En la última semana el gobierno terminó de imponerle el congelamiento salarial al sector público y vuelve a la carga con el aumento del impuesto de ventas al pueblo.
El gobierno anunció esta semana los proyectos prioritarios de su agenda que se discutirán en el primer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa a partir del próximo lunes 3 de agosto.
En la lista de iniciativas figuran el paso del impuesto de ventas al impuesto sobre el valor agregado (IVA) que subirá de 13 a 15%, cambios en el impuesto sobre la renta, así como la modificación en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
A su vez ha colocado la Fertilización In Vitro y las sociedades de convivencia en el orden, sin dejar de lado el proyecto, para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Esta agenda legislativa promovida por el poder ejecutivo demuestra una vez más el carácter antipopular de este gobierno, que con sus medidas quiere cargar los costos del déficit fiscal sobre los hombros de la clase trabajadora. Por eso desde el Partido de los Trabajadores la denunciamos y decimos que demuestra cómo el gobierno está por defender los intereses de los empresarios.
Mientras tanto, la semana pasada se anunció que el aumento salarial del segundo semestre será de 0,08% (80 colones por cada 100 mil), una ataque más consumado por el gobierno y el empresariado, con el visto bueno de las principales dirigencias sindicales , que repercutirá aún más en las durísimas condiciones de vida de los trabajadores.
¿En qué consiste la lista de prioridades del gobierno en la Asamblea Legislativa?
Con el IVA al 15% lo que sucederá es que el empresariado cargará sobre el consumidor final este incremento. Por si esto fuera poco, las empresas establecidas en régimen de zona franca, así como la salud y la educación privadas no aplicarán este incremento de impuestos, lo cual en los hechos representa una exención más al gran capital.
La reforma al impuesto sobre la renta gravaría con el 30% a las cooperativas, y con el 15% a la cesantía de más de 8 años.
En relación con la propuesta contra el fraude fiscal lo que buscaba es que Tributación Directa cobre y ejecute embargos de manera directa, sin orden judicial, a los contribuyentes morosos. Sin embargo es un hecho que ya el PAC dejó de insistir en esto y le cedió la iniciativa al PLN para que reforme el proyecto y lo haga inofensivo para los empresarios.
En estas propuestas para solucionar el déficit fiscal que ronda el 6% del PIB hay otro denominador común: además de que el pueblo trabajador carga con este déficit, hay un acuerdo entre el gobierno y los empresarios para no tocar al gran capital. Se habla de subir el IVA al 15%, pero ni por asomo se plantea una reforma fiscal donde los ricos paguen impuestos, o el combate efectivo contra la evasión fiscal que ya llega al 5% del PIB.
Cuando se exponen proyectos que comprometen en lo más mínimo las ganancias de los empresarios estos pegan el grito al cielo, y el gobierno a las primeras de tanteo echa para atrás.
La entrada en discusión de esta agenda es, en buena parte, fruto del pacto entre el PAC-Patria Justa y el Frente Amplio. Dichas dirigencias, lejos de organizar la lucha contra el aumento del IVA o movilizarse contra el aumento salarial 0,8%, llaman a confiar en el gobierno, contra el “verdadero enemigo” que es la patronal y los partidos burgueses tradicionales.
Desde un principio hemos denunciado que la alianza PLN, ML, PUSC es totalmente propatronal y jamás sería una alternativa para la clase trabajadora, pero también hemos planteado la necesidad de luchar contra los ataques que vienen del gobierno, hoy por hoy principal promotor del ridículo aumento 0% para el sector público.
Los integrantes del pacto se renunciaron a una agenda independiente y se aplancharon al gobierno, a cambio de la promesa de impulsar la FIV y las sociedades de convivencia que difícilmente van a ser aprobados en el órgano legislativo porque, como ya se explicó, los esfuerzos van a ir encaminados a impulsar la agenda fiscal.
¿Por qué no entró ninguna iniciativa contra pluses y empleo público?
La Nación, la alianza PLN-ML-PUSC junto con la UCCAEP protagonizaron una feroz campaña contra los incentivos salariales del sector público, colocados en los medios de comunicación como privilegios excesivos que deben eliminarse. Incluso Rodrigo Arias planteó la salida del referéndum para resolver la cuestión.
Entre las propuestas de ley para tratarse en sesiones extraordinarias no se ubican ni la ley de salario único ni la del empleo público. Esto no quiere decir de ninguna forma que el gobierno defienda estos derechos adquiridos, más bien se ha sumado al coro de la derecha tradicional que busca eliminarlos. Incluso el gobierno de Luis Guillermo Solís se vanagloria en redes sociales que el ICE bajó un 10,2% su planilla de 2011 a junio de 2015, o de que RACSA contrata personal con pluses.
No fueron las buenas intenciones del gobierno las que frenaron momentáneamente estos nuevos ataques, sino la presión popular por la base que se expresó en la movilización del ICE, del pasado lunes 27 de julio, donde miles de trabajadores se lanzaron a las calles a protestar contra las intenciones de seguir atacando los salarios, pese a que la mayoría de dirigencias sindicales tienen una política de conciliación con el gobierno PAC.
La marcha del lunes demostró que entre las bases hay ánimo de lucha y que la única forma de resistir la ofensiva empresarial es la movilización en las calles, sin ninguna confianza en el gobierno.
Este fue un importante primer paso, pero creemos que es necesario avanzar en la unidad para la lucha. Para que dicho avance se dé es necesario que tanto el FA y Patria Justa rompan definitivamente con el gobierno y se sumen a la organización desde las bases para combatir los ataques que se avecinan. Tanto la alianza PLN-ML-PUSC como el gobierno Solís están de acuerdo en no responsabilizar el empresariado por el déficit fiscal y sí a los trabajadores.
Solo confiando en la movilización independiente podemos construir la unidad, la cual debe servir para proponer también un plan desde los trabajadores para enfrentar el déficit fiscal, que incorpore el no pago de la deuda, una reforma fiscal donde los ricos paguen impuestos y el fin de los privilegios para las zonas francas.
Gobierno impone congelamiento salarial e insiste con impuestazo al pueblo
