Dentro de una semana el gobierno fijará el porcentaje de aumento salarial del sector privado, en el Consejo Nacional de Salarios. Para esto se basará en las propuestas de las cámaras empresariales y de las dirigencias de las centrales sindicales y sindicatos con afiliación en el sector privado (ANEP, SITEPP y UNT).
Hasta ahora la opinión y las necesidades más sentidas de la clase trabajadora han sido marginadas de la negociación. La misma, se desarrolla en un contexto de grandes tarifazos, alto desempleo y deterioro en la capacidad de compra de los salarios.
Además, en esta negociación será determinante la política de colaboración mostrada por las dirigencias sindicales con el gobierno, la del empresariado de aprovecharse del alto desempleo para mantener los salarios a la baja y la del mismo gobierno de aplicar ataques al pueblo.
Tímidas y desunidas propuestas de los sindicatos
Los sindicatos, basados en la fórmula del 2011 propusieron un porcentaje distinto al “ajuste automático”. La inflación del primer semestre casi alcanzó la meta del Central para todo el año (4%), y esto activó una cláusula que obliga a las partes a negociar por fuera de la fórmula.
La UNT, agrupada en el Bloque Unitario Sindical y Popular propuso un aumento de 4,15%. Cifra muy cercana a la de la Central Social Juanito Mora liderada por ANEP, de un 4,12%. Ambas propuestas se traducirían en 4100 colones por cada 100 mil.
SITEPP utiliza una fórmula cuyo resultado es de un 6% de incremento. Esta, a pesar de que favorece más a los trabajadores, no termina de adecuarse a sus necesidades (a penas 6 mil colones por cada 100 mil).
Creemos que estas propuestas, centralmente las de ANEP y la UNT, distan mucho de la realidad en el costo de la vida. Aún peor, al plantear una propuesta baja, fragmentada y sin plan de lucha, desaprovecha el chance provisto por la fórmula para lanzar una propuesta unitaria y de lucha por un verdadero aumento salarial. Además le da iniciativa al empresariado y al gobierno para que impongan porcentajes mucho menores y definan todo en el marco de la limitada negociación del Consejo Nacional de Salarios.
De fondo existe una confianza en los dirigentes sindicales de que el gobierno de Solís conduzca una negociación exitosa para los trabajadores. Esta confianza centralmente la ha expresado Albino Vargas quien decía estar esperanzado “en la construcción de un diálogo social que genere medidas concretas por la clase trabajadora y reduzca la desigualdad” con el gobierno.
Empresarios usan excusa del desempleo para dar aumentos miserables
Ante la propuesta de los sindicatos, los empresarios han lanzado una miserable propuesta de 1,33%. Esto ya se veía venir dado que el mismo Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias, ya había advertido que los aumentos serían bajos porque: “los sectores productivos están pasando por crisis y las empresas están despidiendo personal, al tiempo que el sector agrícola disminuye la contratación”. (La Nación 17 de Junio)
Las cámaras empresariales presionan la negociación hacia la baja usando del margen que les da el alto desempleo para chantajear a los trabajadores y a toda la opinión pública indicando que necesitan mantener los costos de producción bajos para poder contratar más personal.
También toman ventaja de la nula organización sindical en el sector privado y de la pasividad de la dirigencia sindical del sector público, producto de la confianza en el gobierno que la misma oculta.
Gobierno usa rostro populista para preparar negociación a la baja
Actualmente la política del gobierno ha sido la de vender una imagen de cercanía con el pueblo, de velar por el bienestar de la clase trabajadora y de apertura al dialogo.
Basta recordar su participación en la celebración del gane de “la sele” y las horas de asueto que dio a los empleados públicos.
También ha decidido no apegarse al miserable 0,31% que sería resultante de la fórmula vigente, utilizando esto para perfilarse mejor ante la opinión pública y llamar a sindicatos y empresarios a negociar.
A tono con esto, el nuevo ministro de Trabajo, Víctor Morales, ha salido argumentando que el 0,31% sería “inaceptable para los trabajadores y para el gobierno”. Por lo que el gobierno optaría por “iniciar una construcción colectiva que trascienda los aumentos salariales, para discutir a profundidad una política que impacte positivamente a quienes más lo necesitan y aporte al sector productivo certeza y condiciones para seguir generando más y mejores empleos”. (Prensa Libre 16 de Junio)
Esta pose de árbitro neutral y benefactor del gobierno no resiste un profundo análisis de las medidas que ha venido tomando en sus primeros días pues todas han sido en favor de los empresarios. Esto fue claro en el tema de los aumentos, donde a pesar de aparente choque con la ARESEP y la SUTEL, son sus mismas presidencias ejecutivas del ICE, RECOPE y el AYA, así como sus ministros en el caso del cambio de cobro en Internet, los que los solicitan.
La farsa del Consejo Nacional de Salarios y la negociación semestral
En nuestro país toda la discusión salarial semestre a semestre esta echa para disimular malos aumentos para el trabajador y ocultar el hecho de que el empresariado y el gobierno siempre terminan otorgando lo aumentos que más les convienen.
Esto es así centralmente porque que a los trabajadores del sector privado no cuentan con verdaderos sindicatos con los cuales poder luchar y así lograr mejores salarios. Existe una dictadura en las empresas que evita esto mediante la persecución y el hostigamiento patronal, así como también de las maniobras anti sindicales del código de trabajo como los comités permanentes y los arreglos directos.
Este es lo que permite que la representación laboral en el Consejo Nacional de Salarios sea monopolizada, por burócratas sindicales, hoy aliados del gobierno, como Albino Vargas. Estos “representantes” están más allá del control de los trabajadores a quienes supuestamente representan. Sin mencionar además, que ninguna de las propuestas que llevan allí tienen esperanza de fructificar pues al no existir casi sindicatos, no están respaldadas por un verdadero poder de movilización de la clase trabajadora.
Esto convierte las negociaciones salariales en un mero espectáculo en el que los trabajadores no son más que espectadores de una película que siempre tiene los mismos directores y la misma trama, todos provistos por el empresariado y sus gobiernos.
Más allá de las fórmulas y los porcentajes
La fórmula acordada por el gobierno con los sindicatos para definir los aumentos en el salario mínimo, así como también la mera discusión por porcentajes basados en el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INEC son una farsa que disimula malas negociaciones para los trabajadores. Farsa a la que los mismos sindicatos le terminan haciendo el juego.
Esto es así porque en primer lugar porque el índice, y las fórmulas utilizadas para calcular los aumentos no reflejan el peso diferenciado que los alimentos básicos, los servicios públicos, el transporte y los alquileres, que son los rubros que hoy más aumentan, tienen en el salario de una familia trabajadora. Basta ponerse a pensar en cómo aumentos de 5000 a 10000 colones semestrales (en el mejor de los casos) podrían llegar a cubrir incrementos de 10 000 en el alquiler o de 4000 en la electricidad, por ejemplo.
En segundo porque no toma en cuenta que el altísimo nivel de desempleo de la clase trabajadora en el país (9% según INEC, 18% según UNA) implica que hoy las familias trabajadores
se sostienen con ingresos mucho menores.
Tercero porque dichas fórmulas tampoco incorporan el alto nivel de endeudamiento que tienen las familias trabajadores a nivel de préstamos o tarjetas de crédito. Según la SUGEF, desde el arranque de la crisis económica en 2008, las tarjetas de crédito, así como las deudas relacionadas a las mismas dispararon al doble. Hoy existen alrededor de 520 mil usuarios de tarjetas y cada uno adeudaría en promedio unos 427 mil colones.
Finalmente porque existe un gran porcentaje de la clase trabajadora que gana por debajo del mínimo o apenas un poco más que no se ve cubierta por aumentos en el salario mínimo. Por lo que la negociación en sí no representa mejoras para la mayoría de la clase trabajadora.
Por una verdadera política salarial que enfrente el costo de la vida
Basados en todo esto creemos que el aumento salarial para este próximo semestre debería ser mínimo de un 10%. Esto sería solo el comienzo para discutir una verdadera política con la cual la clase trabajadora pueda luchar efectivamente por sus salarios.
Creemos que este 10% debería aplicar para toda la clase trabajadora que se encuentra en un 70% por debajo de los 300 mil colones de salario según la UNA.
Esta lucha solo podrá hacerse efectivamente en contra de las dirigencias sindicales actuales que no se movilizan, no denuncian la farsa en la negociación salarial y que confían en que el gobierno les ayudara a conseguir un buen aumento, cuando este se aliara con los empresarios para aprobar una miseria.
Por lo tanto que le exijamos a las direcciones sindicales que organicen una verdadera campaña salarial con consultas a la base y movilización. Así mismo es urgente que discutamos de luchar por la libertad sindical y por la fundación de sindicatos en nuestras empresas para contar con fuerza y representación real en futuras negociaciones.
El Frente Amplio cuenta hoy con diputados de importantes sindicatos como APSE, SEC y el ICE y sin embargo se niega a intervenir a favor de los trabajadores en la negociación y mantiene todos sus pactos con este gobierno. Es vital que le exijamos a su bancada y a todo su partido que abogue por todos los trabajadores y ayuden a sacar la negociación salarial del CNS a las calles, en donde unificados con el sector público podamos dar una verdadera lucha salarial.
Ponemos a nuestro partido al servicio de esta política y llamamos al Frente Amplio y a los trabajadores a impulsarla conjuntamente.