Las medidas de confinamiento, el colapso de los servicios de salud y el incremento de la pobreza, han impedido a muchas mujeres a acceder a servicios de salud esenciales, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, los anticonceptivos y los abortos seguros.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se practican unos 25 millones de abortos inseguros, mientras que 760 mil mujeres son atendidas por complicaciones relacionadas con estos abortos y mueren al menos 22.800 de ellas.
La necesidad de interrumpir un embarazo no deseado no ha acabado con el coronavirus, al contrario, va en aumento. Según estimaciones de la ONU, el confinamiento durante un periodo de seis meses podría dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos. Esto podría dar lugar a siete millones de embarazos no deseados adicionales. Muchos de ellos podrían tener lugar en Latinoamérica, donde el acceso a un aborto seguro, está limitado por la legislación de los países.
Además de esto, muchas mujeres, al estar también atrapadas en situaciones de pobreza y violencia, se verán obligadas a recurrir a procedimientos inseguros que pueden poner en peligro su vida. Por eso, la lucha por la despenalización del aborto, es una lucha por la vida de las mujeres, porque cuando se nos niega el acceso a un aborto seguro, se está poniendo en riesgo nuestras vidas.
Nuestras necesidades son amenazadas por un Gobierno pro empresarial y negligente con las mujeres
La crisis económica y sanitaria generada por la pandemia, está causando que se recrudezca aún más la situación de las mujeres en todos los ámbitos. La saturación de los servicios de salud, así como el desfinanciamiento generado por la disminución de los ingresos de la CCSS, limitará aún más los servicios médicos, donde la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se verá especialmente afectada.
Esto se combina con los incrementos en los niveles de pobreza y de violencia hacia las mujeres, exponiéndonos aún más a embarazos no deseados. Según los datos de la última Encuesta Continua de Empleo del INEC, el desempleo de las mujeres llegó a un 30,2%, por lo que en un panorama donde no están garantizados las necesidades más básicas de las familias, es de esperar que sea aún más difícil la adquisición y compra de anticonceptivos.
Las limitaciones en la cobertura de métodos anticonceptivos afectan especialmente a los estratos más pobres del país. Como se desprende del siguiente gráfico realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las mujeres entre los 15 y 49 años que se encuentran en los quintiles más pobres, son las que tienen un acceso más limitado a métodos anticonceptivos, llegando a cubrir solo a un 85% de esa población, mientras que los estratos más ricos son los que tienen un 95% de acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación no es un tema menor, es un problema que afectará de manera permanente la vida de muchísimas mujeres y por ello debería ser un tema ubicado como un asunto de salud pública en medio de la atención de la pandemia.
Sin embargo, el Gobierno ha tenido una política completamente irresponsable con las mujeres y no ha tomado medidas para la atención particular de nuestras necesidades, dejando por la libre el crecimiento de las brechas económicas y cargando sobre nuestros propios cuerpos, todo el peso de la desigualdad. De esto no solo es responsable el PAC y los diputados que siguen impulsando una agenda proempresarial, sino que es también responsable el Frente Amplio, que aunque intenta presentarse como una voz disidente, es parte del mismo gobierno a través de la participación de Patricia Mora al frente del INAMU, donde sigue manteniendo una actitud complaciente mientras la pobreza, el desempleo y la desigualdad vaticinan un panorama cada vez más aterrador para las mujeres.
¡Que la pandemia no limite nuestros derechos!
En esta pandemia, sin embargo, las mujeres hemos sido ejemplo de coraje al salir a manifestarnos aun desafiando el temor por la pandemia. De la misma forma que lo hicimos saliendo a las calles a manifestarnos contra la violencia, tendremos que hacerlo para sumarnos a otros sectores que exigen al gobierno que se atiendan las necesidades de la clase trabajadora.
Este 28 de setiembre, sumamos nuestras acciones al grito y las movilizaciones latinoamericanas por la despenalización del aborto, y como parte de ello, nos manifestamos también en defensa del sistema de salud, gratuito y de calidad, donde es urgente que se destinen políticas integrales de salud para las mujeres. Por eso seguimos exigiendo:
- Financiamiento al sistema de salud para garantizar atención gratuita, pronta y calidad para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
- Acceso a educación sexual científica y laica para poder decidir sobre nuestros cuerpos.
- Métodos anticonceptivos gratuitos y de calidad de acuerdo con la elección de las mujeres.
- ¡Aborto legal, seguro y gratuito!