El pasado viernes acueductos y alcantarillados (AyA) en conjunto de la fuerza pública de Santa Cruz irrumpieron y tomaron a la fuerza la ASADA de playa Potrero de Santa Cruz a pesar de la intención de dialogo de la comunidad.
Este conflicto comienza a partir de que la Sala IV toma una decisión que obliga al AyA a administrar o confiscar la ASADA de la comunidad, por lo que desde el primer momento los vecinos de la zona se pronunciaron estar en contra de esa decisión no solo porque ellos mismos fueron los que con trabajo voluntario construyeron el acueducto, sino que este fallo responde a intereses empresariales.
Sus caminos de lastre, sus inexistentes alcantarillados y el hecho de fueran los mismos pobladores los que tuvieran que luchar y trabajar por tener agua potable en la zona, expresa la política de abandono de los gobiernos de paso por esta comunidad rural. Sin embargo ahora la zona resulta de interés por el desarrollo inmobiliario transnacional que hay detrás del conflicto.
Una vez más el gobierno y las direcciones ejecutivas en este caso del AyA demuestran que trabajan al servicio del modelo económico que favorece la acumulación de unos pocos a cambio del despojo de recursos públicos de toda una comunidad.
Si bien actualmente el agua es un bien público, cada vez la amenaza de que se privatizase este recurso es más palpable; debido a los grandes intereses de empresarios por pasar proyectos de ley que solo buscan beneficiar a unos pocos a costa del pueblo, quienes son los que sufren de la escasez y la contaminación de este recurso; un ejemplo de ello es Cañas y Bagaces donde sus pobladores consumen agua con arsénico ocasionándoles problemas de salud.
A pesar de que múltiples comunidades presentan problemas con el recurso hídrico a causa de transnacionales, ningún gobierno o candidato a la segunda ronda ha estado por revertir en el fondo la privatización del agua, continuando privilegiando a los grandes empresarios a costa de la clase trabajadora.
¡El agua para las comunidades no para las transnacionales!