A tan solo unos meses para dar por terminado el gobierno Chinchilla, los escándalos de corrupción siguen siendo el pan de cada día, mientras el gobierno sigue llenando los bolsillos de los empresarios de fondos públicos, seguimos acumulando años de atraso en el desarrollo del país
La ley de Concesión hoy sigue siendo la herramienta principal con la que el gobierno garantiza sus chorizos millonarios. Retomando solo algunos de los casos, las carreteras, empresas como OAS sale después de todo con su cuenta bancaria llena.
El contrato con la empresa OAS es nulo hoy gracias a la organización y la lucha popular, sin embargo el ministro Roberto Gallardo anuncio que el gobierno aprobó firmar un finiquito que incluye el pago a esta gran empresa por 35 millones de dólares.
Y son las autoridades del gobierno actual y los candidatos a la presidencia de los partidos empresariales, que siguen defendiendo a capa y espada esta ley, haciendo creer al pueblo costarricense que concesionar la obra pública en nuestro país es la solución para el rezago en la infraestructura en el marco de un país desfinanciado.
Otra de las escandalosas salidas que da el gobierno en el tema vial es el préstamo por 395 millones de dólares, que hoy esta en discusión en la Asamblea Legislativa con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, que condiciona la realización de esta obra para que sea realizada por la Empresa China Harbour Engineering Company (CHEC). Esta empresa es cuestionada hoy por incumplimiento de contratos, sobornos y fraude. Además concederá la mayor parte del empleo generado a trabajadores chinos, cerrando oportunidades a la demanda de empleo tico.
Lo anterior no es mas que las consecuencias de la corrupción y el importante déficit fiscal provocado por los grandes empresarios de este país, que lo obliga a entregar nuestra obra publica a la concesión y al endeudamiento.
Es por esto que desde el partido de los trabajadores planteamos urgente un plan de empleo y obra publica, que implique la ruptura total con las concesiones y que la construcción y mejora de las carreteras sean garantizadas por el Estado, fiscalizada por los trabajadores y que a su vez sea una fuente de empleo para los costarricenses.
Para poder financiar el desarrollo vial en nuestro país proponemos:
La ruptura inmediata con los Tratados de Libre Comercio, que garantice mas recaudación de aranceles y además nos permitan cobrar impuestos a las grandes empresas.
Y la suspensión de pago del endeudamiento que el país ha requerido para abastecer el hueco fiscal que nos ha dejado las exoneraciones a las grandes transnacionales.
¡No más corrupción, abajo la ley de concesión!
¡Por desarrollo vial financiado por el Estado!