- Con las nuevas evaluaciones del desempeño el gobierno avanza a aplicar el salario único
Los anteriores gobiernos trataron de aprobar una Ley de Empleo Público para reformar de conjunto los esquemas de contratación, pago y evaluación de los empleados estatales. La estrategia seguida fue la presentación de proyectos globales que incluían a todas las instituciones del sector público y se aplicaban por igual a todos los trabajadores.
Esta estrategia no dio resultados por la resistencia que genera entre los trabajadores y la propia dificultad de aprobar nuevos proyectos en la Asamblea Legislativa.
De ahí que la administración Solís haya optado por un cambio en la estrategia para avanzar de forma gradual, segmentada y a partir de la concertación para facilitar el camino al gobierno y debilitar la lucha conjunta de los trabajadores.
La Academia Centroamericana[1] recomendó en 2014 enfocar las reformas “a nuevo entrantes al sistema.”(p.27), ya que “se esperaría que un 30,5 por ciento de la salida de los ocupados ocurra en 15 años o menos, porcentaje superior al 25,8 por ciento correspondiente al Gobierno Central. “ (p.27); es decir, con solo aplicar medidas para los nuevos ingresos se garantizaría modificar las condiciones de un tercio de la planilla estatal en menos de 15 años. Muchas instituciones han emprendido ese camino para los nuevos trabajadores o los interinos que ingresan en propiedad, como acaba de ocurrir en el ICE.
La Política Nacional de Empleo Público[2] que aplica el nuevo gobierno del PAC recoge estas conclusiones, señalando que “diversas iniciativas han sido puestas sobre la agenda nacional pero sin alcanzar los niveles de consenso necesarios y suficientes para su traducción en normativa y lineamientos de política pública en virtud del alto grado de resistencia social que generan” (PNEP, p. 3). Por eso se buscan acuerdos directos con organizaciones sindicales para rebajar derechos, como ya ocurrió en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o como parece sucede en el ICE con el reciente anuncio del salario único sin ningún atisbo de huelga de los sindicatos de la institución.
Las evaluaciones no mejoran los servicios y justifican las rebajas salariales
En materia de Empleo Público anunciaron recientemente el impulso de una Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa y proyectos con un enfoque de gradualidad como el que sugiere la Academia Centroamericana, lo cual permite ir segmentando la reforma, comenzando por aspectos menos sensibles.
El proyecto más concreto es una nueva Ley sobre la Evaluación del Desempeño. La meta es que, a inicios del 2016, ya esté operando un plan piloto en ese sentido. De estas evaluaciones dependería el pago de algunos componentes salariales como la anualidad y seguramente la permanencia en el puesto de trabajo.
El problema de la mayoría de instituciones del sector público no es que sus empleados sean ineficaces o malos trabajadores; estas expresan los resultados de un deterioro general ocasionado por el desfinanciamiento y los recortes presupuestarios. En este sentido, la evaluación no es sinónimo de mayor inversión o mejora, sino de justificaciones para aplicar nuevos recortes amparados en instrumentos técnicos que no responden ni a la realidad ni a los problemas de las instituciones.
Por ejemplo, en la CCSS las largas listas de espera o la falta de cupos en servicios de atención integral no son responsabilidad de los trabajadores, quienes serían evaluados por sus jefaturas y los usuarios obviando la responsabilidad política del gobierno y la Junta Directiva sobre el deterioro general de la institución. En el caso del Ministerio de Educación Pública, aspectos como la deserción escolar no es responsabilidad directa del personal docente o administrativo; muy por el contrario, los docentes dedican gran cantidad de tiempo de fuera de su jornada laboral para cumplir con parte de su trabajo sin que reciban pago alguno. La evaluación del desempeño entonces calificaría como ineficientes a estos trabajadores donde se presenta una alta deserción aunque la misma no les sea atribuible.
Costa Rica:
Enfrentar la nueva estrategia de división y concertación del gobierno
La dirigencia de la APSE viene repitiendo desde el 2012 que se lanzarán a la huelga indefinida o a “la madre de todas las huelgas” cuando se presenten para su trámite en la Asamblea Legislativa proyectos relacionados con el salario único. Es decir, si hay un proyecto como el la Ley de Empleo Público presentada por el gobierno de Laura Chinchilla no habrían motivos para la lucha, mientras se mantienen las expectativa de acuerdos con el gobierno.
El gobierno parece haber descartado proyectos globales para centrarse en reformas puntuales y focalizadas, cuyos resultados son más lentos pero las posibilidades de aplicarse son mucho mayores. Los sindicatos deben enfrentar esta estrategia de división, levantando un plan de lucha escalonado que apueste por la unidad de todos los trabajadores y la defensa de los servicios públicos.
El terreno para estas medidas de ataque al sector público es mucho más fértil debido a la campaña de división entre trabajadores públicos y privados promovida por La Nación y Teletica. De ahí que si los sindicatos estatales no logran superar su reivindicación gremial, abandonar el método de concertación con el gobierno y vincularse a la luchas del sector privado, no hay posibilidades de una salida victoriosa para los empleados estatales.
La actual estrategia de huelgas aisladas de un día como la que recién se anunció para el 16 de octubre, por bloques separados, sin exigencias concretas al gobierno y desligadas de los las luchas del sector privado, no fortalecen la lucha. Es urgente un plan de lucha escalonado que parte de ejes claros como:
-Contra el paquete de impuestos del gobierno y los recortes al presupuesto.
-Un plan de obras públicas financiado con impuestos a los empresarios.
-Derecho a sindicatos y a la huelga en la empresa privada.
-Eliminar el tope de 8 años de cesantía establecido en el Código de Trabajo.
-Salario mínimo para todos los trabajadores que les asegure cubrir todas sus necesidades.
-Prohibición del despido sin justa causa y multas a las empresas que despidan personal.
-Derogatoria de la Ley de Migración que castiga al migrante.
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