Lidieth espera a las afueras de los Tribunales de Justicia. Un día antes, la policía ingresó al Asentamiento La Cruz, y detuvo a siete campesinos y campesinas mientras cultivaban sus tierras.
Como presidenta del Comité campesino, Doña Lidieth se presenta este martes 17 de noviembre ante la fiscalía, buscando la libertad de sus compañeros. Mientras espera, se acercan los agentes del OIJ y junto a la fiscalía la detienen. Aunque ella exige saber el motivo, no le dan explicaciones.
La acusan de usurpación, y le imponen medidas cautelares para que no continúe organizando a más campesinos en la “Alianza Campesina”; organización de la que hace parte y que agrupa a 5 asentamientos.
El Estado, los Tribunales, liberaron a Lidieth y sus compañeros. A ella le han quitado hasta el derecho de apelar las medidas cautelares, para que no vuelva a protestar.
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La familia de Doña Lidieth y otras 52 más, han enfrentado durante meses el acoso y la represión de la policía y del Estado.
Ellos ingresaron el 15 de julio a una finca en la comunidad de Montealegre de los Chiles, para fundar el asentamiento campesino La Cruz. El terreno abandonado, pertenece legalmente al Banco Nacional de Costa Rica.
La ley establece que los bancos del Estado tienen el deber de ofrecer al Instituto de Desarrollo Agrario los terrenos como este. Por eso las familias campesinas se presentaron al INDER desde el primer día.
El banco estatal se ha empeñado en señalar como delincuentes a los campesinos y ha utilizado todos los medios para expulsarlos y encarcelarlos.
Periódicamente, el asentamiento La Cruz realiza asambleas de sus integrantes para discutir las situaciones más importantes de su lucha. El 8 de noviembre la policía interrumpió esta reunión para intimidarlos. Levantó listas de los asistentes y los requisó, anunciando que harían un desalojo, que como siempre, sería violento.
Las familias campesinas presentaron al día siguiente un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y fue dictada una medida cautelar para evitar el desalojo.
Tres días después, el jueves 12 de noviembre, la policía realizó el desalojo, sin importar lo que dijera la Sala Constitucional. Ingresaron a la finca y destruyeron los ranchos donde viven las familias y todas sus cosechas.
Doña Lidieth y sus compañeros y compañeras, presentaron la denuncia por abuso policial e irrespeto a la medida cautelar de la Sala.
A los pocos días, serían detenidos los siete campesinos mientras cosechaban, cuatro hombres y tres mujeres. Y luego Doña Lidieth.
