Desde el Partido de la Clase Trabajadora rechazamos la decisión de retirar el acceso a la anticoncepción de emergencia del protocolo de atención en casos de violación. Esta medida representa un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y limita nuestra posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Las víctimas de violación merecen una atención integral, con protocolos fundamentados en la ciencia y en el respeto absoluto a sus derechos. Sin embargo, el Estado perpetúa la violencia contra las mujeres a través de sus instituciones, imponiendo barreras que dificultan el acceso a la salud, la justicia y una vida libre de violencia.
La Asamblea Legislativa nos ataca con proyectos de ley misóginos y anticientíficos, con su oposición a la anticoncepción de emergencia, poniendo medidas que revictimizan y obstaculizan una atención inmediata y adecuada para las víctimas de violencia sexual.
El Poder Judicial garantiza la impunidad de los agresores machistas. Solamente el 14% de las denuncias por violencia contra las mujeres llega a juicio y solo el 2,5% llegan a condena firme y el 64% de las denuncias terminan en desestimación por las múltiples pruebas y exámenes que deben presentar las victimas, junto con las barreras institucionales, contribuyen a la revictimización y dificultan el acceso a la justicia.
El Gobierno recorta los servicios que necesitamos: salud, educación pública, CEN-CINAI y atención a la violencia machista. Además, es cómplice de la patronal que nos explota y amenaza con el desempleo, profundizando las condiciones de desigualdad que enfrentamos las mujeres trabajadoras.
El Ministerio de Trabajo se hace de la vista gorda o, directamente, se pone del lado de la patronal ante las denuncias de abusos laborales, acoso sexual y laboral, despidos ilegales, trata de personas menores de edad e incluso violaciones. Mientras tanto, las mujeres seguimos enfrentando la desprotección y la impunidad en nuestros espacios de trabajo.
Defendemos el acceso a la anticoncepción de emergencia y exigimos recuperar la norma técnica para el aborto terapéutico. Pero nuestra lucha no puede detenerse ahí: debemos avanzar hacia el aborto legal, seguro y gratuito, para que todas las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas sin barreras impuestas por el Estado.
La lucha por nuestros derechos pasa por organizar la resistencia social en las calles. La táctica de ir únicamente a las barras legislativas a hacerle porras a las diputaciones nos conduce a la derrota y no garantiza que nuestros derechos sean respetados. La presión se ejerce en las calles, como hemos aprendido de la marea verde y de los movimientos que luchan actualmente en distintas partes del mundo.
Para enfrentar este Gobierno misógino y antiderechos, desde el PT nos sumamos a la organización con el resto del movimiento de mujeres y las organizaciones sociales, porque necesitamos fortalecer la lucha colectiva. Los ataques del Gobierno no se dirigen únicamente contra las mujeres: afectan a toda la clase trabajadora, a la juventud, a las infancias y a quienes trabajan en los sectores público y privado. Por eso, debemos unir nuestras fuerzas para resistir.
Llamamos a participar este viernes a las 4:00 p. m. en el plantón frente a la Asamblea Legislativa, contra el retroceso de los derechos de las mujeres.
¡Defendamos la anticoncepción de emergencia! ¡Recuperemos la norma técnica para el aborto terapéutico! ¡Por el aborto legal, seguro y gratuito!
¡Ante los ataques del Gobierno, organización y lucha social!