El pasado 04 de diciembre entró en vigencia la Ley 9635 o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y con ella una serie de ataques a toda la clase trabajadora.
Actualmente se abrió un nuevo proceso de luchas focalizadas en cada centro de trabajo del sector público. En semanas anteriores, la prensa ha estado señalando que existen una serie de vacíos en la nueva Ley que generan dudas en la forma de implementarla, sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo de “Remuneraciones de Funcionarios Públicos”, que en principio entraron en vigencia desde el pasado 4 de diciembre.
En enero, todo el sector público que incluye la administración central, las instituciones descentralizadas, autónomas (incluyendo las universidades), semiautónomas y las municipalidades, empezaron un proceso para ajustarse a las nuevas disposiciones a los salarios de los trabajadores y sus contratos de trabajo, pero esa aplicación ha sido un verdadero caos, y cada institución interpreta de forma distinta la forma de implementarla.
Los vacíos que contiene la Ley, da un margen para que los ataques sean más profundos, y cada institución busque la forma atacar más los salarios de los trabajadores, mientras que por otro lado el gobierno busca mediante una serie de decretos, ir dando forma y ampliar a su anchas esos ataques.
En la práctica algunas instituciones al no saber bien como actuar han decidido congelar los salarios, mientras que otras aplican a raja tabla algunos criterios que de forma ilegal perjudican los salarios de los trabajadores.
Ataques al salario y Recortes: nada de bueno para los trabajadores.
Uno de los nuevos elementos que tiene la Ley del Plan fiscal es que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) es el este rector del empleo público, y mediante el decreto ejecutivo 41564-Mideplan-H, Reglamento de título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, busca orientar la nueva política de salarios.
La mayoría de los cambios los sufrirán los nuevos trabajadores públicos, quienes ya no contarán con la mayoría de elementos salariales que por años de lucha y los trabajadores han acumulado, y que en muchos casos son indispensables para que en las instituciones del Estado estén trabajadores de gran calidad, como es el caso de los trabajadores del ICE y de la CCSS.
Algunos de los nuevos cambios en empleo público que entraron a regir son los siguientes:
Cesantía: Los nuevos trabajadores tendrán cesantía de 8 años, y no podrá superar los 12 años.
Dedicación exclusiva: Para los nuevos trabajadores se pagará un 10% del salario para los bachilleres y a los licenciados un 25%, mientras a los que ya están solo permitirá un 20% para bachilleres y un 55% para licenciados, con contratos que solo durarían por 5 años.
Prohibición: Los nuevos empleados solo recibirán un 15% y 30% por ese rubro, según el grado profesional.
Bienios y quinquenios: el pago por esos rubros se elimina para los nuevos empleados.
Anualidades: las nuevas anualidades o reconocimiento por años laborados se calcularán esta vez sobre un 1,94% para los salarios profesionales y un 2,54% para los no profesionales, esas anualidades se pagarán en junio y estarán sujetas a un instrumento de evaluación de desempeño que aún no existe.
Pago quincenal: Se elimina el pago bisemanal, por lo que los trabajadores ahora recibirían 24 pagos anuales y no 26.
Uno de los principales debates que se están dando, es que en la práctica los trabajadores actuales están viendo afectados sus salarios, pero según la Ley, las medidas tomadas por las instituciones no afectan el salario de los trabajadores actuales, en el sentido de no sufrir rebajos.
Por otro lado, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores públicos es evidente, y prácticamente la eliminación de la dedicación exclusiva o la prohibición, hará que los salarios sean iguales o más bajos que en las empresas privadas.
Los tambores de guerra se silencian en las mesas de diálogo y promesas del gobierno.
Aunque el 2018 cerró con tambores de guerra, y el anuncio de nuevos movimientos de huelga por parte de las dirigencias sindicales, que lucharían contra la implementación del Plan Fiscal y las leyes anti huelgas, la política del gobierno ha sido llevar a las dirigencias sindicales a mesas de diálogo para discutir la situación de la implementación del plan fiscal.
Desde el 14 de enero el MIDEPLAN y el Ministerio de Trabajo lanzaron una convocatoria al “Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público”, que materializa la propuesta del gobierno de sacar de las calles a los sindicatos y buscar “soluciones en la mesa”.
Las mesas de diálogo también se mantienen en cada institución, incluso en cada municipalidad, donde los trabajadores buscan las formas de entender la aplicación de la contrarreforma laboral y de intentar sufrir el menor daño posible.
Otros sectores como el de la salud, se encuentran en una mesa de diálogo para intentar que una comisión “técnica jurídica”, valore incluso la imposibilidad real de aplicar algunos elementos de la reforma por el alto costo para instituciones como la CCSS, y hasta el momento tienen la salida de impulsar una ley para sacar al sector salud de algunos de los puntos del plan fiscal.
Por el mismo camino se encuentra la ANEP que busca impulsar un proyecto de ley para sacar a los trabajadores municipales de los alcances del plan fiscal usando como punto de partida la “autonomía municipal”.
El gobierno sabe que mientras tenga a las dirigencias sindicales ocupadas en las mesas de diálogo, pasan las semanas en las que los diputados podrían aprobar las leyes para limitar el derecho a huelga, por lo que cuando se rompan las mesas, o incluso vengan los nuevos ataques ya el derecho a huelga estaría cercenado y por ende la herramienta principal para enfrentar los ataques.
El tiempo que se utiliza para participar en las mesas de diálogo, debería estar enfocado en la realización de un proceso de discusión de balance de la huelga anterior, y preparando un nuevo proceso de lucha para enfrentar lo que viene.
No hay otra salida más que la huelga general para enfrentar los ataques.
Nunca antes en la historia reciente del país, la clase trabajadora ha estado ante tantos ataques por parte del gobierno, los cuales no solo abarcan los cambios en el empleo público, si no que el amento en los impuestos, aumento en las tarifas de servicios públicos, la reducción de la canasta básica, una serie de grandes recortes en gasto social y por si fuera poco el inicio del proceso a un ataque a las pensiones. Todo eso al mismo tiempo que se tramita en vía rápida del congreso el proyecto de ley para destruir el derecho de huelga.
Lo peor de toda esa dinámica es que en el fondo, la principal tarea que está sumiendo el gobierno es cumplir al pie de la letra las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, para lograr pagar a tiempo y con creses los intereses de la deuda pública.
Tal y como lo definió el Plan Fiscal, el único rubro del presupuesto nacional que puede tener crecimiento es el de lo destinado a los pagos de la deuda.
Ante ese panorama, los trabajadores debemos sacar las principales enseñanzas de la huelga del año anterior, lecciones que tienen que ver con radicalizar los métodos de lucha para ejercer una verdadera presión a los empresarios y al gobierno, la necesidad de unificar no solo la lucha con todos los trabajadores públicos si no que también con los trabajadores de las empresas privadas, y sobre todo luchar por la democratización en la forma de tomar decisiones en medio de la lucha.
La tarea principal entonces para la clase trabajadora no es estar en las mesas de diálogo, sino enfocarse en la organización de una gran huelga general, que exija:
- Que la crisis la paguen los ricos que son exonerados o evaden impuestos
- suspensión inmediata de los pagos de la deuda, para que esta sea sometida a una auditoría popular y ver la parte que debe ser declarada como “deuda odiosa”.
- Revertir los alcances del Plan Fiscal en impuestos, recortes y derechos laborales,
- Defender el derecho a huelga que podría desaparecer este año de aprobarse la propuesta de los diputados actuales.