El próximo 24 de Junio a las 8 am, en la Corte Suprema de Justicia de San José, tendrá lugar la audiencia preliminar del juicio contra 6 personas detenidas el 8 de noviembre del 2012; cuando participaban de la manifestación pacífica en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Ese día se realizó una importante marcha en defensa de la salud pública y en contra de recortes presupuestarios a la CCSS. En ella participaron comunidades de diferentes puntos del país, estudiantes y trabajadores de la UCR, así como delegaciones de diversos sindicatos. Esta marcha fue dura e injustificadamente reprimida por decenas de antimotines del gobierno de Chinchilla, dejando un saldo de varios heridos y 35 arrestados.
Gracias a la respuesta popular, expresada ese mismo día, así como días más tarde en una movilización de miles contra la represión; todos los detenidos fueron absueltos en los tribunales de flagrancia y dejados en libertad sin ninguna condena. Hoy sin embargo, 6 de ellos buscan ser condenados por la fiscalía, en una nueva intentona de criminalizar la protesta social.
Las personas que la fiscalía quiere condenar bajo el expediente 120057600-0648-pe son: Luz Marita Arce Soto, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Luis Diego Retana Solano, también estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Luis Alberto Salas Sarkis, pensionado, ex – Secretario General de la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y miembro del Partido Vanguardia Popular; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
Al igual que en el reciente juicio por las movilizaciones en Limón del 2010 (que enfrentaron la privatización del puerto y el salario único), el estado costarricense está buscando condenar a personas que simplemente se manifestaban de manera pacífica, para poder sentar un precedente de criminalización de próximas marchas y los bloqueos.
Ya en este caso particular ha logrado parte de su cometido al condenar a la compañera Paulina Briones, mujer y madre que participaba en la manifestación, a cumplir una pena de 2 a 5 años en prisión. Sentencia que hoy está apelando con auxilio de sus abogados.
Nuevamente, la Fiscalía busca culpar a los imputados por los supuestos ‘’delitos’’ de obstrucción de la vía pública y resistencia al arresto; esto para tener un punto de apoyo contra cualquier otra manifestación que sea reprimida y criminalizada por el gobierno.
Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos este intento de la fiscalía de criminalizar la protesta social. Consideramos que es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Solís, y de la clase empresarial que presiona detrás del él, para preparar la represión, en contra de la resistencia que el pueblo trabajador ofrecerá frente a sus ataques.
El gobierno del “cambio” aplica la política de enfrentar el descontento popular mediante la represión. Parte de esa política es la presencia policial y de sus abusos de autoridad en los barrios con la excusa del combate al narcotráfico, los recientes episodios de represión contra grupos de vivienda y porteadores, la aplicación de las multas y el aumento de las deportaciones contra los nicaragüenses en el marco de la nueva ley de migración. No hay que olvidar tampoco que a comienzos de su gobierno puso a Celso Gamboa, ex viceministro de seguridad de Chinchilla y responsable político de la represión del 8 N, a fungir como Ministro de Seguridad por varios meses.
Llamamos a todo el movimiento estudiantil y sindical a cerrar filas contra esta política del gobierno de Solís, el PAC y de todo el Estado Costarricense; debemos a rodear de solidaridad a los acusados del 8N. Junto a ellos también debemos acuerpar la lucha por la libertad de la compañera Paulina Briones.
Debemos exigirle al Luis Guillermo Solís que, en caso de que se afirme la sentencia en el ámbito penal, decrete un indulto para Paulina Briones, pues el juicio que enfrentó fue completamente incriminatorio y sin evidencia fundamentada, como lo demostró la absolutoria de los acusados restantes en el juicio.
Este 24 de Junio debemos hacernos presentes a la audiencia en los Tribunales de San José para exigirle al Fiscal General, Jorge Chavarría, que retire las acusaciones contra los compañeros y compañeras y archive su expediente, pero también para demostrarle al gobierno que el movimiento popular no dejará que avance un paso más en su plan represivo.
Creemos que es urgente que el Frente Amplio y las dirigencias sindicales rompan todos sus pactos electorales y políticos con el PAC y el gobierno de Solís y encabecen la resistencia a su ofensiva represora. Ambos deben ponerse al servicio de los acusados en este juicio, usar todos sus recursos para torcerle el brazo al gobierno y obligarlo a retroceder en su plan.
• Exigimos al Fiscal General Jorge Chavarría que retire la acusación contra los 6 detenidos restantes del 8N
• Exijamos a Solís que, en caso de consolidarse la condena de Paulina Briones, decrete un indulto que la libre de la condena.
• Rechacemos juntos la ofensiva represiva y criminalizadora de la protesta social del gobierno de Solís y rodeemos de solidaridad a todos nuestros perseguidos.
Juicio contra activistas por marcha en defensa de la CCSS
