Los partidos políticos tradicionales vienen anunciando con bombos y platillos la lucha que llevan para reducir la deuda política, como si esto fuera un gran logro democrático para nuestro país.
La deuda política es un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado entrega a las agrupaciones políticas inscritas en cada elección para que realicen sus gastos, tanto de campaña como corrientes.
Desde hace días se viene dando una discusión acerca de posibles reformas que buscan desde reducir el monto de la deuda política que es del 0.19% del PIB (¢36 295millones) a un 0.11%.
En los hechos esto sería alrededor de 40 millones de dólares que “se ahorraría” el gobierno, restablecería la posibilidad de que “sociedades” puedan realizar donaciones a los partidos políticos, e incrementaría el financiamiento estatal anticipado a los partidos.
La reducción de la deuda es una excusa para permitir que las grandes empresas puedan financiar las campañas electorales de los partidos tradicionales, abriendo el portillo para que se manifiesten las clásicas “cadenas de influencias” que terminan generalmente en los sonados y recurrentes actos de corrupción.
El problema de la deuda es que es antidemocrática: solo pueden acceder a ella aquellos partidos que obtengan un 4% del total de votos emitidos, y se reparte según el porcentaje de los votos obtenidos. Esto hace que nunca exista igualdad de condiciones para los partidos que participan en las elecciones, debido a que los partidos pequeños no tienen posibilidad de acceder a espacios de comunicación por falta de recursos.
Esta desigualdad estaría ampliándose a partir de la aprobación de una reforma que pretende brindarle parte de la deuda política (mediante “certificaciones de cesión”) anticipadamente a los partidos tradicionales.
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que es urgente que la deuda política se democratice, repartiéndose por partes iguales entre todos los partidos inscritos, donde además el TSE garantice a todos los partidos el acceso a espacios equitativos a los medios de comunicación de prensa nacional (periódico, radio, televisión).
Creemos que reducir la deuda es reforzar que solo los partidos de empresarios puedan contar con financiamiento. Es necesario el control y fiscalización de las donaciones de empresas privadas y personas jurídicas, y el castigo con cárcel a la corrupción y la malversación. Además el TSE no debe permitir que empresarios morosos con la CCSS y el estado, o empresarios con interés de lucrar con nuestro país, puedan brindar aportes a las campañas electorales.