras- que hoy está en manos de grandes empresas privadas que sangran nuestros recursos, así como de toda la flotilla de autobuses de las grandes empresarias que han acumulado sobre la base de ganancias exorbitantes todos estos años.
  • Congelamiento inmediato de las tarifas del transporte y eliminación de la política de fijación de precios de la ARESEP que fue construida para favorecer a los grandes consorcios privados del transporte.
  • Exigencia de un plan de transporte obrero colectivo en las principales empresas y sectores de la economía, el cual garantice la movilidad gratuita de los trabajadores.
  • Por un transporte de calidad y seguro, libre de todo tipo de formas de violencia como las que hoy lamentablemente tienen que enfrentar en mayor medida las mujeres.
  • Por un sistema de boleto gratuito estudiantil para las personas jóvenes que se movilizan a sus centros de estudio o a actividades artístico-culturales. Así como un sistema de boletos familiares de menor costo para aquellas familias que se movilizan juntas en el transporte público.

 

Cultura

Desde el Partido de los Trabajadores, creemos firmemente que la cultura debe estar al servicio de la clase trabajadora, no solo como consumidores, sino también como creadores, de tal manera que el Estado debe garantizar los espacios para las manifestaciones artísticas de todo tipo, desde el teatro, danza, música y poesía más clásica hasta las emergentes versiones urbanas, las artes plásticas, circenses, así como la sensibilización y rescate de elementos culturales tangibles e intangibles, el rescate del patrimonio arqueológico y natural al servicio de toda la población y no de unos pocos.

Se debe garantizar el acceso a las manifestaciones artísticas y culturas como un derecho humano fundamental. Junto con ello dotar a los trabajadores del arte y la cultura de condiciones dignas de trabajo y existencia, que hoy no son garantizadas dentro del sistema capitalista.

El actual contexto de pandemia puso en evidencia las condiciones de trabajo precarias que tienen una mayoría de artistas en el país, quienes ya de antes tenían que enfrentar problemas como dificultades para acceder al seguro social, fondos cada vez más insuficientes, mecanismos burocráticos que limitan el pleno de desarrollo de sus actividades y en general un total abandono por parte de entidades públicas como el Ministerio de Cultura.

La pandemia agravó los problemas de un sector trascendental como lo es el cultural. Actividades paralizadas por completo o con aforos reducidos que no permiten que se puedan retomar espectáculos rentables para ellos, lo cual a su vez ha llevado a que pasen meses sin recibir un solo ingreso y con ello no poder hacer frente a aspectos tan básicos como el pago de sus seguros voluntarios o alquileres de locales donde desarrollan sus actividades.

Frente a esta situación de emergencia la única salida que da el gobierno es renombrar a los mismos fondos insuficientes que ya habían antes de la pandemia y priorizar los grandes negocios de empresarios privados con un plan reactivación centrado en las grandes productoras de conciertos o en grandes negocios como el Parque Viva.

A todos esos problemas habría que sumar la política de recortes y el desfinanciamiento de la cultura, la cual bajo las lógicas de rentabilidad capitalistas y en el marco de las políticas neoliberales paso a un plano de total desprecio y de una absoluta falta de priorización.

La realidad es que este sector atraviesa por una severa crisis, por una situación de emergencia que debe atenderse con medidas de urgencia. Por eso creemos que es importante desarrollar una serie de luchas orientadas a:

  • Moratoria y condonación de deudas con la CCSS para los cotizantes inscritos como trabajadores artísticos en distintas ramas. Garantizar medidas que permitan el aseguramiento permanente y el acceso a una pensión mínima sobre la base de sistemas de cotización especiales como una base mínima de horas trabajadas anuales como ya ocurre en otros países.
  • Reconocimiento social al quehacer artístico y cultural como un trabajo de creación artística que debe tener las condiciones de empleo, infraestructura y financiamiento dignas. Para ella impulsaremos medidas como la negociación de un Convenio Marco para promover el pleno empleo en el sector, jornadas semanales reducidas sin reducción de salarios y contratación de todo el personal que requieren las diversas instancias públicas para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales.
  • Ningún recorte al presupuesto de cultura. Por una mayor inversión que destine al menos un 1% del PIB para cultura, orientado a garantizar esas condiciones dignas que requieren los trabajadores de cultura y a permitir un acceso universal a los diversos espectáculos de forma gratuita.
  • Derogatoria de todas las medidas de austeridad como la Regla Fiscal que amarra el presupuesto en cultura y de las leyes orientadas a precarizar las condiciones de empleo público en las instituciones estatales al servicio de la promoción, creación y difusión artística.
  • Desarrollar un plan de obras públicas e inversiones para rescatar la poca infraestructura que existe como las Casas de la Cultura y construir nuevos espacios como salas de concierto, teatros, bibliotecas públicas, museos, entre otros; dotando a su vez a esos espacios de condiciones idóneas para el desarrollo del quehacer artístico. Esto será financiado a partir de los recursos que se puedan reorientar mediante una suspensión de los pagos de la deuda y de nuevos recursos como un impuesto de emergencia del 1% sobre las ganancias de los grandes grupos radiofónicos y televisivos del país.
  • Poner todos los espacios que hoy están ociosos al servicio de dinamizar el acceso a las diversas manifestaciones artísticas: teatros municipales, gimnasios, redondeles, grandes edificios desocupados y garantizando recursos estatales para la contratación de artistas nacionales que puedan desarrollar sus actividades a lo largo y ancho del país.
  • Definición de franjas horarias obligatorias en todas las televisoras y radios del país, destinadas a la exposición de creaciones artísticas nacionales.
  • Una nueva ley de radio y televisión que acabe con los grandes oligopolios del espectro radioeléctrico. Garantizando frecuencias de transmisión a todas las universidades públicas, agrupaciones comunales y organizaciones de trabajadores artísticos, de forma tal que se democratice la difusión y se brinden los espacios necesarios a la producción nacional.
  • Incorporación de la formación artística en todas las modalidades educativas, garantizando espacios de formación gratuitos en todo el país.
  • Rescate del patrimonio histórico-arquitectónico, garantizando los recursos públicos para la restauración de dichos espacios y para ponerlos al servicio de la difusión artística. Los sitios que hoy son parte de nuestro patrimonio no pueden derribarse o removerse de forma impune como ocurre hoy en día.
  • Eliminación inmediata del IVA para las actividades artísticas y culturales nacionales por su valor fundamental para la sociedad.
  • Reorientar recursos que hoy se destinan al “combate a la delincuencia” mediante medidas represivas, para dotar a la cultura de mejores presupuestos y generar espacios para el acceso al arte y la cultura en sus distintas manifestaciones.
  • Garantizar el acceso libre y gratuito a museos, patrimonio arquitectónico y cultural; bibliotecas públicas, filmotecas, teatros públicos y demás espacios. Garantizando a su vez el debido pago para todos los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de esos espacios; pago para el artista, gratuidad para el público, acceso universal al arte y la cultura.
  • Acabar con los mecanismos burocráticos de asignación de los presupuestos en cultura. Discusión de las necesidades y prioridades de inversión en asambleas del sector cultural, fiscalizando la utilización de esos recursos desde esos mismos espacios.
  • Por un plan nacional de rescate de tradiciones orales de cada uno de los 8 grupos indígenas que aún viven en territorio costarricense: Bribris, Téribes, Cabécares, Guatusos, Chorotegas, Huetares, Ngöbes, Borucas, esto por medio de participación comunitaria.
  • Derogar todas aquellas leyes, decretos o directrices que desprotegen el patrimonio nacional material o inmaterial, con especial énfasis en la protección del legado cultural de los pueblos originarios de nuestro país, que hoy se ve aún más amenazado debido a la expansión urbana y agrícola, como ocurre con la expansión de la piña o el banano.
  • A su vez, proponemos fortalecer y profundizar los programas de participación comunitaria especialmente orientando en la creación de museos regionales que rescaten la cultura ancestral como patrimonio de toda la población en general.

 

Seguridad

El país mantiene una política de seguridad que criminaliza la pobreza y mantiene en la impunidad a las grandes mafias organizadas. Se invierte cada vez más en represión policial y se recortan presupuestos en educación, cultura, prevención del consumo o recreación en general; contradiciendo una vez más el falso ideal civilista y pacífico que quieren vendernos.

Con la excusa de la guerra contra las drogas se han militarizado los barrios más pobres, se han llenado las cárceles de gente joven y de bajos recursos que representan el eslabón más débil de la gran cadena del narcotráfico y se han impulsado grupos parapoliciales como la división LINCE o la UIP.

Bajo esa misma política se ha entregado la soberanía nacional y se han abierto las fronteras de par en par a las fuerzas militares estadounidenses mediante los llamados acuerdos de patrullaje conjunto.

El saldo es un rotundo fracaso de esa política criminal. Los datos de trasiego de drogas y de consumo en general se disparan año con año, la situación de pobreza y desempleo agravada con la pandemia empujan a miles de personas especialmente jóvenes a ser carne de cañón de negocios ligados al narcotráfico o a otros delitos como el robo.

La otra cara de la moneda es una población privada de libertad que no para de crecer en número y donde se acumulan problemas como el hacinamiento que violan derechos humanos básicos. Los rostros más evidentes de esas personas son los de la gente pobre, en su mayoría menores de 35 años y quienes están presos por delitos menores como el narcomenudeo.

En relación a la política estatal de trato de los estupefacientes y de algunas drogas en particular como los derivados del cannabis o el uso industrial del cáñamo están revestidos de una gran hipocresía: se proponen legalizar su uso medicinal e industrial en manos de grandes empresas, pero seguir criminalizando el auto cultivo y autoconsumo.

En una misma semana se dio a conocer la aprobación en comisión de un proyecto para el uso industrial-medicinal del cannabis y la ratificación de la condena de 8 años de cárcel contra el abogado Mario Cerdas por auto cultivar y extraer derivados de la marihuana. En esta lógica solo se vale como negocio en manos privadas, pero no como una actividad individual y personal con fines medicinales o recreativos.

Frente a esta problemática planteamos:

  • Ruptura con los acuerdos de patrullaje conjunto o convenios de preparación policial a manos de fuerzas militares imperialistas como el Ejército de los Estados Unidos.
  • Disolución inmediata de todos los cuerpos parapoliciales y militarizados como la división LINCE o la UIP.
  • Agresivo plan de obras públicas para generar empleo y de inversión en materia de educación, cultura, recreación y prevención de las adicciones.
  • Política carcelaria que garantice los DD.HH de la población privada de libertad y la reinserción social efectiva mediante mecanismos de empleabilidad y seguimiento a las personas excarceladas.
  • Oposición a las medidas con énfasis militar-policial, impulsar mecanismos de autodefensa y seguridad barriales definidos en comités o asambleas populares.
  • Despenalización de la venta y consumo de drogas tratando estos aspectos como un problema de salud pública. Asumiendo un enfoque basado en la prevención del consumo y en la persecución de las grandes redes de lavado y legitimación de capitales.
  • Adoptar medidas como el levantamiento del secreto bancario o la extinción de dominio para combatir los negocios de las grandes redes de distribución, confiscando sus cuentas y sus grandes bienes para ponerlos al servicio de los planes de prevención y desarrollo de la educación.
  • Apoyar las medidas a favor del autocultivo de cannabis y cáñamo con fines medicinales o recreativos no comerciales.
  • Impulsar dentro de las medidas de reforma agraria la dotación de recursos y tierras para el campesinado que puedan garantizar el aprovechamiento de los derivados del cáñamo y cannabis en la generación de medicinas o insumos industriales.

Contra la represión del Estado a las personas luchadoras

No podemos hablar de tener paz mientras miles de personas viven en la pobreza, el desempleo y los niveles de desigualdad aumentan. La pandemia ha venido a empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y con esto el Gobierno ha profundizado su autoritarismo y su política de persecución y represión contra quienes lo enfrentan. Cuando los trabajadores y el pueblo nos organizamos para luchar contra la pobreza, el desempleo, la desigualdad, y las políticas del gobierno que nos tienen así, lo que recibimos es persecución y represión.

Cientos de luchadores se encuentran enfrentando procesos judiciales producto de la persecución a la protesta social y no son pocos los casos de luchadores sociales que han sido golpeados violentamente o incluso asesinados como es el caso de Jerhy Rivera y Sergio Rojas.

En Costa Rica realmente no existe paz, lo que existe es estabilidad que es garantizada mediante la persecución y la represión del pueblo, que solo sirve para mantener los grandes negocios de los ricos.

Los gobiernos se han encargado de limitar cada vez más el derecho a la protesta y perseguir a quienes luchan en contra de los intereses de los grandes ricos y los grandes empresarios. Por ejemplo, después de la lucha del combo del ICE, la Asamblea Legislativa convirtió los bloqueos en un delito porque estos demostraron ser un mecanismo efectivo de lucha del pueblo. Otro ejemplo más reciente lo vimos después de la huelga del 2018 del sector público, donde después de una jornada larga que casi derrota a los intereses de los grandes empresarios de descargar la crisis sobre el pueblo mediante el IVA y la reforma fiscal, los diputados hicieron una reforma al Código de Trabajo para impedir y limitar el derecho a huelga de los trabajadores del sector público.

Desde el Partido de los Trabajadores lucharemos en todos los espacios por lo siguiente:

  • Libertad a todos los condenados por luchar. No más persecución a los luchadores sociales.
  • Eliminación de los artículos que persiguen la protesta social, como el delito de obstrucción de la vía pública.
  • Libertad de huelga para todos los trabajadores. Reversión de la ley anti huelgas y del bloqueo como causal de ilegalidad de las huelgas.
  • ¡No más impunidad! Juicio y castigo contra los asesinos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas.

6.  OPRESIONES

Mujer

Acceso al empleo y socialización de las labores domésticas y de cuido

La pandemia del COVID-19 ha profundizado las brechas de género, de desigualdad económica y social. Las conquistas alcanzadas por las mujeres, producto de siglos de luchas, retrocedieron de manera abrumadora en tan solo unos meses como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos. La pandemia trajo consigo el regreso de las mujeres al hogar, pero no producto de las medidas de confinamiento, sino fundamentalmente por la cantidad masiva de despidos. La tasa de ocupación femenina llegó a alcanzar, en el 2020, cifras similares a las que teníamos en las décadas de los noventa, con un 31% de ocupación, representando un retroceso de 30 años.

Aunque desde antes el acceso al mercado laboral ya era un desafío especialmente para las mujeres, esta situación se profundizó, y aun con la leve recuperación de puestos de empleo en el país, las mujeres aun no logran reincorporarse al mercado laboral. De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, entre mayo y junio de 2021, las mujeres siguen siendo las más afectadas por la desocupación, donde la tasa de desempleo alcanzó un 23,9%, en comparación con el 13,2% registrado en el caso de los hombres. De las 423.000 personas desempleadas en el país, un 54,8 % son mujeres.

Esta falta de acceso a empleo remunerado, tiene además afectaciones a largo plazo para las mujeres, ya que pierden también la posibilidad de acceso a una pensión, quedando en una condición mucho más vulnerable.

Pero además la pandemia dejó en evidencia la terrible crisis de los cuidados que hay en la sociedad, al tener que hacer frente a una emergencia sanitaria que requería del cuido de niños, niñas y personas enfermas, así como la permanente higienización de los hogares y objetos cotidianos. Los propios hogares se convirtieron en espacios de trabajo Las labores domésticas, el acompañamiento escolar ante los cierres de centros educativos y las labores de cuidados, recayeron especialmente sobre las mujeres, volviéndose una tarea agotadora y esclavizante, para la cual, el Estado no tuvo ninguna respuesta.

Por eso no solo es necesario garantizar condiciones de empleo dignas sino también combatir las causas que afectan la participación de las mujeres en el mercado laboral, socializando las labores domésticas y de cuido, para que estas no se sigan recargando sobre los hombros de las mujeres y no sean un impedimento para el acceso a un empleo remunerado.

Desde el Partido de los Trabajadores proponemos:

  • Definir una política de empleo específica para las mujeres, que les garantice el acceso a independencia económica con condiciones salariales y de protección social para una vida digna.
  • Por el fin de la desigualdad salarial. Para garantizar igual salario por igual trabajo, las grandes empresas deberán someterse a auditorías salariales para que se analice la igualdad retributiva en las remuneraciones.
  • Equiparación del salario de las trabajadoras domésticas al salario de un obrero no calificado.
  • Impulsar en los sindicatos un programa por la defensa de los derechos de las mujeres, para que estos sean parte de su agenda de lucha e incorporados dentro de las Convenciones Colectivas.
  • Ampliación de la licencia de maternidad a 6 meses e igual período para las licencias de paternidad. Junto a ello, debe facilitarse el acompañamiento de profesionales que durante los primeros 6 meses de vida, orienten a las familias en las labores de cuido, de manera que se brinde apoyo para la creación de entornos seguros y la división de las tareas de cuido.
  • Universalización de los servicios estatales de cuido, para que cualquier niño o niña que nazca tenga garantizado el acceso a un servicio de cuido gratuito y de calidad, que sea disponible para todas las edades y cuente con horarios flexibles para las madres y padres que trabajan, eliminando la terciarización del servicio.
  • Ampliación de licencias y subsidios a personas responsables de cuido, para que estas no solo se otorguen a la atención de pacientes en estado terminal y personas menores de edad gravemente enfermas, sino también para personas físicamente dependientes.
  • Universalización de servicios estatales de cuidado gratuitos y de calidad para personas adultas mayores.
  • Socialización de las tareas domésticas a través de la creación de comedores y lavanderías comunales, para que el Estado asuma su responsabilidad y esta labor se convierta en una nueva fuente de empleo.

 

Violencia

Los datos de violencia contra las mujeres eran aterradores antes de la pandemia, pero el peligro ha aumentado aún más para todas aquellas mujeres que quedaron confinadas y acompañadas de sus agresores.

Las directrices que se impusieron para limitar la movilidad de las personas como medida de respuesta a la pandemia, se convirtieron en un panorama ideal para los agresores, que encontraron la excusa perfecta para imponer el aislamiento. Mientras para unos el confinamiento significaba una medida de protección, para las víctimas de violencia significó una verdadera pesadilla, pues volvieron a estar encerradas en el sitio más peligroso: su propio hogar. Y en tiempos de crisis, el riesgo para las mujeres pobres aumentó aún más, ya que, ante la falta de ingresos económicos propios, las mujeres se ven atadas a sus parejas para garantizar las necesidades más básicas como el pago de una vivienda o la compra de alimentos.

Mientras la violencia y el peligro aumenta, se mantiene un fuerte cuestionamiento al abordaje que se da ante la desaparición y muerte de mujeres, no solo por el terrible desenlace de femicidios donde han sido las propias familias la que encuentran los restos, sino también ante el abordaje y manejo de instituciones, que reproducen argumentos estigmatizantes sobre las víctimas de femicidio o por condenas que no reflejan la gravedad de los hechos.

Ante este panorama proponemos:

  • Declaratoria de emergencia nacional ante la violencia machista, para que se puedan destinar los recursos económicos necesarios para garantizar brindar servicios de atención ante las situaciones de violencia y garantizar a las víctimas el acceso a trabajo digno, educación y vivienda.
  • Ampliación de los programas de respuesta ante situaciones de violencia, de manera que se garantice el acceso a atención médica, jurídica y psicológica para las víctimas de violencia.
  • Dispositivos de atención y seguimiento a hombres que ejercen violencia.
  • Por aumento de albergues y la mejora de condiciones de los existentes, que garanticen la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.
  • Otorgamiento de licencias ante situaciones de violencia de género, para que ninguna mujer víctima de agresión sea despedida de su trabajo por hacer frente a las denuncias.
  • Prioridad en programas de empleo y vivienda para víctimas de violencia.
  • Organización de grupos de autodefensa en lugares de trabajo, sindicatos, organizaciones obreras, estudiantiles y populares.
  • Realización de campañas educativas y de formación que promuevan la participación de mujeres y hombres para luchar en contra de la violencia machista.
  • Elección popular de los jueces y revocabilidad de sus puestos.

 

Derechos sexuales y reproductivos

El incremento en la pobreza y el desempleo trajo también consigo el incremento en las barreras para el acceso a los métodos anticonceptivos de las mujeres. Para el año 2020, tan solo por la disminución en las ventas de anticonceptivos en farmacias, se calcula que unas 18.222 mujeres discontinuaron su uso y se dio una disminución de 15% en la adquisición de anticonceptivos, debido a que muchas mujeres dejaron de contar con ingresos para acceder a métodos de anticoncepción de manera privada.

Los datos globales prevén que, a nivel mundial, más de 47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, lo que puede provocar 7 millones de embarazos no planeados.

En medio de una crisis sanitaria como la que seguimos enfrentando, el reorientar prioridades en el sistema de salud, puede generar graves consecuencias para el acceso a los servicios de atención para las mujeres en la distribución de métodos anticonceptivos, el tratamiento hormonal para las personas trans o el acceso al aborto.

Esto se vuelve especialmente preocupante en un contexto como el de la pandemia, donde ha aumentado la violencia sexual contra niñas y mujeres, y donde se ha venido postergando la discusión del acceso al aborto legal en el país.

Frente a las agendas de sectores que se consideran progresistas mientras siguen postergando los derechos de las mujeres y los sectores conservadores que quieren imponer su agenda y el control sobre los cuerpos de las mujeres, mediante la creación de leyes cada vez más restrictivas, desde el Partido de los Trabajadores proponemos:

  • El acceso de todas las personas a la educación sexual laica y científica para que puedan tomar decisiones informadas sobre el control y manejo de su sexualidad.
  • Garantizar el acceso gratuito a anticonceptivos seguros y de calidad, incluida la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres, independientemente de su condición migratoria.
  • Facilitar de manera gratuita, los productos de higiene sanitaria para las mujeres.
  • Eliminación de la objeción de conciencia en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de manera que ninguna mujer se quede sin recibir la atención médica que requiere.
  • Garantizar el acceso a la hormonización y cirugías a las mujeres trans que así lo deseen.
  • Formación a profesionales de la salud en las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de las mujeres transexuales.
  • Estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, para que esta sea garantizada de manera gratuita por el sistema de salud, y ninguna persona gestante muera o sufra las consecuencias de los abortos clandestinos.
  • Garantizar el acceso de las mujeres en estado de embarazo a los controles y atención médica requerida, independientemente de su condición migratoria.
  • Estamos por la abolición de prostitución para que nadie siga padeciendo de sus consecuencias físicas y psicológicas. Defendemos la creación de mecanismos de acompañamiento, cupos laborales y apoyo para erradicar toda forma de explotación sexual contra mujeres y niñas.

 

LGBTI

La población LGBTI se enfrenta en la mayoría de los países no solo al estigma social, sino a la poca o nula protección de parte de los Estados, que los excluye de los ya limitados programas de asistencia.

Con las medidas de confinamiento, pero también con el incremento del desempleo y la pobreza, las condiciones de vida han empeorado y muchas personas LGBTI han sido obligadas a regresar a los hogares con sus familias, viéndose obligados a realizar cuarentenas en ambientes hostiles. Y especialmente la grave situación de exclusión social, laboral, política y económica de la población trans, no es una novedad de la pandemia.

Si bien la crisis sanitaria la ha agravado, el verdadero origen es una discriminación estructural causada por el sistema capitalista en el que vivimos.

En medio de esto es fundamental la consolidación de protección e igualdad de derechos para las personas LGBTI, contra el avance de sectores conservadores que se oponen a reconocer derechos y que intentan entorpecer los cambios en la educación y la cultura. Por eso mantenemos la lucha para que la diversidad y la no discriminación por razones de orientación sexual e identidad y expresión de género sean pilares de lucha contra el avance del conservadurismo.

Ante esto proponemos:

  • Fomento de los estudios e investigaciones LGBTI en los que se tengan en cuenta los efectos de las múltiples discriminaciones.
  • Que exista una real tipificación de crímenes de odio y mantener un registro y penalización de estos delitos debido a la orientación sexual o identidad de género para conocer la realidad y poder así aplicar políticas que vayan a la raíz de la violencia.
  • Asistencia social para todas aquellas personas LGBTI que hayan huido de sus hogares por discriminación y exclusión por su identidad de género u orientación sexual, de manera que se garantice atención psicológica, orientación jurídica, vivienda digna o becas de estudio.
  • Promulgación de Ley Trans que contemple la rectificación registral para todas las identidades autopercibidas incluida la niñez; para que se garantice el acceso a la salud, tratamientos y cirugías; así como cupos laborales y de acceso a la educación superior para personas trans.
  • Para tener una educación inclusiva, garantizar educación sexual, laica y científica, que incorpore la diversidad sexual y de género, dentro de los centros educativos se garantizará el respeto a la imagen física del alumnado transexual, así́ como la libre elección de su indumentaria.
  • Eliminación de la objeción de conciencia, de manera que todas las personas trabajadoras sean formadas en el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas LGBTI.
  • Promoción de campañas para la visibilidad del colectivo LGBTI y sus derechos en los centros de trabajo.
  • Impulsar la incorporación dentro de las Convenciones Colectivas de cláusulas antidiscriminatorias que incluyan la orientación sexual y la identidad de género, que los beneficios sociales sean también para las parejas del mismo sexo, elaboración de guías que intervengan en casos de discriminación laboral al colectivo LGBTI y cupos laborales para el colectivo LGBTI.

 

Juventud

La situación de la juventud en el país es caótica. Costa Rica tiene una tasa de desempleo juvenil del 40% y es el país latinoamericano con mayor desempleo entre jóvenes[1]. Los medios de comunicación les llaman “ninis”, haciendo referencia a que ni estudian ni trabajan, cuando lo cierto es que se le ha negado ese derecho a una generación que ya de por sí tendrá menos garantías laborales, más inestabilidad económica, y pocas oportunidades de acceso a la cultura y el deporte.

Pero además la pandemia trajo consigo muchos más inconvenientes para la juventud. La suspensión de las clases presenciales puso en evidencia la gran brecha existente en el acceso a internet y equipo tecnológico; la política Estatal fue formulada a partir de una visión adultocéntrica, sin pensar en alternativas para la población joven; se cerraron las pocas ofertas culturales y deportivas que había y adolescentes y jóvenes quedaron encerrados, aislados y sin acompañamiento emocional en un periodo de gran incertidumbre.

Pero además de este panorama desolador que se les ha heredado, se les criminaliza y juzga responsabilizándoles además del poco involucramiento político, cuando en realidad se les han cerrado las puertas para participar y traer consigo la innovación y el dinamismo que el Estado que queremos construir requiere.

Frente a esto, creemos que es necesario abrirle la puerta a la juventud y por eso proponemos:

  • Derecho al voto a todas las personas mayores de 15 años.
  • Destinar un 10% del PIB a la educación pública y un 1,5% para la Educación Superior Pública, de manera que se atiendan las necesidades educativas requeridas por la población.
  • Implementar un Boleto Educativo Gratuito, que permita que todo estudiante pueda llegar a su centro educativo utilizando el servicio de transporte público sin pagar.
  • Creación de una política específica de empleo para atender la situación de la juventud.
  • Aumento de los recursos destinados a servicios psicológicos y psiquiátricos para la atención de la infancia y juventud.
  • Asegurar que los contenidos educativos recojan la diversidad sociocultural, étnica, sexual y/o afectiva en todos los niveles.
  • Creación de un Plan Nacional para el Uso de Anticonceptivos para hacer más accesible su uso a las personas jóvenes, concienciando sobre su utilidad y necesidad para evitar ITS y embarazos no deseados.
  • Revisión de las campañas y programas de sensibilización contra el uso de drogas, para eliminar el enfoque que criminaliza a la juventud y emplear un enfoque orientado a la reducción de riesgos. Creación de un bono cultural para la juventud, que permita a esta población acceder a la compra de libros, o el acceso a cualquier actividad artística como el teatro, cine o danza.

 

Población indígena

El principal tema pendiente con la población indígena es la deuda histórica que hay por el respeto a sus derechos sobre el territorio. En el intento realizado por el gobierno actual para delimitar lo territorios, se han construido a partir de la visión blanca, negando los derechos ancestrales y otorgando seguridad jurídica a los dueños de los terrenos colindantes, al redefinir los límites en beneficio de los blancos, de tal forma que de manera constante se siguen violentando los derechos de los pueblos originarios otorgándoles derechos de posesión a personas que están usurpando los territorios, obviando la condición especial que tienen estos territorios. La única salida a estos conflictos, es que se garanticen íntegramente las tierras en manos de los indígenas.

Las personas recuperadoras han impulsado importantes luchas para garantizar la integridad del territorio indígena, sin embargo, los cuerpos policiales, usurpadores y sus peones, ejercen amedrentamiento, presión o violencia contra las recuperadoras de territorios.

Las agresiones se han elevado contra luchadores y los asesinatos de líderes indígenas y otros intentos de homicidio siguen en la impunidad, permitiendo más amenazas de muerte hacia otros líderes, mientras se permite que se organizasen grandes grupos de terratenientes, en algunos casos, apoyados por sectores empresariales que difaman a los indígenas que están en las recuperaciones territoriales.

Acompañado de esto, se mantiene un problema sobre la gobernanza del territorio, ya que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), es la que detenta la administración de los territorios, sin embargo, no termina de abarcar a los distintos sectores, generando conflictos internos que solo pueden ser resueltos por una forma de organización propia de cada territorio y avanzar hacia un gobierno local territorial que sea verdadero representante.

Ante esto proponemos:

  • Expropiación de los no indígenas y devolución íntegra de los territorios que por derecho consuetudinario le corresponden a los pueblos, que permitan la atención de las necesidades de la comunidad indígena.
  • Fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y ampliar el grado de participación para que tomen sus propias decisiones a partir de organismos efectivamente representativos mediante las figuras organizativas que los pueblos decidan.
  • Reconocimiento de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, para que sean estos lo que definan colectivamente su forma de organización y toma de decisiones.
  • Los procesos de recuperación del territorio deben de ir acompañados por un proceso de cubrir las necesidades de la comunidad, incluidas las personas que no tienen tierra como campesinos pobres.
  • Regularización y control de los precios de los alimentos, de manera que el producto de las cosechas no se vea afectado por el interés de lucro de los intermediarios.
  • Exigimos justicia para Sergio Rojas y Jhery Rivera, para que se revelen y paguen los autores intelectuales de su asesinato.
  • Manifestamos todo nuestro apoyo a las y los recuperadores de los territorios indígenas.

 

Migrantes

La población inmigrante representa el 9% de la población total de este país, conformando un 11,37% de la población trabajadora asegurada.

La población trabajadora migrante de origen nicaragüense es el corazón de la fuerza de trabajo en sectores como construcción, turismo, agricultura, manufactura, comercio, servicios domésticos y demás. A pesar de las labores fundamentales que realizan, esta población trabajadora se encuentra en condiciones de total desprotección frente a las violaciones a sus condiciones laborales: sus salarios muchas veces se ubican por debajo de los mínimos establecidos por ley (que ya de por sí, son insuficientes), no cuentan con ningún tipo de garantía laboral. Muchas veces los grandes empresarios haciendo uso de estereotipos y argumentos xenofóbicos justifican su sobreexplotación, rebajan sus salarios y exigen agotadoras jornadas laborales. La población trabajadora nicaragüense es explotada entre los explotados.

De esta población una mayoría son mujeres, quienes se desempeñan en los trabajos más precarizados; un 39,4% de las mujeres de la fuerza laboral se ocupan como trabajadoras domésticas, siendo este el oficio que tiene la más baja remuneración salarial.

La derrota de la rebelión de mayo de 2018 y la pandemia han radicalizado aún más los sufrimientos de esta población que quedó atrapada entre el negacionismo irresponsable de la dictadura de Daniel Ortega y la xenofobia del gobierno costarricense. Desde 2018 ha existido una fuerte ola de refugiados políticos que huyen de la dictadura de Ortega, ha estos sufrimientos se ha sumado que fueron los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses quienes más vivieron las arbitrariedades patronales durante la pandemia: reducción de jornadas, despidos, reducción de salarios, aumentos de las cargas, obligación de elegir entre los hijos y el trabajo (que fue el caso de centenares de trabajadoras domésticas).

Los últimos dos años desde las movilizaciones xenofóbicas en La Merced (apoyadas por políticos como Sergio Mena y el PNG) hasta la militarización de la frontera por manos de Epsy Campbell y Maicol Soto, hemos visto cómo se normalizan los insultos xenófobos y los discursos de odio sobre una supuesta invasión de Nicaragua.

Estas actitudes y políticas han generado que muchos trabajadores costarricenses, confundidos y angustiados por el deterioro del empleo, de los servicios de salud y de su empobrecimiento fueran confundidos por los discursos xenófobos que “le echan la culpa de todo a los nicaragüenses”. Lo cierto es que estos son argumentos que ocultan la identidad de los verdaderos responsables del deterioro de la vida del pueblo trabajador: los empresarios y sus políticos. La política y las actitudes xenófobas crean falsos conflictos entre los trabajadores para mantenernos divididos y facilitar la continuidad de los abusos del patrón.

La fuerte indefensión de los trabajadores nicaragüenses, se ve radicalizada por la inexistente organización sindical en el sector privado (donde se concentra la mayoría de esta población trabajadora). Adicional a esto, aun cuando se les exige cumplir con todas las obligaciones como ciudadanos costarricenses (independientemente de su situación migratoria), y forman parte fundamental de la economía de este país, no se les permite ningún tipo de participación política ni acceso a aspectos básicos como el derecho al voto hasta no haberse naturalizado, por lo que no tenemos manera de influenciar en un cambio que nos beneficie como población discriminada.

A esto hay que sumarle las dificultades del excesivo trámite migratorio, en los que se requiere una validación constante de la documentación en Nicaragua que implican costos de traslado y viáticos. Se calcula que los trámites para obtener la residencia permanente ronda entre los $700 a los $10002, siendo estos costos claramente confiscatorios en relación con sus salarios y ni qué decir de las contradicciones que presenta la misma ley, donde se requiere permiso de trabajo para empezar a laborar, pero este no es otorgado hasta tanto no se tenga un trabajo garantizado.

Por eso proponemos:

  • ¡Alto a la xenofobia! ¡Todos los derechos para todos los migrantes!
  • Acceso gratuito a todos los servicios de salud de la CCSS para todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria en el país.
  • Por un plan de reinserción a las escuelas y colegios para la población migrante.
  • Por total acceso a las universidades y a la posibilidad de solicitar una beca para estudiar sin importar su condición migratoria.
  • Por un plan de vivienda digna que incluya a las familias de los trabajadores migrantes y por la posibilidad de acceder a créditos bancarios.
  • Igualdad de derechos laborales para los migrantes, multas altas para los patronos que no los cumplan y restitución inmediata de derechos.
  • Por el aseguramiento en la CCSS y por el pago de la póliza contra riesgos de trabajo independientemente de la condición migratoria. Cárcel a los patronos que incumplan estas obligaciones.
  • Por el derecho a formar sindicatos y a ser electos como representantes.
  • ¡Abajo la Ley de Migración! Por la regularización migratoria inmediata de los trabajadores y sus familias.
  • ¡Por el derecho a votar y a ser electos!
[1] En enero del 2021 la Organización Mundial de Trabajo (OIT) arrojó algunos indicadores alarmantes, siendo Costa Rica el país latinoamericano con mayor índice de desocupación joven y según datos de julio, Costa Rica duplica la tasa de desempleo del promedio de la OCDE.

7. AMBIENTE Y REFORMA AGRARIA

El desequilibrio ambiental del planeta, como consecuencia de la explotación capitalista desenfrenada e irresponsable, se ha profundizado en los últimos años. Las alertas que venían señalando varios estudios científicos sobre las consecuencias, no han quedado solo en la teoría. Las sequías, las inundaciones, los huracanes, los incendios forestales, las olas de calor, entre otros, están afectando países y poblaciones y se han intensificado cada vez más.

La interferencia inconsecuente en el medio ambiente, venía causando el surgimiento de varias enfermedades, pero el Covid-19 fue el que se globalizó en corto período transformándose en una tragedia sanitaria, económica y social para los más pobres. La crisis socio-ambiental se intensifica en magnitud y frecuencia y nos deja un mensaje: si no derrotamos el capitalismo es posible que la naturaleza lo haga, pero, junto con eso, también nos derrotará.

 

Ambiente

Los gobiernos de turno siguen promoviendo una imagen de Costa Rica como un país verde, en busca de una compensación económica por la mercantilización de los servicios ambientales.  Bajo esta opción verde y “sostenible”, se plantean falsas soluciones al cambio climático y se establecen compromisos con agendas globales montadas para los ricos, pero por el otro lado el Estado mantienen una agenda que genera graves impactos socio-ambientales de la mano de los sectores empresariales.

Detrás de las alternativas de desarrollo limpio y mitigación al impacto del cambio climático, hay un fuerte sector empresarial que exige cada vez más prebendas y la desregulación de los controles ambientales, actuando en muy diversos terrenos para acaparar el acceso al agua, a la agricultura y la energía.

De esta forma las cámaras agroindustriales intentan flexibilizar el otorgamiento de permisos fitosanitarios a nuevos plaguicidas con muy bajos estándares de calidad, que exponen a trabajadores agrícolas y comunidades aledañas a plaguicidas peligrosos. Y mantienen también una pugna por reabrir proyectos que se habían declarados cerrados como la minería a cielo abierto o la pesca de arrastre.

Frente a la reacción de los activistas y las comunidades en lucha, la burguesía se ha unificado para oponerse a proyectos como el Acuerdo de Escazú, que busca brindar la protección a quienes luchan por el derecho a la tierra y la conservación del ambiente, en una zona como Latinoamérica que es la región más peligrosa para las defensoras del medio ambiente.

Esta lógica está basada en la búsqueda incesante por el lucro y por eso no es capaz de autorregularse para revertir la catástrofe ambiental que ha generado. En medio de la crisis sanitaria del Covid19 y las declaratorias de emergencia generadas a nivel nacional, la situación se ha agravado aún más, ya que los empresarios se han aprovechado de las declaratorias de emergencia en los distintos territorios, para evadir las regulaciones mínimas y la solicitud de permisos para la creación de nuevos proyectos.

  • En defensa de la soberanía energética para que el Estado facilite la reparación de los ríos destruidos o impactados por la generación de energías, y constituya un sistema de consumo energético eficiente, que sustente las necesidades básicas de las personas con equidad y justicia.
  • Frente a los conflictos ambientales, no solo deben repararse los daños causados, sino establecer responsabilidad política y penal de los responsables de los daños ambientales causados.
  • Nos oponemos a los intentos de reactivar la minería a cielo abierto y la pesca de arrastre.
  • Exigimos un alto a la persecución a los luchadores ambientales y por la tierra. Apoyamos el acuerdo de Escazú, para que se reconozca la particularidad de las personas defensoras de los ambientales. Pero junto a esto, apoyamos también la autodefensa popular para no seguir sufriendo de la muerte de otros dirigentes.

 

Reforma Agraria

A nivel mundial, aunque más del 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, controla menos de un cuarto de la tierra agrícola.[1] Esta misma dinámica de tierra en pocas manos la vemos en nuestro país, donde 44.500 hectáreas netas de nuestro suelo están dedicadas al cultivo de piña. Solo en la Zona Norte hay 24.653 hectáreas, lo equivalente al 56% del área cultivada. Para 2019, en Costa Rica había 43 mil hectáreas cultivadas de banano, principalmente en la provincia de Limón.

Esto ocurre porque la propiedad de la tierra está al servicio de la industria agroalimentaria que acaparan los países imperialistas, principalmente Estados Unidos. Cada vez más se producen los alimentos de consumo básico, (granos como el maíz, trigo, frijoles, etc.) en estas naciones con enormes beneficios por parte de los gobiernos, los cuales se exportan a bajísimos costos a los países pobres, arruinando a los campesinos y esa es la razón por la que más de la mitad de los granos básicos que se consume en el país es importado.

Esta enorme concentración de la tierra para actividades agrícolas a gran escala solo beneficia a unos pocos, mientras profundiza la miseria y el hambre. En el mundo capitalista hay suficiente terreno para acabar con estos males, pero alrededor de 820 millones de personas en el mundo se encuentran subalimentadas, y contradictoriamente el 80% de las personas con hambre a nivel mundial se concentra en áreas rurales, siendo muchos de ellos agricultores o trabajadores agrícolas sin tierra[2].

La desigualdad en el acceso a la tierra es uno de los problemas más señalados en cuanto a las inequidades, y también en este campo son las mujeres quienes más lo sufren, porque se reconozca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica las mujeres rurales cada vez tienen menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jurídica. Y al no contar con tierra, están excluidas de la posibilidad de acceder a préstamos y asistencia técnica para producir sus tierras. Al no contar con bienes propios su posición es más débil, lo que la hace más vulnerable a la violencia machista. Esta situación afecta su autonomía económica.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2014, el porcentaje de mujeres que poseen tierras en el país es de 15,6 %, en especial las fincas con menor extensión, y, al igual que en el resto de Centroamérica, en los territorios se refleja un proceso de concentración de tierra creciente en manos de empresas o sociedades de derecho.

El cambio drástico e inmediato para transformar nuestro sistema alimentario para detener la deforestación y brindar tierra a quien la trabaja, solo puede ocurrir si hubiera una planificación de la producción realizada por la mayoría de la sociedad y un cambio en el modo de vida, lo que es incompatible con la dinámica consumista y acaparadora del capitalismo.

Desde el Partido de los Trabajadores proponemos:

  • Romper con los TLC para regular el comercio y poder asegurar la colocación de los productos en el mercado nacional y evitar así que las toneladas de producción importada, libre de impuestos, desde las grandes potencias sigan arruinando a nuestros pequeños productores.
  • Eliminación del INDER y creación de un Instituto de Reforma Agraria con la potestad de organizar la redistribución de la tierra desde las asambleas de trabajadores agrícolas y campesinos sin tierra.
  • La nacionalización de los latifundios y la denominada agroindustria bajo el control de las personas trabajadoras para que puedan definir su producción de acuerdo con las necesidades de las personas.
  • Nacionalización bancaria y garantías de inversión estatal en la tecnificación y comercialización de la pequeña producción, para poder asignar crédito barato e inversión estatal que le garantice a los pequeños y medianos productores mejoras en el transporte, seguros de cosechas, subsidios, semillas mejoradas, maquinaria e insumos agrícolas.
  • Planificación de la producción alimentaria para garantizar que se suplan las necesidades de la población, de manera que el Estado planifique en conjunto con los productores las extensiones de tierra necesarias para sembrar granos y otros cultivos básicos, esto con tal de que se garantice la seguridad y soberanía alimentaria nacional, así como el aprovisionamiento para que el pueblo trabajador pueda tener una dieta suficiente y adecuada.
  • Expropiación de la tierra cultivable en manos de las grandes transnacionales y también de las tierras ociosas, para que estas sean repartidas a los pequeños y medianos campesinos para que las trabajen. Además, son ellos quienes de manera democrática y organizada van a decidir qué, cómo y cuánto van a producir.
  • Acceso de las mujeres a la tierra y diseñar estrategias colectivas para que la distribución de la tierra sea justa y equitativa, considerando también el acceso de la tierra para las mujeres.
[1] Tomado de: https://grain.org/es/article/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial

[2] Ibid

¡Socialista y Revolucionario!