DECLARACION DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA CONDENA A ORLANDO BARRANTES CARTIN
Llamamos a todos los sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de derechos humanos a rodear de solidaridad a Orlando Barrantes y exigir su liberación mediante el retiro de la prisión preventiva y el indulto presidencial.
Llamamos en concreto al Frente Amplio y a su bancada parlamentaria a que se sume a la lucha por el sobreseimiento e indulto a Orlando Barrantes.
El miércoles 16 de Septiembre el Tribunal Penal de Pococí condenó a 12 años al dirigente comunal y dirigente político de izquierda, Orlando Barrantes Cartín.
La sentencia se produce después de tres juicios consecutivos, en los que la Fiscalía y el Estado se han empecinado en condenar a Orlando Barrantes, a pesar de que toda la evidencia apunta a que Orlando no es responsable de los hechos que se le imputan. La acusación del Estado contra Orlando Barrantes en realidad es una medida de represión política y de criminalización de la protesta social.
Los hechos por los que hoy se condena a Barrantes son del año 2000, cuando un grupo de campesinos protestaba con una serie de peticiones (Indemnización por la afectación del Nemagón, tierras, mejoras en infraestructura, etc.). En medio de la protesta, hubo un duro enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que buscaba reprimir. Estos enfrentamientos son los que el Estado ha usado como excusa, para encarcelar a Orlando Barrantes, acusándolo de secuestro.
Como se mostró en juicios anteriores, Orlando Barrantes nunca participó en esos hechos, ni estaba presente en el lugar.
La acusación de la Fiscalía y el Ministerio Público es completamente política. Los argumentos que han utilizado a lo largo de los tres juicios a los que han sometido Orlando Barrantes, son todos políticos, lo que se está haciendo es persiguiéndolo por su condición de dirigente social.
Lo que la Fiscalía y el Ministerio Público buscan criminalizar es el hecho que Orlando Barrantes ayudó a organizar personas para que le exigieran sus derechos al gobierno y al Estado.
Es la misma lógica que el Estado ha venido utilizando contra Paulina Briones, hoy condenada a 2 años de prisión por su participación en las movilizaciones en defensa del carácter público de los puertos de JAPDEVA en Moín. A ella también se le busca incriminar con una serie de falsos delitos supuestamente producidos en el calor de las manifestaciones para poder criminalizarla en su carácter de dirigente y activista.
La condena es una condena durísima, 12 años de prisión, Orlando quedó detenido de una vez, pues como si fuera poco el juez dictó una prisión preventiva por seis meses mientras el fallo queda en firme.
La dureza de esta sentencia contra un luchador social, contrasta con las sentencias todas sobreseídas contra los ex presidentes de la república, con la indulgencia que permanentemente ha existido contra los responsables de los daños sociales hechos en Crucitas, en la “Trocha”, con la OAS y la carretera a San Ramón.
La dureza y el ensañamiento de esta sentencia, contrasta con la impunidad permanente en que han quedado los juicios por los ambientalistas muertos en circunstancias “sospechosas” o directamente asesinados.
La condena contra Orlando Barrantes, que se produce por hechos de hace 15 años, después de 3 juicios, se da en el marco de una dura ofensiva del gobierno de Luis Guillermo Solís contra los derechos sociales y políticos del pueblo trabajador. El mensaje de amedrentamiento para todos los dirigentes sociales no podía ser más claro. La condena de Orlando, es la más dura de una serie de procesos de judicialización y criminalización de la protestas social (en las protestas de Japdeva, en las protestas de la CCSS, contra los indígenas de Salitre, etc.).
Es por esto que desde el Partido de los Trabajadores, le proponemos a todo el movimiento sindical y popular y muy especialmente al Partido Frente Amplio las siguientes medidas:
- Exigirle con movilización a la Fiscalía y el Ministerio Público que no apliquen los 6 meses de prisión preventiva. Orlando Barrantes no es ningún secuestrador, ni ningún delincuente tienen derecho a quedar libre de manera inmediata.
- El apoyo solidario a las medidas legales que sus abogados planteen para seguir luchando por su liberación.
- La exigencia al Gobierno de Luis Guillermo Solís, de la promulgación de un decreto que indulte a Paulina Briones y a Orlando Barrantes, ambos perseguidos políticos y condenados en su gobierno.