Por Pabel Bolivar
Profesor de secundaria
El gobierno anunció la reanudación del curso lectivo para primaria y secundaria bajo la modalidad virtual a partir del pasado lunes 13 de abril. No había pasado ni un día de vigencia de esta directriz cuando comenzaron los problemas en la plataforma para acceder a las capacitaciones, y las dudas de los estudiantes sobre cómo se llevará este proceso han salido a la luz ante los problemas de conectividad, acceso a los materiales didácticos, entre muchas otras complicaciones que ya se empiezan a ver.
“De este modo, estaríamos frente a un curso lectivo reducido que, si bien sabemos que no se da en condiciones ideales, sí permitirá, con el empeño y compromiso de todos y todas las docentes, salir adelante”, manifestó la funcionaria de gobierno al medio digital Crhoy[1].
Más allá de este tipo de discursos motivacionales que apelan a dar el máximo esfuerzo y a la “mística docente” (misma que han pisoteado cada vez que pueden con severos ataques a nuestras condiciones de vida), de entrada, se presenta como una iniciativa impuesta, atropellada, sin tomar en cuenta la realidad docente ni de los estudiantes.
En este artículo se abordarán las profundas desigualdades de la enseñanza pública, principalmente en el tema tecnológico, las condiciones de los trabajadores de la educación en el marco de la pandemia y el rol de las dirigencias sindicales de este proceso de virtualización que se presenta como la crónica de un fracaso anunciado.
¿En qué consiste la virtualidad?
“Aprendo en Casa” es la iniciativa el Ministerio de Educación Pública (MEP) para continuar con el curso lectivo desde las casas ante el drama social del COVID-19. “Busca proveer, por diversos canales, la información necesaria para orientar y apoyar a la comunidad educativa nacional, en este periodo de suspensión de clases, respondiendo al derecho humano a la educación, en el tiempo de la emergencia sanitaria nacional”[2].
Este comprende diferentes modalidades y estrategias como las “guías de trabajo autónomo”, que los docentes les proveerán con una serie de actividades diarias por materia, para supuestamente consolidar aprendizajes ya abordados el año anterior y durante febrero y marzo 2020.
Se contempla realizar un ambicioso plan de clases en tiempo real, elaboración de videos de los docentes hacia los estudiantes y diferentes formas de aprendizaje “en línea” mediante una plataforma virtual que el MEP habilitó en estos días.
Mediante la televisión abierta, tanto docentes como estudiantes y sus familias puedan ver la programación educativa que se difundirá en dos franjas horarias, en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART, canal 13).
A su vez estableció alianzas con la Universidad Estatal a Distancia y otras organizaciones particulares para aportar apoyos y recursos didácticos para el estudio independiente, de todos los niveles de secundaria. Para el sector docente se creó todo un plan de capacitaciones mediante videoconferencias, videos explicativos y material didáctico que a estas alturas no todos han podido observar por los problemas en las diferentes plataformas.
Virtualidad: un experimento que aumentará la exclusión
Más allá de la ambiciosa propuesta de virtualidad del MEP, la realidad es muy distinta si le echamos un vistazo a las desigualdades sociales de un sistema educativo cada vez más excluyente. Reiteramos que no habían pasado ni dos días cuando la misma plataforma para acceder a los contenidos colapsó, creando un caos desde el inicio.
Lo cierto es que la realidad del estudiantado público no coincide con estos planes fantasiosos, por la simple y sencilla razón de que más de la mitad de hogares costarricenses no tiene computadora y 215.000 carece de Internet, según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2019. Un 30% de los encuestados aseguró que no tenía por su elevado costo.
Hay un dato engañoso en relación con la virtualidad educativa y tiene que ver con la conexión a Internet. En el mismo estudio del INEC se dice que en 2018, 3 de 4 hogares costarricenses estaba conectado a internet. Esto a simple vista puede verse como un factor positivo en comparación con 2010, donde esta condición la tenían apenas 1 de 4 hogares.
Pero acontece que el 40% de esa gran cantidad de hogares con Internet lo hace mediante teléfono móvil, con una señal y manejo de datos de poca calidad que no alcanzan para cumplir con las exigencias de la virtualización que plantea el MEP.
El fracaso de la virtualidad se da no solo por imponerlo sin ninguna planificación, sino obviando el contexto cotidiano de la educación pública costarricense en el que 511 centros educativos no tiene acceso a internet y el 67% de ellos tiene una conexión a una pobre velocidad de 10 Mbps[3].
Si bien es cierto el 84% de estudiantes de primaria tienen una computadora (la cantidad de estudiantes por computadora es de 6,3 en comparación con 30 de hace 10 años), esto no sirve de mucho por la débil conectividad y la pésima infraestructura; prueba de ello es que la misma ministra afirmó que hay alrededor de 600 centros educativos con órdenes sanitarias. En suma, tenemos estudiantes con computadoras (de igual manera, la mayoría de centros educativos no posee la cantidad necesaria), pero por los mismos problemas de conectividad e infraestructura no se les enseña a usarlas, lo cual vuelve este proceso de virtualidad aún más difícil para los sectores más pobres de la población.
Sin internet de calidad en casa y en escuelas, sin computadoras en los hogares y con pocas condiciones en las aulas para aprovechar los recursos tecnológicos, el MEP está preparando las condiciones para una exclusión en masa, que ya de por sí aqueja al sistema educativo. En 2018, “1.542 no regresaron a las aulas luego del receso de medio ciclo, 2.8% más que en 2016, cuando 1.302 alumnos decidieron desertar”[4].
Las debilidades de la virtualización en primaria y secundaria se da gracias al desfinanciamiento sistemático de la educación pública gracias a las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos de turno (PLN, PUSC, PAC-FA), a quienes no le interesa crear las condiciones para que las y los estudiantes hijos de obreros, indígenas y demás sectores explotados accedan a las nuevas tecnologías. Cabe recordar que para 2020 los diputados aprobaron el presupuesto más bajo en los últimos 7 años (6,92% del PIB, muy lejos del 8% que exige la Constitución).
Trabajadores del MEP víctima de precarización laboral
Del lado de los trabajadores de la educación, este proceso implicará dificultades importantes en el desempeño de las diferentes labores. En primer lugar, ya aprovecharon la pandemia para alargar el curso lectivo hasta el 23 de diciembre, como si fueran los responsables de la expansión de la misma y sometiendo a mayores jornadas laborales.
Además, hasta el día de hoy no hay un cierre total: los compañeros conserjes, agentes de seguridad, personal de cocina y administrativos siguen en las instituciones exponiéndose al COVID. Son los sectores más precarizados del sector educativo quienes llevan las de perder porque, además, en medio de la pandemia, aún persisten la falta de nombramientos y los problemas de pago con que se inició el curso lectivo.
En el caso de los profesores el colapso del sistema para capacitación es un indicador de lo que se viene. Ahora el MEP empuja de manera acelerada la formación virtual cuando nunca le ha interesado dichos procesos de capacitación. Normalmente se acude a unas cuantas jornadas por año en las diferentes especialidades; en el manejo de herramientas tecnológicas estos procesos son inexistentes. Ante estas debilidades formativas, la única opción es optar por la vía particular, costeada por su propia bolsa y en su tiempo libre, dinero que va a parar a las fundaciones privadas. De manera hipócrita la ministra apela al empeño y compromiso del cuerpo docente, pero en la cotidianidad la formación nunca ha sido su prioridad.
La naturaleza de las clases virtuales sin duda implicará más trabajo porque el tiempo que se destinaba a las actividades presenciales ahora se debe reconducir a asignaturas desde el hogar, lo que aumentaría el tiempo en revisiones y preparación del material. Tampoco se tiene claridad sobre cómo se va a medir la jornada de trabajo durante la semana, lo cual sin duda implicará un recargo de funciones.
A esto hay que sumarle más ataques contra las condiciones de vida: el gobierno, por mandato de las cámaras empresariales, aprovecha la pandemia para cobrar un impuesto al salario, eliminar conquistas como la anualidad, el aumento salarial y ahora quieren ir por el salario escolar, comprometiendo sin duda las finanzas de las familias. Debido al gran nivel de endeudamiento, muchas han tenido que recurrir a la suspensión de cuotas de los préstamos que en el largo plazo va a afectar los bolsillos por el aumento en las tasas de interés.
Ante esta situación las dirigencias sindicales se comportaron como correa de transmisión de las políticas del gobierno. Saray Esquivel, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sindicato que agrupa a 46 mil trabajadores del magisterio, se unió al pedido de la ministra de esfuerzo y sacrificio para retomar las clases virtuales, presentándolo como un logro fruto de las reuniones con el gobierno en el marco de la tragedia por COVID 19, en lugar de dedicarse a preparar la lucha por problemas de pago o los recortes al salario y la anualidad.
Mantener la suspensión total del curso lectivo y exigir cierre total de instituciones educativas
Las consecuencias de la virtualización se mostrarán de diferentes maneras en las escuelas y colegios públicos del país, por la falta de recursos (computadoras, internet) y de instrucciones para el uso de las diferentes plataformas, este proceso se convertirá en un caos total. Si hasta el día de hoy el MEP no ha podido agilizar las herramientas para los cursos virtuales a los docentes ¿cómo pretenden que se impartan las lecciones de forma virtual?
Además, hay que recordar que el sector privado se mantiene trabajando, y un sector importante de esta población adulta estudia. Ante la visible carga de asignaturas y las debilidades en el acceso y uso de las herramientas tecnológicas, lo más probable es que se opte por la deserción.
Como hemos dicho, a este gobierno le interesa más el lucro de los empresarios que proteger la vida de la clase trabajadora. Mientras los padres y madres de familia que siguen trabajando, muchos estudiantes deben cuidar a sus hermanos menores, hacer las tareas con ellos, quedándoles poco tiempo para cumplir con las propias.
La virtualización responde a la ejecución de leyes por parte de personas que viven desconectadas del contexto de los profesionales de la educación y de la realidad de pobreza y desigualdad del país.
Así como hemos venido levantando la consigna de cuarentena para todos con salario completo porque primero está la vida del pueblo pobre antes que las ganancias, también creemos inviable salvar el curso lectivo a toda costa imponiendo la modalidad virtual sin consulta a los trabajadores de la educación, y sin existir las condiciones para llevar a cabo dicha enseñanza en línea.
Por ello se hace necesario que los estudiantes, padres de familia y trabajadores nos organicemos para exigir la suspensión total del curso lectivo hasta que pase el brote de coronavirus, así como el cierre total de las escuelas y colegios de todo el país para proteger la vida de los trabajadores del magisterio, los estudiantes y sus familias, que todos los días acuden a los centros educativos.
[1] https://www.crhoy.com/nacionales/covid-19-obliga-al-mep-a-reprogramar-calendario-escolar/
[2] https://www.mep.go.cr/noticias/mep-lanza-estrategia-%E2%80%9Caprendo-casa%E2%80%9D-0
[3] https://www.crhoy.com/nacionales/solo-el-30-de-los-centros-educativos-tiene-buena-conexion-a-internet/
[4] https://www.teletica.com/199201_desercion-escolar-en-costa-rica-preocupa-a-comision-de-la-unesco