La población inmigrante representa el 9% de la población total de este país [1], conformando un 11,37% de la población trabajadora asegurada.
La población trabajadora nicaragüense es un sector fundamental que forma parte de las labores en sectores de construcción, turismo, agricultura, manufactura, comercio y demás. A pesar de las labores fundamentales que realizan, se encuentran en condiciones de total desprotección frente a las violaciones a sus condiciones laborales, donde el pago que se les otorga es muchas veces por debajo de los mínimos establecidos por ley (que ya de por si son insuficientes) y sin ningún tipo de garantía laboral, haciendo uso de estereotipos y argumentos xenofóbicos con los que se intenta “justificar” su sobreexplotación, rebajando los salarios de todos y exigiendo agotadoras jornadas laborales que suman al trabajador nicaragüense y su familia en la miseria.
En el último periodo los insultos xenofóbicos agitados por el discurso del gobierno sobre la supuesta invasión de Nicaragua, generaron que muchos trabajadores costarricenses, confundidos y angustiados por el deterioro del empleo, de los servicios de salud y de su empobrecimiento le echaran la culpa a los nicaragüenses. Lo cierto es que estas son argumentos que ocultan la identidad de los verdaderos responsables del deterioro de la vida del pueblo trabajador: los empresarios y sus políticos. Esto crea falsos conflictos entre los trabajadores para mantenernos divididos y facilitar la continuidad de los abusos del patrón.
Mientras se argumenta que la crisis de la CCSS se debe a un alto porcentaje de personas migrantes aseguradas, los patronos utilizan esa discriminación para negar un derecho humano y laboral tan fundamental como el acceso a servicios de la salud. Si a esto le sumamos el hecho de que se les expone a labores de mayor peligrosidad en las labores que realizan, queda en evidencia la precariedad de las condiciones de vida a las que se les expone bajo argumentos xenofóbicos.
Frente a estas condiciones, hay situaciones de total indefensión, ya que la inexistente organización sindical en el sector privado (donde fundamentalmente trabaja esta población), favorece que se den los abusos. Adicional a esto, aun cuando se les exige cumplir con todas las obligaciones como ciudadanos costarricenses (independientemente de su situación migratoria), y forman parte fundamental de la economía de este país, no se les permite ningún tipo de participación política ni acceso a aspectos básicos como el derecho al voto hasta no haberse naturalizado, por lo que no tenemos manera de influenciar en un cambio que nos beneficie como población discriminada.
A esto hay que sumarle las dificultades del excesivo trámite migratorio, en los que se requiere una validación constante de la documentación en Nicaragua que implican costos de traslado y viáticos, por lo que se calcula que los trámites para obtener la residencia permanente ronda entre los $700 a los $1000 . Y ni que decir de las contradicciones que presenta la misma ley, donde se requiere permiso de trabajo para empezar a laboral, pero este no es otorgado hasta tanto no se tenga un trabajo garantizado.
Nos proponemos luchar por:
• Gratuidad y reducción de requisitos de residencia permanente
• Igual paga que al costarricense ante el mismo trabajo.
• Aumento de salario de emergencia de 10%
• Aumento en los salarios mínimos de acuerdo a las alzas en el costo de la vida
• Cárcel para el patrón que no asegure a sus trabajadores o discrimine en garantizar sus derechos
• Seguro de salud que nos brinde acceso a los servicios de la CCSS independientemente de nuestra condición legal y nuestra capacidad de pago
• Sindicatos en todas las ramas en las que trabajamos para poder defender nuestro nivel de vida y conseguir nuevos derechos
• Derecho a votar y a ser electos en puestos de representación política
• Abajo la Ley Migratoria que persigue al trabajador inmigrante y le priva de libertad sin delito
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[1] Censo de población, 2011,