No hay nada que negociar
El 29 de agosto el gobierno presentó públicamente el anteproyecto denominado “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público”. Dicho proyecto surge debido al revés del plan fiscal y como una política del gobierno para enfrentar el déficit de las finanzas estatales mediante el ataque a los servicios públicos y la planilla estatal.
Rebajas al salario y desmantelamiento de los servicios públicos
Este proyecto es un claro intento de recortar el salario de la clase trabajadora del sector público, eliminando conquistas salariales que representan en promedio el 40% del salario de los trabajadores estatales. Pero el proyecto va más allá, pretenden terminar por enterrar los servicios públicos que hoy están en manos del Estado y sus instituciones para convertirlos en un botín para la empresa privada.
El gobierno ha vendido la idea de que son los trabajadores los responsables del mal funcionamiento de las instituciones estatales, cuando en realidad los problemas actuales son producto de la corrupción y del mal manejo de los jerarcas, así como de años de políticas de recorte en los recursos públicos y de no querer cobrar impuestos a los empresarios.
Según el gobierno, sí se aplicarán evaluaciones a los funcionarios públicos, tendríamos mejores servicios, nada más lejano de la realidad. Dichas evaluaciones lo único que pretenden es demostrar que nada de lo público sirve, justificando la reducción de salarios, la aplicación de despidos, el gradual cierre o cobro de servicios que hoy son de gran importancia para la amplia mayoría de la población.
Este proyecto da continuidad a las medidas tendientes a acabar con la organización sindical en el sector público, impidiendo que se obtengan conquistas salariales fruto de la movilización o de la firma de convenciones colectivas de trabajo; estas han sido históricamente un instrumento para lograr mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Del otro lado se favorece al solidarismo, manteniendo una serie de derechos y privilegios que han convertido a estas organizaciones en la principal herramienta de sometimiento y desorganización de los trabajadores.
El gobierno busca eliminar las conquistas salariales, imponiendo la ley, o forzando una contrarreforma en diversos sectores. Los ataques no se limitan a este proyecto de ley, ya que el tema de salario único se viene imponiendo desde hace varios años en el sector bancario estatal, y en el último periodo con políticas de movilidad laboral con mayor intensidad en instituciones como el ICE y la CCSS, producto del régimen de mercado promovido por el TLC. En la CCSS por ejemplo, la reducción de horas extras o del pago de disponibilidad ha afectado la prestación de servicios a los usuarios, amenazando incluso con el cierre de clínicas y hospitales, en los bancos estatales con la eliminación de conquistas salariales lo único que se ha logrado es recortar los presupuestos para destinar más recursos a los intereses de los empresarios.
Esta iniciativa Ley pretende que el Poder Ejecutivo concentre el manejo de las finanzas y de los salarios, dejando en manos de la institución estatal más ineficiente y corrupto el futuro de todo el sector público (municipalidades, instituciones autónomas, universidades públicas).
¿Quienes están en contra de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores?
El gobierno cuenta hoy con el apoyo de la mayoría de partidos de oposición, de las cámaras empresariales y de los propios intereses transnacionales, todos ellos coinciden en rebajar los salarios del sector público. Con ello se pretende superar su crisis política y lograr un acuerdo para terminar de aplicar su plan de desmantelar los servicios públicos, dando continuidad a lo pactado en el TLC.
En las organizaciones sindicales del sector público hay un largo historial de traiciones y componendas con el gobierno, lo cual nos hace prever que muchas de las dirigencias sindicales van a estar dispuestas a sentarse a negociar con el gobierno los términos para la reducción salarial. Pese a esto, es necesario que los trabajadores del sector público asuman como una prioridad la derrota de la ley, la cual sólo será posible organizando la movilización en la calle.
No podemos caer en la campaña del gobierno que pretende dividir a la clase trabajadora costarricense, enfrentando al sector público y privado como enemigos, cuando en realidad son parte de una misma clase que está sufriendo por la aplicación de medidas anti populares que sólo favorecen a los grandes empresarios. Tampoco podemos aceptar que sean los trabajadores estatales los responsables del déficit, porque en realidad es el gobierno el que se niega a cobrarle impuestos a los empresarios para mejorar las finanzas estatales, y es el propio gobierno quien ha despilfarrado los recursos del Estado favoreciendo la corrupción en casos como la trocha fronteriza.
Los argumentos del gobierno no tienen sustento real, pues afirma que el principal rubro del presupuesto nacional se destina a los salarios de los empleados públicos. Esta afirmación es completamente falsa a la luz de los datos del presupuesto nacional. Según el propio Ministerio de Hacienda para el 2012 el monto destinado al pago de salarios del sector público corresponde a un 29%; mientras que otros rubros como el pago de la deuda corresponde al 33,9% del presupuesto.
La crisis de las finanzas públicas, es provocada por varios hechos concretos: la evasión fiscal de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, los privilegios fiscales a las transnacionales y el pago del endeudamiento externo.
Por ello, la única salida a esta crisis fiscal es unificar todos los sectores sindicales y populares para defender nuestros derechos laborales y los servicios públicos. Debemos unificar la lucha para que la crisis sea pagada por los mismos empresarios que la generaron, y no mediante los recortes en los servicios a la población en general.
Movilización para derrotar la ley, ninguna confianza en la concertación
Frente a los planes de recortes del gobierno y de la política desmovilizadora de la burocracia, es necesario levantar la oposición a la ley y la defensa de los servicios públicos. Es necesario exigir a las direcciones sindicales que cierren cualquier posibilidad de conciliación con el Gobierno, porque esto vendría significar una traición directa a los intereses y necesidades de sus bases.
Desde el Partido de los Trabajadores, hacemos un llamado a las diferentes organizaciones populares, sindicales, estudiantiles y campesinas a que se sumen al rechazo inmediato esta ley que viene a poner en riesgo conquistas históricas como los servicios públicos y los derechos laborales de los trabajadores estatales.
Derrotemos la nueva ley de empleo público
Unidad para luchar, ninguna confianza en la negociación con el gobierno
Defendamos los servicios públicos, que s
ean los empresarios los que paguen por la crisis
¡Ningún recorte ante la evasión, la corrupción y la deuda!
Partido de los Trabajadores
20 setiembre 2012