Recientemente la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, informó la aprobación de un paquete de medidas de corto plazo orientado a aliviar la crisis financiera del régimen de pensiones IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), en el cual se encuentran afiliados la mayoría de los trabajadores costarricenses.
Las medidas incluyen un aumento de un 30% en la cuota obrera mensual, equivalente al desembolso de un 1% más del salario al mes; así como la autorización a que la CCSS utilice el fondo en inversiones en compra de títulos de deuda en el extranjero y en títulos de obra pública y privada.
Dicho cambio planea ser el punto de arranque para una reforma de pensiones mucho más agresiva que según Jaime Barrantes, Gerente de Pensiones de la CCSS, podría incluir nuevos aumentos en la edad mínima de la jubilación, reducción de los montos de pensión y más aumentos en las cuotas.
A pesar que en un inicio Luis Guillermo Solís declaró desconocer la medida, el Gobierno central sí la conocía, tal como lo declaró el Ministro de la presidencia Sergio Alfaro. Él reconoció que Luis Guillermo, el vicepresidente Helio Fallas y “un grupo del sector económico” analizaron la medida.
Luego del anuncio oficial, el Gobierno y las autoridades de la CCSS han propuesto establecer una nueva mesa de diálogo con el objetivo de conciliar la aplicación de dichos cambios con las direcciones sindicales del sector público y privado.
Desde el PT rechazamos rotundamente este nuevo ataque a los salarios. Llamamos a toda la clase trabajadora a organizarse contra esta contrarreforma antipopular y a las dirigencias sindicales les exigimos no participar de ninguna mesa de negociación que avale el avance de la misma.
En nuestra opinión ninguna de las razones señaladas por las autoridades de la CCSS da cuenta del verdadero origen de la crisis; mientras que su propuesta, lejos de preservar el sistema de pensiones, continúa el rumbo de contrarreformas que ponen un retiro digno cada vez más fuera del alcance del trabajador.
Capitalismo globalizado: principal causante de la crisis
Utilizando una terminología muy complicada, el estudio de la UCR, usado para justificar las movidas del gobierno, detalla que los principales rasgos de la crisis son la insuficiencia de cotizantes frente al aumento de pensionados, el encarecimiento de los costos de la pensión frente a lo recaudado y un consecuente adelantamiento del plazo en que se agotará el dinero del fondo para dar pensiones.
Entre los factores que se colocan como causantes de la crisis se encuentra la llamada “transición demográfica”, es decir el envejecimiento de la población que aumenta la proporción de personas en edad de jubilación que pasan a depender del régimen de pensiones.
También se menciona la implementación de mejoras en el alcance y los beneficios de las pensiones que no han recibido financiamiento adecuado y los efectos de la crisis económica.
Para nosotros el estudio describe como se llegó al punto en que el IVM, tal y como ha venido funcionando hasta hoy, no pueda seguir sosteniendo las pensiones en un corto plazo; sin embargo, no logra explicar qué es lo que falló en su diseño y su administración que hoy le impide responder.
Tal y como es presentado en los medios y a juzgar por las mismas recomendaciones del informe, da la impresión de que es imposible que el IVM logre hacerle frente al envejecimiento de nuestra población, sin recurrir a aumentos en las cuotas, elevación de la edad de retiro y rebajas en los ya de por sí bajos montos de pensión.
Existen sin embargo causas más profundas que explican el agotamiento del IVM detallado en el informe. Hablamos de los efectos depredadores del capitalismo globalizado sobre el empleo, los salarios y derechos como la seguridad social y su relación con la evolución de dicho régimen de pensiones.
Una de las primeras pistas se encuentra en el mismo informe que plantea que luego de varias décadas, apenas un 55% de la Población Económicamente Activa (población ocupada o desocupada con edad e intención de emplearse) se encuentra incorporada al régimen.
Descontando algunas decenas de miles de empleados públicos afiliados a otros regímenes, estos números son evidencia de que existen cientos de miles de desempleados que no están cotizando para su jubilación y otro tanto más que produce millones para las empresas que no se ven reflejados en lo absoluto en el fondo de pensiones.
¿Por qué un régimen que recientemente cumplió los 75 años tendría que conformarse con apenas la mitad de la población para su financiamiento? La respuesta está en el carácter capitalista y semi colonial de nuestro país.
Los empresarios, al competir salvajemente entre sí, buscan maximizar las ganancias de sus negocios mediante una explotación cada vez más eficiente de los trabajadores, y en el camino generan desempleo permanente y suprimen el derecho a la seguridad social de cientos de miles de trabajadores, evitando contribuir ellos mismos también.
Actualmente en nuestro país se calcula que un 9,7% de la fuerza de trabajo se encuentra desempleada. Esta es la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina y representa unos 212 mil trabajadores.
Dicho dato no incluye la población que recientemente dejó de buscar empleo y ya no es contabilizada en la fuerza de trabajo. Según el economista Luis Paulino Vargas, cerca de 148 mil personas salieron del mercado de trabajo entre 2015 y 2016.[1]
A nuestro modo de ver, la tendencia del capitalismo a dejar fuera del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores representa una limitante fundamental en la capacidad que ha tenido el país para desarrollar su seguridad social.
Se trata de cientos de miles de personas en capacidad de producir y aportar al régimen de pensiones que al envejecer sin cotizar requerirán atención de la CCSS a través del Régimen No Contributivo de Pensiones.
La otra limitante estructural que ha terminado por desbancar el sistema de pensiones es la súper-explotación que la clase empresarial impone a los trabajadores con la colaboración de las instituciones del estado.
Para empezar, existe una gigantesca porción de las y los trabajadores ocupados que no se encuentran asegurados por sus patrones. Estos patrones no solo niegan a sus trabajadores el derecho a la pensión, sino que roban una porción de la riqueza producida por los trabajadores que pertenece al fondo de pensiones IVM.
Según el III Informe de Encuesta Continua de Empleo (ECE) 2016 del INEC, 2 de cada 10 trabajadores asalariados no cuenta con seguro social, dicho porcentaje se compone de aproximadamente unos 317 mil trabajadores.
Las principales víctimas de la violación del derecho a la pensión y de la elusión de la responsabilidad patronal con la seguridad social son las mujeres de la clase trabajadora y los nicaragüenses.
Las mujeres tienen una tasa de desempleo 41,6% más alta que los hombres, según la ECE 2016 y viven en el cuarto país de menor participación laboral femenina de América Latina, según el XXII Estado de la Nación (55%).
Para 2016 según el INEC, el número de mujeres que querían trabajar pero que habían sido desalentadas de buscar trabajo rondaba los 211 mil.[2]
Según estudios[3], para 2014 se contabilizaban en Costa Rica 120 mil trabajadores de construcción y 90 mil empleadas domésticas de nacionalidad nicaragüense, de los cuales solo aparecían registrados en la CCSS unos 28 914 en construcción y 12 689 en servicio doméstico.
Otra expresión de la súper-explotación capitalista que viene arruinando el sistema de pensiones consiste en el permanente robo de salario que representa el incumplimiento con los salarios mínimos y el pago de horas extras por parte del patrón.
Según el Vigésimo Segundo Informe del Estado de la Nación, cerca de 5 de cada 10 trabajadores asalariados no recibe pago de horas extra, mientras que a 3 de cada 10 perciben el salario mínimo de ley que le corresponde a su categoría.
Esto quiere decir es que el empresariado imperialista y nacional le viene robando una importante porción del salario en mano y el aporte al fondo de pensiones a un total de 750 mil trabajadores.
Aquí también son las mujeres las que llevan la peor parte dado que perciben un 28% menos de salario al realizar tareas similares a las de los hombres[4] y ven mucho más violentados derechos como el pago de horas extras.
¿A cuántos millones ascienden las pérdidas generadas por la voracidad de los capitalistas al fondo de pensiones del IVM? ¿Por qué debemos pagar los platos rotos los trabajadores si es claro que los empresarios y sus gobiernos han sido los causantes de su ruina?
Organización sindical: única manera de salvar las pensiones y dignificarlas
Desde el PT combatiremos todas las medidas de ajuste antipopular propuestas por el gobierno PAC y las autoridades de la CCSS.
Para nosotros se trata de otra medida más que busca cargar las billonarias ganancias de los empresarios sobre los hombros de la clase trabajadora.
Rechazamos cualquier diálogo tramposo por parte de estos para conciliar las medidas y llamamos a las dirigencias sindicales a no participar en la convocatoria planteada por el gobierno para marzo.
Para nosotros solo la lucha y huelga unificadas del sector privado y público serán capaces de frenar este ataque a las pensiones y todos los que hoy se encuentran sobre la mesa: aumento del Impuesto de Ventas, Ley de Empleo Público, etc.
El primer paso para frenar este aumento en la cuota de las pensiones y todos los ataques subsiguientes es organizarnos en cada centro de trabajo y comenzar a discutir cómo garantizar que se cumplan nuestros derechos laborales, entre ellos el derecho a la pensión.
Debemos discutir qué medidas exigir a los patrones y al gobierno para salvar el sistema de pensiones y, más allá de esto, que medidas debemos perseguir para lograr una pensión digna a todos los trabajadores.
Aumentar el impuesto de renta a las grandes empresas como forma de reponer lo robado por los empresarios es una buena consigna para arrancar.
Trabajadores cotizantes y trabajadores sin seguro, costarricenses y nicaragüenses, debemos luchar por fundar sindicatos con los cuáles defender nuestros derechos. Es claro que es imposible sostener un sistema de pensiones solidario si no obligamos a los patrones a cumplir con el salario mínimo, el pago de horas extra y sin el aseguramiento de la clase trabajadora nicaragüense.
Ponemos nuestro partido y nuestra recién recobrada inscripción al servicio de esta tarea, así como a nuestros compañeros y compañeras que se encuentran construyendo SITRASEP.
[1] http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2016/08/empleo-en-costa-rica-una-tragedia-que.html
[2] El Financiero, Agosto 2016, http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa_Rica-empleo-mujeres-cuido-trabajo_0_1015698422.html
[3]“Condiciones laborales y Mecanismos de regulación del trabajo: El caso de la Población Nicaragüense en Costa Rica”. José Esquivel, Instituto de Investigaciones Sociales. Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2015/06/26/nacionales/1856973-en-costa-rica-se-siguen-incumpliendo-derechos-laborales-de-nicaraguenses
[4] El Financiero, 28 de Febrero 2016. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/poblacion_femenina-mujeres-fuerza_laboral-inec-ocde-estado_de_la_nacion_0_910109010.html