El 23 de abril y aprovechándose de la emergencia por COVID 19, el gobierno presentó a los diputados el proyecto 21.336 “Ley de empleo público” el cual representa un nuevo golpe al salario y los derechos del sector estatal.
La ministra de Planificación Pilar Garrido lo presentó como una necesidad para “reducir el gasto” y buscar la “eficiencia” en las instituciones. “Este proyecto garantizará la disciplina fiscal, pues con el salario global se evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales a futuro, protegiendo así, la estabilidad de las finanzas públicas. Estimamos que el ahorro promedio anual de la implementación de la ley sería del 0,7% del PIB, para el sector público no financiero” explicó.
La misma funcionaria no tuvo reparos en reconocer que, como parte del reciente ingreso a la OCDE el gobierno se comprometía a impulsar esta ley; tampoco es de extrañar que los últimos préstamos del BID también tuvieran como condición el avance de dicho proyecto.
Más allá de los discursos que abogan por contener el gasto y buscar la eficiencia de los trabajadores del Estado, la realidad es que, durante muchos años las cámaras empresariales, junto con la mayoría de los partidos políticos, lo habían querido aprobar, pero siempre se topaban con una fuerte resistencia de los trabajadores públicos. Ahora se aprovechan de la pandemia, la crisis económica y la pasividad de las cúpulas sindicales para organizar la lucha para enviarlo a discusión a la Asamblea.
La ley de empleo público y el proyecto 21 917 que pretende quitar de golpe las anualidades para 2021 y 2022 son parte de la receta antipopular para que sea la clase trabajadora quien pague por la crisis social y económica; una nueva arremetida contra el sector público que hoy arriesga su vida y sostiene al país en plena pandemia.
¿Qué dice el proyecto de Ley de empleo público?
1. Se impone el salario único: el texto presentado a la asamblea estipula un único régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos. Estas ocho familias son profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universidades, judiciales, servicio exterior y de confianza (art. 15). En la actualidad existen diferentes regímenes de empleo constituidos como conquistas de los trabajadores quienes mediante luchas fijaron los salarios base y diferentes incentivos.
De aprobarse, el gobierno mediante el MIDEPLAN será el único ente rector del empleo público (artículo 5), es decir, el encargado de definir un salario “global” para cada una de esas ocho familias mediante una metodología amparada en factores “el peso de esa plaza para lograr las metas institucionales” o “complejidad del trabajo”.
Se le entrega a al gobierno todo el poder para definir el salario único. Los mismos gobiernos comprometidos con el gran capital, con seguir recortando el presupuesto público y pidiendo prestado a los grandes organismos financieros internacionales. Este gobierno, el gobierno de los patronos, buscará fijar un salario único de hambre, con tendencia a la baja para las diferentes categorías.
Hay que llamar a las cosas por su nombre: salario global es salario único, su imposición significa el congelamiento y caída de los ingresos para miles de familias trabajadoras. Esto lo decimos porque el único “crecimiento” que podría tener es mediante los miserables ajustes semestrales, los cuales en muchas ocasiones se han congelado.
2) La imposición del salario único significa la eliminación de los incentivos o también llamados pluses: anualidad, dedicación exclusiva, entre otros. Estos y otros incentivos son los que hacen que los salarios de los trabajadores estatales crezcan y tengan valor; estos componentes adicionales al salario base son la tabla de salvación para los sectores más precarizados del sector público (no profesionales como conserjes, agentes de seguridad, entre otros) que a duras penas pueden llegar a fin de mes, por lo que su recorte los afectará sensiblemente.
El proyecto de ley se crea únicamente la figura incentivos “no monetarios” y “monetarios” que dependerán de la evaluación del desempeño elaborada también por el gobierno a través del MIDEPLAN.
Para el gobierno y las cámaras empresariales las evaluaciones de desempeño son necesarias, y si un funcionario es realmente bueno, pues no tiene por qué temerlas, pero esto importa poco. En realidad, las evaluaciones se convertirán en un arma más por parte de las jefaturas para perseguir a los trabajadores y facilitar los despidos. Es más, la misma UCCAEP ha planteado la necesidad de que dichas evaluaciones las apliquen empresas privadas y creemos que seguirán presionando para que en el marco del nuevo proyecto esto sea una realidad.
Por otra parte, tampoco hay ninguna garantía de que aun recibiendo una calificación de excelente se vayan a pagar los incentivos. Por ejemplo, el proyecto dice que el incentivo monetario se dará solo a los funcionarios que tengan un excelente en la evaluación del desempeño y solo se podrá pagar al 30% de los trabajadores (art. 30) ¿Qué pasará si más del 30% obtiene excelente? ¿Cómo se decidirá pagar a unos y a otros no?
El salario único significa la muerte de las ya golpeadas convenciones colectivas porque se supone que ese salario global establecido por el gobierno a través del MIDEPLAN prohíbe cualquier plus que los trabajadores democráticamente y vía convención colectiva quieran definir.
3) Se facilitan despidos: de nuevo se le cambia el nombre a “desvinculación laboral”. El proyecto establece que un trabajador puede ser despedido si obtiene dos evaluaciones de desempeño con una nota inferior a 70, o bien en casos de “Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondos; y 2. Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos” (artículo 22).
Estas últimas dos medidas se plantean en casos “excepcionales”, pero recientemente el desfinanciamiento del presupuesto público son el pan de cada día. Las políticas de endeudamiento hacen que el déficit fiscal aumente y los presupuestos de las instituciones públicas sigan recortándose. Perfectamente cualquier institución puede despedir de manera inmediata aduciendo serios problemas financieros, y así lo hace entrever Pilar Garrido y los demás ministros neoliberales: la extensa planilla del Estado hará insostenible el pago de salarios.
Esto se combina con otra situación nefasta. Se dice que este proyecto solo aplicaría a los nuevos funcionarios, pero hay un portillo peligroso en el transitorio II debido a que no impide que los funcionarios ya contratados puedan cambiar al régimen nuevo.
Debido a la alta presión que hay para recortar gasto, es decir, despedir trabajadores, este portillo es un mecanismo para implementar la política de movilidad laboral. No se descarta, como ha sucedido en el ICE o JAPDEVA, que, bajo el criterio de movilidad voluntaria, muchos trabajadores públicos que hoy gozan de pluses y no se les aplicaría el salario único sean obligados a acogerse a la ley de empleo público con la amenaza de que si no lo hacen perderán su empleo.
4) Se continuará la precarización de las condiciones laborales: se establece la figura de “contratación temporal”, para labores extraordinarias, aquellas “justificadas en procesos productivos temporales o por perfiles que dependan de los estándares y el alto desempeño de un determinado subrégimen de empleo público” (artículo 40). Se contratan trabajadores temporales sin ningún tipo de garantía, todo para no asegurar estabilidad laboral o evitar pago de horas extra a los trabajadores ya contratados.
Ligado a esto, se avanza en medidas de flexibilidad laboral, como la posibilidad de aplicar teletrabajo (artículo 38) y de acordar “horarios especiales” a través de los reglamentos autónomos de cada institución (art.39).
Es decir, además de salario único a la baja, quita de incentivos también sobrecarga laboral, ya que se le brinda toda la flexibilidad a las instituciones de ampliar las jornadas o imponer incluso la jornada de 4×3, o sea, trabajar 12 horas cuatro días a la semana.
¡Organicemos desde las bases la lucha contra la Ley de empleo público!
La ley de empleo público representa un retroceso histórico en materia de conquistas que la clase trabajadora ha conseguido en las calles. Este proyecto impulsado por las cámaras empresariales y sus partidos políticos implica un sometimiento mayor de nuestra economía porque es parte de los compromisos adquiridos para seguir recibiendo préstamos de los organismos imperialistas y seguir endeudando al país.
Este proyecto busca precarizar aún más los salarios y rebajarlos a las condiciones que existen en el sector privado, por eso manifestamos nuestro absoluto rechazo a una iniciativa más que busca cargar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora. Nuestros derechos no se negocian ni se venden.
Es momento de exigir a las direcciones ponerse al frente y organizar la resistencia contra este proyecto, y por la defensa de las anualidades. No se vale mirar para otro lado con la excusa de la pandemia para rehusarse a movilizar. En estos momentos en que las ganancias de los empresarios importan más que la vida de la clase trabajadora se hace necesaria la más amplia unidad en la lucha para defender nuestros derechos.