El pasado martes cientos de personas marcharon desde Alajuelita hasta la entrada del residencial Villareal, adonde vive la presidenta Laura Chinchilla, para exigir el cumplimiento de las promesas que este gobierno les hizo en materia de vivienda.
La Comisión de Lucha Contra La Pobreza de Alajuelita (Colupoa), denunció de esta forma el incumplimiento de la promesa de apoyarlos con un proyecto de vivienda para varios cientos de familias. Estos vecinos tienen unos 10 años de luchar por la construcción de unas torres multifamiliares, y consideran que durante estos años fueron burlados “rebotando de institución en institución”, buscando alguien que les ayudara con financiamiento y permisos para este proyecto.
Las declaraciones de Chinchilla y la responsabilidad del gobierno
La presidenta Chinchilla salió a responder que la movilización era “innecesaria y no iba a arreglar nada”, y salió a afirmar que los líderes de la Colupoa eran “unos cobardes por poner a mujeres, niños y ancianos a marchar”.
Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos rotundamente las declaraciones de Chinchilla y reivindicamos el derecho de las comunidades de reclamar sus derechos en las calles.
Sra Chinchilla: la responsabilidad de que estas promesas estén incumplidas y de que las familias tengan que salir a las calles a exigir sus derechos, es de su gobierno exclusivamente. Este gobierno ha roto todas sus promesas, ha hecho oidos sordos a los reclamos de las comunidades, y ha impulsado una serie de políticas que han empeorado aun más las condiciones de vida de la clase trabajadora de este país (basta con ver la pobreza, el hambre y el desempleo). Es su gobierno el que ha recortado FODESAF, el que ha aumentado el déficit de especialistas, el que le destina menos presupuesto a la educación de lo que manda la constitución.
Así como estas familias de Alajuelita, cientos de familias han tenido que salir a las calles porque la situación de la vivienda, los servicios y la situación de las calles, alcantarillas y comunidades ha ido de mal en peor. Han tenido que salir a las calles porque su gobierno no les deja otra alternativa, e ignora la situación de la mayoría de los costarricenses sistemáticamente.
Estos hechos son responsabilidad de su gobierno, no de quienes se ven obligados a protestar. Es la política de recortar el gasto social, mientras se le cobra cada vez menos a las empresas, lo que hace que esto suceda. Es esta política, que sigue destruyendo la salud pública, la educación, las oportunidades de la juventud, y las pensiones.
Nos parecen inaceptables además sus declaraciones de que los dirigentes son “unos cobardes por poner a mujeres, niños y ancianos a marchar”. Es precisamente a estos ancianos, mujeres y niños a quienes su gobierno les ha fallado y los ha agredido. Son precisamente ellos quienes sufren la falta de vivienda y la falta de condiciones básicas.. ¿Por qué no tendrían derecho de protestar?
Cobardía la de su gobierno, que esconde su incapacidad de cumplir una sola promesa detrás de los cordones policiales. Cobardía la de su gobierno, que enfrenta con garrote, con mentiras, con acusaciones y con persecución a quienes denuncian este tipo de situaciones.
¡Alto a los recortes en inversión social, servicios e infraestructura!
¡Por un plan de obras públicas para crear empleo y resolver la deficiencia de vivienda y obras públicas, pagado con los impuestos de las empresas!
Desde el Partido de los Trabajadores consideramos que la salida al problema de la vivienda, del deterioro de la educación, del enorme déficit de obra pública y de la falta de trabajo es justamente la opuesta a la política de su gobierno.
Su gobierno le cobra cada vez menos a las empresas, recortando y cobrándole a los sectores más necesitados mediante los recortes de la inversión social.
Un eventual gobierno nuestro comenzaría por tasar a los ricos, le cobraría a los evasores, para frenar esta política de recortes y para, al contrario, aumentar el gasto social. Esto implicaría también la creación de miles de empleos dignos y estables para los desempleados de nuestro país.
Proponemos con esto la construcción de un plan de obras públicas y de un plan de inversión social, que se dedicaría a resolver los problemas más sentidos como la falta de vivienda de la mayoría de las personas, y los problemas de infraestructura que tiene nuestro país. Además se podría destinar dinero para aumentar la inversión en aquellos servicios públicos y garantías que su gobierno se ha encargado de desangrar, como la educación y la salud, construyendo hospitales y aulas.
Tasar más a las grandes empresas, e invertir más en empleo, salud, educación, vivienda e infraestructura, es la única forma de revertir esta situación que lanza a las familias a la calle para resolver sus problemas.
Desde nuestra organización nos ponemos en función de este programa, de la construcción de esta salida, y le proponemos a los trabajadores, a los desempleados, a las familias que enfrentan problemas de vivienda, a todos los afectados por la crisis de la CCSS, a que luchemos unificadamente por una salida obrera a esta crisis. ¡Para financiar un plan de obra pública y empleo para los trabajadores, pagado por las grandes empresas! ¡Esta crisis no puede caer sobre nuestras espaldas, debe caer sobre las espaldas de los culpables!
¡Reivindicamos el derecho de las comunidades de movilizarse en defensa de sus derechos!
¡El desempleo, la falta de vivienda, la crisis de la CCSS y la educación, son responsabilidad del gobierno de Chinchilla!
¡Por un plan de obra pública y empleo, pagado con impuestos a las grandes empresas, que garantice educación, salud, vivienda, infraestructura y empleo!
¡Que la crisis la paguen los ricos y no la clase trabajadora!