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25N: No más violencia contra las mujeres, No más ataques del Gobierno

El 25 de noviembre, se conmemora el día internacional contra la violencia hacia las mujeres. En todo el mundo se organizan acciones y movilizaciones para protestar contra la violencia machista, que sigue afectando a las mujeres y arrancando vidas cada día. El 25N es un día de lucha para exigir justicia por las victimas de la violencia machista y debe ser un día de exigir a los gobiernos políticas y acciones reales para enfrentar la violencia que vivimos todos los días no solo a nivel personal, sino en los centros de trabajo, porque la violencia también es atravesada por la explotación capitalista.

En el mundo, 140 mujeres y niñas son asesinadas cada día por sus parejas o familiares, y más de 370 millones de mujeres y niñas han sufrido violaciones o agresiones sexuales durante su infancia. Esta violencia se profundiza en un contexto de avance del conservadurismo, la ultraderecha y las fuerzas autoritarias que buscan arrebatarnos los derechos conquistados por las luchas feministas.

En Centroamérica, esta ofensiva tiene expresiones concretas. Nicaragua y El Salvador están bajo dictaduras que persiguen la organización social, restringen libertades y silencian particularmente a las mujeres que defienden derechos. En Nicaragua, se registran 120 casos de persecución contra mujeres y personas LGBTTI entre 2018 y 2024, incluyendo 52 detenciones arbitrarias y 42 casos de tortura y tratos crueles, algunos con violencia sexual. En El Salvador, las organizaciones feministas han denunciado que el régimen de excepción ha significado retrocesos en los derechos de las mujeres, debilitamiento la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y no existe registro público de los femicidios. Mientras tanto, en Honduras, durante 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, según el Centro de Derechos de Mujeres, una verdadera tragedia en un país de 11 millones de habitantes.

Esta realidad regional también se expresa en Costa Rica, donde lo estamos pagando con sangre. Desde el gobierno pasado y con la continuidad, hemos visto un aumento exponencial en los casos de femicidios y violencia machista, mientras las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. En 2021 se registraron 20 femicidios, mientras que en 2024, se registró el escalofriante dato de 48 casos. De estas últimas víctimas, 30 eran madres y 45 menores de edad quedaron sin su madre. Cada uno de estos números representa una vida arrebatada, una historia y una familia desgarrada que, en muchos casos, continúa esperando justicia y reparación.

Pero eso no es todo:

  • – Entre 2020 y 2026, el PANI atendió 15,246 casos de violencia sexual en menores de edad, en el cual 8 de cada 10 casos la victima es mujer.[1] En 2025 hubo un aumento significativo, para el 2026 esa cifra de denuncias se mantiene.
    – La violencia intrafamiliar tuvo un sostenido aumento entre 2020 y 2024: pasamos de 9,406 a 23,046 casos reportados, donde las poblaciones víctimas son desproporcionalmente mujeres de todas las edades, menores de edad y adultas mayores. [2]
  • – La impunidad impera en el sistema judicial. Con protocolos que no se cumplen, prejuicios misóginos y una tasa de apenas 14% de denuncias por violación que llegan a juicio y solo el 2,5% que llegan a condena firme, perpetuando la impunidad de los violadores, que en caso de tener puestos políticos, ni siquiera enfrentan a la ley, con la plena complicidad de la presidenta Laura Fernández y su bancada.
  • – En las plantaciones y en las fábricas, las mujeres son acosadas sexualmente, abusadas y coaccionadas a tener relaciones sexuales, con absoluta impunidad y la amenaza del hambre. No se respetan sus necesidades fisiológicas ni en lo más mínimo y los despidos a embarazadas son pan de cada día con 40 al mes.

Ante esta problemática, que ha llevado a sectores organizados a solicitar la declaratoria de una situación de emergencia por violencia machista, el gobierno de la continuidad responde con recortes en los servicios que las mujeres necesitamos tanto para atender casos de violencia (INAMU, CCSS), como también para el cuido y educación de nuestras familias y poder trabajar (CEN CINAI, Educación Pública). Esas instituciones necesitan muchos cambios, concordamos en profundas críticas que se les han hecho, que nos parece que solamente podrán lograrse en tanto pasen a estar en función de atender las necesidades de la clase trabajadora y bajo la fiscalización y control de instancias de la clase.

Este gobierno nos mantiene sin la educación sexual que estuvo informando a la juventud sobre relaciones impropias y abuso, y que redujo embarazos adolescentes. Atacaron la norma técnica para interrumpir embarazos que ponen en riesgo la salud y vida de las embarazadas. Ahora sus diputadas junto con dos liberacionistas se oponen a que una sobreviviente de violencia sexual tenga acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia, violentando fuertemente el derecho de las mujeres de una atención oportuna. A las mujeres trabajadoras además, nos quieren imponer jornadas de 12h, que nos dificultan cuidar, nos ponen en mayores peligros y nos podrían terminar obligando a renunciar a nuestro ingreso propio.

Algunos sectores celebran que mujeres dirijan todos los poderes del Estado, instituciones y ministerios. Sin embargo, nosotras queremos alertar sobre eso, porque nos quieren hacer pensar que nuestros problemas se resuelven cambiando individuos. Incluso recurren a estereotipos para decir que las mujeres en el poder evitarán la violencia. Pero esa es una trampa.

Lamentamos que corrientes como los feminismos liberales-burgueses hayan instalado (con plena ayuda de la ONU y otras instancias) la idea de que la opresión de las mujeres se resuelve con solo que unas cuantas privilegiadas alcancen puestos de mando o logren destacar. Eso mientras la mayoría de las mujeres vivimos en condiciones de explotación y vulnerabilidad. Ahora se da el fenómeno de liderazgos políticos y mediáticos de mujeres que defienden los peores estereotipos machistas, la sumisión de las mujeres, el “retorno al hogar” y hasta la pérdida de derechos sociales y políticos. Desde el PT más bien reivindicamos el programa socialista, de participación plena de las mujeres en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, que será realidad para las mujeres de clase trabajadora solo en tanto cambiemos la forma en que organizamos la producción y la reproducción.

Las mujeres al mando de los poderes del Estado son perfectamente capaces de coordinar sus acciones contra las necesidades de las mujeres de clase trabajadora. El Poder Judicial es partícipe cuando perpetúa la impunidad, los privilegios y la irrevocabilidad de puestos. La Asamblea Legislativa con proyectos de ley anti-mujeres y pro-patronales, recientemente impulsados por diputadas misóginas y discriminatorias como Kattia Calvo. El Ejecutivo lidera recortes y retrocesos en derechos; ante el aumento de la violencia social, su receta es recortar educación y construir cárceles de cuestionables métodos; el Ministerio de Salud eliminó la obligatoriedad de reportar casos de violencia sexual y explotación sexual comercial y el Ministerio de Trabajo mira hacia otro lado cuando se dan acoso y abusos en los trabajos. Hemos visto como todos los poderes del Estado se ponen de acuerdo (presida quien presida) para perpetuar la dominación del capital y la subyugación de la clase trabajadora, donde las mujeres llevamos la peor parte.

Las expresiones de violencia no corresponden a casos aislados, ni a trastornos mentales individualizables sino, por el contrario, a un sistema socioeconómico opresor. La falta de oportunidades de empleo digno y suficientes ingresos, la falta de acceso a la educación pública de calidad en todos sus niveles y acceso a instituciones que solucionen corresponden a expresiones del sistema capitalista: dicho sistema nos aísla como comunidad, nos precariza y abusa en los centros de trabajo, y en su profundo odio a las mujeres y la clase trabajadora en general, mantiene instituciones gubernamentales desfinanciadas y que no dan abasto a solucionar los enormes traumas que el sistema mismo genera.

Desde el Partido de la Clase Trabajadora consideramos necesario que se atienda la situación de emergencia nacional por violencia machista con recursos para financiar atención para las víctimas, albergues y dispositivos de seguimiento. Proponemos la organización de grupos de autodefensa para mujeres y la elección popular de jueces y juezas, en puestos revocables. Sanciones a las empresas donde organizaciones sindicales denuncien abusos y acoso. Aplicación real de la ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio. También, que el INAMU, el PANI, el IMAS y demás entidades estatales funcionen con participación popular, de organizaciones de mujeres, feministas y de la clase trabajadora. Además, es indispensable que las mujeres tengan independencia económica con empleo y que el trabajo de cuido y doméstico pase a resolverse con servicios públicos de calidad.

Todo esto riñe con los intereses del capital, incluyendo ahí los de las mujeres que presiden los poderes del actual estado burgués, por lo que debemos impulsar una ardua lucha social y organización política con independencia de clase. Para concretar este programa contra la violencia machista a fondo, habrá que tomar la dirección del Estado en manos de una clase obrera organizada con un programa socialista, expropiar a las empresas más grandes de este país, muchas evasoras, morosas con la CCSS y todas explotadoras de la clase obrera, y poner las decenas de billones de colones que ahí se producen al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.

La lucha espontánea contra todos los ataques del gobierno es una importante señal. La asistencia multitudinaria y los métodos de protesta callejera del plantón convocado el 23 de octubre dan una luz de esperanza, pero esa luz no debe quedarse en ilusiones ingenuas de las instituciones de un estado al servicio del capital. Profundicemos la lucha, unifiquemos las causas que atañen al conjunto de la clase trabajadora, violencia, educación, transporte público, costo de la vida, empleo, en torno a un programa coherente por la emancipación de la opresión y de la explotación.  

¡Ni una menos, vivas nos queremos!

¡Organicemos la resistencia en las calles al ataque de la ultraderecha conservadora!

 1. PANI atendió a más de 15.000 menores por v1olencia sexual en seis años: casi 8 de cada 10 víctimas son mujeres: genteopa.com/central/pani-atendio-a-mas-de-15-000-menores-por-v1olencia-sexual-en-seis-anos-casi-8-de-cada-10-victimas-son-mujeres/
2. Ministerio de Salud: Boletín Epidemiológico (2025) www.ministeriodesalud.go.cr
3. Honduras: https://derechosdelamujer.org/project/2025/
4. Nicaragua: https://im-defensoras.org/es/2026/02/persecucion-por-razon-de-genero-caso-nicaragua/#metodologia
5. El Salvador: https://diario.elmundo.sv/nacionales/el-regimen-de-excepcion-retrocedio-la-lucha-por-derechos-humanos-de-mujeres-organizaciones


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