El Vaticano avaló la expulsión de por vida del sacerdote Mauricio Víquez, quien enfrentaba 9 acusaciones canónicas y una de tipo penal por abusos sexuales cometidos contra menores de edad. Por el momento se desconoce el paradero de Víquez, ya que salió del país ante el aviso que le dio la iglesia sobre la denuncia penal en su contra, la única que podría llevarlo a la cárcel.
Desde el 2003 la iglesia recibió la denuncia por estos delitos sexuales, pero fue hasta el 2018 que decidieron suspenderlo de la labor sacerdotal. En los últimos 10 años, 29 sacerdotes de la iglesia católica en Costa Rica han sido denunciados por actos de abuso sexual, la mayoría contra menores de edad.
A partir de los numerosos escándalos de pedofilia y sobre todo su encubrimiento, el Vaticano realizó una cumbre contra la pederastia el pasado mes para intentar limpiar su imagen. Pero el problema está en el mismo corazón del Vaticano. Recientemente el cardenal George Pell, tesorero del Vaticano y asesor cercano del Papa Francisco, fue hallado culpable del cargo de penetración sexual de un niño y cuatro cargos de actos indecentes en presencia de un niño.
La necesaria separación entre la iglesia y el Estado
Aunque respetamos el derecho de las personas de profesar sus creencias religiosas, creemos que la religión compete a un espacio personal y por eso mismo las iglesias no deberían involucrarse en asuntos de política que le competen al Estado, donde terminan colocándose del lado de los sectores más poderosos.
El ex sacerdote Mauricio Víquez fue vocero de la iglesia en temas de familia, a pesar de ser él mismo un abusador de menores y ahora un prófugo. También a través de sus mensajes defendió en su momento, la aprobación del Tratado de Libre Comercio que ha generado mayor pobreza en el país.
Por eso exigimos que se juzguen todos los casos de abusos y violaciones sexuales en la iglesia, y para eso también es necesario que exista una separación entre los asuntos de la iglesia y el Estado.