Esta semana finaliza el juicio contra trabajadores detenidos el pasado 29 de Abril 2010 en Limón, entre los que se encuentra además personas pensionadas, campesinas y la compañera Flor María Artiaga.
Estas personas fueron detenidas en Limón, en el marco de la represión por las movilizaciones de una jornada de lucha contra la Ley de Empleo Público y la concesión de los muelles.
La justicia costarricense pretende condenarlos por agresiones a la policía y destrozos ocurridos ese día sin siquiera a atreverse a señalar a los acusados individualmente. Muchas de estas personas ni siquiera se encontraban en el lugar y momento de los hechos. Desde nuestra perspectiva, este caso se trata de una acusación en masa al mejor estilo de los regímenes dictatoriales, pensada para amedrentar a las personas que se movilizan en contra el gobierno del gobierno de turno y sus ataques.
Toda esta situación, que no es un hecho aislado, pone en evidencia una creciente tendencia de criminalización y represión policial y judicial de la protesta social. Aunque esto sucedió en el gobierno de Laura Chinchilla, las reacciones por parte del gobierno de Luis Guillermo Solis, en los últimos meses, siguen esta tendencia. En este sentido se debe citar las acciones relacionadas con represión de trabajadores portuarios, grupos de vivienda y lucha por la tierra en zonas indígenas.
A pesar de la falta de fundamentación de las acusaciones, se dio lugar al juicio después de la audiencia preliminar. No sería de extrañar que, a pesar de la debilidad de las pruebas, se llegue hasta la condena de todas o algunas de las personas acusadas en este juicio.
Por tanto, se hace un llamado al movimiento social y medios de comunicación para que sigan de cerca este proceso que que podría sentar un precedente que mine la oposición a este gobierno y abra paso a la represión por parte del mismo.
¡Ninguna confianza en el ministerio público ni los tribunales!