Costa Rica está experimentando lo que se ha descrito como una emergencia de violencia machista. Este es un país donde al año llegan a atenderse en la CCSS 11 768 menores de edad por abuso sexual, donde miles de delitos sexuales son denunciados al año, de los que solamente 5% llega a juicio. La cantidad de embarazos que son producto de relaciones de abuso o de violaciones ni siquiera se contabilizan de manera apropiada. Imperan la impunidad y la indefensión de las mujeres y menores ante la violencia, las violaciones y otros abusos, a menudo mediados por la dependencia económica, la explotación y la miseria.
Ante la desesperación que puede implicar un embarazo no deseado y la necesidad, se ha demostrado que las mujeres abortan independientemente de si es legal e incluso sin que los porcentajes cambien según sus creencias religiosas, el aborto se hace de manera secreta. La estimación más reciente con que se cuenta de abortos inducidos en Costa Rica es de 27 000 al año, y esto en condiciones de clandestinidad y alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres, a menudo ya madres de otras criaturas que dependen de ellas. Lamentablemente, cuando el aborto es clandestino, son las mujeres de la clase trabajadora las que ponen en peligro su salud y su vida ya que las mujeres con recursos pagan por mejores servicios médicos o incluso viajan a países donde el aborto es legal.
El asunto es que, muchas personas en el país se encuentran en condiciones en que no es viable traer una criatura al mundo. De hecho, las más recientes estadísticas evidencian una caída en un 33% de la natalidad en los últimos 10 años. Cuando se considera que en los centros de trabajo están a la orden del día los despidos por embarazo disfrazados de “reestructuración”, la intransigencia ante las responsabilidades de cuido de las madres, horarios cambiantes semana a semana, de madrugada o noche sin considerar a madres o jefas de hogar, y que el trabajo doméstico y de cuidados recae sobre las mujeres en una jornada que empieza cuando termina la laboral, no cuesta ver la maternidad como una sobrecarga sobre las mujeres de la clase trabajadora que muchas deciden postergar o evitar.
El gobierno de Laura Fernández, continuidad del de Rodrigo Chaves, más bien tiene una política coherente anti-mujeres de la clase trabajadora impulsando el recorte en servicios de cuido como los Cen Cinai, en los comedores escolares, en la educación pública, impulsando las jornadas de 12h con su proyecto 4×3 e incluso atacando la norma técnica para el aborto terapéutico y programas de educación sexual. El gobierno de PPSO tiene una contradicción muy fuerte al contar con una mujer presidenta, y muchas más en puestos de poder, pero sostener políticas de ataque a las condiciones de vida de las mujeres, a las instituciones como el INAMU que atienden la violencia machista, la CCSS que debería brindar anticoncepción y servicios de salud reproductiva y con un discurso y acciones reproductoras del machismo, de la violencia y de la impunidad de quienes se encuentran en puestos de poder, tanto por acusaciones de corrupción como de acoso sexual.
El actuar del gobierno del PPSO es coherente con la tendencia regional, de gobiernos con rasgos autoritarios y dictaduras que han atacado de manera despiadada los derechos de las mujeres, con discursos mal llamados pro-familia, mientras atentan contra las condiciones de vida y hasta la posibilidad de reproducción de las familias de clase trabajadora. Es un giro conservador y ultraderechista sometido a ultranza al imperialismo estadounidense que lidera la tendencia.
Desde el PT consideramos que las mujeres de la clase trabajadora deben tener no sólo la libertad sino también las condiciones para poder decidir sobre su reproducción. Es necesario empezar por una educación sexual científica en todas las instituciones públicas, que permita a la juventud formarse sobre la reproducción e incluso sobre como llevar una sexualidad libre de prejuicios, opresión y violencia. También es indispensable contar con acceso a anticonceptivos de calidad en la salud pública, para todas las edades y condiciones, incluyendo la pastilla del día después que no es más que otro método anticonceptivo, para que sea posible planificar la reproducción. En caso de enfrentar un embarazo no deseado, las mujeres deben tener el derecho a decidir interrumpirlo mediante el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito, que no es más que un procedimiento médico estándar. Por la vida de las mujeres trabajadoras, es necesario el acceso al aborto en espacios de salud pública, sin que esto sea limitado por sus recursos ni por las creencias privadas del personal de salud con eufemismos como “objeción de conciencia”.
En otros países, donde se han logrado conquistas como la educación sexual integral o la legalización del aborto, esto se ha alcanzado luego de grandes y fuertes movilizaciones sociales. La experiencia es que no es un asunto que pueda dejarse en manos de los partidos en el parlamento o en el poder, ni siquiera cuando afirman estar a favor de los derechos, ya que sin la fuerza del movimiento social organizado, no se pueden defender las conquistas.
En Costa Rica, el movimiento feminista y de mujeres ha logrado importantes convocatorias y movilizaciones en pasados años, que consideramos que deberían avanzar hacia una agenda de lucha que no sea cooptada por fuerzas políticas que generan falsas expectativas en la institucionalidad burguesa y el parlamento como lo que fue el PAC y el FA -partidos que ni siquiera defendieron el derecho al aborto libre en su reciente campaña ni desde sus curules actuales-. Ante un gobierno como el de Laura Fernández, que viene a atacar fuertemente las conquistas históricas de las mujeres como lo es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos desde una hipócrita agenda conservadora debemos responder con la mayor fuerza. Las actitudes machistas, violentas y represivas del PPSO solo retrocederán si les plantamos cara de manera contundente con un movimiento combativo y coherente.
Este 28 de setiembre, en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro,
¡Organicemos la lucha por el derecho a decidir!
¡Educación Sexual y Anticonceptivos para Decidir,
Aborto libre para no morir y
Derechos para Maternar!