El pasado 15 de mayo, el gobierno de Carlos Alvarado celebró el ingreso de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como uno de los principales logros de su gobierno, con lo que culmina un proceso que inició desde el gobierno de Laura Chinchilla, fue continuado por Luis Guillermo Solís y culminado en este segundo gobierno del PAC.
Costa rica se convirtió en el miembro número 38 de ese organismo financiero internacional compuesto por países de Europa, Asia, América y Oceanía, e incluye algunas de las potencias económicas del planeta.
La OCDE es conocido como un “club de las buenas prácticas”, que se encarga de homogeneizar entre sus miembros prácticas de liberalización del mercado, recorte de garantías laborales y salariales, cierre de instituciones “ineficientes”, privatizaciones, políticas fiscales centradas en aumento de impuestos a sectores medios y populares; así como las nuevas condiciones para acceder al endeudamiento internacional y a la atracción de inversión extranjera.
El modelo económico que impulsa la OCDE se basa en mejorar “la competitividad” de sus países miembros, para la cual cada uno de ellos debe asegurar a la inversión extranjera directa una serie de “ventajas comparativas”. También impulsa el desarrollo de las “Alianzas Público-Privadas (APP)”, una forma descarada de privatización mediante la figura de concesión de importantes proyectos de obra pública como la construcción de hospitales, puertos, aeropuertos, colegios, construcción y ampliación de vías públicas.
En el mundo de los capitalistas, la competitividad se entiende como la posibilidad de obtener mayores ganancias a partir de la explotación acelerada de los recursos naturales y de la clase trabajadora de países pobres y endeudados como Costa Rica.
Para que aprobaran el ingreso en la OCDE, el gobierno impulsó una cantidad importante de leyes que eran solicitadas por las comisiones que analizaban al país, con lo que se perdió una parte importante de soberanía al someter al país a unos estándares impuestos, pero además se aprobaron leyes como el Plan Fiscal, la Ley Antihuelgas y la nueva ley de Zonas Francas, que claramente son ataques a las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora y que tienen como único beneficio al sector empresarial.
Para el futuro, se ve que las medidas que recomendaría la OCDE para el país se centrarían en el impulso de las leyes de salario único y empleo público, reformas al sistema de pensiones, así como la continuación con la agenda de privatizaciones y venta de activos del Estado para pagar deuda, lo que claramente seguirá hundiendo a la clase trabajadora en la miseria.
Como normalmente sucede, cuando el gobierno y los grandes empresarios celebran “algo bueno para el país” significa realmente algo bueno para los ricos del país y por tanto algo malo para la clase trabajadora tanto del sector privado como del público. Solo cuando los trabajadores sepamos distinguir los verdaderos intereses que hay detrás de esos grandes acuerdos entre países y empresarios, vamos a tener condiciones de luchar contra ellos por una salida de cooperación internacional entre los trabajadores de los países del mundo.