La pandemia del Coronavirus ha demostrado la crueldad del capitalismo en el mundo, y sobre todo ha dejado en evidencia la forma en que los gobiernos de los distintos países actúan únicamente para proteger los intereses de los ricos y poderosos, mientras a la clase trabajadora no le garantizan ni los elementos más básicos de protección de sus vidas.
En Costa Rica, el Coronavirus COVID−19 tomó al gobierno de Carlos Alvarado en medio de una crisis política muy profunda producto de los escándalos de la UPAD y la estafa del PAC al TSE; además con uno de los niveles de popularidad más bajos de la región, un desempleo que no deja de aumentar, una crisis económica que acelera la descomposición social del país, a lo que se le suma un déficit en el presupuesto público causado por la asfixia que vive el país producto de los pagos de la deuda pública.
Al gobierno solo le importan las empresas y no las vidas de las y los trabajadores
Mientras el gobierno anuncia medidas para evitar los contagios, prohíbe conciertos, partidos de futbol, ferias, cines, bares y demás concentraciones de personas por el alto grado de riesgo de que propague la enfermedad, hay otras concentraciones de las que no habla y que ponen en riesgo a cientos de miles de personas todos los días: los centros de trabajo.
El gobierno no habla de las concentraciones que hay en los centros de trabajo, donde cientos de trabajadoras y trabajadores se mantienen en las fábricas, call centers, construcciones, plantaciones, poniendo en peligro sus vidas, y sin la posibilidad de contar con las medidas de seguridad más básicas en medio de la crisis.
Si bien hay un llamado generalizado a no salir de fiesta el fin de semana y el gobierno cerró los bares y discotecas, la realidad es que en media alerta nacional los trenes y autobuses viajan repletos de trabajadores y trabajadoras que deben ir a sus trabajos sin posibilidad de ausentarse bajo pena de despido, con unidades muchas veces insalubres y con un solo chofer a cargo de conducir y cobrar los pasajes a cada uno de los pasajeros.
La existencia de una dictadura en las empresas que impide organizar sindicatos dificulta la posibilidad de que las y los trabajadores se puedan organizar en sus centros de trabajo para exigir a las empresas cambios en las medidas de seguridad, o el cierre de la producción de ser necesario.
Un caso rescatable es el de las trabajadoras de la limpieza de SELIME en la UCR, quienes organizadas en el sindicato SITRASEP hicieron una exigencia de medidas extraordinarias a la empresa para proteger su salud en medio de la crisis.
Mientras tanto, miles de docentes se desahogan en redes sociales, ante la inoperancia de las burocracias sindicales, exigiendo al gobierno la paralización del curso lectivo para evitar la propagación de la enfermedad, pero hasta ahora el gobierno solo ha cerrado parcialmente los centros educativos ante casos sospechosos de Coronavirus, o que están siendo afectados por los racionamientos de agua que afectan decenas de cantones en todo el país.
El gobierno anuncia un plan para ayudar a los empresarios, pero… ¿Y la clase trabajadora?
Tan solo habían pasado 3 días de la detección del primer caso de COVID−19 en el país cuando los empresarios por medio de la UCCAEP hicieron público un comunicado “llamando a la calma” para que no se afecte el comercio, y haciendo exigencias al gobierno para evitar una crisis económica, donde aprovecharon para exigir a los diputados la aprobación de leyes de flexibilidad de los derechos laborales de los trabajadores, los aportes a las pensiones y exigiendo que se profundicen los ataques a los trabajadores públicos con la Ley de Empleo Público.
Carlos Alvarado se puso a trabajar inmediatamente ante la orden de los patrones, y ya este 14 de marzo anunció un paquete de medidas de salvataje para los empresarios, como un primer paquete de una serie de medidas que irán en función de “ayudar” a los empresarios en media crisis. Esas medidas consisten es que las empresas no paguen IVA, impuesto de renta ni aranceles de aduana durante 3 ó 4 meses, también se tomarían medidas para perdonar los pagos de los prestamos durante la crisis, sobre todo de las empresa del sector comercio, agroindustria y turismo; buscarán las formas de facilitar prestamos a los empresarios que lo necesiten con intereses bajos y anuncian formas de reducir las cargas sociales de los empresarios con la Caja Costarricensedel Seguro Social.
Mientras eso pasa, la clase trabajadora seguirá pagando sus préstamos con las tasas de usura altísimas, deberá seguir pagando los impuestos puntualmente, así como sus cargas sociales; para el gobierno los pobres no necesitan “plan de salvamento”.
Ante esa situación desde el Partido de los Trabajadores creemos que debemos plantear un plan distinto, que al contrario del plan del gobierno que solo piensa en los empresarios, el nuestro debe estar pensado para las y los trabajadores, por eso exigimos:
Suspensión inmediata del pago de la deuda pública para atender la crisis: suspensión inmediata de los pagos de la deuda pública que llegan a un 38 % del presupuesto nacional, con esos recursos se podrá enfrentar la crisis que vive el país, se deben dedicar a mejorar el sistema de salud de país, y a contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
Así también dejar sin efecto la «Regla Fiscal» para poder invertir todo le presupuesto necesario para fortalecer la salud pública y demás instituciones que lo necesiten.
Cuarentena inmediata en los centros de trabajo: Es urgente que ante la crisis de salud se cierren todas las empresas y servicios no esenciales, y los esenciales funcionen al mínimo para garantizar la salud de todos los trabajadores. Así mismo quienes deban trabajar, sean dotados de equipo de protección necesarios para evitar los contagios y garantía de higienización de todos los centros de trabajo. Cárcel contra los patronos que expongan la vida de los trabajadores.
Subsidios para las personas desempleadas: Ante la inmensa cantidad de personas sin empleo, que no pueden garantizar sus condiciones mínimas de alimentación y vivienda, se deben entregar subsidios para personas desempleadas, al mismo tiempo que se ejecute un plan nacional de empleo donde se rebaje la jornada laboral a 6 horas sin rebajar el salario, para que más personas puedan ocupar puestos de trabajo.
Además es urgente que se tomen bajo control del Estado los edificios vacíos y en desuso para entregarlos como viviendas a quienes no tienen.
Garantía de cuido y alimentación para menores: En medio de la crisis y ante la inminente necesidad de cerrar las escuelas y colegios, el Estado debe garantizar la alimentación y el cuido de las y los niños que lo necesiten.
Fortalecimiento de la Salud Pública: Expropiación y nacionalización de todas las empresas que adeudan montos millonarios a la CCSS, nacionalización de todas los hospitales, clínicas y laboratorios privados para garantizar el funcionamiento pleno y sin lucro del sistema de salud para atender la pandemia, así como la contratación de todos los profesionales en Salud desempleados, rebajando las jornadas de trabajo de los que ya están en la Caja pero sin rebajar los salarios.
Garantía de todos los derechos de las y los trabajadores durante la crisis: garantía del pago del 100% de las bajas médicas ya sea por contagios o por casos preventivos, y prohibición de los despidos por parte de empresas, las que despidan a los trabajadores, deberán ser estatizadas y pasar de manera inmediata bajo el control de los trabajadores.
Congelamiento de precios de los bienes esenciales: Congelamiento de precios de todos los bienes esenciales para la superveniencia de las familias, cárcel para los comerciantes especuladores y garantía de congelamiento en las tarifas de los servicios públicos.
Suspensión de pagos de deudas personales: Detención inmediata del cobro de los préstamos personales con los bancos públicos y privados, así como de los almacenes de electrodomésticos, casas de empeño y tarjetas de crédito.
El capitalismo pone primero los números y las ganancias, después a los seres humanos. ¡Debemos luchar por construir otro tipo de sociedad!
Carlos Alvarado gobierna para que los ricos estén bien, y protejan al máximo sus ganancias durante esta crisis, por eso las medidas que ha tomado son todas encaminadas para que los empresarios no vean afectados sus negocios, mientras las personas que pertenecen la clase trabajadora, son engañadas con la fantasía de que si los ricos están bien todos estaremos bien.
Es por eso que en el Partido de los Trabajadores somos conscientes que desde la clase trabajadora se deben empujar planes que enfrenten esa realidad, y enfocar la lucha para que en crisis como la que estamos viviendo hoy, sean los privilegiados de la clase capitalista los que paguen la crisis con sus negocios y sus ganancias.
Los empresarios tienen el gobierno para que vele por sus intereses, por eso, aunque para un trabajador común, dejar de pagar sus prestamos o dejar de pagar impuestos le parece algo imposible, para los ricos es posible lograrlo porque tienen el gobierno, por eso si logramos un gobierno de los trabajadores nosotros podríamos también hacer cambios que hoy nos parecen imposibles.
El capitalismo demuestra una vez más que es un sistema injusto y corrupto, incapaz de garantizar el bienestar de quienes vivimos y producimos las riquezas que lo sostienen. Nuestra realidad solo se puede cambiar si luchamos por construir un gobierno de los trabajadores para los trabajadores, que ponga primero los intereses de las mayorías, la vida de las personas por sobre las ganancias, que destruya la sociedad donde dominan los empresarios y construya una nueva sociedad socialista basada en el bien común de quienes trabajamos, organizada para enfrentar y cambiar todas las miserias que acontecen en el planeta.