El pasado 5 de julio, el gobierno de Ortega arrestó a 6 opositores a su gobierno. Dentro de las 6 personas detenidas se encontraban 2 dirigentes estudiantiles: Lesther Alemán y Max Jerez. También arrestaron a 4 integrantes del Movimiento Campesino: Pedro Mena, Fredy Navas, Pablo Morales y Medardo Mairena.
Mairena aparte de ser precandidato presidencial ha sido también una de las principales figuras de oposición al proyecto del Canal impulsado por Ortega.
Esto se suma a los arrestos del pasado 12 de junio a las ex sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, y a las opositoras Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el gobierno.
También se suman a los de 4 aspirantes a la presidencia de la oposición de derecha previamente arrestados, a la intervención de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y a decenas de arrestos de dirigentes y activistas opuestos al gobierno.
¿A quién pretende atacar Ortega con estos arrestos?
Tenemos profundas diferencias estratégicas con la oposición de derecha al gobierno de Ortega. Los consideramos nuestros enemigos, pues son proimperialistas, entreguistas y tienen un vergonzoso historial de pactismo con la dictadura del FSLN.
Pero creemos que estos arrestos son en realidad intentos de la dictadura de aplacar e intimidar al movimiento popular que desde el 2018 viene manifestándose masivamente contra el gobierno.
El gobierno de Ortega ha disfrazado estos arrestos de “anti imperialismo” y “anti injerencismo”, supuestamente defendiendo la soberanía de Nicaragua contra la injerencia de Estados Unidos y la OEA.
Sin embargo, en los hechos estos ataques tienen 2 propósitos:
En primer lugar, existe una política de “ganar las elecciones a como dé lugar” y una verdadera preocupación de perderlas en el seno del FSLN. Esto ha implicado la intervención del sandinismo sobre el CNE, la búsqueda de ilegalizar a partidos de la oposición (la anulación de la cédula del PRD por ejemplo), y la preparación de unas elecciones sin las mínimas garantías democráticas.
De la misma forma se busca forzar pactos de “cohabitación” con sectores de la oposición “pactistas” que buscan una salida pactada, siempre y cuando se garantice su cuota de poder, o el respeto de sus intereses individuales (sectores tales como Humberto Ortega, o la propia Cristiana Chamorro).
En segundo lugar, consideramos que el objetivo principal es que el gobierno busca intimidar y desmovilizar al movimiento popular que desde el 2018 viene poniendo en cuestión la permanencia de Ortega en el poder.
Los arrestos mencionados son solo una pequeña muestra de la escalada represiva de los últimos meses. Según los datos del movimiento popular habrían al menos 130 presos políticos ligados a este movimiento, que siguen encarcelados de forma injusta e ilegal, a lo que se le suman las denuncias de casos de tortura, intimidación de familiares de integrantes de estos movimientos y el irrespeto a sus derechos más básicos.
Esto se les suma a las decenas de asesinatos de activistas que siguen impunes (como el asesinato reciente del dirigente campesino Ernesto Jarquín), a la escalada de las agresiones policiales contra manifestantes durante estas últimas semanas y al constante acoso y amenazas contra organizaciones de familiares de víctimas, campesinas y estudiantiles.
Una enorme cantidad de personas exiliadas, más de 100.000 personas que han tenido que dejar atrás a sus seres queridos, viviendas y trabajos, son la otra cara de esta represión, que ha alcanzado a amplísimos sectores del pueblo nicaragüense.
El estalinismo, la izquierda reformista y su vergonzoso apoyo a la dictadura
La amplia mayoría de la izquierda “reformista” y de los sectores que provienen del estalinismo siguen sosteniendo un vergonzoso y cómplice apoyo a la dictadura capitalista de Ortega, al negarse a condenar abiertamente su gobierno.
En los hechos el gobierno de Ortega no es un gobierno antiimperialista, mucho menos anticapitalista y ni siquiera “progresivo” en materia de política económica o social.
Al contrario, el gobierno de Ortega desde su vuelta al poder en el 2006 ha demostrado ser un gobierno dictatorial, con un programa entreguista y completamente compatible con el capitalismo semicolonial en Nicaragua, y un gobierno que ha pactado con los sectores empresariales una serie de ataques contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.
El giro en sus posiciones sobre el TLC (apoyando su implementación y ejecución), el proyecto entreguista del Canal (Ley 840), la promoción abierta del régimen de zona franca (que pasó de 70.000 trabajadores a más de 125.000 durante su gobierno), los ataques a la seguridad social y el INSS, y el propio ataque a los derechos democráticos de los sectores trabajadores demuestran con creces el carácter entreguista y semicolonial del proyecto del FSLN.
Los recientes hechos han obligado a algunos de estos partidos a hacer declaraciones en papel contra los “abusos” del gobierno de Ortega. Sin embargo, esto no borra casi 15 años de complicidad con esta dictadura, 15 años de apoyo vergonzoso a Ortega utilizando el propio prestigio para ayudar a disfrazar a este gobierno de progresivo, antiimperialista y hasta de socialista.
Declararse “contra los excesos” del gobierno de Ortega sin condenar abiertamente su dictadura, sin dejar claro que estos no son “excesos” sino la propia naturaleza de este gobierno, sin denunciar su entreguismo, y sin colocarse con plena claridad del lado del pueblo nicaragüense que lucha contra el tirano en las calles es en los hechos un apoyo velado.
La política del imperialismo: defender la estabilidad que le da la dictadura
En el último periodo y con el ascenso del Joe Biden al poder en los Estados Unidos, ha quedado claro que el principal interés del imperialismo es llegar a acuerdos con los gobiernos de la región para que construyan el tapón migratorio, del flujo sur norte que no deja de incrementar desde la última crisis del 2007 y que la crisis del Coronavirus ha potenciado.
A principios de junio, el secretario de Estado de Los Estados Unidos Antony Blinken, sostuvo una reunión en Costa Rica con representantes de alto nivel de los países centroamericanos, incluyendo a Nicaragua, en donde señaló que el mandado de Biden es atajar las “causas profundas” de la migración de centroamericanos y que hoy tienen una crisis en la frontera norte de México.
En ese mismo sentido se dio la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a Guatemala, quien tenía como caballo de batalla 4 mil millones de dólares en “ayudas” para contener la migración desde el triángulo norte.
Para el gobierno de Biden, el rol, represivo de los gobiernos dictatoriales y autoritarios de Ortega, Hernández o el mimo Bukele, son una garantía de que el flujo migratorio se mantendrá estable, y de paso como el gobierno de Alejandro Giammattei militar y reprimir la frontera con México para evitar el paso de migrantes.
La represión de Ortega sobre el pueblo de Nicaragua es funcional a lo intereses del imperialismo, y por lo tanto ante la situación actual, no pasará de aprobar sanciones selectivas contra familias y funcionarios del gobierno de Nicaragua, mientras desde el punto de vista económico le garantiza el modelo de exportación de mercancías y explotación de mano de obra con el TLC y las zonas francas, y el financiamiento por medio de los organismos financieros regionales.
¡Condenamos la represión del gobierno de Ortega! ¡Exijamos la liberación de los presos políticos en Nicaragua!
Desde el Partido de los Trabajadores y la Liga Internacional de los Trabajadores manifestamos nuestro más absoluto repudio a la represión del gobierno de Ortega contra el movimiento popular, y denunciamos que estos arrestos son un intento de intimidar y frenar a este movimiento.
Nos sumamos nuevamente al clamor del pueblo nicaragüense, que desde el 2018 viene dando enormes lecciones de lucha, y exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos que tiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a lo que también alertamos que en Nicaragua solo podrán existir elecciones libres si cae la dictadura y el pueblo puede organizar elecciones con las más amplias garantías democráticas que hoy no se pueden lograr.