SOLIDARIDAD CON LAS 55 LUCHADORAS Y LUCHADORES por tierra PERSEGUIDOS en LOS CHILES

SOLIDARIDAD CON LAS 55 LUCHADORAS Y LUCHADORES por tierra PERSEGUIDOS en LOS CHILES

Los tribunales de justicia del cantón de Los Chiles de Alajuela llevan a cabo una persecución contra 55 dirigentes campesinos quienes, ante el desamparo del gobierno y la crisis económica, tuvieron que buscar una respuesta a su situación de vivienda y pobreza mediante la ocupación de terrenos ociosos.

Estos compañeros y compañeras forman parte de 7 procesos de resistencia desde mediados de 2019, los cuales aglutinan alrededor de 800 familias de comunidades como El Parque, Las Nubes, Cristo Rey y Monteverde. Los terrenos ocupados pertenecen a bancos estatales o terratenientes extranjeros, que en la mayoría de ocasiones se han mantenido sin producir por varios años.

Ante esta situación, a finales del año anterior se conformó la Alianza Campesina del Norte, una instancia de coordinación de las denuncias y exigencias del movimiento.

La respuesta del gobierno ha sido la represión

Desgraciadamente, el gobierno de Carlos Alvarado, lejos de buscar soluciones tanto a la miseria como al problema de la tenencia de la tierra en el cantón de Los Chiles, se ha puesto en la primera línea de la defensa de los intereses de los grandes propietarios.

En los últimos dos años, instituciones como el INDER y el Ministerio de Vivienda no visitan las ocupaciones para atender las justas demandas de las familias o encaminar un proceso de diálogo para garantizar su derecho legítimo a trabajar las tierras.

El gobierno ha dado la espalda a los llamados de las familias y de la Alianza a buscar una solución al conflicto; en su lugar, ha enviado a los cuerpos policiales (Fuerza Pública, antimotines y la DIS) a amenazar a la población, destruir sus cultivos y a reprimir a quienes se han atrevido a reclamar por una vida mejor.

Por si eso fuera poco, las cámaras de ganaderos, los piñeros y la Municipalidad han presionado a la Fiscalía de Los Chiles para que persiga a las personas sin tierra. Esto tiene a una enorme cantidad de compañeros y compañeras procesadas e investigadas de diversos delitos como usurpación, amenazas, estafa procesal e instigación, ese último principalmente contra las personas líderes del proceso.

En las diferentes ocupaciones, al menos 55 personas están siendo perseguidas y criminalizadas por las autoridades judiciales, como consecuencia de ejercer su derecho a trabajar la tierra y asegurarse un techo. Esta persecución ha sido con más ensañamiento hacia las mujeres, las cuales, en su gran mayoría, cumplen el rol protagonista en el movimiento de la lucha campesina.

No son procesos de robo de tierras, como lo pintan los fiscales y abogados de los terratenientes. Son reivindicaciones justas dirigidas a que el gobierno, por medio del INDER y sus herramientas legales, compre o expropie esos terrenos y los distribuya entre las familias necesitadas. Es precisamente la acumulación de tierra por parte de los grandes empresarios del agronegocio, los bancos e inversionistas extranjeros lo que ha provocado una situación insostenible para quienes viven en la zona norte.

Lamentablemente, la criminalización a la protesta social no es nueva en el país. Cada vez que campesinos sin tierra se organizan para luchar por sus justas reivindicaciones son perseguidos y reprimidos por los diferentes gobiernos. El mandato de Carlos Alvarado aplica la misma línea de reprimir las diferentes movilizaciones, como en las jornadas contra el plan fiscal, la defensa de las universidades o los enfrentamientos callejeros contra los acuerdos con el FMI. Esta política de criminalización de la protesta social ha dejado un saldo de centenares de trabajadores, campesinos y estudiantes procesados penalmente.

Por una gran campaña de solidaridad en defensa de las personas perseguidas por luchar

Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos la persecución por parte de la Fiscalía de Los Chiles y los cuerpos policiales contra las 55 personas dirigentes y contra la Alianza Campesina del Norte. Estos representan a cientos de familias campesinas víctimas de un Estado capitalista que defiende y protege los intereses de los grandes terratenientes y las transnacionales del agronegocio.

Ellos no han cometido ningún delito, solamente procuran su vivienda y sustento mediante el trabajo en terrenos ociosos. Dichos procesos forman parte de una estrategia para desgastar la organización campesina, por lo cual exigimos a las autoridades judiciales que retiren inmediatamente todos los cargos.

Hacemos un llamado a todas las personas del movimiento social, así como a las organizaciones del movimiento popular, a rodear de solidaridad a quienes hoy están siendo perseguidas en Los Chiles por defender su derecho a tierra y vivienda. La respuesta debe ser de repudio total y movilización para evitar que sean castigadas por solo por manifestar y organizarse para satisfacer sus necesidades más sentidas.

Por último, nos sumamos al llamado de las familias campesinas de exigir al gobierno de Carlos Alvarado una solución pronta al conflicto, que se logre garantizar el derecho legítimo a tierra y vivienda para todas las personas luchadoras.

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