Por: Juventud PT
En medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido el mundo recientemente relacionada al COVID-19, las contradicciones del sistema capitalista salen a relucir. Años de saqueo a las instituciones públicas, tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como a las Universidades Estatales, demuestran de lado de quién están los gobiernos de turno, y en este caso el PAC no es la excepción.
Sólo el año pasado, al presupuesto universitario (FEES) destinado para el 2020 se le negoció un “crecimiento” de alrededor de un 3% (¢512.781,51 millones) que correspondía al rubro de inflación y no un crecimiento real que favoreciera con mayor presupuesto. Por esto vemos como de manera progresiva se cierran carreras, se cierran grupos o programas de investigación.
Iniciando el periodo crítico de la pandemia, la universidad tomó la decisión de desalojar de manera apresurada a la población de residencias estudiantiles, quienes tuvieron menos de 24 horas para sacar sus pertenencias de los recintos. Recientemente, en medio de la pandemia y con más de 400 casos de contagio registrados, las autoridades universitarias se ensañaron con la población becada, que pertenecemos a los sectores más pobres del país.
El día 2 de abril fue depositado un rubro ridículo por concepto de alimentación para un período de tres semanas, con montos de ₡900, ₡1800 o ₡5000. Está de más decir, que dicha cantidad no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de una persona que además debe estar resguardada en casa por causa de la pandemia. El día 3 de abril fue depositado el dinero de reubicación geográfica, un monto insuficiente para el pago de alquileres o el apoyo que podamos brindar en nuestras casas para quienes resulta un cargo económico mayor.
Aunque la justificación de la oficina de Becas y Atención Socioeconómica sea el desfase de fechas por la matrícula de inclusión, las y los estudiantes no merecemos un depósito de cantidades tan bajas, menos si tenemos compromisos de pago de alquiler, pago de servicios, compra de alimentos, o en algunos casos, estudiantes que continuamos con clases virtuales, y que no contamos con los recursos tecnológicos (computadora o acceso a wifi) necesarios para el desarrollo óptimo de los cursos. Toda esta situación se agrava cuando las familias de esta población becada forman parte del alto porcentaje de desempleo o de suspensión de contratos, medida que fue legalizada por todos los partidos en la Asamblea Legislativa, incluido el Frente Amplio.
Una vez más el discurso de la universidad humanista se queda corto. La última semana las autoridades universitarias han iniciado una campaña de solicitar a funcionarios, o profesores el préstamo de equipo tecnológico para estudiantes que no cuentan con uno propio. Nos parece que es una medida totalmente equivocada, debe ser la misma institución la que se encargue de suplir de computadoras y redes necesarias a estudiantes para que cumplan a cabalidad el desarrollo de los cursos, así como lo está impulsando el Instituto Tecnológico (ITCR) quienes retrasaron su inicio a clases pensando en su población vulnerable de estudiantes. Así mismo, nos parece necesario que la administración gire un depósito extraordinario universal a la población pobre de la universidad para que pueda tener las condiciones óptimas de supervivencia durante el tiempo que dure la pandemia y haya que estar en casa.
Desde la juventud del Partido de los Trabajadores, le exigimos al rector Henning Jensen y a la responsable de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, Anabelle León, hacer el depósito completo a la población becada sin ningún tipo de recorte. Además, le exigimos al directorio de la Federación de Estudiantes (FEUCR) la intervención inmediata por la defensa de las y los becados.
Es urgente dejar de ver nuestra beca como un complemento, y verla como un derecho, principalmente en el marco de los recortes que se vienen orquestando a las universidades públicas. Nos ponemos al servicio de luchar por mejores condiciones para la población becada, además de luchar porque el presupuesto a las universidades deje de recortarse año con año. Las universidades estatales deben estar al servicio de la clase trabajadora, brindando más acceso a la educación superior a los jóvenes más de los sectores más pobres y desarrollando más programas de investigación. Y esto sólo se puede garantizar si luchamos por fortalecer el presupuesto.