En este momento se lleva a cabo un importante proceso de lucha campesina en el cantón de Los Chiles de Alajuela: más de 800 familias distribuidas en 7 tomas de tierra han decidido poner a producir miles de hectáreas ociosas como mecanismos para garantizar su subsistencia.
Estas acciones, como no podía ser de otra forma, han desencadenado la furia de los grandes terratenientes, los patronos, los bancos, la fuerza pública, el sistema judicial y el gobierno. Es decir, los grandes poderosos de este país están preocupados porque temen un estallido campesino en todo el país, por eso hacen todo lo posible para desalojarlos violentamente y hasta mandarlos a la cárcel.
Si bien en el caso de los recientes desalojos se ha pasado por encima a las diferentes instancias judiciales y en tiempo récord se han capturado y criminalizado dirigentes, la persecución contra los campesinos no es nueva, y responde a la concentración de la tierra en pocas manos, mientras el pueblo se muere de hambre. Pero no solamente tiene que ver con eso: se relaciona también con un Estado con un marcado carácter de clase: un Estado capitalista que defiende y protege los intereses de los terratenientes, los banqueros y las transnacionales imperialistas de la piña y el banano que comprometen la soberanía alimentaria y condenan a la miseria a miles de campesinos, obreras y obreros.
La concentración de la tierra: un problema del capitalismo a nivel mundial
Lo que sucede en Costa Rica debe verse como parte del escenario de cómo opera la sociedad capitalista a nivel mundial: de hecho, uno de los medios de producción más importantes que existen es la tierra, al lado de la fuerza de trabajo o la maquinaria que se ocupa en las fábricas.
“Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas”[1]
Lo que sucede es que en la sociedad capitalista esos medios de producción son propiedad privada, y puestos en función de satisfacer el lucro o la ganancia de unos pocos y no para lograr el bienestar y desarrollo de toda la población. En las zonas rurales es donde se presentan estos problemas de manera más seria, ya que los propietarios suelen ser ganaderos o empresarios que se dedican a actividades como la explotación minera, maderera o son premiados con enormes concesiones de terreno por parte del Estado para plantaciones de monocultivos, como la piña o el banano en una economía de enclave, que implica el no pago de impuestos, la sobreexplotación de la tierra hasta dejarla inservible y el llevarse las jugosas ganancias.
Además, en el mundo esa propiedad privada de la tierra está al servicio de la industria agroalimentaria que acaparan los países imperialistas, principalmente Estados Unidos. Lo que sucede es que cada vez más se producen los alimentos de consumo básico, (granos como el maíz, trigo, frijoles, etc.) en estas naciones con enormes beneficios por parte de los gobiernos, los cuales se exportan a bajísimos costos a los países pobres, arruinando a los campesinos.
Lo peor de todo es que esta enorme concentración de la tierra para actividades agrícolas a gran escala que benefician a unos pocos, más bien profundiza la miseria y el hambre. En el mundo capitalista hay suficiente terreno para acabar con estos males, pero alrededor de 820 millones de personas en el mundo se encuentran subalimentadas. “El 80% de la gente con hambre a nivel mundial se concentra en áreas rurales y muchos de ellos son agricultores o trabajadores agrícolas sin tierra”[2].
En tiempos del libre mercado, mientras todos los días 8,500 niños mueren en el mundo por desnutrición, durante las crisis las grandes empresas agroalimentarias guardan su producción en las bodegas esperando que los precios suban para seguir lucrando.
Este es el drama de la pobreza, la miseria y el hambre capitalista que afecta a la mayoría de la población mundial y que llena los bolsillos de un puñado de ricos, los grandes ganadores de la propiedad privada de la tierra, que los diferentes Estados se encargan de defender y proteger.
El problema de la tierra en Costa Rica
Esta misma dinámica de tierra en pocas manos la vemos en nuestro país. En la actualidad, 44.500 hectáreas netas de nuestro suelo dedicadas al cultivo de piña. Solo en la Zona Norte hay 24.653 hectáreas, lo equivalente al 56% del área cultivada. Para 2019, en Costa Rica había 43 mil hectáreas cultivadas de banano, principalmente en la provincia de Limón.
En el caso del café, existe también una cantidad de tierra destinada a este cultivo: 93 mil hectáreas, pero con una participación mayor de los pequeños y medianos productores, alrededor de 38 mil. Sin embargo, las condiciones laborales se mantienen precarias.
Un aspecto del que casi no se habla son enormes hectáreas de terreno existentes en Guanacaste dedicadas a la ganadería extensiva o a gran escala, el cual se ha dado sin una amplia participación de los pequeños productores. A esto hay que sumarle una problemática muy antigua y aún no resuelta: las tierras ubicadas históricamente en zonas indígenas que por diversos mecanismos legales son reclamadas por grandes terratenientes como suyas y que han provocado luchas durante muchos años como en la zona de Salitre en la zona sur del país, de ahí el asesinato de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerry Rivera.
Uno de los mecanismos más comunes para promover la concentración de la tierra es mediante las concesiones otorgadas por las municipalidades que se han convertido en jugosos botines económicos para esos políticos burgueses y los terratenientes. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con enormes concesiones de terrenos para la extracción de madera, con lo cual se devasta la naturaleza.
Este escenario que hoy vemos en el país se debe a los cambios producidos a partir de los años ochenta. Aprovechándose de la crisis económica, se empiezan a aplicar una serie de políticas neoliberales, como los Programas de Ajuste Estructural (PAES) y los famosos programas de reconversión productiva. ¿Esto qué significa en materia de agro? Se abandona poco a poco el apoyo que se le daba a los pequeños productores en el marco de una inversión estatal considerable destinado a la producción agrícola.
Prueba de ello es el desfinanciamiento del Consejo Nacional de Producción (CNP) o la venta de la estatal Fertilizantes de Costa Rica (Fertica) al capital privado. También se da el debilitamiento considerable del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que ya de por sí respondía a los intereses de los grandes latifundios porque, más que una institución a partir de la cual se podía desarrollar una reforma agraria, buscaba mediar en los conflictos por la tierra y con el desfinanciamiento del Estado, se fue imponiendo una serie de trabas burocráticas para la entrega de tierras y compra de fincas ocupadas por campesinos.
Pero el principal cambio que representaron las políticas neoliberales fue justamente darle más importancia a productos como piña, melón, naranja, u ornamentales para la exportación. Para esto se requieren dos elementos: el primero, enormes cantidades de terreno para los monocultivos. Para lograr competir en el mercado, se le garantizaron toda una serie de privilegios a esos grandes exportadores: no pago de impuestos, facilidad de crédito para inversión en maquinaria e insumos: en este proceso, los principales beneficiados fueron las transnacionales Del Monte, Standard Fruit Company, o grandes burgueses como los de Exportaciones Norteñas.
Esto llevó poco a poco a la eliminación del campesinado o bien los pequeños productores que sobrevivían de lo que sembraban porque fueron desplazados de sus tierras u obligados a vender barato. La concentración de la tierra en pocas manos para la exportación significó una crisis para el campesinado, que profundizó su cambio al actual proletariado agrícola: los obreros que dependen de un salario en las piñeras o naranjeras para sobrevivir. Ya no tienen tierra; están sometidos a salarios de hambre, sin seguridad social, sometidos a una dictadura patronal sin posibilidad de afiliarse a sindicatos para defender sus derechos.
El segundo elemento, siempre ligado a esto, es que además de aumentar la concentración de la tierra en pocas manos en las zonas rurales y convertir a los campesinos en obreros agrícolas, se da una migración masiva del campo a la ciudad donde el desempleo abunda; la economía, en buena parte se va a concentrar en el sector de servicios, además en el sector terciario: es decir, no solo el campesinado pierde su tierra y pasa a ser obrero superexplotado, sino también se ve forzado a irse a la ciudad y ahí, ante la gran desocupación, se dedica al sector informal, o a condiciones laborales como la construcción, igual de precarias que en las plantaciones.
Otro aspecto importante es el proceso de recolonización que comienza a darse con la firma de tratados comerciales con países imperialistas como Canadá y Estados Unidos o la Unión Europea. El campesinado y la producción agrícola para el mercado interno vive una crisis permanente de quiebra porque estos tratados suponen quitar la protección a estos productores, por ejemplo, de frijoles, papa, o de cerdo, y la entrada masiva de extranjeros que sí reciben enormes subsidios en sus países, por eso colocan sus productos a precios más bajos al inicio, lo que lleva a la ruina de estos pequeños productores y significa la pérdida de la soberanía alimentaria.
Producto de esta ruina, el país ha pasado a depender alrededor de un 70% de las importaciones para poder suplir la canasta básica nacional del pueblo, provocando que dependamos de la especulación, lo cual repercute en el encarecimiento de los productos y en el aumento en el costo de la vida para los trabajadores.
Costa Rica, a partir de los años 80 con la implementación de estas políticas neoliberales, se ha vuelto más dependiente de potencias imperialistas como Estados Unidos. Por ello, cuando hay crisis económicas a nivel mundial, como sucedió en 2008, como ha sucedido desde el 2018 con el déficit fiscal o en la actualidad con el coronavirus, aumenta de forma significativa el desempleo, la pobreza y el hambre.
El Estado capitalista es el responsable de la crisis del campesinado
Como ya lo vimos en muchos rubros, el Estado costarricense defiende y protege los intereses de una clase: la clase capitalista, los ricos, los banqueros, los grandes terratenientes. A diferencia de como nos dicen en los medios de comunicación, el Estado no está ahí para defender los derechos de toda la población; en la realidad es un estado que está comprometido con defender la propiedad privada de los medios de producción, o sea, en que la tierra no sea para quien la trabaja, sino para unos pocos exportadores que reciben todo tipo de beneficios del Estado y además se dejan jugosas ganancias.
Los partidos políticos burgueses al frente del Estado capitalista fueron los promotores de los PAES, de los TLC, o sea, los responsables de la ruina del campesinado, de la pobreza y miseria de miles de familias en el país. Lejos de apoyar con crédito barato, insumos agrícolas o medidas que protejan a los pequeños productores, se han encargado de darles tierra para el monocultivo a unos pocos.
Ante esta situación de pobreza que impera en las zonas rurales por las medidas de destrucción del campesinado, a partir de los años 80 las tomas de tierra han aumentado: podemos citar casos como el de Bambuzal en Sarapiquí durante inicios de la década del 2000, Medio Queso de Los Chiles en 2011 o en Balastre, Pococí, en el mismo año.
En todos estos casos, ante el reclamo legítimo de tierra para trabajar, el Estado ha respondido con represión y desalojos por parte de las fuerzas policiales, y procesos que en muchas ocasiones terminan con cárcel a los dirigentes, por parte del poder judicial. El caso de Balastre, en Pococí fue un claro ejemplo que demuestra para quién gobierna el Estado: estas familias ya habían cumplido 10 años de vivir en la finca, tenían casas, cultivos y hasta una asociación para colocar su producción, pero esto no le importó al gobierno de Laura Chinchilla, quien mandó a reprimir, a destruir las casas y todas las siembras, todo porque ahí se iba a construir una academia policial que al final de cuentas terminó ubicándose en otro lado. Lo que hoy vivimos en Los Chiles, donde los desalojos se han dado en pasando por encima criterio de la Sala IV, es una práctica más común de lo que se piensa, y no debe sorprendernos.
El Estado capitalista costarricense opera en lo económico como defensor de los grandes ricos, para que ellos conserven intactas sus formas de enriquecerse, que es concentrando más tierra en pocas manos para la exportación. Cuando el pueblo, por hambre, toma la decisión de invadir terrenos para ponerlos a producir, reciben desalojos, represión y cárcel a manos de la policía y un sistema judicial cuyas leyes fueron hechas a imagen y semejanza de los grandes patronos y terratenientes.
Por tierra para quien la trabaja: las bases para una reforma agraria
Podemos decir, entonces, que la situación que están viviendo más de 800 familias en la zona norte tienen que ver con una sociedad capitalista, que condena a los pobres a vivir en la miseria, mientras los ricos se vuelven más ricos. Es esto lo que lleva a tomar la decisión de invadir las tierras como única forma de sobrevivir, y esto, claro está, genera un descontento enorme en los ricos que no van a ceder su propiedad privada, aunque las tengan ociosas o en muchos casos ni siquiera sabían que existían.
Esto no va a cambiar si la organización obrera y campesina no se enfrenta contra estas políticas neoliberales, si no rompe con el imperialismo y la dependencia económica que nos tiene en una crisis permanente. Estas son las bases por las cuales nosotros planteamos la necesidad de una reforma agraria para que la tierra sea para quien la trabaje.
Romper con los TLC para regular el comercio y defender la pequeña producción: es necesario romper con TLC para poder asegurar la colocación de los productos en el mercado nacional y evitar así que las toneladas de producción importada, libre de impuestos, desde las grandes potencias siga arruinando a nuestros pequeños productores.
Nacionalización bancaria y garantías de inversión estatal en la tecnificación y comercialización de la pequeña producción: Para poder asignar crédito barato e inversión estatal que le garantice a los pequeños y medianos productores mejoras en los caminos, el transporte, seguros de cosechas, subsidios, semillas mejoradas, maquinaria e insumos agrícolas, es necesaria la nacionalización de la banca.
Esto debe darse así, ya que su carácter competitivo y pro capitalista actual no le permite ofrecer crédito a bajo interés para los pequeños productores.
Plan de producción para garantizar la soberanía alimentaria: la producción debe reorientarse para que supla las necesidades de la población, por lo que el Estado debe planificar conjunto con los productores las extensiones de tierra necesarias para sembrar granos y otros cultivos básicos, esto con tal de que se garantice la seguridad y soberanía alimentaria nacional, así como el aprovisionamiento para que el pueblo trabajador pueda tener una dieta suficiente y adecuada.
La expropiación de la tierra cultivable en manos de las grandes transnacionales y también de las tierras ociosas: estas serán repartidas a los pequeños y medianos campesinos, así como a sus familias para que las trabajen. Además, son ellos quienes de manera democrática y organizada van a decidir qué, cómo y cuánto van a producir.
[1] https://www.grain.org/es/article/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial
[2] Ibid.