Durante el año 2010 se presentó una dura batalla por el presupuesto universitario, la lucha concluyó con la traición de los rectores universitarios, los cuales firmaron un acuerdo a todas vistas opuesto a los intereses de la comunidad universitaria y sobretodo de los trabajadores y estudiantes.
Los efectos de ese acuerdo no se empiezan a sentir hasta ahora, pues el acuerdo tramposo firmado en 2010, suponía dos años “colchón” donde las autoridades universitarias tendrían algún margen de maniobra. Ese margen de maniobra se ha acabado.
Los ataques de la administración Hensen
Siguiendo la más pura lógica empresarial, las autoridades universitarias han adelantado un proceso de “racionalización”, el cual usando como excusa los despilfarros de la administración anterior busca trasladar los efectos del pésimo convenio FEES 2010-2014 sobre todo a los trabajadores y los estudiantes.
Los recortes son una variopinta colección de arbitrariedades e improvisaciones, pero que sin duda alguna buscan superar la crisis presupuestaria abaratando el valor general del trabajo universitario y aumentando los ritmos de trabajo, imponiendo sobrecargas y controlando los tiempos laborales.
En este marco se producen medidas como el cierre y liquidación del programa PAIS (el despido en masa más grande de la historia de la Universidad), la prohibición de las jornada de trabajo adicionales, donde lo que se busca es ante todo que los cuartos de tiempos sobrantes sean cubiertos por interinos y no por profesores en propiedad (porque sale más barato), se está implementando también en las sedes regionales un proceso de recorte y cierre de programas e investigaciones de distinto alcance, lo mismo en una serie de programas de acción social, otro deterioro notable en el vinculo entre la Universidad y la Sociedad es el cierre del proyecto de consultorios jurídicos en la Facultad de Derecho, proyecto que era especialmente utilizado por población empobrecida. Asimismo el proceso de control y sobre carga de trabajo se hace cada vez más frecuente con la implementación de relojes y “marcas” en distintas dependencias y oficinas, sobretodo de los trabajadores administrativos.
Este cuadro general de recortes también produce que se radicalice la agenda antisindical de la rectoría, ya durante la huelga del programa PAIS la rectoría pidió la calificación de ilegalidad de la huelga, y actualmente irrespeta la libertad y el fuero sindical de la JDC del SINDEU y además aprovecha los recortes para promover el despido de luchadores y activistas de izquierda reconocidos como David Morera Herrera.
En el nuevo gobierno figura Yamileth González, quien es la responsable del presupuesto que hoy estrangula a la Universidad, por lo que el panorama próximo no es alentador. Es por esto que debemos no solo luchar hoy contra los recortes y despidos que se están ejecutando; sino además preparar la lucha por un VI Convenio FEES que garantice el crecimiento en las universidades, detenga los recortes de la educación superior pública. Se impone pues la necesidad de la más amplia unidad de acción de los trabajadores y los estudiantes universitarios para defender una universidad pública, gratuita de la calidad y con pleno respeto a las libertades sindicales y a los derechos laborales.