En los pasados días, la opinión pública ha seguido con horror la noticia de la muerte de un niño de 2 años de edad en Los Chiles, víctima de agresión. Niño que habitaba en un rancho de madera, en situación de pobreza y cuya madre tiene al día de 16 años. Una adolescente que fue obligada a ser madre a los 14 años de edad y nuevamente a los 16 años con otro hijo de 5 meses al día de hoy, quien además convivía con hombre adulto que por mucho le dobla la edad.
La primera alerta que la situación genera es sobre el tema del embarazo de una adolescente de 14 años de un hombre mucho mayor, probablemente víctima de abuso. En este aspecto, el caso no es tan inusual. Desgraciadamente en el país, el problema de los embarazos adolescentes del que tanto se discute, esconde el abuso sistemático de menores por parte de personas a menudo cercanas y en la mayoría de casos muchos años mayores. Son embarazos producto de relaciones desiguales no sólo por ser los hombres adultos sino también porque a menudo se combina con esta la necesidad económica de las adolescentes, en muchos casos son violaciones producto de cuadros de abuso sexual sistemático.
Embarazos que deben ser llevados a término sin importar las consecuencias que eso pueda tener sobre la psique y la vida de las adolescentes quienes no tuvieron acceso a educación sexuall ni anticonceptivos de calidad pero que tendrán que parir y ser madres. En este país se prohíbe el aborto y se prioriza la vida de un embrión producto de una violación sobre la vida de una niña, a quien se obliga a parir y luego buscar cómo criar al recién nacido. Pero luego la joven es juzgada y criticada sin piedad si no tiene la capacidad de proporcionar un hogar seguro al bebé. Incluso se le acusa de no haber dado la vida por el bebé y en este argumento queda claro exactamente el grado de sacrificio que se le exige.
Un segundo elemento a analizar es la relación de pareja en que se encontraba la joven, donde ya se está investigando un caso de violencia sexual contra ella, desde los 12 años de edad. En este sentido es vital tener clara la escasez de opciones para una migrante menor de edad que desea denunciar un caso de violencia. En la actual coyuntura de desempleo (mayor entre las mujeres y precarizado entre las migrantes) y la inexistencia de albergues que le garanticen a las mujeres vivienda, seguridad y acceso a trabajo digno ni guarderías donde puedan dejar a sus hijos e hijas mientras trabajan. Concretamente, son casi nulas las opciones para salir de semejante situación y no sólo rescatarse a sí misma sino también a sus dos hijos. Además, la violencia contra los hijos en común es también una forma de violencia contra la mujer si ella no tiene las condiciones de impedirlo.
Ahora bien, se ha criticado lapidariamente a la joven por ser “mala madre”, y no “salvar” a sus hijos. Incluso se llega a culparla a ella de la situación y a pasar por alto al padrastro, como si la violencia masculina fuera algo esperable, de la que es normal que las madres deban proteger a sus hijos e hijas. Si bien es un caso delicado y quien es testigo también es responsable legal, hacemos un llamado a analizar los hechos tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad, extrema de pobreza de esta joven mujer migrante menor de edad.
Por último, queremos denunciar a quienes han aprovechado la coyuntura para posicionar discursos xenofóbicos que, de forma absolutamente errada, señalan como causa de los hechos la nacionalidad de las personas. El problema del machismo, de la masculinidad agresiva y de la violencia ejercida contra los y las menores es un problema internacional, del cual ningún país se exime, causado por una sociedad basada en la opresión y la explotación de los otros y las otras. Donde la persona se deshumaniza hasta ser mercancía u objeto y por tanto no es protegida por el Estado sino librada a su suerte en el espacio privado que constituye de la familia. Asimismo, lamentamos el reciente hecho de violencia contra el acusado ya aunque reprochamos con toda vehemencia sus actos , consideramos que como toda persona merece un juicio justo.
Exigimos por tanto:
Una investigación exhaustiva sobre el caso ocurrido en los Chiles, con un juicio justo donde se garanticen los derechos humanos de cada persona
Más que un pronunciamiento por parte del gobierno en contra de la violencia en este caso, se necesita un plan de acciones para prevenir e intervenir.
Mecanismos de protección para la población migrante y oportunidades laborales en condiciones dignas para las mujeres migrantes.
Albergues del Estado para las mujeres víctimas de violencia donde no solamente se les hospede en los momentos de violencia extrema sino se les garantice un proceso integral de acompañamiento y oportunidades.
Guarderías de calidad garantizadas por el Estado para que las madres puedan trabajar e independizarse de parejas agresoras.
Un programa de salud sexual y salud reproductiva para la población adolescente (incluida la migrante) que le garantice a las adolescentes su derecho a decidir si quieren ser madres.